Renunciaron dos de sus integrantes: los problemas en el INDH para instalar el Comité de Prevención Contra la Tortura

El mecanismo de prevención de la tortura que Chile se comprometió a crear hace 11 años, finalmente vio la luz en 2019. La ley designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y ordenó crear en 2020 un comité que pueda realizar visitas “no programadas” a lugares de detención. Una tarea clave tras el estallido social. Sin embargo, la puesta en marcha del comité ha sufrido un fuerte retraso y, a solo siete meses de haber sido nombradas, ya renunciaron dos de sus cuatro integrantes. CIPER accedió a un informe que el comité envió al director del INDH, en donde se describen problemas de gestión del instituto entre las razones de la demora.

Hace unos pocos días, los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recibieron una carta de Ana María Stuven, una de las cuatro integrantes del Comité de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. En el escrito, Stuven les anunció su renuncia a la entidad en la que había sido nombrada hace menos de un año, señalando que “no están dadas las condiciones institucionales para que yo pueda aportar como corresponde al cumplimiento del mandato del comité. Siento una gran frustración en lo personal porque considero que esta institución es necesaria y muy relevante para el país”.

Entre otras tareas, el comité puede realizar visitas periódicas preventivas y de monitoreo a cárceles y otros lugares de detención. Una labor que cobraba relevancia tras el estallido social de 2019, el que generó la mayor cantidad de denuncias desde el retorno de la democracia por eventuales torturas, tratos degradantes y otras irregularidades en arrestos. No obstante, el comité no ha desarrollado esas labores, a pesar de que sus integrantes asumieron en sus puestos el 25 de mayo del año pasado.

La mencionada carta de Ana María Stuven y un informe enviado por el comité a los consejeros del INDH apuntan a la responsabilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la demora. Las críticas indican que el instituto no habría cumplido a tiempo algunas tareas que debía desarrollar para la instalación efectiva del comité y que no ha traspasado información necesaria para la labor de sus integrantes.

Once años tardó en instalarse el comité, desde que en 2009 entró en vigencia el decretó que promulgó el protocolo para implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). No obstante, a solo siete meses de haber asumido en sus cargos, dos de sus cuatro integrantes ya presentaron su renuncia: Ana María Stuven e Isabel Madariaga Cuneo.

“Deseo sinceramente que el Comité pueda cumplir su importante mandato y que se le asignen las condiciones necesarias para ello. Mi vocación y sentido de misión me impiden ejercer un trabajo sin tener claro su futuro”, indica la carta que Ana María Stuven remitió a los consejeros del INDH y que, de manera tácita, desliza una crítica al instituto.

Ana María Stuven (Fuente: Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales)

INFORME DEL COMITÉ: “RETRASOS Y DIFICULTADES”

El comité, que cuenta con un presupuesto que supera los $900 millones para el 2021, tiene su origen en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la ONU en 2002. Siete años después vio la luz el decreto para poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y recién en abril de 2019 se publicó la ley ad-hoc para crear esta nueva institucionalidad. La norma dispuso que el INDH sería el mecanismo, pero que actuaría por medio de un Comité de Prevención contra la Tortura, el que gozaría de “independencia de su personal, autonomía funcional, confidencialidad en sus actuaciones y reserva de la información obtenida en ejercicio de sus funciones”. La misma ley estableció que la regulación entraría en vigencia en septiembre de 2019 y que unos meses después debían ser nombrados los primeros cuatro integrantes del comité.

Finalmente, en mayo pasado, fueron nombradas por la Alta Dirección Pública (ADP) las cuatro expertas que dieron vida a la instancia: Ana María Stuven Vattier, Isabel Madariaga Cuneo, Alejandra Díaz Gude y Javiera Canessa Cordero. Su mandato incluye “realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que (el comité) determine libremente”, así como también hacer “acciones de capacitación, información y sensibilización en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a las entidades públicas y privadas que cumplan tareas en el tratamiento de personas privadas de libertad”.

En los primero días de 2021, el comité envió un informe al director del INDH, Sergio Micco Aguayo, y a los consejeros del mismo instituto. CIPER conoció ese documento, donde se menciona un listado de ítems administrativos que debía cumplir el INDH y que habrían terminado retrasando la instalación de la nueva entidad. De aquella enumeración se desprende que para el mismo INDH no habría sido una prioridad instalar este brazo del Mecanismo contra la Tortura; también que la supuesta autonomía del comité queda en entredicho, precisamente por su dependencia para iniciar sus labores.

“Si bien el Comité es autónomo en su funcionamiento, por ser el Instituto de Derechos Humanos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hay una serie de funciones para las cuales el Comité depende de la estructura organizacional del INDH. Esta situación ha ocasionado una serie de retrasos y dificultades para la coordinación que se entienden propias de una estructura muy exigida y con múltiples demandas que dificultan la satisfacción de las necesidades del Comité. Lo mismo se hace extensivo hacia su Director, con el cual ha sido difícil mantener la necesaria comunicación”, dice el documento.

Sergio Micco, director del INDH.

