Narcotráfico: Escuchando las prioridades desde los ‘barrios críticos’

Se debate sobre narcotráfico sin prestar atención a las prioridades de los barrios más afectados. En consecuencia, se discute mucho sobre asesinatos por encargo o secuestros cuando lo que más preocupa y afecta la vida de los vecinos es el consumo de droga de los jóvenes, las riñas y las balaceras con las que tienen que convivir diariamente. Esta columna, basada en una investigación cuantitativa en 33 barrios críticos, sugiere también que la presencia de las armas y la ocurrencia de las balaceras es mayor de lo que registran las encuestas nacionales.

El artículo se basa en la investigación ‘Estudio sobre formas de violencia percibidas por habitantes de Barrios Priorizados y ejercicio de Derechos Humanos’ a cargo de Dirección de Estudios Sociales (DESUC) y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad (CJS) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue encargado y financiado por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) en Chile en 2019.

La seguridad en los barrios afectados por la violencia y la precariedad urbana (llamados también ‘barrios críticos’) fue foco de la agenda pública y del debate político este verano.

Como ha sido característico desde 2000, los análisis se centraron en cómo las bandas dedicadas a la venta de drogas afectan la vida cotidiana de los vecindarios.  Sin embargo, casi ninguno de los análisis recogió la voz de los vecinos de esos barrios para entender cómo viven el problema y qué situaciones realmente los afectan. En consecuencia las prioridades de los vecindarios más golpeados por el narcotráfico no han sido el centro de las propuestas legislativas, de las políticas públicas ni de la cobertura mediática.

Esta columna da cuenta de un estudio cuantitativo que buscó oír a los vecinos de los barrios críticos. Realizado en 2019 -en conjunto con un equipo de la Pontificia Universidad Católica y por solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos-, el estudio midió la percepción y victimización de distintos tipos de violencia en 33 barrios que han sido foco del Programa Barrios Prioritarios dada su alta prevalencia socio delictual. Esta información se complementó con hallazgos relevados por diversos estudios en la materia para América Latina y Chile en particular.

Los resultados indican que en estos barrios la droga es la principal causa de inseguridad y violencia. Pero mientras en el debate público se destaca el problema del gran tráfico y la venta ilegal de armas de fuego, lo que preocupa a los vecinos es tanto la venta de drogas como el consumo que afecta a la juventud con la que conviven diariamente.

También mencionaron como poco frecuentes algunos delitos asociados al crimen organizado que el debate público destaca, como los secuestros, extorsiones u homicidios por encargo. Desde la perspectiva de los vecinos, son mucho más extendidos los delitos comunes, principalmente hurto y robo a la vivienda. Según nuestros entrevistados, estos delitos se vinculan al consumo problemático de drogas ilícitas por parte de la población juvenil.

En este artículo doy cuenta sobre cuáles son los problemas de inseguridad y violencia más frecuentes en los barrios más desaventajados de la ciudad a partir de la percepción y experiencia de quienes habitan en ellos.  Los datos nos permiten desmitificar creencias y/o ideas sobre la violencia y el delito en los territorios y con ello, difundir evidencia que permita informar el debate público, las decisiones políticas y el diseño e implementación de política pública en el nivel local.

PROBLEMAS FRECUENTES PERO INVISIBILIZADOS

Cuando se pregunta a los vecinos de barrios desaventajados y sociodelictualmente más vulnerables sobre los problemas que existen en sus entornos, emerge la droga. Su venta, pero sobre todo el consumo en la vía pública es la respuesta más frecuente. Los datos muestran que para el 47% de los encuestados este es el problema que ocurre con mayor frecuencia en sus barrios, porcentaje muchísimo más alto que el reportado en el nivel nacional.

Gráfico 1

Esta cifra llama la atención y debiese ser considerada en el debate público. Éste se ha centrado en la venta de drogas y en cómo controlarla; pero poco se ha enfatizado en el consumo cotidiano y problemático, pese a que existe evidencia de que afecta de manera apremiante a muchas madres y familias de adolescentes y jóvenes en los barrios (Ruiz, 2012; Luneke, 2016; Ortega, 2014, Han, 2011). Para ellas, el consumo de drogas es su principal angustia porque saben que es una ruta que lleva al involucramiento delictual a temprana edad cuando se habita en estos vecindarios. En contrapartida, declaran que la oferta social y de salud para ayudar a sus hijos e hijas es muy escasa.

