CIPER ACADÉMICO / ANÁLISIS
¿Qué tan efectiva es la «policía de proximidad»? Evaluando los casos de Brasil y México
09.02.2021
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CIPER ACADÉMICO / ANÁLISIS
09.02.2021
Reformar la policía no es un clamor sólo en Chile. En muchas partes de Latinoamérica el uso abusivo de la fuerza, especialmente contra los más pobres, va de la mano con una incapacidad de neutralizar al crimen organizado. Pero encontrar modelos de reemplazo no es fácil. Uno de ellos es la “policía de proximidad”, donde el uniformado no llega desde afuera a imponer orden, sino que trabaja permanentemente con una misma comunidad. Muchos esperan que ese vínculo genere una policía democrática que restaure la confianza de los ciudadanos en la institución. La autora advierte, sin embargo, que este modelo rara vez consigue buenos resultados en Latinoamérica, entre otras cosas porque no es sencillo deshacerse del pasado autoritario y su legado de prácticas abusivas. Aquí examina los casos de dos países con altos niveles de violencia que recurrieron a esta estrategia en algunas zonas: México y Brasil. Sus cifras oficiales son positivas, pero la autora argumenta que hay problemas metodológicos para saber cómo ha funcionado de verdad.
Esta columna está basada en el paper La police « démocratique » comme productrice de (dés)ordres sociaux : les cas du Mexique et du Brésil publicado en 2020 en la revista Lien social et politiques. [1]
Para responder al doble desafío de la inseguridad y la violencia en la región, algunos países de América Latina reformaron sus programas de seguridad pública durante la primera década del 2000 hacia un enfoque de policía de proximidad (Albernaz y otros, 2007, Ungar 2011, Tello 2012, Dias Felix y Hilgers, 2020). Las raíces de la policía de proximidad se encuentran en Inglaterra a principios del siglo XIX. Desde ahí se extendió a los Estados Unidos en la década de los 70s, después a Canadá y Europa, y más adelante a América Latina, África y Asia.
La Policía de Proximidad o Community-Oriented Policing (COP), se define generalmente como «una policía personalizada en la que un mismo oficial patrulla y trabaja en una zona de forma permanente, desde un lugar descentralizado, colaborando proactivamente con los ciudadanos para identificar y resolver problemas» (Trojanowicz y Bucqueroux 1994:3).
En la mayoría de las experiencias estudiadas, esta policía solo se encarga del orden local (hurtos, robos, violencia doméstica) pero no le compete homicidios ni crimen organizado. Y cuando hay manifestaciones, el Estado despliega otro tipo de fuerzas especializadas.
La COP ha ganado popularidad mundial en las últimas décadas porque, en teoría, corresponde a la definición de una policía democrática. Es decir, la COP tiene diferentes fines acordes a su naturaleza institucional (Bailey y Dammert, 2006; Manning, 2016 y Bonner, 2019):
1) respeta los principios del Estado de derecho, a los que estaría sujeta, en lugar de las normas arbitrarias del gobierno;
2) es receptiva a las demandas del ciudadano;
3) rinde cuentas, y por lo tanto es responsable de sus actos;
4) se centra en utilizar un nivel mínimo de coerción;
5) respeta los derechos humanos y las nociones de justicia e igualdad.
En el contexto latinoamericano y caribeño, los programas de policía de proximidad han estado estrechamente vinculados al proceso de democratización y a los discursos que la acompañan en materia de derechos humanos y legitimidad institucional. Por ello, los gobiernos que intentan legitimar sus enfoques en materia de seguridad pública -en una era de democracia acompañada de tasas de delincuencia y violencia cada vez mayores- han utilizado la policía de proximidad como un método para reformar los cuerpos policiacos, pero también como una mejor formar de presentar la policía a la población[2].
La Policía de Proximidad responde a un problema en común de la región: el incremento de la delincuencia y violencia.
Entre el 2001 y el 2016, la tasa regional de homicidios de América Latina aumentó un 3,7% anualmente (Muggah y Aguire, 2018). En suma, se proyecta que la tasa será de 39,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2030 en América latina; mientras que en el 2010 fue de 22,4. En este contexto, el enfoque de la Policía de Proximidad se ha implementado como una solución integral que respeta los derechos humanos en la prevención de la violencia, en contraste con las políticas represivas que anteriormente habían sido la norma en la región.
