Reciclaje domiciliario en Chile: queremos, pero no nos dejan

El 45% de los municipios de Chile no tiene un servicio de reciclaje municipal. Y los que declaran tenerlo, varían desde los que solo disponen de un par de contenedores, hasta aquellos que han incorporado servicios para recolección domiciliaria. La columna muestra cómo a mayor cantidad de recursos, mayor la posibilidad de reciclar. Una excepción es La Pintana, municipalidad que tiene 15 años de experiencia reciclando vegetales y es un referente latinoamericano de compostaje.

La columna está basada en la investigación del autor durante su doctorado en economía territorial en la Universidad de Cambridge, así como su trabajo actual desde el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las cifras aquí comentadas están desarrolladas en detalle en artículos científicos ya publicados en las revistas Resources, Conservation and Recycling y Development and Change, así como una serie de nuevos artículos actualmente en revisión por pares.

Transparencia: El autor es candidato a concejal por la comuna de Santiago y militante de Revolución Democrática. No trabaja para, ni recibe financiamiento de compañía u organización alguna que pudiera beneficiarse de la publicación de este artículo. 

Puede ser por un cambio en la conciencia profunda o resultado del “marketing verde”. Cualquiera sea el motivo, las personas que habitan ciudades en Chile ven el reciclaje como una de las principales acciones para aportar al cuidado del medio ambiente. Así se señala, por ejemplo, en las últimas ediciones de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente (ENMA). Pero hay cosas que no cuadran.

¿Qué nos dicen las cifras? La ENMA decía que en 2018 el 50% de las personas declaraba separar su basura para reciclar. A fines de 2019, la Encuesta de Percepciones del Desarrollo Urbano Sustentable (EPDUS) del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable entregaba cifras más específicas para nuestras dos principales áreas metropolitanas: en Concepción el 32% de los hogares entrevistados declara reciclar y en Santiago el 41%.

Sin embargo, una cosa es lo que declaran las personas y otra los logros que estamos teniendo como país. Según las únicas cifras oficiales del Ministerio del Medio Ambiente al respecto, en 2017 la basura de los hogares que se separaba para algún tipo de reutilización o reciclaje era 1,8% del total nacional. El promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para este mismo indicador está sobre 30%. ¿Qué podría explicar la diferencia entre tanta gente supuestamente separando su basura y logros tan exiguos? Podemos enumerar cinco explicaciones.

Una primera opción es que la gente esté declarando “lo políticamente correcto” en las encuestas y estarían escondiendo la realidad.

Una segunda opción es que la gente efectivamente separa la basura, pero lo que destina a reciclar sea una parte ínfima de los residuos que cada uno genera. En este caso estaríamos hablando de una explicación del lado del comportamiento de los consumidores, independiente de qué servicios tengan disponibles para entregar sus residuos reciclables. Sin embargo, es prácticamente imposible separar el comportamiento individual de la oferta de servicios de reciclaje. Por ejemplo, el hecho de que no haya un servicio que retire la basura para reciclaje o si necesito un automóvil para ir a un punto limpio, son factores que influirán en mis decisiones de manejo de residuos en la casa.

Vinculado al punto anterior, una tercera explicación a la diferencia entre lo que las personas declaran reciclar y las cifras de “reciclaje real”, es que exista una distancia entre la adhesión de la gente a la idea de reciclar, y la voluntad de los municipios de implementar servicios de reciclaje municipal de calidad.

En un artículo científico publicado en 2019, constatamos que 189 de los 345 municipios del país declararon tener algún tipo de reciclaje versus 156 que no contaba con reciclaje. Es decir, 45% de los municipios de Chile no tienen un servicio de reciclaje municipal.  Y entre los que declaran tenerlo, hay un enorme rango: desde aquellos que solo disponen de un par de contenedores en recintos municipales, hasta aquellos que han incorporado estructuralmente servicios para recolección domiciliaria.

Hay una cuarta opción, relacionada con soluciones privadas a problemas público: existe la posibilidad de que las personas estén entregando sus residuos valorizables a individuos o empresas que se dedican privadamente a la recolección. Una parte de ellos son los clásicos “cartoneros” o “recicladores de base”. Según la EPDUS, 5% de los hogares encuestados en Santiago y Concepción entregan sus residuos valorizables a los recicladores y estos, aunque muchas veces no estén formalizados como empresas o cooperativas, prestan un servicio privado. En sectores acomodados han aparecido servicios privados de retiro para reciclaje, esta vez formalizados a través de empresas, que no tienen relación alguna con los servicios municipales. Exceptuando algunos casos aislados de programas municipales que incorporan a recicladores de base, en la mayor parte de los casos el reciclaje privado, sea formal o informal, no se contabiliza dentro de los números municipales.

