El preocupante declive del debate constituyente en redes sociales: cuatro posibles explicaciones

La columna analiza el comportamiento de redes sociales y medios online entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2021, y sostiene que el debate sobre el proceso constituyente es escaso. En comparación a lo ocurrido semanas antes del plebiscito de octubre, ha habido una disminución del 86,6% de las menciones sobre el tema, y un 70% menos de los cibernautas hablan hoy sobre la elección de constituyentes. Temas como el tercer retiro del 10%, el ingreso familiar de emergencia, y el bono clase media, se han tomado la agenda. Los autores revisan cuatro hipótesis que podrían explicar el bajo interés y discuten sus implicancias para las megaelecciones de la próxima semana. La falta de debate, cuyo principal responsable político es el gobierno, puede ser un importante indicador de desafección con el proceso, señalan los autores.

Este artículo presenta los resultados de un estudio que analizó las menciones en redes redes sociales sobre el proceso constituyente y otros asuntos de agenda pública entre el 2020 -2021, y fue realizado por el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, Fundación Interpreta y Plataforma Contexto.

TRANSPARENCIA: Los autores no trabajan, comparten o reciben financiamiento de ninguna compañía u organización que pudiera beneficiarse de este artículo. Además, no deben transparentar ninguna militancia política ni afiliación relevante más allá de su condición de académico/a investigador/a.

El 25 de octubre de 2020 marcó un hito en el acontecer social y político de nuestro país. Una importante mayoría de los votantes decidió que sean ciudadanos y ciudadanas elegidos democráticamente quienes redacten una nueva constitución. El plebiscito también fue un hito en las redes sociales. Durante todo el mes previo a este evento (desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre) se realizaron un total de 884.449 menciones al asunto, por parte de 133.682 autores. Estos números representan una tendencia que daba cuenta de un alto interés por parte de la ciudadanía, élites y medios de comunicación en el plebiscito.

La efervescencia social expresada en el gran número de menciones en redes en las semanas inmediatamente previas al plebiscito contrasta con el decreciente número de menciones que este tema ha tenido durante estas últimas semanas. Analizando el comportamiento de redes sociales y medios online entre el 10 de marzo y el 10 de abril, se registraron un total de 99.399 menciones originales por parte de 33.167 autores únicos, número significativamente menor a lo que encontramos previo al plebiscito. Inclusive, quitando las menciones del 25 de octubre del 2020, la tendencia actual es significativamente más baja: del 10 de marzo al 10 de abril de 2021, encontramos una disminución del 86,6% de las menciones que hubo entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre de 2020 y se involucraron en la conversación un 70% menos de los cibernautas que hablaron acerca del plebiscito.

Gráfico 1:

Comparación menciones originales Convención Constitucional (10/03/2021 – 10/04/2021) y Proceso Constituyente (25/09/2020 – 25/10/2020). Data extraída desde Brandwatch.

Se podría argumentar que la cifra es más baja porque las elecciones finalmente se pospusieron, pero como se puede apreciar, el volumen de menciones era bajo incluso antes de que se anunciara su postergación para el 15 y 16 de mayo, y ahora que faltan poco más de dos semanas para las elecciones, éstas aún no logran repuntar.

Gráfico 2: Menciones originales Convención Constitucional (01/03/2021 – 27/04/2021). Data extraída desde Brandwatch.

¿A qué se debe este declive? Considerando que las redes sociales funcionan en Chile como un barómetro de la discusión pública llevada adelante por las elites, medios de comunicación y la presión ciudadana, la baja en las menciones sobre el proceso constituyente puede ser entendida como síntoma de relegación a un segundo plano de este asunto tan crucial para el país, y podría expresar además un aumento en los niveles de desafección o interés de la ciudadanía sobre el mismo.

En esta columna revisamos y discutimos cuatro hipótesis que podrían relacionarse no solo con esta baja del debate constitucional en redes sino con un menor interés relativo de la ciudadanía -frente a otros asuntos- con este tema crucial: (1) el énfasis en la agenda corta en materia de políticas públicas, (2) la lógica electoral o “captura” del proceso” por los partidos políticos; (3) el tipo de elección (plebiscito vs. elección de representantes), y (4) la falta de incentivos institucionales para informar especialmente a sectores más vulnerables y para que la ciudadanía en general asista a votar.

