El Estado no prioriza la I+D; y la decisión de ANID de aprobar proyectos de investigación “sin financiamiento”, profundiza este problema, sostiene la columna. No solo porque pone más presión sobre las espaldas de las y los investigadores sino porque distorsiona el rol de ANID: “ya no es más una agencia de financiamiento, sino más bien una agencia certificadora que ‘evalúa la calidad de proyectos de investigación’ y los ofrece en el mercado”.
El pasado 14 de abril, Aisén Etcheverry, directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), participó de la sesión de la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Congreso Nacional. Etcheverry comenzó su intervención recordando la tarea principal de la Agencia, a saber, financiar las actividades de investigación científica. Dicho eso, expuso la creación de una nueva categoría para los proyectos del Fondecyt Regular incluída en las bases del concurso 2022: “aprobados sin financiamiento”. La agencia de financiamiento fue al Congreso a declarar que su trabajo no sería, en adelante, ‘financiar’, sino ‘certificar la calidad de las propuestas de investigación’.
La producción de conocimiento en Chile ha sido siempre una tarea ardua y desafiante[1]. Pablo Astudillo en su libro La Ciencia Liberada[2], explica que hoy una lógica de mercado ha reemplazado a la lógica de ciencia; y que las estipulaciones de la economía norman y regulan el quehacer científico. En nuestro país lógica de mercado se expresa principalmente en la forma como se financia la investigación y la producción de conocimiento. En su actual rol subsidiario el Estado no prioriza la llamada I+D y desde hace varias décadas lo que dispone para ello no supera el 0,4% del PIB[3]. Ese pequeño porcentaje de financiamiento se distribuye además de acuerdo con una lógica individualista, competitiva y productivista la que viene dejando al 80% de los equipos de investigadores e investigadoras sin recursos para realizar su trabajo desde hace varios años[4].
En este contexto de precariedad e insuficiencia a la financiación de la investigación en Chile, la ANID, lejos de cuestionar esa carencia parece estar buscando alternativas que la alejan de su propósito original.
La ANID administra cuatro fondos, uno de ellos, el que nos preocupa, es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt. Fue creado en 1981, inaugurando la modalidad de fondos concursables introducida por el Estado como criterio para la asignación de recursos en las áreas de Educación Superior y Desarrollo Científico y Tecnológico. Desde 2011, Fondecyt viene sufriendo un aumento sostenido de las postulaciones admisibles, lo que ha conllevado una disminución paulatina en las tasas de adjudicación, pasando de un 34% en el año 2008 a un máximo de 49% en 2011 y finalizando el 2021 con una tasa de 29,74% de adjudicación[5]. Se evidencia así que lo único que ha subido en la última década son las postulaciones, no los fondos a repartir.
A esta situación se le suma la importante disminución del presupuesto asignado al debutante Ministerio de Ciencias y Tecnología la que se redujo en un 9,2 % para el año 2021[6], y con esto los recursos destinados al Fondecyt decrecieron en alrededor de 16.000 millones de pesos.[7]
LA NUEVA CATEGORÍA: ‘APROBADO SIN FINANCIAMIENTO’
Los académicos y académicas somos evaluados/as por nuestra productividad medida en indicadores cuantitativos. De las amplias y variadas tareas que desarrollamos en nuestro trabajo son sólo las publicaciones de índices de alto impacto[8] y los proyectos concursables con financiamiento externo los que cuentan para dicha evaluación. En otras palabras, para cumplir con lo exigido requerimos concursar permanentemente por los recursos mínimos que nos permitirán realizar el trabajo, en Chile Fondecyt es la principal, casi única, alternativa de financiamiento en la que confluye el total de las postulaciones.
La creación de esta nueva categoría, ‘aprobado sin financiamiento’, nos informa que la Agencia reconoce dicha realidad, a saber, la falta de financiamiento, sin embargo, no cuestiona el rol del Estado, ni el de sí misma, y echa mano de estrategias de mercado para soslayar la falta.
