CIPER ACADÉMICO / ARTÍCULO
Narcos y su aversión al riesgo: cómo lavan dinero cuatro grandes organizaciones criminales en México
20.03.2021
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
CIPER ACADÉMICO / ARTÍCULO
20.03.2021
La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más arriesgados, como grupos musicales y carreras de caballos. ¿A qué se debe esta diferencia? La investigación de Farfán apunta a que el riesgo que toman los narcos depende de cómo están organizados y de cuánto invierten en su capital humano.
El trabajo de Cecilia Farfán nos muestra una perspectiva del lavado de dinero pocas veces estudiado. En su más reciente artículo La Estructura de las Organizaciones de Tráfico de Drogas y prácticas de lavado de dinero: una hipótesis de tolerancia al riesgo (basado en su investigación doctoral y publicado en el Journal of Illicit Economies and Development) Farfán analiza las operaciones financieras de las organizaciones de tráfico de drogas de Sinaloa, los Arellano Félix, La Familia Michoacana y Los Zetas[1], y examina cómo estas organizaciones mexicanas lavan su dinero de procedencia ilícita. Más concretamente, en qué actividades lícitas se involucran y qué elementos toman en consideración.
Cecilia Farfán es jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego e investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Entre otros méritos, su trabajo destaca porque pone a disposición del público los métodos específicos de lavado de dinero que hasta hace poco sólo se conocían en las cortes de justicia de Estados Unidos. En el plano teórico, también ha realizado una contribución importante pues ofrece un enfoque que, dialogando con otras teorías existentes, permite una mejor comprensión sobre el comportamiento y la toma de decisiones de organizaciones de tráfico de drogas (OTDs).
(Este mapa solo es referencial. No forma parte de la investigación de Cecilia Farfán)
La autora propone dos variables determinantes para entender la toma decisiones de las OTDs: primero, el tipo de estructura de cada organización, variable que se relaciona con la cantidad de miembros que tiene la organización y si esos recursos humanos funcionan dentro una estructura jerárquica o de redes;
y segundo, la tolerancia al riesgo de la organización criminal, entendiendo por riesgo la mayor variabilidad en los posibles resultados de una decisión financiera, independientemente de si los resultados son los deseados o no (ver tabla 1)
Tabla 1
La figura sintetiza la hipótesis que la autora puso a prueba: a mayor inversión en capital humano, las organizaciones de tráfico de drogas que la autora identifica como jerárquicas escogerán métodos de lavado de dinero aversos al riesgo[2]. Y, por el contrario, las organizaciones con poca inversión en capital humano, las cuales identifica como redes, escogerán métodos de lavado de dinero con una alta tolerancia al riesgo.
Esta perspectiva sugiere que los métodos de lavado de dinero que escogen las OTDs no son resultado de la voluntad de un individuo. Esto tiene consecuencias para el diseño de políticas públicas enfocadas al lavado de dinero, pues como demuestra Farfán cada organización criminal es diferente: “No puede haber una estrategia contra el lavado de dinero global, sino más bien empezar a entender cada organización en su propia dimensión, y una variable clave es saber de antemano qué nivel de riesgo van a tolerar”, escribe en su paper.
Farfán distingue dos tipos de formas que adoptan las organizaciones criminales: estructuras jerárquicas y de redes. A las primeras las llama así no porque tengan un solo líder que centraliza el conocimiento y toma todas las decisiones. Su principal característica, que las diferencias de las organizaciones de redes, es que en ellas se hace una fuerte inversión en recabar información sobre los empleados así como en su entrenamiento.
Cada tipo de estructura, además, determina ciertos comportamientos, entre ellos el nivel de “tolerancia al riesgo” que tienen al momento de lavar el dinero. Es allí donde Farfán enfoca su estudio (ver Tabla 2).
Tabla 2
Tolerancia al riesgo y métodos de lavado de dinero
La autora explica que las organizaciones jerárquicas “son muy eficientes en recabar información de sus empleados (quienes son, quién es puntual, quién hace bien su trabajo, a quién hay que perseguir). Las jerarquías reducen costos de transacción. En las organizaciones de redes, en cambio, te contratan por tu expertise: no te desarrollan, no te enseñan y entonces eres mucho más remplazable”.