Una quinta y última explicación sobre el destino de los residuos reciclados es que podría estar ingresando a las cadenas de recuperación del retail.  Esta industria ha implementado puntos de reciclaje por su cuenta y lo que se logra reciclar ahí ya no es contado como residuos sólidos domiciliarios, a cargo de municipios, sino que pasa a ser declarado residuos industriales. La industria del retail ha avanzado mucho más en reciclar los residuos que producen en su operación que los municipios: se trata fundamentalmente de cajas, palets y plásticos usados para embalaje al por mayor. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, en 2017 supermercados y multitiendas valorizaban el 38% de sus residuos. Los puntos limpios en el estacionamiento de un supermercado, por ejemplo, pasan a ser contados ahí y no en las cifras municipales.

Si descartamos la primera opción y pensemos que en Chile efectivamente se separa la basura en una parte significativa de los hogares, las explicaciones posibles van por dos vías: una es que quien declara reciclar separa solo una parte ínfima de su basura; la otra es que los servicios existentes se concentran en algunos municipios ricos, donde hay retail, o donde hay cobertura de servicios privados “a domicilio”.

Una parte importante de la población en el país está excluida de la posibilidad real de reciclar, porque, aunque quiera, no hay servicios disponibles en su territorio. Por un lado, el 45% de las comunas en el país no cuentan con servicio: este número sería mucho mayor si descartamos “servicios” municipales que son mero adorno, como es el caso de un par de tachos verdes en alguna dependencia municipal o campanas de vidrio que han instalado fundaciones sin ninguna gestión municipal de por medio.

Por otro lado, tanto el retail como los recicladores de base, y las nuevas empresas privadas que retiran a domicilio, tienden a concentrarse en grandes centros urbanos y, específicamente, en zonas de altos ingresos.

Por lo tanto, la desigualdad es una de las claves en el atraso en el reciclaje domiciliario. El Gráfico 1 muestra el presupuesto por habitante para gestión de residuos municipales en el Gran Santiago. Se observa que Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y Providencia manejan recursos que doblan la media de todo el resto de los presupuestos. Esto permite, por ejemplo, que en Vitacura prácticamente todos los puntos de reciclaje están soterrados, con altas frecuencias de retiro, generando menos impacto a su entorno y con menos riesgo de ser afectados por vandalismo, mientras que en otras zonas de la ciudad un punto de reciclaje sea un riesgo de microbasural para su comunidad inmediata.

Más allá de honrosas excepciones como La Pintana —donde la municipalidad cuenta con 15 años de experiencia reciclando vegetales, siendo un referente latinoamericano de compostaje—, lo cierto es que tanto en Santiago como en el resto del país los recursos del municipio influyen en la probabilidad de implementar servicios de reciclaje.

En el citado artículo científico de 2019, se comprobaba que el gasto municipal en residuos está correlacionado con los logros en cuanto a tasas de recolección diferenciada comunal. Esto quiere decir que quien tiene más recursos por habitante para manejar su basura, tiende a reciclar más. Es decir, no se trata sólo de que la disponibilidad de recursos municipales defina el número de comunas reciclando, sino también la calidad de los servicios existentes.

En otro artículo publicado junto a colegas de la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Los Andes, analizamos la relación entre desigualdad de recursos para gestión de residuos y probabilidad de implementar reciclaje en el Gran Santiago. Además de confirmar que existe una relación significativa entre recursos y tener reciclaje, evaluamos escenarios en los que se aumentaban los recursos y en los que se redistribuye lo que actualmente hay. De ahí sacamos dos conclusiones. La primera es que más disponibilidad de recursos a nivel comunal, por la vía del aumento o distribución, aumentan las probabilidades de que los municipios implementen reciclaje. La segunda es que en ningún caso sólo con aumentar recursos la probabilidad llega a ser 100%. Necesitamos algo más que redistribuir: necesitamos que sea obligatorio que los municipios reciclen.

Para aumentar el reciclaje debemos dejar de echarle la culpa a las personas que se topan con falta de servicios. Para que aumenten las tasas de reciclaje debemos asumir un rol coordinado de distintos niveles del Estado: nacional, regional y comunal. Ejemplos concretos pueden encontrarse en las regulaciones de la Unión Europea, donde existe obligatoriedad para los municipios, hay metas de reciclaje tanto para la industria como para el sector público, y se cobra un impuesto a la tonelada que se vierte un relleno sanitario en vez de ir a algún tipo de valorización.

Reciclar no puede seguir dependiendo de la voluntad y recursos de cada municipio, ni ser dejado al mercado que sólo se concentrará donde le convenga. Lamentablemente, al menos durante la próxima década, iniciativas como la Ley de Fomento del Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor no se harán cargo de este problema, porque no exigen que los municipios reciclen, ni imponen un impuesto en el vertedero, y sólo hablan de “cobertura” de sistemas de recolección diferenciada para parte de la población, sin metas municipales, avanzando muchísimo más lento de lo que debiéramos.

Edición de Diego Zúñiga

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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