Como segundo problema frecuente en estos vecindarios emerge la venta de drogas. La información recogida confirma lo que estudios realizados en América latina han dado cuenta: la estrecha y lamentable relación entre venta de drogas y pobreza urbana (Auyero y Berti, 2015).

Los resultados muestran que este ilícito es frecuente en sus entornos, siendo mucho más alta esta percepción que lo que se reporta por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en 2019. En los 33 barrios donde se midió esta percepción, 41,4% de los encuestados destaca que este problema ocurre “siempre” versus el 16,7% que se ha registrado en el nivel nacional (Gráfico 2).

Gráfico 2

Por otra parte, y de manera similar a lo que la literatura experta muestra, junto a la venta de drogas lo que atemoriza a sujetos y familias de manera permanente es el uso cotidiano de armas de fuego por parte de bandas que buscan ejercer control en los territorios (Arias, 2017, Auyero y Sobering, 2017). Los datos reportados por nuestros encuestados revelan que ‘las balaceras o disparos’ están asociadas al ilícito, siendo más frecuentes que en el nivel nacional. El gráfico 3 evidencia que 15% de los encuestados destacan que estos hechos ocurren siempre (todos los días) porcentaje mayor a lo que muestra la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana en 2019.

Gráfico 3

Asociado a las balaceras, un dato que llama la atención en la investigación refiere a la percepción de porte de armas que reportan los encuestados. Al ser consultados, el 23% de los entrevistados señala que ocurre al menos una vez a la semana. Frecuencia mucho más alta que la reportada en la estadística nacional.

La alta frecuencia con que ocurren estos problemas lleva a que un alto porcentaje de vecinos deseen cambiarse de vecindario (45% manifiesta esta opción). Cuando se les pregunta por la principal razón, 30,9% declara que desea vivir en un barrio más seguro y el 25% señala que desea alejar a sus hijos de las drogas.

Un cuarto problema que alcanza un alto nivel de frecuencia cotidiana remite a la ocurrencia de peleas callejeras. Como muestra la tabla 1, 21,9% de los entrevistados reporta que estas ocurren al menos una vez a la semana y un 16,2% destacan que ocurren siempre (todos los días). Esta cifra es muy alta si se considera que en el nivel nacional sólo 4% de los chilenos declaran que en sus barrios ocurren peleas de manera muy frecuente (Enusc, 2019).

Tabla 1

Peleas Callejeras

Las peleas callejeras son consideradas por la literatura experta como un problema de convivencia social que disminuye la cohesión social de los barrios y su capacidad de organizarse y de contener el delito (Sampson y Graif, 2009). Y es que, tal como confirman la investigación, la violencia disminuye la confianza interpersonal y fragmenta el vínculo social. Nuestros datos muestran que la desconfianza está instalada en las relaciones interpersonales y emerge con mayor fuerza cuando se consulta sobre el cuidado de los niños. En este sentido, 47,3% de los consultados declara que no confía en los vecinos para el cuidado de los niños y casi 40% cree que las personas de su barrio no son honestas ni de confianza.

Gráfico 4

PROBLEMAS MEDIÁTICOS PERO POCO FRECUENTES

Es recurrente observar en los medios de comunicación y en el discurso público la alta cobertura que tienen delitos que se asocian a altos niveles de organización criminal. Hechos como secuestros, muertes por encargo, amenazas, muertes por ajustes, generan alta alarma pública y nos llevan a creer que es un problema extendido en los vecindarios etiquetados como peligrosos.

Sin embargo, al preguntarles a quienes residen en ellos por la frecuencia con que ocurren algunos de estos delitos, la percepción ciudadana reporta baja ocurrencia.  Como muestra la tabla 2, sobre el 70% declara que estos no han ocurrido nunca o casi nunca en su vecindario.