Esta diferencia en cómo se forma el capital humano de la organización criminal marca una diferencia en su tolerancia al riesgo: “si a los empleados los matan o arrestan, a la estructura de redes no le preocupa tanto. Pero las estructuras jerárquicas tienden a ser menos tolerantes al riesgo de perder gente que les costó capacitar”, dijo la investigadora a CIPER.
Dicho de otro modo, las organizaciones que invierten cantidades significativas de dinero, tiempo y entrenamiento en los diferentes niveles de su estructura administrativa, tenderán a ser más cautelosas en la manera que lavan sus ganancias, ya que en caso de que sus empleados sean arrestados o asesinados, su baja causaría un alto costo para la organización. Según el artículo de Farfán, la organización de Sinaloa y la de los hermanos Arellano Félix, operan de esta manera pues son jerárquicas. En contraste, la Familia Michoacana y Los Zetas, organizaciones con estructura de red, utilizaron métodos de lavado de dinero mucho más riesgosos.
En el 2010 la entonces Procuraduría General de la República en México (PGR)[3] acusó a miembros de la organización de la Familia Michoacana de lavar sus ganancias ilícitas a través de conciertos musicales en ferias locales tanto en México como en Estados Unidos (ver recuadro con las fuentes que usó la investigadora). Según Farfán se trata de un método tolerante al riesgo.
Los registros públicos[4] que analizó la autora, denuncian que esta organización contrataba grupos musicales para tocar en los Estados Unidos. Lo que levantó sospechas de las autoridades norteamericanas es que, a pesar de que estos conciertos tenían un costo promedio de US$ 50 mil, los grupos representados por esta organización firmaban contratos por US$ medio millón. Una vez que el grupo regresaba a México, la banda llevaba el dinero en efectivo, después de haber pagado impuestos en Estados Unidos.
El artículo detalla que el acuerdo entre las OTDs y los grupos musicales es una estrategia poco estable ya que una vez que los grupos adquieren fama y no necesitan del dinero de la organización, buscan independizarse del crimen organizado. Eso, sin embargo, es prácticamente imposible ya que según se ha documentado en las últimas décadas, cuando los músicos intentan cortar lazos con la organización son ejecutados. Ese fue el caso del vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, Sergio Gómez, encontrado muerto en 2007. De acuerdo a las investigaciones judiciales revisadas por Farfán, uno de los administradores principales de la Familia Michoacana, Nazario Moreno, alias “el Chayo”, o “el más loco” ha sido señalado de haber ordenado su asesinato. El cuerpo del cantante mostró señales de tortura y quemaduras severas en el área genital.
En el 2012, señala el artículo, en los Ángeles California, una mujer ligada a la organización de la Familia Michoacana fue arrestada y extradita a México. Ella supervisaba la entrega de drogas ilícitas que llegaban al puerto de Long Beach, escondidas en cajas de platas (aguacate) y latas de guacamole. Una vez que las drogas eran vendidas, ella blanqueaba el dinero a través de grupos musicales, entre ellos Los zafiros, Los hermanos Salgado, Los hermanos Gil, La dinastía Tuzantla, y Trini y su leyenda.
Las apuestas son un recurso muy usado para lavar dinero[5]. Esta estrategia funciona porque las ganancias que se obtienen por esa vía son lícitas y también porque es posible arreglar las apuestas. La organización de Los Zetas, describe la investigadora, recurrió a las carreras de caballos para limpiar sus recursos ilícitos. Lo hizo de una forma que muestra falta de cuidado y una gran disposición a tolerar altos niveles de riesgo. Los datos recabados por Farfán muestran que hacían ostentación del dinero que lavaban, incluso después de varios encuentros con las autoridades (ver recuadro con las fuentes que usó la investigadora).
En 2009 el líder de Los Zetas, Miguel Treviño, alias “El Z-40” creó la corporación Tremor Enterprises en Lexignton, Oklahoma; y dos años después se estableció una compañía de responsabilidad limitada (LLC[6] por sus siglas en inglés): Zule Farms. Estas empresas tenían por objeto comprar, entrenar, criar, vender, y hacer carreras con caballos de cuarto de milla (quarter horses).
Los nombres Tremor enterprises y Zule Farms son relevantes ya que el nombre Tremor viene de la combinación de los apellidos Treviño Morales, de los hermanos Treviño Morales y en particular de su líder Miguel. Zule Farms se deriva del primer nombre de la esposa de José Treviño, hermano de Miguel.
