Zonas ocupadas II: un millón de santiaguinos vive en áreas catalogadas de alto riesgo y lejos de servicios básicos

En esta nueva investigación de las “zonas ocupadas” actualizamos los datos de infraestructura y equipamiento de las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. La mayoría de estas 174 zonas son catalogadas como de “alto riesgo” por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery). Muchas de ellas están lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados, entre otros servicios. En conjunto con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, para este reportaje revisamos bases de datos y hablamos con trabajadores que proveen estos servicios en la ciudad. El resultado es un retrato de la violencia y desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la capital, plasmado en una detallada visualización con mapas y datos de cada zona.

Investigación: Gabriela Pizarro
Análisis de datos y visualización: Pablo Arriagada

Vea aquí la visualización completa de las 174 zonas ocupadas y las instrucciones para navegar en ella

CIPER decidió mantener bajo reserva las identidades de pobladores y empleados de empresas u organismos públicos que prestan servicios en terreno y que entregaron su testimonio.

“Una vez venía una camioneta tirando balazos y yo venía delante de ellos. Tuve que pedirle ayuda a un vecino para resguardarme”. La historia la cuenta un cartero de Correos de Chile. Uno que reparte correspondencia en barrios de Cerro Navia dominados por el narco. “Acá tú tienes que ser camaleón”, agrega uno de sus colegas, quien en los últimos 23 años ha trabajado en las calles y pasajes de la misma comuna: “Yo ya me gané un respeto, porque a estos muchachos de las pandillas los conozco desde que estaban en la guata de la mamá”, cuenta.

Como ellos, hay carteros que por los años que llevan atravesando los mismos barrios cuentan con cierta inmunidad y no corren riesgo de ser asaltados. El problema es para los nuevos o los reemplazos. “Esos no duran”, dicen desde el sindicato de Correos. Aún así, siempre está latente la posibilidad de caer herido en alguna balacera.

CIPER conversó con trabajadores de cinco áreas de servicios que, por las características de su rubro, deben entrar a zonas que son controladas por bandas de narcotraficantes: correos, empresas eléctricas y sanitarias, ambulancias de urgencia y delivery de comida. Todos cuentan que permanentemente están expuestos a violencia, balas locas, asaltos y al cobro de “peaje”.

Las cuadrillas de trabajadores de compañías de electricidad o sanitarias cuentan que se exponen principalmente al robo de sus herramientas y que hay ciertos sectores a los que solo entran acompañados de Carabineros.

Los funcionarios del SAMU (ambulancias de urgencia) relatan que a veces, cuando concurren a una emergencia en estas zonas, trabajan bajo amenazas. En una ocasión, cuentan, un equipo estaba atendiendo a un hombre que sufría una crisis respiratoria y su hijo los amenazó con una pistola si no lo salvaban. A veces, cuando asisten a atender a un baleado, son los rivales del herido los que los amenazan para impedir que le presten auxilio. Por eso, a algunas zonas  entran solo si van junto a Carabineros, especialmente en jornadas de protesta social. “Pero a veces los carabineros no quieren ir, dilatan y se demoran”, cuenta un rescatista.

Población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Son 174 las poblaciones, villas o barrios, de 31 comunas de la Región Metropolitana, que viven esta dura realidad: tiroteos, comercio y consumo de drogas en la vía pública, “soldados” del negocio ilícito que circulan armados y abandono policial. Ese es el resultado de esta tercera investigación de CIPER sobre las “zonas ocupadas”, territorios en que el Estado está prácticamente ausente y las normas las impone el narco. La primera publicación se hizo en 2009 y la segunda en 2012.

En esta tercera versión (vea aquí el reportaje inicial de esta serie), comprobamos que entre 2009 y 2020 las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174 y que la población sometida al dominio del narco creció de 660 mil personas a más de 1.012.000.

Las poblaciones, villas y barrios considerados como “zonas ocupadas” deben cumplir al menos con dos de los siguientes criterios: estar en la nómina de territorios de la Región Metropolitana con más delitos vinculados a drogas, según el informe 2016 del Observatorio del Narcotráfico, del Ministerio Público; que parte del equipamiento para una zona urbana (colegios, centros de salud, supermercados, transporte, policía, bomberos y farmacias, entre otros servicios) se encuentre a más de un kilómetro; y que sean identificadas como “zonas de alto riesgo” por empresas que prestan servicios básicos (agua potable y electricidad), correo, delivery y ambulancias de urgencia.

Respecto del último punto, todas las poblaciones identificadas en este reportaje son catalogadas como “zona roja” por al menos uno de estos servicios, pero hay algunas que concentran las alarmas.