Su propuesta hoy es ‘crear una cartera de proyectos que pueden ser de interés de fondos regionales y/o de privados’. La nueva categoría acuña un nombre para un nuevo segmento de proyectos postulados, los que etiqueta, clasifica y jerarquiza. No obstante, no explicita ninguna de las implicancias de esta nueva segmentación. De hecho, tampoco lo anunció formalmente, mucho menos lo sometió a discusión entre los incumbentes. Solo cuando ya había generado demasiado ruido entre la comunidad afectada, la ANID apareció en twitter circulando cuatro láminas de power point donde comparte información que explicita lo que la categoría NO es, pero nada acerca de lo que la categoría introduce.
Queda claro entonces que la potencialidad de nuevos financiamientos no pasa de ser una ‘idea’, no hay estrategias ni acuerdos establecidos con posibles ‘nuevos financistas’, no hay cursos de acción propuestos, no hay planes, no hay plazos, no hay productos ni impactos. La ANID despliega una práctica profesional que no se acerca siquiera a los mínimos requerimientos que le hace a quienes dependen de ella, en este caso lanza una propuesta que no tiene justificación, ni supuestos, ni marco de referencia. Mucho menos parece viable. Su contribución a las políticas públicas es definitivamente una interrogante.
La implementación de esta nueva segmentación nos enfrenta a una estrategia sin marco regulatorio, sin criterios de financiamiento, sin regulación de la relación con potenciales financistas externos, sin sistemas de rendición o evaluación propuestos.
La implementación de esta nueva segmentación nos enfrenta a una estrategia sin marco regulatorio, sin criterios de financiamiento, sin regulación de la relación con potenciales financistas externos, sin sistemas de rendición o evaluación propuestos
Tampoco se apoya en un diagnóstico o reservorio de necesidades de potenciales financistas que puedan ser satisfechas por estos proyectos de investigación y orienten así su elaboración. Lo que sí se puede atisbar es que ahora los académicos y académicas debemos optar no sólo por financiamiento externo competitivo, sino también por un financiamiento externo-externo sin reglas de acceso a él. A través de esto la ANID aspira a subsanar su falta de fondos echando mano de recursos privados y/o presupuestos regionales que, si bien públicos, tienen otras prioridades distintas a las de contribuir a que la Agencia cumpla con su trabajo. Peor aún, el ‘match’ entre estos proyectos científicos de ‘calidad asegurada’ y las necesidades regionales o de privados ha quedado en manos de la benevolente casualidad. Lo que sí se puede augurar es un destino sin financiación para los proyectos de artes y humanidades, la ciencia teórica, o en general a la llamada investigación por curiosidad que no logren entusiasmar a las necesidades privadas.
A través de esta innovación, la ANID está dispuesta a poner los recursos de una agencia pública al servicio de intereses privados. Busca asegurar la oferta de proyectos de investigación certificados a través de una ‘calificación que asegure su calidad científica’ y que los distancia de los también recién etiquetados como ‘rechazados’. El programa Fondecyt se articula sobre el trabajo ad honorem de los mismos académicos y académicas organizados en Grupos de Estudio y redes de evaluación por pares.
Habiendo cambiado además el nombre de los Grupos de Estudios a Grupos de Evaluación, debemos ser capaces de entender que la ANID ya no es más una agencia de financiamiento, sino más bien una agencia certificadora que ‘evalúa la calidad de proyectos de investigación’ y los ofrece en el mercado. Esta decisión del no financiamiento es el primer paso hacia esta nueva forma de entender ANID.
Sorprende este cambio de giro implícito materializado además con recursos y trabajo externos que no son remunerados. Cambio de giro que reifica la categoría de calidad o excelencia haciéndola sinónimo de ‘financiable’. Evaluar un proyecto para otorgar o no fondos para su implementación no implica necesariamente dar fe de su ‘excelencia científica’, mucho menos cuando la orgánica de los Grupos de Estudio (Evaluación), sus delimitaciones disciplinares, la selección e idoneidad de quienes los conforman y los criterios con los cuales se convoca a evaluadores externos nunca ha sido sistematizados, ni declarados. En esto la ANID insiste en la clausura ideológica de lo que cuenta como ‘buena ciencia’ otorgándose a sí misma el privilegio de enunciación. Mas grave aún, si entendemos que la concepción de excelencia en ciencia permanece estrictamente atada a una consideración ideológica de lo meritocrático entendido como un desempeño individual que apunta al logro máximo en todos los aspectos involucrados, enfatizando la productividad e invisibilizando los procesos, condiciones que históricamente han privilegiado a la ‘ciencia hecha por hombres blancos de clase acomodada’[9].