La decisión de José Treviño de entrar en el negocio de las carreras de caballos parecía ser una buena opción para establecer un negocio legítimo donde lavar dinero en Estados Unidos. Esto porque José obtuvo la ciudadanía estadounidense, adquirida a través de su matrimonio con una ciudadana, y porque él no tenía antecedentes criminales. No obstante, la relación de José con Miguel era bien sabida por las autoridades en Estados Unidos, quienes reforzaban las inspecciones de seguridad cada vez que José cruzaba la frontera.
Lo que el artículo destaca que los hermanos Treviño Morales usaron nombres reales en las empresas que iban a lavar dinero, a pesar de que sabían que las autoridades estadounidenses los tenían en la mira. Esas empresas acumularon grandes cantidades en poco tiempo y levantaron sospechas. Por ejemplo, después de la primera carrera en la que Tremor enterprises ganó, José depositó las ganancias de US$435 mil en un banco estadounidense. Además, Miguel Treviño empezó a gastar mucho, comprando caballos por estridentes cantidades en subastas en plena época de recesión económica en Estados Unidos. Y José concedió varias entrevistas donde hablaba de sus éxitos en las carreras. A diferencia de los miembros de la organización de Sinaloa, cuyas fotografías son escasas, la familia Treviño Morales voluntariamente apareció en revistas de caballos. Parecía que más que esconderse, lo que buscaban era presumir de su éxito
Independientemente de las diferencias de personalidades de los individuos de cada organización, lo que Farfán señala, comprobando así su hipótesis, es que en el caso de Los Zetas, la decisión de escoger métodos de lavado de dinero tolerantes al riesgo se basó potencialmente en el hecho de que esta organización tenía una nómina de personal rotativa. Es decir, tenían una baja inversión en recursos humanos, y por lo tanto la pérdida de uno o varios elementos no significaría una pérdida considerable para la organización.
A diferencia de la Familia Michoacán y los Zetas, la organización de los hermanos Arellano Félix, cuya estructura es identificada por Farfán como jerárquica, escogía métodos de lavado de dinero poco tolerantes al riesgo (ver recuadro con las fuentes que usó la investigadora).
En el verano del 2013 Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, fue sentenciado a 15 años de prisión por cargos de lavado en una corte federal de San Diego. Eduardo fue acusado desde 1998, junto con sus hermanos Alberto, Benjamín, Francisco Javier, y otros socios, por cargos de tráfico de drogas. En 2002 enfrentó cargos por estafa, conspiración para distribuir e importar marihuana y cocaína y por lavado de dinero.
La investigadora resalta que en la acusación los fiscales especificaron los roles que Eduardo desempañaba en la organización criminal, sin embargo, su rol en el lavado de dinero era, y sigue siendo, poco clara. Y esta incongruencia llevó a la autora a investigar más a fondo: si no era Eduardo, ¿quién blanqueaba los ingresos ilícitos de los Arellano Félix?
Investigaciones posteriores identificaron a Ivonne Soto Vega, alias “La Pantera” como una de las encargadas de lavar dinero para esta organización. Lo hacía desde la ciudad de Tijuana, en el estado norteño de Baja California. Ya en julio del 2001, la PGR en México la había identificado en ese rol, sin embargo, en el 2005 una corte de circuito en México determinó que no había suficiente evidencia en su contra así que Ivonne Soto fue puesta en libertad.
Ese mismo año, en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a Ivonne Soto y José Manuel Ruelas Martínez, como los responsables en el lavado de dinero para la organización de los hermanos Arellano Félix. Ellos administraban un grupo de corredores de bolsa que operaba una casa de empeño, un restaurante y nueve casas de cambio de moneda, ocho de las cuales estaban en Tijuana y una en Guadalajara en el estado de Jalisco.
En el 2005, de acuerdo con la Red para el Cumplimiento de Delitos Financieros, FinCEN por sus siglas en inglés, los dólares de las ventas ilícitas de droga de los Arellano Félix en Estados Unidos se transferían en grandes cantidades a México. Estos dólares después regresaban a Estados Unidos a través de las casas de cambio de moneda en México, ocultando así su origen ilegal, y se depositaban en bancos de Estados Unidos a nombre de las casas de cambio. Como una medida extra de precaución, el dinero de estas cuentas era transferido vía giros bancarios alrededor del mundo.