A pesar de estos esfuerzos, los resultados esperados sólo se logran en raras ocasiones, especialmente en lo que respecta a la disminución de los índices de delincuencia. Las explicaciones de estos resultados mixtos incluyen obstáculos característicos de la región. Por ejemplo, varias investigaciones señalan que el reciente pasado autoritario sigue influyendo en las prácticas policiales que reproducen prácticas violentas, abusivas y que violan los derechos humanos (Méndez, O’Donnell y Pinheiro, 1999; Hinton y Newburn, 2009; Uildriks, 2010).
El enfoque de la Policía de Proximidad se ha implementado como una solución integral que respeta los derechos humanos en la prevención de la violencia, en contraste con las políticas represivas que anteriormente habían sido la norma en la región
Por su parte, estudios en economía política señalan lo difícil que resulta, en un contexto socioeconómico desigual, aplicar este tipo de medidas. Se dice que las prácticas discriminatorias, aunque son contrarias a los principios democráticos de un Estado de derecho, constituyen la base de la labor policial (Gordon, 2005; Stringham, 2007; Kempa y Singh, 2008; Sharp, 2014; Moses, 2016). Esto es en parte porque las instituciones estatales, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se construyen sobre bases racistas, sexistas y discriminatorias (Pearce, 2010; González, 2017).
Otro problema es que el proceso de profesionalización de la policía va acompañado de requisitos ligados al desempeño, cuya evaluación tiene el efecto de dividir a la población en grupos a proteger y potenciales agentes de inseguridad (Boussard, Loriol y Caroly, 2006; Jobard, 2010; Bordes, 2013; Lévy, 2016).
Por último, la fuerte presencia de grupos de narcotraficantes y de la delincuencia organizada constituye un tercer reto importante. En primer lugar, la estrategia de cooptación de este último suele implicar la corrupción de miembros del Estado, en particular de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, las rivalidades entre bandas y las luchas por el territorio conducen a formas de violencia para las que la policía de proximidad no tiene herramientas de control ni de defensa (Amorim, 2003; Alvarado Mendoza, 2012; Lucca, 2016; Lessing, 2017).
En lo que sigue se analizaran los resultados de dos modelos de policía de proximidad que se han levantado como exitosos en el continente.
Entre los casos que pueden ser presentados como «exitosos» en América Latina, al menos inicialmente, se encuentran las Unidades de Policía Pacificadoras (UPP) de Río de Janeiro instituidas en 2008. En este año, mientras Brasil se preparaba para acoger dos mega eventos deportivos, la Copa Mundial de Fútbol en el 2014 y los Juegos Olímpicos en el 2016, las principales ciudades anfitrionas reformar su enfoque de seguridad para demostrar su capacidad de gestionar la crisis de inseguridad que ha asolado a Brasil desde los años noventa (Machado da Silva, 2011; Pacheco, 2013; Larkins, 2013; Barbosa, 2016; Cano y Ribeiro, 2016). Es en este contexto que la política de «pacificación» se puso en marcha en la ciudad de Río, considerada entonces como una de las ciudades más violentas del país.
El objetivo principal de esta política fue crear treinta Unidades de Policía Pacificadoras (UPP), con el fin de reducir los índices de violencia y delincuencia en las favelas situadas en varias zonas estratégicas (zonas turísticas, pero también cerca de estadios y otras infraestructuras vinculadas a mega eventos) como preparación para la Copa Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
La pacificación implicó la instalación de bases de las UPP y la presencia permanente de agentes de policía en favelas seleccionadas para reducir la violencia y los índices de criminalidad. Se estima que las UPP alcanzaron directamente a más de 300.000 personas (Lima y Miranda, 2012), lo cual logró cierta proximidad con la población mediante la integración del trabajo social -incluyendo clases de educación física, proyectos de fútbol y programas de lectura- en la policía.
En Neza, México, la policía vecinal tiene una buena evaluación: “la población no sólo se reporta una disminución de la inseguridad sino que también tienen mayor confianza y respeto por la policía
En un inicio, las UPP tuvieron el éxito esperado. Así lo señala un estudio realizado en 2013 (Riccio et al, 2013). Los investigadores estudiaron dos favelas pacificadas: Dona Marta y Cidade de Deus (Ciudad de Dios). Encontraron que en general, la percepción y la recepción del programa por parte de los habitantes fue muy positiva: se sentían más seguros y cómodos para movilizarse libremente en la favela, observaban un cambio en el comportamiento de la policía, y un mayor respeto por los derechos humanos cuando la ciudad había estado históricamente marcada por el abuso de autoridad y la violencia policial (Caldeira, 2002; Arias, 2006; Ahnen, 2007; Cano et al., 2012; Denyer Willis, 2015).
