En la mayoría de los casos, la decisión de dar término a las acciones legales se debe al archivo provisional de los procedimientos o la simple decisión de no perseverar en las pesquisas, según estadísticas informadas por el propio Ministerio Público. De un total de 1.076, en 491 se decretó el archivo provisional, en 39 se decidió no perseverar, en diez se optó por la facultad de no investigar y en una se aplicó el término por “incompetencia”. En la actualidad, se investigan violaciones de derechos humanos contra 603 niñas, niños y adolescentes.
La Fiscalía cerró sin responsables ni avances 541 causas por violaciones de derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) ocurridas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Así lo revela un informe elaborado en marzo por ese organismo, el que también está en poder de la Defensoría de la Niñez.
Las cifras indican que, de un total de 1.496 causas abiertas en 2019 y 2020, unas 414 fueron reagrupadas y otras seis debieron ser anuladas por errores administrativos, quedando finalmente 1.076 activas.
Sin embargo, a lo largo de 2020, muchas de estas causas fueron cerradas sin avances. En detalle, en 491 casos se decretó el archivo provisional, en 39 se impuso la decisión de no perseverar en las pesquisas, en diez se dictaminó la facultad de no investigar y en una se aplicó el término por “incompetencia”.
En la actualidad, se investigan las violaciones de derechos humanos contra 603 menores de edad, agrupadas en un número no determinado de causas, según la información entregada por la División de Estudios de la Fiscalía a CIPER.
La situación, presenta fuertes diferencias entre regiones. En Arica y Parinacota, por ejemplo, el 84% de las causas fueron cerradas sin condenas ni avances, mientras que en Ñuble ese indicador cae a 22%. La región con más causas cerradas es la Metropolitana, donde de 701 casos, 403 ya fueron terminados sin resultados.
Hasta ahora, sólo una causa obtuvo una sentencia condenatoria, la que se confirmó el 29 de julio de 2019 en el Juzgado de Garantía de Rancagua. En dicho juicio abreviado, fue condenado por homicidio frustrado, y a la pena de cinco años de libertad vigilada, el carabinero Juan Gabriel Maulén Báez, quien disparó el 13 de diciembre de 2019 una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante adolescente, a una distancia de 8,5 metros y por la espalda (ver sentencia).
Lo que sucede con los menores de edad tiene, por cierto, un correlato con lo que acaece con el resto de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Un reportaje anterior de CIPER, también basado en datos del Ministerio Público actualizados al 28 de enero pasado, informó que la Fiscalía decidió archivar provisionalmente, no perseverar o no iniciar la investigación de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos.
“Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías”, explicó en esa ocasión la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, quien sostuvo que “hay un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema”.
Ante este escenario, la Defensoría de la Niñez indicó en su último informe anual que entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2020 interpuso 127 denuncias a nivel nacional por los delitos de tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, detenciones arbitrarias, lesiones graves y menos graves, entre otras. Además, presentó diez querellas por los delitos de homicidio, lesiones graves, lesiones menos graves y abuso sexual (ver informe).
En un oficio a parlamentarios de Chile Vamos, la Defensoría de la Niñez precisó que sus atribuciones sólo le permiten querellarse “en casos de gran impacto o conmoción pública, en situaciones excepcionales” (ver documento).
Sobre lo mismo, la defensora de la Niñez, Patricia Múñoz, dijo a CIPER que es el INDH el que tiene la facultad legal de presentar querellas por delitos de torturas. “No obstante, creemos que a futuro los casos de tortura de niñas, niños y adolescentes debiera poder verlos también la Defensoría de la Niñez, aunque eso supone tener una dotación y estructura a nivel nacional”, indicó.
Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, comentó que, siguiendo su mandato legal, el INDH se querelló en 463 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas contra NNA.
No obstante, admitió que tampoco se trata de todos los casos denunciados ante la Fiscalía que involucran a menores de edad, pues “el Instituto presenta las querellas en la medida que tiene los antecedentes de las víctimas directamente” y/o recibe la información de parte de la sociedad civil u otros organismos del Estado, como el Sename. Por lo tanto, una cantidad relevante de causas podría quedar fuera del alcance del INDH.
“Hasta ahora ―ahondó― se han presentado 463 querellas y el 90% de ellas son por delitos de torturas y apremios ilegítimos. Además, el 23% de los denunciantes refiere en estos casos haber sido víctima de violencia sexual, como tocamientos o amenazas de violaciones. Por último, de todas estas querellas, el Ministerio Público solo ha formalizado seis investigaciones y ha cerrado otras 26”.