Farfán destaca el hecho de que no se haya incluido a Ivonne Soto Vega en el juicio de los Arellano Félix. Esto es llamativo no sólo porque en 2001 el gobierno mexicano ya la había identificado, sino también porque en 2005 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que Ivonne lavó más de US$ 120 millones en un período de tres años. Esto corrobora la hipótesis de Farfán de que los métodos que eligieron en ese entonces eran aversos al riesgo ya que quienes lavaron el dinero no fueron arrestados y se conservaron las casas de bolsa y otras propiedades de la organización.
Farfán argumenta que lavar dinero a través casas de cambio pudiera ser considerado como una estrategia aversa al riesgo, ya que en el tiempo que Ivonne Soto lavó dinero, existían importantes vacíos en las regulaciones en México[7]. En ausencia de instituciones y regulaciones, como era la situación a principios de 2000, utilizar casas de cambio de moneda se puede considerar como un método averso al riesgo.
En febrero del 2015, 31 individuos fueron arrestados en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero por la cantidad de US$ 98,7 millones para la organización de Sinaloa[8] (ver recuadro).
La denuncia indica que estas personas juntaron US$ 101 millones en ingresos de la venta de drogas, de los cuales 98,7 millones fueron usados para comprar oro, 1,4 millones fueron confiscados por las autoridades y aproximadamente medio millón fue transferido a una cuenta bancaria.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas personas lavaban dinero de la organización de Sinaloa comprando piezas sueltas de oro y oro refinado. Después lo revendían a joyerías localizadas en su mayoría en Florida. Finalmente transferían el dinero a México.
Con el fin de amortiguar los riesgos, Sinaloa diferenciaba funciones y roles incluyendo operaciones de recolección de dinero, operaciones de contrabando de dinero en grandes cantidades y operaciones que incluían comprar oro.
En una transacción estándar, un corredor de la organización de Sinaloa le otorgaba un número de teléfono a un socio junto con una contraseña que tendría que decir al individuo que respondiera el teléfono. La contraseña se usaba para confirmar que ambas partes estaban ejecutando una transacción acordada previamente entre el corredor y la organización de Sinaloa. Si la contraseña y el nombre no cuadraban, la recolección no se realizaba y el comprador contactaba al corredor para reagendar una nueva fecha o bien cancelar la operación completamente.
Una vez que el mensajero entregaba el dinero, la persona que lo recibía lo usaba para comprar oro y mandarlo a refinerías previamente acordadas en Florida y ocasionalmente en California. El oro se mandaba usando sobres prepagados con números de rastreo que se le daban al corredor vía e-mail. Una vez que el oro había sido mandado, el corredor y el remitente confirmaban el precio para estimar el pago por los servicios prestados, usualmente entre 1 y 2 por ciento del total del dinero lavado.
El precio al contado era generalmente verificado por un miembro de la organización de Sinaloa, quien le confirmaba al corredor. En algunas ocasiones cuando el miembro de la organización no estaba de acuerdo con el precio que establecía el corredor, era el corredor y su equipo quienes absorbían los costos.
Debido a la naturaleza ilegal del negocio, la entrega del dinero entre el mensajero y el comprador de oro se realizaban en lugares públicos, generalmente estacionamientos durante el día, permitiendo a ambas partes intercambiar el dinero sin levantar sospechas. El dinero nunca se contaba en público y era transportado en bolsas de plástico de supermercados comunes para no llamar la atención.
La autora concluye que este método de lavado de dinero es adverso al riesgo para la organización, ya que quienes corren el mayor riesgo son los individuos involucrados en la operación. Sin embargo, para Sinaloa el riesgo es menor ya que de ser capturados los corredores o mensajeros, las cantidades de dinero perdidas serían menores.
La investigación de Cecilia Farfán presenta evidencia de cómo cuatro organizaciones de tráfico de drogas escogieron diferentes métodos de lavado, dependiendo de su nivel de inversión en capital humano, lo cual tiene un impacto en su tolerancia al riesgo. Esto demuestra que la elección de los métodos de lavado de dinero son el resultado de una estrategia particular y no de la casualidad.
Esta investigación ofrece a un mejor entendimiento de cómo las organizaciones de tráfico de drogas toman decisiones sobre lavado de dinero, lo cual a su vez contribuye a que quienes toman decisiones y diseñan políticas públicas puedan anticipar con mayor precisión el comportamiento de las organizaciones de tráfico de drogas dependiendo de su estructura y de su tolerancia, o no, al riesgo.
