Crisis de la libertad de expresión en Chile

Chile ha obtenido buenas calificaciones en rankings internacionales de libertad de expresión. Esta columna destaca, sin embargo, que los antiguos problemas estructurales que tenemos en esa área se han multiplicado.

Esta columna está basada en el “informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” y el informe “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019”, elaborados conjuntamente entre el Observatorio del Derecho a la Comunicación, el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile y la Fundación Datos Protegidos.

TRANSPARENCIA: El autor y la autora no trabajan, comparten o reciben financiamiento de ninguna compañía u organización que pudiera beneficiarse de este artículo. Además, no deben transparentar ninguna militancia política ni afiliación relevante más allá de su condición de académico/a investigador/a.

Durante los primeros meses de 2021 hemos visto “la punta del iceberg” de profundos problemas de libertad de expresión y derecho a la información en Chile. El atentado contra el equipo de TVN en Cañete, las revelaciones de espionaje a periodistas por parte del Ejército, las presiones del Gobierno y las Fuerzas Armadas al canal La Red por los cambios en su línea editorial, han llevado a que los problemas de libertad de expresión en Chile hayan trascendido de las bambalinas en que han sido puestos durante estos 30 años, hasta ponerse al centro del debate público. A esto se suma el amplio catálogo de casos identificados en los informes sobre Libertad de Expresión en Chile realizados en 2019 y 2020, en los que destacamos más de un centenar de ataques a la prensa, obstáculos de acceso a la información pública, censura artística, problemas de pluralismo mediático, casos de discursos de odio y acoso en internet. Datos que evidencian que este no es el país ejemplar en la materia que algunos han insistido en difundir internacionalmente y que, en Chile, al igual que en otros países de la región, persisten graves problemas de libertad de expresión.

En la medida que los problemas de libertad de expresión han afectado grave y simultáneamente a varios periodistas y canales de televisión, se ha comenzado a hablar de este asunto. Sin embargo, el levantamiento de datos que hemos realizado desde el Instituto de la Comunicación e Imagen en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019, nos permite afirmar que varias de las vulneraciones a la libertad de expresión detectadas de manera intensificada desde esta fecha ya se venían produciendo con anterioridad y lo que hemos visto en este periodo ha sido su agudización, a pesar de que el Estado de Chile ya había recibido al respecto recomendaciones por parte de organismos internacionales (RELE, 2017).

Varios de los hechos identificados en los dos informes sobre libertad de expresión en 2019 y 2020 en cuya redacción hemos colaborado, se relacionan con las alertas planteadas en el informe de la última visita oficial a Chile de la CIDH, respecto de la permanencia en Chile de normativas y prácticas “muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado” (RELE, 2017). En este sentido, el espionaje a periodistas o las presiones a La Red no son casos aislados, sino la punta del iceberg, pues existen problemas estructurales en distintas áreas y tras el estallido social hay una crisis de la libertad de expresión.

LA IMAGEN INTERNACIONAL SOBRE CHILE

Chile se ha destacado como uno de los países de América Latina con mejor imagen respecto del respeto a la libertad de expresión. En el ámbito de Naciones Unidas ha copatrocinado todas las resoluciones relativas a la protección de la labor periodística, forma parte del Grupo de Amigos sobre la Seguridad de los Periodistas, creado en 2016 por un grupos de Estados Miembros de las Naciones Unidas, y recientemente se ha integrado en la Coalición por la Libertad de los Medios que forman 47 países comprometidos desarrollar un rol activo, a nivel nacional e internacional, en la defensa del ejercicio de la prensa.

Chile también ha obtenido excelentes calificaciones en distintos rankings internacionales sobre libertad de expresión. Hasta 2019 la organización Freedom House situó a Chile entre uno de los escasos países sin peligros para la libertad de prensa, con mejor puntaje que Argentina, España o Italia. En 2020 el Índice Chapultepec, herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), situaba a Chile en el primer puesto, destacando que en el país “No se registran cierre de medios, ni persecuciones de periodistas, ni control de contenidos. El Estado no limita el acceso de los ciudadanos a la información pública ni los derechos vinculados a la libertad de expresión y prensa”.