La información recopilada por CIPER indica que hay diez zonas que fueron catalogadas como conflictivas por todos los servicios consultados: La Chimba (Recoleta), la Población José María Caro (Lo Espejo), La Victoria (Pedro Aguirre Cerda), las poblaciones Raúl Silva Henríquez, Valle de la Luna y Parinacota (Quilicura), El Manzano (San Bernardo), La Legua Emergencia, La Legua Nueva y el Barrio Antigua Legua (San Joaquín).

Además, hay 24 zonas reconocidas como riesgosas por cuatro servicios y 74 zonas calificadas de esa manera por tres servicios.

Pero las “zonas ocupadas” no solo sufren graves problemas de seguridad, sino que también viven dificultades de acceso a equipamiento o infraestructura urbana. Son territorios que en el papel aparecen como residenciales, pero que en la práctica se desarrollan casi al margen de la ciudad.

Dentro de las 174 “zonas ocupadas” y en un radio de un kilómetro alrededor de ellas, CIPER sistematizó la ubicación de al menos 11 servicios considerados esenciales en un entorno urbano: recintos de atención primaria de salud (tipo Cesfam) y hospitales equipados con atención de urgencias, escuelas, comisarías, cuarteles de bomberos, paradas de transporte, estaciones de Metro y Metrotren,  farmacias, supermercados, sucursales de bancos y centros de pago.

El resultado muestra situaciones extremas, como poblaciones y villas ubicadas a casi tres kilómetros de un centro de atención primaria de salud, o a dos kilómetros de una farmacia, de un supermercado o de un banco. Hay otras, al norte de la ciudad, a casi 30 kilómetros de un hospital, lejos de los principales centros de empleo y esparcimiento. Aquí puede ver en detalle el mapa de Santiago con las 174 zonas y el equipamiento al que tienen acceso.

La falta de equipamiento va de la mano, en la mayoría de los casos, con la precariedad de los servicios que ya existen en estas zonas: escuelas deterioradas, venta de medicamentos en ferias y locales no autorizados, además de espacios públicos destruidos y a merced de consumidores de droga y bandas delictuales, cuya presencia termina desplazando a la comunidad. Los vecinos optan por encerrarse en sus casas, poniendo rejas no solo en sus puertas y ventanas, sino también sobre los muros divisorios de cada casa. Sus calles y pasajes, dominados por los barrotes, parecen las galerías de una cárcel. En estos barrios la gente se acostumbró a encerrarse cuando cae la noche.

CAMIONETAS CAMUFLADAS PARA EL CORREO

Las camionetas que usa Correos para despachar los paquetes más grandes han sido asaltadas tantas veces que ahora han optado por camuflarlas para entrar a las zonas más complejas. Contratan vehículos externos, sin logos y también furgones escolares.

Los centros de distribución de Correos también se han transformado en un objetivo apetecido por los asaltantes, debido a toda la paquetería que llega por las compras en línea. “Los desvalijan, se llevan todo. En muchos lados lo han hecho, no solo dentro de las zonas rojas”, dice Alan Meza, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Correos de Chile (Sintech). Según el dirigente, en el último tiempo se han registrado robos en los centros de Cerro Navia, Pudahuel, Independencia, Macul, La Florida, Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia y La Reina, por nombrar algunos.

Para quienes habitan muchas de estas zonas el delivery no es una opción, porque los repartidores no entran. El robo de sus celulares o de su medio de transporte, bicicletas o motos, los deja sin trabajo, así es que prefieren evitar el riesgo. “Solo los nuevos se meten, porque la mayoría son extranjeros y no conocen las poblaciones, pero cuando llevan un tiempo ya tratan de no ir más”, afirma Andrés Segura, representante en Chile de la organización Ni Un Repartidor Menos. El problema, dice, es que algunas aplicaciones no indican la dirección final del pedido al momento de tomarlo y después es complejo retractarse: “Si sueltas un pedido (cancelarlo)  te castigan. Te dejan una hora sin tomar otro o te bloquean”.

En las zonas visitadas por CIPER los residentes indican que tampoco pueden contar con las ambulancias, porque demoran mucho o no llegan. En el SAMU Metropolitano (el servicio público de ambulancias de urgencia) reconocen que el trabajo en las zonas “rojas” los expone a un riesgo que muchos funcionarios no están dispuestos a tomar sin el debido resguardo. “Nos cuidamos entre nosotros, pero a mí ya me amenazaron con una pistola durante un procedimiento. Quedé con estrés postraumático, nervioso, pensando en que podía volver a pasar. Te cuestionas harto eso. ¿Valdrá la pena todo lo que haces y cómo te pagan?”, dice a CIPER un trabajador que pidió la reserva de su identidad.