ÉNFASIS EN LA AGENDA CORTA

La nueva ola de contagios ha traído la saturación del sistema sanitario y forzado tanto la postergación del cronograma electoral como el retorno a las cuarentenas, imposibilitando a buena parte de la población poder trabajar o acceder a algún medio de subsistencia. En respuesta a las presiones ciudadanas, el gobierno ha propuesto la entrega de bonos y créditos blandos cuyo carácter condicionado e hiperfocalizado ha generado gran controversia. El debate en medios y redes sociales está sumergido desde finales de febrero en esta “agenda corta” de ayudas sociales inmediatas (Bono a la Clase Media, IFE, y últimamente en torno a la controversia sobre el tercer retiro del 10% de dineros de AFP), el que, alimentado por la confrontación entre el Congreso y la Presidencia, ha relegado la discusión constitucional a segundo plano.

Observando las conversaciones en la web, el proyecto de ley de tercer retiro de las AFP recientemente promulgado generó un peak de menciones originales incluso más alto que cuando se discutió el segundo retiro, las que comenzaron precisamente en el periodo previo al plebiscito de Octubre. Comparando el peso relativo que han tenido las conversaciones en redes sociales sobre el segundo y tercer retiro, respecto a las menciones sobre el plebiscito y la elección de constituyentes que se avecina, encontramos diferencias importantes. En el periodo del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2020, el total de menciones en torno al segundo retiro representaron solamente un 58,4% del total de menciones que hubo en ese mismo periodo respecto al plebiscito. Por otro lado, en el periodo previo a la fecha original de las elecciones de constituyentes, que comprende del 10 de marzo al 10 de abril, las menciones en torno al tercer retiro fueron un 693,8% más altas que las menciones a la elección de constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores.

Gráfico 3: Menciones originales Retiros AFP (01/03/2020 – 27/04/2021). Data extraída desde Brandwatch.

Por otro lado, si observamos las menciones al Bono Clase Media y al Ingreso Familiar de Emergencia, al igual que en el caso del retiro de fondos de las AFP, se evidencia un alza significativa a partir del mes de marzo, que incluso superan en volumen a las menciones que se realizaron en torno a estos temas, a mediados del año pasado.

Gráfico 4: Menciones originales IFE y Bono clase media (01/03/2020 – 27/04/2021). Data extraída desde Brandwatch.

LÓGICA ELECTORAL O “CAPTURA DEL PROCESO” POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El acuerdo político de noviembre de 2019 abrió la vía del plebiscito constitucional. Las reglas del proceso incorporan la representación de los pueblos originarios por medio de 17 escaños y la regla de paridad de género, acuerdos que sin duda son históricos. Sin embargo, desde el 2020, el diseño de las reglas del proceso ha vuelto a ser controlada por los partidos políticos. Un ejemplo de ello es la desigual distribución de los espacios en la franja electoral, el desigual acceso a financiamiento para la campaña de convencionales constituyentes (quienes reciben más aportes pertenecen a partidos políticos tradicionales), la aprobación de los escaños para pueblos originarios sin aumentar el número de asientos de la Convención Constitucional, la incertidumbre sobre las instancias de participación y deliberación ciudadana en el proceso (solo se conoce su presupuesto: $500 millones), y la inscripción de listas sin respetar el formato de listas cebra, las que debían ser encabezadas obligatoriamente por mujeres.

Esta “captura” de los partidos políticos del proceso constituyente implica altos costos para las candidaturas independientes no ligadas tradicionalmente a estos. En un contexto donde las restricciones sanitarias impiden la realización de campañas cuyos costos serían más accesibles para las candidaturas con menores recursos (Ej. realización de “puerta a puerta”, foros en espacios abiertos, etc.), y considerando que muchos de estos candidatos y candidatas no cuentan con el apoyo de alcaldes y legisladores de la comuna/distrito, los independientes se han visto perjudicados, así como también el acceso de la ciudadanía a información clara y oportuna sobre estas alternativas a las candidaturas provenientes del sistema de partidos tradicionales. Además, el aplazamiento de las elecciones ha afectado el horizonte de gastos de las candidaturas con menores recursos, las que probablemente se verán debilitadas una vez que la campaña electoral se retome este 29 de abril.

Estas condiciones pueden también generar apatía en el electorado, pasando de un proceso con altas expectativas a uno que podría terminar siendo controlado en su mayoría por los partidos tradicionales, en condiciones de competencia ampliamente desiguales.