En la clasificación mundial que realiza Reporteros Sin Fronteras Chile, ha obtenido buenos resultados, pero a partir 2019 ha retrocedido al grupo de países con problemas significativos, con un descenso de 21 puestos respecto de 2017, un descenso que recuerda al producido durante el primer mandato del Presidente Piñera donde Chile alcanzó el puesto 80 del ranking a causa de las agresiones a la prensa durante 2011.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Los informes publicados anualmente por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vienen alertando de forma reiterada de distintos problemas en el caso de Chile, tales como los obstáculos al derecho de protesta, agresiones a reporteros por parte de Carabineros, el uso del derecho penal para sancionar expresiones u opiniones, obstáculos de acceso a la información pública, concentración de la propiedad de medios, el marco legal discriminatorio hacia los medios comunitarios, falta de diversidad y pluralismo en el debate público. El Relator para la Libertad de Expresión visitó Chile en 2016 donde se reunión con distintos agentes gubernamentales y de la sociedad civil. La visita y el Informe del Relator no fue foco de interés para los medios de comunicación y los poderes del Estado no atendieron ninguna de las recomendaciones.

Desde el retorno a la democracia no han cesado de llegar casos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se denunciaba la vulneración de la libertad de expresión y la falta de protección por parte de los órganos de justicia. Las sentencias sobre casos emblemáticos como la censura a la película La Última Tentación de Cristo (Corte IDH, 2001), la condena y prohibición del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” de Humberto Palamara Iribarne en 1993 (Corte IDH, 2005) y de “El Libro Negro de la Justicia Chilena” de Alejandra Matus en 1999 (CIDH, 2005), así como la denegación en 1998 al Sr. Claude Reyes y otros de acceso a información sobre proyecto de empresas forestales (Corte IDH, 2006), se convirtieron en importantes hitos internacionales y obligaron a Chile a adaptar algunos aspectos de la normativa a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Se suprimió la censura previa y se realizaron importantes avances como la ley sobre acceso a la información pública, que pasó a ser un nuevo foco de atención.

Sin embargo, muchas otras normas no fueron revisadas y se siguieron produciendo distintas restricciones indirectas a la libertad de expresión, menos visibles, más sutiles y fuera del foco de atención. Y nuevamente, ante la falta de protección en las instancias internas, los casos han seguido llegando a los organismos internacionales generando nuevas condenas y responsabilidades internacionales: los obstáculos a la labor informativa de Radio Estrella de Mar en la Isla de Melinka entre 2000 y 2002 (CIDH, 2015); la retirada por parte de Carabineros de Chile de lienzos de la obra artística “Puentes de la Memoria” desarrollada en 2013 por Londres 38 (Comité DDHH, 2017); las sanciones disciplinarias al Juez Urrutia por el contenido de trabajo académico en 2004 (Corte IDH 2020); o la condena penal por injurias y calumnias en 2004 al defensor ambiental Carlos Baraona por vincular a un Senador con la tala ilegal del alerce (CIDH 2019), caso que llevará nuevamente a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración a la libertad de expresión durante 2021.

A estos casos hay que sumar otros que se encuentran en tramitación, como la denuncia de impunidad tras el trauma ocular sufrido por un fotorreportero de la Agencia EFE que registraba protestas en 2008, la denuncia por discriminación en el acceso a la publicidad oficial de la Revista Punto Final en 2010, la condena penal a periodistas de El Ciudadano en 2015, así como los más recientes relativos a espionaje de reporteros independientes por parte Carabineros o las reiteradas agresiones a la televisión comunitaria Señal 3 La Victoria durante la cobertura tras el estallido social de 2019 (ODC, FDP, ICEI, 2021).

Como se puede ver, la presentación de denuncias ante organismos internacionales ha sido constante y se refiere a distintos agentes del Estado y llama la atención que un número significativo de los casos de Chile que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refieren a vulneraciones a la libertad de expresión.

A esto hay que sumar hechos que se están conociendo ahora, como los casos de hostigamiento y espionaje a periodistas que realizaban investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, los cuales se habrían producido al menos entre 2012 y 2017. Junto con el seguimiento a líderes sociales, el Servicio de Inteligencia de Carabineros también ha realizado espionaje a reporteros y periodistas, tal como se reveló en 2018 a raíz de la llamada “Operación Huracán” y en la difusión en 2019 de documentos secretos en el denominado “PacoLeaks”. En el contexto de revelación de estos hechos, varios periodistas han comenzado a hacer públicas las presiones, “telefonazos” o distintas prácticas que han enfrentado en distintos momentos de su trayectoria, destinadas a ocultar información que afectaba a políticos o empresarios. Estos hechos alertan sobre la posible existencia de prácticas sistemáticas y sostenidas en el tiempo.