LA ANID FRENTE AL ESPEJO
Sin perjuicio de lo anterior, la obstinada insistencia en neoliberalizar la investigación, y en general las políticas públicas en Chile, no sólo encuentra motivos en la ideología del actual gobierno. También debemos reconocer un gran silencio e inercia por parte de los y las académicas locales, quienes en su mayoría prefieren reconocerse como parte de una élite intelectual que como trabajadores que también sufren las consecuencias de una precariedad laboral aún invisibilizada[10].
No hay una orgánica que nos reúna a nivel nacional y que a la vez tenga el peso para exigir espacios mínimos de participación que permitan frenar este tipo de decisiones arbitrarias, incomprensibles y unilaterales[11]. Por el contrario, muchos/as han recibido la noticia de esta nueva categoría con esperanza, confiando en que el mercado permitirá subsanar las ausencias del Estado en el fomento de la investigación. Aún más, quienes investigan desde lógicas atractivas para los intereses empresariales, estarán probablemente en las mejores condiciones para recibir estos supuestos nuevos fondos. Ni el Ministerio de Ciencias, ni las universidades, ni la CNA, ni los Grupos de Estudio (Evaluación) fueron consultados. El llamado ‘ecosistema I+D’ ha brillado por su ausencia delatando una vez más su perfecta desarticulación y la arbitrariedad y unilateralidad de las decisiones que levanta cada una de sus ‘partes’.
Visto así, la nueva categoría ‘aprobado sin financiamiento’ opera como una capitulación mediante la cual se perfecciona el elitismo investigativo, la banalización de la producción de conocimiento y el afianzamiento del emprendedurismo académico. Frente a esto y habituadas a la postulación y el rito de adjudicación, cabría preguntarse qué pueden decir los y las investigadoras a quienes esta nueva categoría podría no resentirles de manera inmediata, afectando más bien a proyectos e iniciativas ubicadas en los bordes o bajo la línea del reconocimiento científico tradicional. Asimismo, cabría preguntarse qué posiciones adoptarán las universidades frente a esta categoría cuando la postulación deviene exigencia pero el financiamiento no es garantía. En un panorama donde las capacidades financieras de las universidades siguen siendo desiguales, existiendo concentración y centralismo en las adjudicaciones, sería difícil sostener que éstas asuman un rol subsidiario de la investigación, aunque no sea difícil vislumbrar la continuidad de aquel pacto que hace dependiente la jerarquización académica de la postulación exigida a fondos de investigación.
En cualquier caso, el hecho que la Agencia se abra a un objeto de ‘certificación investigativa’ que para ciertos proyectos desplaza el financiamiento de la investigación, indica el protagonismo que esta misma quiere dar a competencias procedimentales, administrativas y emprendedoras ajenas a la investigación. De este modo se estiliza la estructura y se profundiza los punteros que ordenan nuestro trabajo investigativo, competencia, segregación disciplinar, jerarquización del trabajo, privatización del conocimiento, la base para las instituciones que hacen que esas ideas se hagan concretas. La CNA ordena las universidades, sus claustros y también la precarización de la investigación. En otras palabras, lo relevante es saber postular y obtener una aprobación, con independencia de si esta conlleva una asignación de fondos o de si el proyecto se implementará alguna vez. Lo demás se verá después, según la iniciativa y atractivo de la oferta ambulante que puedan extender los y las investigadoras. El futuro que nos depara una categoría así pensada para el trabajo académico, y la investigación en particular, es el punto cúlmine de un proceso de precarización incesante que nos arroja a la incertidumbre, a las listas de espera y el raspado de la olla. Una incertidumbre a la que sintomáticamente parecemos acostumbrarnos al calor del espíritu emprendedor devenido modelo subjetivo del tiempo presente. Y si nos hemos acostumbrado a raspar la olla ¿porque no empezamos a cacerolear?[12]
[11] a la fecha de terminar de escribir esta columna circulan una declaración de la Asociación de Redes de Investigación, una carta desde el Grupo de Evaluación de Historia y otra del Grupo de Evaluación de Sociología y Ciencias de la información, todas en abierta crítica a la categoría mencionada.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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