TIPO DE ELECCIÓN: DE UNA ELECCIÓN SIMPLE A UNA COMPLEJA

La literatura académica diferencia entre los tipos de elección y los costos de información asociados. El plebiscito del pasado octubre de 2020 corresponde a un tipo de mecanismo de democracia directa vinculante (Altman, 2011)[1] que permitió al electorado elegir entre alternativas relativamente simples (“Apruebo” o “Rechazo” nueva constitución, y elección entre “Convención Mixta” y “Convención Constitucional”) y ampliamente difundidas durante los meses previos al plebiscito, en donde, como sabemos, las campañas informativas por redes sociales fueron esenciales. En cambio, la elección de Convencionales Constituyentes del 15 y 16 de mayo implicará que la ciudadanía escoja entre un rango de alternativas mucho mayor y representativas de múltiples contenidos constitucionales, lo que exige mayor cantidad de información para el elector(a). Las campañas informativas de las cuales debería ser responsable el Estado no han sido del todo satisfactorias, pues, aunque se valen de medios televisivos y radiales, estas no garantizan el acceso oportuno y claro sobre el número de escaños que reparte cada distrito, las listas en competencia, las candidaturas y sus militancias y, fundamentalmente, sobre las propuestas de cada candidatura. Por otro lado, no han existido campañas informativas que eduquen con claridad sobre el funcionamiento de la regla de paridad (que operará distinto en distritos con número de escaños pares e impares) y el sistema de votación de escaños reservados para integrantes de pueblos originarios.

Las importantes asimetrías de acceso a información sobre estos elementos perjudican especialmente a los sectores más vulnerables (comunas más pobres, zonas rurales, pueblos indígenas, etc.) pudiendo desalentarles a participar en el proceso constituyente. Sumemos a esto que esta elección sigue rigiéndose por el sistema de voto voluntario, lo que también desincentiva el voto entre los estratos de menor ingreso y nivel educacional.

FALTA DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Los costos para participar en elecciones no solo son de información. Los ciudadanos y ciudadanas deben calcular el costo asociado a concurrir a votar en relación a alternativas, tales como quedarse en casa o ir a ganar el sustento económico. Dentro de estos costos se pueden encontrar: (i) la distancia desde el lugar de residencia al lugar de votación; (ii) el tiempo de desplazamiento al lugar de votación; (iii) el costo monetario en el caso de uso de transporte público para la ida y regreso; (iv) y el tiempo de espera en el lugar de votación (sobre esto último, SERVEL indica que la votación tomará en promedio aproximadamente cuatro minutos por persona, considerando que las elecciones de constituyentes serán el mismo día que las elecciones municipales y de gobiernos regionales, de lo que se podría esperar que cada persona demore en promedio entre hora y media a dos horas para lograr emitir su voto sin considerar los tiempos de traslado). Tanto el gobierno como los partidos políticos con influencia gravitante en las decisiones legislativas no han mostrado mayor voluntad para ofrecer mejores incentivos que reduzcan este costo que implica para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, ir a votar. Ejemplo de ello fue que el parlamento rechazó la iniciativa de que los días de la elección el transporte público fuese gratuito. En los sectores más pobres, esto no deja de ser menor, debido a que con el costo monetario podrían comprar el equivalente a un kilo de pan. En un país en el que la población padece de hambre y desnutrición en sus capas más vulnerables, entre votar y comer la opción es más que clara, descartando el informarse y participar del proceso.

¿CÓMO REVITALIZAR EL DEBATE A POCOS DÍAS DE LA ELECCIÓN?

Un proceso constituyente se vuelve más legítimo cuando las elites políticas y económicas se muestran dispuestas a adoptar grandes acuerdos y a ceder parte de su poder para distribuirlo equitativamente entre los distintos sectores de la sociedad, pero también cuando se generan mejores condiciones para la participación e incidencia ciudadana en el mismo. Es en atención a esto último que se torna tan relevante que el Gobierno y las instituciones del Estado promuevan campañas informativas intensivas sobre distintos aspectos del proceso constituyente, por medios impresos, digitales, radiales y televisivos. Especial énfasis se debe poner en educar sobre las siguientes etapas: la composición y trabajo de la Convención Constitucional, la discusión y definición del reglamento que regirá su funcionamiento y organización, y también, sobre la discusión de los temas constitucionales.

Faltando menos de dos semanas para las megaelecciones, el debate en torno a la elección de los convencionales continúa teniendo poca presencia mediática. Esto levanta aún más la necesidad de que los actores involucrados en este proceso promuevan la conversación y la discusión respecto a la nueva Constitución en todos los espacios que permite el contexto sanitario, desde cabildos y juntas de vecinos online, hasta foros de internet y redes sociales, para volver a comprometer a la ciudadanía con una votación crucial para nuestro país y hacerles sentir que -pese a todos los obstáculos que han surgido en el último tiempo- aún nos encontramos en medio de un momento constituyente. Pues motivar y comprometer a la ciudadanía también es una forma de combatir el riesgo -que no debemos subestimar- de que el proceso constituyente sea capturado por las elites tradicionales.

Edición de Juan Pablo Rodríguez

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.