Créditos: Jorge Vargas / Migrar Photo

RETROCESO y MASIFICACIÓN DE CASOS

Tras el estallido social de 2019, se produce una agudización de algunos de los problemas ya existentes. En el contexto de graves vulneraciones de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y la Fundación Datos Protegidos (FDP), junto con investigadoras del ICEI de la Universidad de Chile, realizamos un primer informe  sobre vulneraciones a la libertad de expresión durante la crisis social, que se publicó en enero de 2020. El informe, de escasa repercusión mediática, destacaba 138 agresiones a la prensa por parte de fuerzas de orden, incluidos traumas oculares, ocultamiento de información pública, existencia de presiones por parte del Gobierno a los principales medios de comunicación así como restricciones para difundir contenidos por parte de medios independientes en redes sociales durante las 5 semanas posteriores al 18 de octubre.

Durante 2020 ODC continuó monitoreando los problemas identificados y difundiendo los hallazgos en boletines mensuales que eran enviados a medios de comunicación, periodistas, académicos, organizaciones de DDHH y organismos internacionales. Entre octubre de 2019 y marzo de 2021 se registran 294 ataques físicos a la prensa por parte de las fuerzas de orden público, principalmente Carabineros, incluyendo tres casos de trauma ocular, lesiones por armas disuasivas, así como numerosas detenciones. Durante 2020 se registraron 75 detenciones, la cifra más elevada desde la dictadura. A pesar que la pandemia supuso una reducción del número y masividad de las protestas, la violencia contra la prensa se hizo crónica, afectando especialmente a reporteros y medios independientes. En la siguiente gráfica se muestran las cifras recopiladas.

El segundo informe que analiza la situación de la libertad de expresión en Chile durante 2020 (ODC, FDP, ICEI, 2021) destina uno de sus capítulos a los ataques a la prensa, evidenciando la impunidad de estos y como además un 20% de los reporteros detenidos son multados o enfrentan un proceso judicial, mostrando como los agentes de justicia no están protegiendo la libertad de prensa.

Un segundo capítulo del informe identifica retrocesos en materia de transparencia y obstáculos de acceso a la información pública, con ejemplos llamativos como imposibilidad de acceder a informes sobre los incendios a las estaciones de Metro en 2019, la agenda de reuniones del Presidente y Ministros con directivos de medios de comunicación, así como la falta de transparencia sobre las cifras de la pandemia, los criterios e informes en los que se basan las decisiones o los contratos por la compra de vacunas.

El informe también muestra restricciones a la libertad artística y el hostigamiento a Las Tesis, Galería CIMA, Delight Lab, la querella por Ley de Seguridad del Estado a “La Maga” por usar la bandera de Chile en una performance así como la excesiva utilización del derecho penal para sancionar discursos. La cobertura de la crisis por parte de los grandes medios de comunicación, la falta de pluralismo y la pérdida de confianza de la televisión son temas que desde 2019 han cobrado mayor protagonismo, con ejemplos como la falta de cobertura informativa en el caso Enjoy

En el entorno digital también existen obstáculos: medios independientes han sido objeto de ataques informáticos, sus contenidos han sido restringidos por los algoritmos de las plataformas, y hay un aumento de la violencia digital contra mujeres y otros colectivos.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Durante los recientes meses de marzo y abril los temas de libertad de expresión pasaron a primer plano. Tres grandes hitos al respecto han sido el atentado con armas de fuego contra un equipo periodístico del canal público TVN que se encontraba preparando un reportaje con entrevistas a dirigentes mapuche (los miembros del equipo sufrieron heridas de bala y el camarógrafo quedó herido de gravedad y perdió un ojo); las actividades de inteligencia respecto de 6 periodistas de investigación por parte del Ejército, que aún no ha sido aclarado, y los cambios en la dirección ejecutiva de La Red, un canal pequeño, pero que desde el año pasado venía levantando una línea de programas de entrevistas y opinión. Particularmente, el telefonazo al propietario del canal (el magnate de las comunicaciones, Ángel González) en Miami por parte de la responsable de comunicaciones del Gobierno quejándose de la línea editorial del canal y las declaraciones públicas de tres ramas del ejército con el apoyo del ministro del ramo, criticando el sketch satírico “Un militar de verdad” en un programa de humor, hicieron saltar varias alarmas.

Estos casos más conocidos son sólo la punta del iceberg. Como muestran los datos expuestos, los problemas de libertad de expresión son de larga data, pero no se les prestó atención adecuada y se optó la autocomplacencia. Ante la falta de denuncia pública y una autopercepción de que todo estaba bien, las restricciones a la libertad de expresión se fueron normalizando y cronificando hasta llegar a la actual crisis. Ahora que el tema tomó protagonismo en el debate público es fundamental visibilizar los distintos problemas que se han detectado y promover un abordaje integral de la promoción de la libertad de expresión.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.