Otros autores también muestran que las UPP no sólo mitigaron los conflictos armados entre las diferentes facciones del narcotráfico (Amoroso, Brum y Soares Gonçalves, 2014; Vilarouca y Ribeiro, 2019), sino que también permitieron un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, pasando de una «guerra contra las drogas» a una lucha contra la violencia y la intimidación (Cano y Ribeiro, 2016). En otras palabras, la labor policial se centraba más en proteger a los ciudadanos de los criminales y de los abusos de los mismos policías.
En términos estadísticos, varios estudios destacan el claro impacto de las UPP en la delincuencia: las tasas de homicidio disminuyeron en las favelas pacificadas, al igual que los robos (Cano et al., 2012). Por ejemplo, la tasa de muertes violentas disminuyó de 4,9 por cada 100.000 habitantes en el 2003 a 1,7 en las zonas pacificadas en el 2011, en comparación con 2,2 en las zonas no pacificadas en el mismo año (Cano et al., 2012).
Dicho esto, es importante señalar que el resultado positivo de las UPP varía mucho dependiendo de la favela que se considere o de qué unidad policiaca se estudie. Se suponía que la labor social se realizaría en todas las favelas pacificadas, pero fue más pronunciada en las zonas estratégicas y turísticas del sur de la ciudad y en las proximidades del estadio de fútbol Maracaná. Sin embargo, las autoridades y los medios de comunicación tomaron la mera presencia de bases y oficiales de policía dentro de las favelas como prueba de un exitoso programa de las UPP.
Un caso que demuestra la ambigüedad de los resultados en la práctica de la Policía de Proximidad es México. Ante el incremento de delincuencia y violencia en uno de los municipios más poblados del Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl (Neza), el gobierno decidió poner en marcha un programa de policía de proximidad – la policía vecinal – en el 2003.
En efecto, para resolver la crisis de violencia e inseguridad que hizo de Neza uno de los municipios más violentos del país, el gobierno municipal de izquierda del PRD (Partido de la Revolución Democrática, izquierda mexicana) puso los temas relacionados con la inseguridad en el centro de su agenda, y propuso una reforma profunda de la policía municipal.
Esto llevó a la creación de la policía vecinal, que existe y sigue funcionando hoy. El programa se asemeja a las UPP de Brasil, en su enfoque de prevención y de proximidad entre la policía y la comunidad, y en su intento de reformar la policía apartándose de las orientaciones de política anteriores (Alvarado 2012). Aunque experimentó un breve paréntesis de tres años (2009-2012), cuando un gobierno del PRI (Partido de la Revolución Institucional) se hizo cargo de la presidencia municipal, el PRD relanzó el programa tan pronto como volvió al poder.
El territorio de Neza se dividió en 100 cuadrantes (es decir, 100 áreas predefinidas que consisten en unas pocas calles cada una) que están bajo la supervisión de un par de agentes las 24 horas del día. Los principios centrales de la policía vecinal son la proximidad a la población y la prevención. Para ello, se establecieron redes vecinales a nivel de cuadrantes.
Estas redes consisten en poner en contacto a los vecinos con los policías encargados del cuadrante. La red se materializa con la creación de un grupo de WhatsApp y, por otro lado, a través de reuniones regulares para hacer seguimiento de los asuntos del cuadrante.
En Brasil las UPP no sólo mitigaron los conflictos armados entre narcotraficantes, sino que también permitieron un cambio de paradigma, pasando de una 'guerra contra las drogas' a una lucha contra la violencia y la intimidación, que incluía proteger a los ciudadanos también de los abusos policiales
En una entrevista durante mi trabajo de campo (2018) con Jorge Amador Amador, director de la policía de Neza, explicó que el objetivo de estas redes es «facilitar la colaboración, así como la coproducción de la seguridad a nivel micro local».
Las evaluaciones oficiales de este programa son muy positivas: según las estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), confirmadas por el informe México Evalúa (2017), los delitos de alto impacto disminuyeron en un 64% entre el 2012 y el 2016, y los robos de automóviles también: hubo 7.494 delitos de este tipo en el 2012, frente a 2.595 en el 2016.