Desde la Asociación de Funcionarios del SAMU Metropolitano indicaron que llevan años pidiendo que el Ministerio de Salud reconozca de alguna manera el riesgo que corren los trabajadores, a través de una bonificación o un seguro de vida.

Las compañías de agua y electricidad no tienen opción. Están obligadas a entrar, porque el servicio no puede dejar de prestarse, pero han tenido que definir protocolos de seguridad a causa de los constantes asaltos. A veces deben asegurar una escolta policial, pero hay fechas claves en que está prohibido entrar, como para el Día del Joven Combatiente (29 de marzo) o para la conmemoración del Golpe de Estado de 1973 (11 de septiembre).

“Los ven con escaleras, con herramientas y los asaltan. Pasa con las cuadrillas de la luz, con el servicio de telecomunicaciones, todo eso”, dice un vecino de la Población San Luis de Maipú.

UNA FARMACIA A CASI DOS KILÓMETROS

No solo la provisión de servicios básicos es problemática para los habitantes de las “zonas ocupadas”.  Muchos de estos barrios también tienen un difícil acceso a equipamiento urbano. Lo mismo ocurre con la cantidad y la variedad de los productos que se venden. En el caso de las farmacias, los locales más pequeños que generalmente se instalan en estas zonas no cuentan con muchos medicamentos. “Yo tomo uno casi todos los meses, pero la farmacia de acá no lo tiene. Así que al final me doy el pique al mall”, cuenta una vecina de la Población La Estrella Sur, en Pudahuel.

Entre las 174 “zonas ocupadas”, la investigación de CIPER estableció que hay al menos  ocho barrios que están a más de un kilómetro de la farmacia más cercana. Así ocurre, por ejemplo, con la Villa La Primavera, de La Pintana, donde la farmacia más próxima está a casi dos kilómetros.

En el caso de los supermercados, CIPER identificó al menos 57 zonas que no cuentan con uno de ellos a menos de un kilómetro a la redonda. Esta cifra se agravó tras las protestas de octubre de 2019, ya que muchos de estos locales fueron saqueados o quemados y varios no volvieron a abrir. CIPER rastreó decenas de supermercados cercanos a “zonas ocupadas” que hasta hoy se mantienen cerrados. El caso más llamativo es el de la Población San Luis (Maipú), donde tres supermercados cercanos fueron saqueados e inhabilitados: un Acuenta, un Líder y un Unimarc.

Respecto a las sucursales de bancos, el escenario es aún más complejo, ya que son 104 las zonas que no cuentan con al menos una sucursal a menos de un kilómetro. En general, la Caja Vecina del Banco Estado suple esta carencia dentro de las poblaciones, pero para muchos ese servicio es insuficiente: la mayoría de los locales con Caja Vecina dentro de estas zonas son pequeños almacenes de barrio, que limitan los giros a no más de $10 mil diarios, a pesar de que el banco habilita el retiro de hasta $200 mil. Además, cada giro tiene un costo adicional de $200.

En la Población Presidentes de Chile (Cerrillos), la sucursal bancaria más cercana está a más de dos kilómetros. “El que puede ir caminando, va. Yo a veces me voy a pie. Si salgo a las 9, como a las 10 y un poquito más estoy allá, pero si camino lento es más. A veces me voy trotando, me sirve para hacer ejercicio”, cuenta una vecina del sector.

SALUD PRIMARIA Y HOSPITALES

Entre las 174 “zonas ocupadas”, CIPER identificó al menos 25 que no cuentan con un consultorio de salud tipo Cesfam (equipado para atención general) a menos de un kilómetro a la redonda. Es el caso de la Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez (Cerrillos) o la Población Nuevo Buin (Buin), cuyos centros de salud de este tipo más cercanos se ubican a 2,5 kilómetros.

En las poblaciones donde sí cuentan con un recinto cerca, es común que los habitantes deban lidiar con la precariedad del servicio. “Aquí hay muchos enfermos adultos mayores postrados y no hay capacidad para ir a verlos. Tiene que movilizarse la familia, ir al consultorio a las cuatro de la mañana para que recién a las ocho les den un número. Y la atención es pésima, entonces yo ya lo encuentro absurdo”, relata una vecina de la Población Presidentes de Chile (Cerrillos).