Tabla 2

Estas cifras muestran que para atender a los problemas de inseguridad que afectan a los vecinos y vecinas en contextos de pobreza urbana se debe ser cauto a la hora de elaborar mensajes públicos y diseñar políticas de seguridad centradas sólo en el control de la venta ilegal de drogas.

Y es que si bien la droga es un problema prioritario se debe atender también a los efectos que estas narrativas tienen sobre la vida cotidiana de quienes habitan en estos territorios pues acrecientan el estigma territorial e inciden en los procesos de segregación urbana (Rasse, 2015). En el caso de los 33 barrios considerados en la investigación, 52% de los entrevistados cree que las personas que viven fuera de él lo evalúan negativamente.

PROBLEMAS DE DELITOS COMUNES, AUNQUE ENCADENADOS

También el estudio midió la experiencia de victimización delictual. La medición arrojó que dos de ellos muestran cifras muy superiores al promedio nacional: hurtos y los delitos con fuerza en las viviendas.

Gráfico 5

Para explicar este fenómeno, análisis cualitativos permiten sostener que ambos delitos pueden estar asociados a las figuras de los ‘zombis’ (adolescentes bajo consumo de drogas) que deambulan en los barrios robando especies reducibles que les permitan acceder rápidamente a dinero para comprar drogas (Luneke, 2012). Tanto hurtos (especialmente de celulares) como especies electrónicas son, a juicio de los vecinos, las más robadas porque permiten financiar el consumo.

¿QUÉ HACER?

A la luz de los resultados de la investigación emergen al menos cuatro aspectos que deben ser considerados y que, hasta ahora, a mi juicio, han tenido un bajo abordaje y poco realce en el debate político y en la agenda pública.

El primero refiere a la visibilizar el consumo de drogas ilícitas como problema prioritario. El consumo de drogas debe constituir un foco central de la respuesta pública y debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública y no de control. 

La investigación muestra, que la llamada ‘guerra contra las drogas’ no puede solo focalizarse en el control y punición. Ello es necesario, pero no suficiente ni sostenible. El consumo de drogas ilícitas, y en particular, el consumo problemático de éstas, no sólo se relaciona directamente con la extensión de redes de venta (pues es sabido en los barrios que para involucrar a jóvenes en el tráfico las bandas los hacen dependientes de ellas), sino que limita la capacidad de desarrollo de los adolescentes y agudiza la condición de precariedad, exclusión y segregación de los barrios pobres urbanos.

La experiencia comparada muestra que este problema no remite a las respuestas de seguridad pública, sino que de salud. Países con experiencias exitosas han entendido que es la perspectiva preventiva y de salud la que puede tener mayor logro en esta materia.

Frente al problema de la venta y tráfico ilegal de drogas y el porte de armas de fuego, se requiere una política de control articulada desde cada territorio que pueda coordinar de manera efectiva a los distintos agentes públicos en esta materia. Modelos como el de policía orientada por la inteligencia, puede ser revisado como modelo de coordinación y actuación superando modelos tradicionales y estrategias de copamiento policial y militarización que poco efecto han tenido en el mundo y en América latina.

Relacionado con ello, los datos también muestran cómo problemas como sicariato, muertes por encargos, ajustes de cuentas son poco frecuentes por los vecinos, y que, por el contrario, delitos comunes de hurtos y robos en viviendas (que a juicio de vecinos están vinculados al consumo problemático de drogas de jóvenes) son muy superiores al promedio nacional. En este sentido es urgente diseñar políticas de prevención de la delincuencia juvenil, interrumpir las trayectorias delictuales de los adolescentes y abordar los factores psico sociales que están a la base del consumo y de la participación de niños, niñas y adolescentes en el delito.

Por último, comprender cómo opera la violencia y la delincuencia ‘desde abajo’, cuáles son los problemas frecuentes en cada territorio, y cuáles son los factores económicos, sociales y urbanos que están a la base de esta, es urgente. El carácter integral de los diagnósticos, la descentralización de los procesos de toma de decisión, la evaluación de programas y estrategias hasta ahora implementadas y el diseño de las políticas de seguridad (seguridad local) debe ser prioridad.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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