Es urgente terminar con la gestión neoliberal del derecho al agua y avanzar hacia un nuevo modelo de justicia hídrica

Nota de transparencia: Manuela Royo es candidata a la Convención Constituyente.

En Chile, la propiedad del agua y la gestión asociada a su acceso se encuentran privatizadas. Esto es resultado de la instalación y consolidación del modelo neoliberal chileno, comenzado por la dictadura y continuado por los gobiernos postdictatoriales.

Basta un pequeño ejercicio de memoria para recordar que la privatización se inicia durante el régimen pinochetista con la constitucionalización del derecho de propiedad sobre el agua en 1980, más la promulgación del Código de Aguas en 1981, pero se consolida en las administraciones concertacionistas de Eduardo Frei (1995-1999) -en la que se desarrolló la privatización de las primeras empresas sanitarias- y de Ricardo Lagos (2000-2004), en la que se establecieron contratos de concesión de empresas sanitarias al sector privado por un lapso de 30 años.

No deja de resultar llamativo, sin embargo, que mientras el paradigma ideológico del pinochetismo y la Concertación recita que la privatización y/o concesión a privados es sinónimo de eficiencia, gran parte de las inversiones e infraestructuras asociadas al agua ha sido financiada por el propio Estado: inversión con capitales de todas y todos, ganancia de unas pocas grandes empresas, dentro de las cuales se encuentran aquellas que funcionan con capitales estatales extranjeros, por ejemplo, ENEL o Aguas Antofagasta.

Producto de esta concepción ideológica, en el Chile de hoy los grandes caudales de agua ya no pertenecen al dominio público. La gestión de mercado imperante se traduce en la existencia de 138 comunas con decretos de escasez hídrica [1], 383.204 viviendas carentes de agua potable (1), un 48% de la población rural sin fuentes formales de abastecimiento de agua [2] y el 80% de las cuencas del país sobre otorgadas [3].

Existen territorios extensos en que el agua ha sido extraída en su totalidad –considerando incluso las napas subterráneas– resultado de la explotación sin control por parte de grandes empresas y, como consecuencia de ello, comunidades enteras reciben agua mediante camiones aljibes que no llegan a satisfacer los 100 litros diarios por persona que indican los estándares internacionales (2). Esto ha sido reconocido y señalado por la propia Corte Suprema (3) (4).

La situación es tan crítica, que el Estado chileno frecuentemente debe comprar agua para abastecer a algunas comunidades, gastando US$ 127.584.856 por concepto de abastecimiento de agua vía camiones aljibes5 en solo seis años (2010-2016). A lo anterior se suma la situación en la que operan los comités o cooperativas de Agua Potable Rural (APR), encargados del abastecimiento de agua potable en áreas operacionales rurales, de las cuales solo el 44% tiene sus derechos de agua regularizados [4], mismas APR que han presentado interrupciones de suministro para 350.000 personas.

Actualmente, el 80% de las cuencas del país se encuentran sobre otorgadas y sobre explotadas por privados (5), lo que significa que existen más derechos concedidos que volúmenes de agua captados. En definitiva, se vende más agua de la que realmente hay, exigiendo cada vez más al territorio del cual se extrae.

Cabe destacar que, además, la legislación chilena consagra la separación del régimen de propiedad del agua respecto del dominio de la tierra, lo que permite que existan privados que tienen acceso y derecho al agua, sin necesidad de ser propietarios de la tierra. Este tipo de propiedad sobre cuencas hídricas afecta directamente el desarrollo de las formas de vida y tradiciones propias de las comunidades rurales, campesinas e indígenas, por lo que resulta evidente que enfrentamos un modelo que favorece la especulación, la concentración monopólica y la asignación del derecho al agua a usos de mayor valor que solo benefician a los sectores productivos con mayor capacidad económica, en perjuicio de otros sectores, habitantes y comunidades igualmente importantes para el desarrollo del país.

A nivel constitucional, el agua se comprende como un ‘bien económico’ y en tal concepto ha sido entregado a privados de forma gratuita y permanente. En otras palabras, los derechos de los particulares sobre las aguas cuentan con protección constitucional y sus titulares no pueden ser privados de ellos, salvo por expropiación.

Este régimen constitucional que promueve y da garantías a la apropiación privada, consagrando la propiedad sobre derechos de aprovechamiento de aguas en modelos de gestión de libre mercado, es la causa de dos grandes problemas que hoy vive nuestra sociedad: por un lado, de la desigualdad estructural en la distribución de beneficios y cargas asociadas al uso, goce y derechos del suelo y del agua; por otro lado, de la desprotección de quienes han levantado la demanda del derecho al agua, como nos recuerdan los casos de los defensores Verónica Vilches (6) y Rodrigo Mundaca (7) y las amenazas de muerte que han sufrido por exigir el derecho al agua para todos y todas.

La paradoja es evidente: quienes monopolizan la propiedad y uso de las aguas causando la escasez para diferentes comunidades son protegidos por ley, mientras que quienes levantan la voz por el acceso libre a este recurso vital son objeto de amenazas, amedrentamiento y persecución policial, como ocurrió con Rodrigo Mundaca, quien fue blanco de vigilancia por parte de Carabineros (8). Sociedad ni siquiera imaginada en la literatura de realismo mágico.

Dado este dramático contexto, la coyuntura constituyente se presenta como una instancia en que es urgentemente necesario terminar con esta gestión neoliberal y avanzar hacia un nuevo modelo de justicia hídrica, que reconozca tanto el derecho que tienen todas las chilenas y chilenos al agua, como también la autonomía de comunidades rurales e indígenas para su utilización y beneficio. Esta es una condición mínima en la concepción de una sociedad que entiende que la democracia se erige sobre una institucionalidad basada en la justicia social.

NOTAS Y REFERENCIAS