CIPER seleccionó una muestra de 13 zonas (ver el detalle al final de este reportaje) y conversó con sus residentes. En general, coincidieron en que las enfermedades de los adultos mayores y los problemas de salud mental son dos ámbitos que dejan patente el alto nivel de abandono del Estado en temas de salud. Los vecinos explican que muchas de las personas que deambulan en situación de calle en estas poblaciones padecen trastornos mentales no tratados y sufren de alguna adicción.

“La depresión también te lleva al alcohol y las drogas. La soledad, la frustración, el fracaso, muchas cosas. Y de eso nadie se hace cargo (…). Sabemos que los especialistas están en los hospitales, pero la población que padece estas enfermedades ya es muy numerosa y el consultorio debería hacerse cargo”, plantea una vecina de una villa de Puente Alto.

La falta de hospitales públicos es otro problema urgente. Aunque es lógico que estos recintos abarquen una zona mucho más extensa que un consultorio, hay sectores en Santiago que están a casi 30 kilómetros del hospital más cercano, como ocurre en las seis “zonas ocupadas” que CIPER identificó en Colina. Aunque en 2019 se anunció la edificación de un nuevo hospital para este sector, el que debiese estar operativo en 2025, por el momento sus habitantes siguen asignados al colapsado Hospital San José, ubicado en Independencia, junto a toda la población de Lampa, Til-Til, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. Ese centro asistencial atiende un amplio territorio que incluye 30 “zonas ocupadas”, según la investigación de CIPER.

En la imagen se muestran todas las zonas ocupadas de la Región Metropolitana (áreas verdes) y su ubicación respecto de los hospitales que cuentan con servicio de atención de urgencias (puntos rojos).

EDUCACIÓN: LA PROMESA INCUMPLIDA

El único servicio que está disponible en todas las “zonas ocupadas” a menos de un kilómetro de distancia, son los centros educativos. En este caso el problema no es el acceso, sino la calidad y la infraestructura de los establecimientos, especialmente los municipales.

“Los baños asquerosos. Las salas de clases sin puertas, sin ventanas. Es horrible”, dice una vecina de la Población José María Caro (Lo Espejo). “Antes no me afectaba vivir acá, pero ahora que tengo un hijo yo quiero otra educación para él. Acá tengo amigas que trabajan en escuelas y ellas tienen que juntar plata de su sueldo para pintar los colegios o comprarle materiales a los niños”, relata. “Yo no quiero que mi hijo tenga compañeros de 18 años en sexto básico, porque eso es lo que pasa”, afirma.

La pandemia del coronavirus expuso con mayor crudeza los problemas en los colegios de estas zonas. En Puente Alto, un profesor de uno de los colegios de la Villa San Guillermo, quien pidió la reserva de su identidad, contó a CIPER que entre los funcionarios de la escuela se organizaron para armar cajas de comida para las familias más pobres. “¿Qué concentración en los estudios le puedes pedir a ese cabro o esa cabra que está pasando hambre, que vive en una casa hacinada y que tiene que compartir un celular con los hermanos para poder asistir a clases?”, se pregunta. “En estos sectores no importa si las notas son buenas o malas, lo que importa es que el estudiante vaya a clases”, asegura.

En la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público también están conscientes de este problema. “Durante por lo menos una década como país le prometimos a nuestros jóvenes que estudiando una carrera iban a salir de la pobreza, pero era una promesa falsa”, reflexiona el fiscal Luis Toledo, director de la unidad.

El fiscal habla de los institutos profesionales que ofrecían carreras sin campo laboral y las familias que se endeudaron para que sus hijos estudiaran en universidades que terminaron cerradas y sin prestigio, entre otros escándalos descubiertos en instituciones de educación superior en la última década. “Eso provocó una crisis que está patente, que está pendiente y por el otro lado tienes el tema del dinero fácil y rápido del crimen organizado”, explica el fiscal.

“En los colegios el narco se asume como algo negativo, pero sí es tentador para muchos cabros como un camino para lograr cosas. Esos estudiantes tienen una actitud particular. Te hacen sentir que no te necesitan, que ya lo tienen todo resuelto, porque en realidad encontraron esa seguridad en el tráfico o en cualquier otra cosa delictual”, dice el profesor de la Villa San Guillermo.

EL PUNTO DE PARTIDA PARA UNA SOLUCIÓN

Para Juan Correa, geógrafo de la Universidad Católica y experto en desarrollo urbano, la política pública que dio origen a estas zonas desprovistas de equipamiento ocurrió durante la dictadura, cuando la construcción de las viviendas sociales quedó en manos de empresas privadas:

-El Estado entregaba los voucher y los privados ejecutaban con el objetivo de maximizar las ganancias, construyendo viviendas de un estándar muy mínimo, en suelos baratos de la periferia-, explica.