En base a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la población no sólo reporta una disminución de la inseguridad (en cuanto a la visibilidad de las pandillas, el vandalismo y la venta de drogas en las calles, entre otras cosas), sino que también tienen mayor confianza y respeto por la policía y aprecian su trabajo, lo que antes era impensable dada la imagen negativa de la policía en el país, principalmente asociada a la corrupción e incompetencia en el área de la seguridad pública.
La reforma también tenía como objetivo reducir el tiempo de respuesta de la policía: ahora los agentes de policía deben responder en cuestión de minutos después de una llamada. La corrupción no es tolerada y está fuertemente sancionada. Por estas razones, la policía vecinal de Neza se describe como un exitoso experimento de policía democrática tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Si los resultados positivos presentados por los medios de comunicación y las autoridades sobre estas dos experiencias pueden parecer alentadoras y dar esperanza de reconciliación entre la policía y la población, las tasas y medidas en las que se basan la evaluación de estos programas son cuestionables.
La efectividad de una policía de proximidad se mide principalmente a partir de:
A pesar de que estos indicadores sí ofrecen un escenario global sobre el estado de la violencia y la actuación de la policía; estas medidas tienen limitaciones y deficiencias que ocultan tanto las persistentes prácticas policiales antidemocráticas en el campo, como las relaciones diferenciadas entre la policía y la población. En otras palabras, los instrumentos y medidas utilizados dan una idea de los efectos y resultados de un programa de policía de proximidad, pero no del proceso de implantación del programa para llegar a esos efectos. Y es precisamente en la implantación del programa que se puede observar con mayor precisión la experiencia de la población en su vida cotidiana.
Al no tomar en cuenta el proceso como un todo, no se tiene presente la prevalencia de la informalidad, o incluso de la ilegalidad, en las prácticas en la calle: no se incluyen los registros domiciliarios sin orden judicial, ni las desigualdades de trato (número de registros corporales según el perfil socioeconómico, por ejemplo), ni la intimidación.
La violencia es pensada desde una perspectiva estrictamente legal; por lo tanto, la violencia simbólica, como cualquier otra forma de violencia no tipificada por la ley, es negada (intimidación, corrupción, provocación, registros corporales violentos, tocamientos, etc.).
Finalmente, los instrumentos utilizados para dar cuenta de la realidad y de la experiencia de la población con los programas de la policía de proximidad sólo toman en cuenta lo que se puede medir, en detrimento de otros indicadores cualitativos. En ese sentido, hay aspectos de los programas de seguridad pública que no se pueden medir en números, lo que tiene el efecto de dejar en la sombra la calidad del servicio. Por ejemplo, cuanto más rápido responda la policía a las llamadas, más eficaces se considerarán; sin embargo, no hay pruebas concretas de lo que hacen una vez que llegan allí, ni de si hay algún seguimiento.
Estas limitaciones y deficiencias han sido identificadas a partir de observaciones en Brasil y México, pero los mecanismos de invisibilizarían que se han descubierto son universales. Así pues, todo indica que están más relacionados con la organización y la naturaleza de la propia institución policial.
En efecto, las evaluaciones del desempeño de la policía, los mecanismos de definición de la inseguridad, así como la organización interna de la cultura policial, (con el lugar que ocupan las normas informales y las relaciones de poder que juegan en ellas), por no hablar de la naturaleza opaca de la institución, forman parte de un proceso de invisibilización.
Ahora bien, ¿son estos programas útiles en términos de políticas públicas o están condenados al fracaso? No hay una sola respuesta. Dado que influye mucho del contexto local y nacional, la única recomendación es que el proceso de elaboración de un programa de policía de proximidad tome en cuenta el contexto en el cual se pretende implementar.
Editado por Karina García Reyes
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[1] La investigación de campo se realizó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018 durante períodos de inmersión de varios meses en las ciudades de Río de Janeiro (7 meses) y Nezahualcóyotl (5 meses). Hice observaciones etnográficas de las prácticas policiales (acompañando a las patrullas policiales), y de las interacciones entre la policía y la población, y entrevistas con policías de campo, su jerarquía y diferentes grupos de la población también se llevaron a cabo.
[2] Varios países implementaron programas de policía de proximidad en la región, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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