LA MIRADA DE LOS ABOGADOS
En esa perspectiva, la abogada defensora de derechos humanos Karinna Fernández sostuvo que “han sido extremadamente difíciles los casos de niñas, niños y adolescentes, porque es muy complejo que ellos quieran denunciar”. Agregó que “la ausencia de resultados también va desmotivando a los denunciantes”, en el contexto de un sistema policial y judicial que, a su juicio, no está preparado para contener a las víctimas o sus familias.
“Además, una vez que logramos querellarnos, después de superar todas las dificultades, en mis causas no se ve reflejado en las investigaciones el interés superior de los niñas, niños y adolescentes y, mucho menos, lo que se conoce como garantías reforzadas. No ha habido mayor rapidez o priorización de estos casos”, alegó.
Sobre lo mismo, ahondó que ha habido una incapacidad del Estado, para promover una justicia real y oportuna. “En mis casos, por lo menos, el Consejo de Defensa del Estado no está presente, aunque sí se hicieron parte en el caso del caballo de Baquedano. Tampoco el Instituto Nacional de Derechos Humanos está involucrado en todas las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, apuntó.
Agregó que el Estado ha sido incapaz de actuar preventivamente y citó como ejemplo el caso del mayor de Carabineros Humberto Tapia. Este oficial, como muestran videos, disparó e hirió en un pulmón a un joven migrante el 19 de octubre de 2019 y luego, el 5 de noviembre, entró disparando perdigones al Liceo 7 Teresa Prats.
Créditos: Migrar Photo
La abogada Alejandra Arriaza, quien representa a una adolescente impactada con una bomba lacrimógena en su cabeza, entre otros casos de menores de edad, coincidió en que “ha sido un proceso complejo y duro, pues tanto adultos como niñas, niños y adolescentes están en el desamparo, ya que necesitan contención y el Estado no los acoge”
A juicio de la abogada, uno de los problemas de fondo es que el sistema judicial chileno no está preparado para llevar estos procesos: “Hay regiones donde ni siquiera hay profesionales preparados para aplicar el Protocolo de Estambul”, dice, en referencia al procedimiento internacionalmente validado de constatación física y sicológica de torturas.
A ello se suma, según opinó Arriaza, que hay conductas de obstrucción a la justicia de parte de agentes del Estado, sin que ello genere mayores consecuencias para quienes incurren en ellas: “No se ha garantizado que esto no se repita”.
En esa perspectiva, planteó que cada día “se hace más factible perseguir las responsabilidades por estos crímenes en la Corte Penal Internacional”.
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Lamentablemente la historia vuelve a repetirse, es mas grave para el Ministerios Público y la justicia chilena los daños a la propiedad que las agresiones sexuales y mutilaciones que han afectado a muchos jovenes y no procesan a nadie , pero para perseguir y procesar a los participantes del estallido social se esmeran de una manera servil al Gobierno. Es una vergüenza, de nada sirvió el nunca mas y se seguirán violando los Derechos Humanos.de los mas vulnerables.
Los ricos van a clases de ética, tratamientos de control de impulsos, a arrestos domiciliarios en parcelas con casas de 500 metros, cuadrados , verdaderas vacaciones y despues se les descuentan de las condenas y no pasan un día en la cárcel, les agregan irreprochable conducta anterior, pero eso podría ser para el primer delito, pero cuando recibieron coimas o coimearon los políticos y empresarios nada les pasa y cuando no pueden salvarlos sacan al Fiscal Garlos Gajardo del caso para que ue no siga investigando a los corruptos de este País, vaya mi reconocimiento al abogado más integro de este país.
daniel vasquez | 21.04.2021
Lamentable que la Fiscalía abandone sus funciones constitucionales, y no llegue a la verdad, objetivo de todo proceso, sea civil, laboral, penal o de familia, trabajao por el cual son muy bien remunerados en comparación al resto de la población.
pedro lautaro ferrer vergara | 19.04.2021
Que indignación que en estos tiempos la mayoría de los fiscales (corruptos) solo les interesa cerrar casos sin resolver para solo cobrar.
El abuso y daño con la prisión preventiva en los casos de miles de manifestantes, ha sido terrible, la mayoría de estos están detenidos con pruebas falsas de asociaciones ilícitas en las cuales se convirtieron la policía uniformada (pacos) y la policía civil (pdi), verdaderos antros de delincuentes y violadores de los derechos humanos.
Ni olvido ni perdón con estos sicarios mercenarios del régimen encabezados por el delincuente de piñera y su cofradía de sádicos, psicópatas y asesinos.