Ese sistema, dice, desordenó las prioridades de una correcta planificación, porque primero el privado construyó donde le resultaba más barato y mucho después el Estado se preocupó de proveer bienes esenciales. Un error caro, “porque se requiere mucha inversión pública para corregir, mitigar y compensar lo que pasa en estos lugares”, asegura.

Esto mismo sucede con los servicios privados dentro de la ciudad. Si el territorio no alberga un mercado de consumidores rentable, es mucho más difícil encontrar una farmacia, un supermercado o un banco.

La especialista en temas de seguridad y planificación urbana, Lucía Dammert, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y miembro del directorio de Espacio Público,  explica que hay cinco factores que están siempre presentes en las zonas más conflictivas:

• Acceso y consumo de alcohol y drogas.
• Problemas de salud mental no tratados.
• Exposición a violencia intrafamiliar o entre terceros desde temprana edad.
• Deserción escolar.
• Desempleo.

“Esa serie de condiciones es la que lleva a la gente a tomar carreras criminales. Y eso no lo soluciona una comisaría”, señala la académica.

Vista aérea de la comuna de Puente Alto.

Expertos consultados por CIPER coinciden en que, para resolver esta falta de acceso a servicios y bajar los niveles de criminalidad, es necesaria una coordinación entre todos los órganos que deben intervenir: distintos ministerios, policía, municipios, organizaciones territoriales y entidades privadas.

Según ellos, no hay “balas de plata”. Aunque muchos pobladores insisten en pedir nuevas unidades policiales y es un hecho que las extensiones del Metro y el Transantiago  han mejorado su conectividad, los especialistas dicen que los datos duros indican que los niveles de delincuencia no se bajan poniendo una comisaría o con una nueva escuela o una estación de Metro. “Así lo demuestra la comisaría que se instaló en Bajos de Mena, en Puente Alto, que no cambió nada, o la estación de Metro en la Población San Gregorio, en La Granja”, ejemplifica el geógrafo Juan Correa.

El investigador y académico de la Universidad Católica Juan Pablo Luna le ha seguido el pulso a las apuestas que se han hecho en otras latitudes, como el caso de Medellín en Colombia. Allí, el Estado decidió invertir fuertemente en infraestructura pública, como teleféricos, bibliotecas, plazas y espacios deportivos, pero no logró erradicar a las bandas criminales, sino que terminó entregándoles el control de este nuevo equipamiento urbano.

“No es ocupar policialmente el territorio y retirarte, o construir infraestructura urbana y retirarte, sino como Estado ocupar en serio el territorio. Y ese es un trabajo mucho más largo, un esfuerzo sostenido de recuperación y reconstrucción de confianza y legitimidad”, explica Luna.

Según el investigador, para que el Estado esté “en serio” en estos territorios debe imponer su presencia como solucionador de conflictos vecinales. Volver a incidir en la vida cotidiana de las personas como un actor realmente útil para mejorar la calidad de vida. Ese rol lo ha perdido frente a los capos narcos:

-Lo que hacen las organizaciones criminales como el narco es solucionar los problemas cotidianos de la gente. Si tú tienes un hijo enfermo, los tipos te pagan los medicamentos. Si tienes un problema con la escuela, los tipos extorsionan a la escuela. Hay toda una necesidad de mediación, de demandas y de conflictos que en estas zonas los órganos criminales solucionan y gestionan como si fueran el Estado, porque son un Estado paralelo. El Estado tiene que recuperar esas funciones-, asegura Luna.

CIPER comprobó en terreno que los conflictos y las carencias en estas poblaciones vulnerables están siendo administrados por las organizaciones criminales, pero también por algunas organizaciones vecinales, especialmente desde el estallido social. Las ollas comunes han apoyado a los hogares que perdieron ingresos por las cuarentenas y los tratamientos médicos se financian con colectas entre vecinos.

-Todo esto ocurre en medio de una fuerte crisis de legitimidad en la institucionalidad legal. Hoy el costo moral de emprender en el negocio criminal es mucho más bajo, porque de cierta forma está justificado. “¿Por qué si los políticos roban no voy a meterme yo a hacer esto? ¿Por qué voy a respetar el sistema policial si los pacos están metidos con el narco?”. Llega un momento en que esas barreras de lo moral van bajando y lo que viene es un efecto dominó-, concluye Juan Pablo Luna.

Puedes escuchar esta investigación aquí:

*Audio realizado por CarolinaPereira.de