Lo que queda claro es que a diferencia de los delitos asociados con el narcotráfico, como bien lo señala la autora, existen muy pocos estudios que arrojen luz sobre cómo funciona el complejo mundo del lavado de dinero.
LA EVIDENCIA: DOCUMENTOS DE CORTES AMERICANAS
La autora siguió una estrategia empírica que incorpora múltiples bases de datos. Primero, analizó documentos abiertos al público, sobre tres casos[9]:
Estados Unidos contra Arellano Félix y otros, (2002); Estados Unidos contra Miguel Ángel Treviño Morales y otros, (2012); y Estados Unidos contra Pineda Sánchez y otros, (2015)
Los casos contra Miguel Treviño Morales y contra Pineda Sánchez constituyeron la fuente principal de información para dos de los cuatro casos de estudio: la organización de los Zetas y Sinaloa. El juicio contra Arellano Félix et al., fue la fuente información para estudiar la organización de los Arellano Félix.
Estos documentos fueron útiles para la investigadora pues, para poder acusar individuos de “conspiración para lavar instrumentos monetarios” la fiscalía norteamericana debió exponer “formas y medios” por los cuales los individuos intentaron o logaron exitosamente lavar dinero. Y esa descripción es la que perite ver las estructuras de las ODT.
Adicionalmente la investigadora utilizó datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés); y del Departamento del Tesoro de EUA, así como las listas de negocios donde se violan regulaciones financieras de EUA y que estuvieran ligadas con los cuatro carteles seleccionados.
Finalmente, la politóloga complementó su base de datos con dos casos procesados en las cortes mexicanas. Explica que la información disponible en estas cortes era poca y menos accesible que en Estados Unidos, y por eso utilizó casos que recibieron una amplia cobertura mediática.
Como parte de su investigación de doctorado, la autora realizó 22 entrevistas en México y Estados Unidos con periodistas, expertos en política pública y oficiales de gobierno involucrados en estrategias antilavado de dinero ya sea durante la administración de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón (2006-2012) o de Enrique Peña (2012-2018)[10].
[1] Estas organizaciones de tráfico de drogas fueron seleccionadas por la autora porque son reconocidas por la Ley de Designación de Capos extranjeros de Estados Unidos como actores importantes en el tráfico de drogas.
[2] El artículo aclara que averso al riesgo no significa que no exista el riesgo. En el caso de Sinaloa y la organización de los Arellano Félix, los métodos para lavar dinero que escogieron minimizaban el riesgo de perder capital humano y financiero. En ambos casos, los individuos que fueron arrestados no eran administradores importantes para la organización, sino más bien corredores que trabajaban para ellos como parte del esquema de lavado de dinero.
[3]Actualmente Fiscalía General de la República (FGR), ver: https://www.gob.mx/fgr
[4] Basados en los expedientes de la PGR/SIEDO/UEIDCS/018/2010
[5] Los casinos están obligados a reportar transacciones igual que los bancos lo hace a FINCen.
[6] Una LLC es compañía de responsabilidad limitad donde sus propietarios pagan impuestos de acuerdo con sus ganancias. Las pérdidas son pagadas por cada miembros de la LLC. Cada miembro reporta ya sea ganancia o pérdida en sus declaraciones fiscales. LLCs solo tienen tres requisitos para ser establecidas: un nombre, los artículos de la organización y la licencia requerida así como permisos para establecer el tipo de negocio.
[7] Fue hasta el 2013 que México pasó una legislación antilavado de dinero que requería que diferentes negocios, incluyendo casas de cambio, que reportaran transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Secretaría de Hacienda y Crédito público.
[8] Sinaloa hace referencia a la organización de tráfico de drogas, no al estado mexicano del mismo nombre.
[9] Estos tres casos fueron seleccionados porque ya habían sido procesados en las cortes de Estados Unidos. Es decir, que las audiencias de sentencia ya habían ocurrido. La autora explica que esto le permitió acceder a las denuncias, y otros documentos de la corte que no estaban disponibles a través de la corte mexicana.
[10] Por la sensibilidad del tema, y para asegurar la anonimidad de sus informantes, en el artículo no se específica qué datos fueron aportados o confirmados por sus informantes.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.