CIPER solicitó una entrevista con el director del INDH, Sergio Micco, para consultar por las dificultades que se describen en el texto que el comité le hizo llegar. No fue posible realizarle preguntas. A cambio, el equipo de comunicaciones del instituto envió un comunicado:

“El INDH es el principal interesado en que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) termine su instalación y comience a realizar visitas cuanto antes. La necesidad del país por contar con esta institución es evidente, de las 2.877 querellas presentadas por el Instituto, en el contexto de la crisis social, más de 500 son por tortura. Lamentamos profundamente la renuncia de dos expertas del Mecanismo, especialmente por el impacto que tendrá en su puesta en marcha (…). Sin duda que el aumento de carga institucional, asociada a la pandemia y a la crisis social, ha impactado la rapidez administrativa del INDH, pero seguiremos realizando todos los esfuerzos y colaborando con todo lo que necesite el MNPT para finalizar su instalación. Finalmente, la elaboración de los perfiles de los expertos/as que falta por incorporar, está dentro del plazo, ya que el 27 de abril de este año se deben seleccionar”.

EQUIPAMIENTO, AUTONOMÍA E INFORMACIÓN

Dentro de las funciones de la nueva institucionalidad se cuenta:

• “Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben”.
• “Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que determine libremente”.
• “Solicitar a las autoridades correspondientes toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato, tales como antecedentes relativos a lugares de privación de libertad, su localización, cifras de arrestos o detenciones y de personas privadas de libertad, y otras que digan relación con materias de su competencia”.
• “Realizar a través del Instituto acciones de capacitación, información y sensibilización en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a las entidades públicas y privadas que cumplan tareas en el tratamiento de personas privadas de libertad, tales como funcionarios de Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, hospitales psiquiátricos, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, entre otros”.

Ninguna visita se realizó a lo largo de 2020. El informe enviado por el comité al INDH describe lo que ocurrió desde que asumieron las cuatro expertas, el 25 de mayo de 2020. Acorde a ese documento, entre mayo y diciembre hubo un proceso de instalación. En septiembre se contrataron a cinco profesionales para hacer la “tarea de recopilación de información sobre catastro de entidades y establecimientos que el Comité debe visitar, estado de esas mismas instituciones en relación con posibles denuncias de tortura o malos tratos, informes realizados por otras entidades fiscalizadoras, como la Defensoría de la Niñez, Fiscalía Judicial, Juzgados de Garantía, INDH, etc.”. Como la tarea era de mayor magnitud a la esperada, el documento señala que en noviembre se contempló el apoyo de otros diez profesionales más.

Paralelamente, se encargó un informe en derecho en junio de 2020 al constitucionalista Javier Couso, para ver los alcances de la relación entre el comité con el INDH, el que fue entregado en agosto. “Este informe permitió esclarecer diversos aspectos de una ley compleja y de difícil interpretación y entregar insumos para la elaboración de la propuesta de Reforma de Estatutos del INDH y del Reglamento interno del Comité”, dice el documento.

También sostuvieron reuniones con distintas áreas del INDH, con Carabineros, la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez. Y llevaron a cabo informes sobre “estándares internacionales vinculados a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y en relación a poblaciones particulares de mayor vulnerabilidad (discapacidad y personas mayores)” y acerca del “protocolo a ser utilizado para visitas: Manual general de visita preventiva e índice de pauta de visita exhaustiva en establecimientos penitenciarios”, entre otras acciones.

Dentro del mundo académico hubo críticas al proceso. El informe anual 2020 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales destacó: “Su lenta instalación y falta de empoderamiento en su rol se evidencia al no constatarse ninguna actuación ni declaración pública del Mecanismo por parte de las cuatro expertas que ya se encuentran designadas. Si bien es entendible que la instalación sea lenta, su función radica precisamente en la acción urgente ante la grave situación que vivió el país durante meses (…) esto podría ser una advertencia preocupante sobre su efectividad futura”.

Crédito: Migrar Photo

Esta dificultad en la instalación fue abordada en el informe del comité enviado al INDH, en el subtítulo “Principales dificultades del proceso de instalación”. Ahí se describen las adversidades naturales de la crisis sanitaria por Covid: “El primer período de funciones implicó destinar tiempo a las coordinaciones iniciales, conocimiento de estilos de trabajo, discusión de las acciones prioritarias o más urgentes, etc., todo en un escenario complejo debido a la imposibilidad de comunicación presencial”.

Luego se menciona que la capacidad operativa del INDH para apoyar el surgimiento del comité, “se vio fuertemente reducida”. “Varios procesos administrativos experimentaron retrasos, como la tramitación de algunas contrataciones a honorarios y, principalmente, algunas respuestas a requerimientos de información”. “También fue difícil contar con la dedicación necesaria de los funcionarios del INDH para avanzar en el desarrollo de algunos procesos específicos, como el trabajo para definir las características técnicas de los sistemas de gestión de información y bases de datos que precisa la operación del Comité”.

Según describe el informe del comité, la creación de los correos electrónicos de los integrantes “más nuevos de nuestro equipo de trabajo aún no se concreta, habiéndose solicitado hace más de un mes”. Y sigue: “Del mismo modo, la adquisición del equipamiento computacional se extendió por largo tiempo; mucho más lenta ha sido la habilitación de los equipos para ser entregados a los funcionarios. Recién durante el curso de la presente semana se comunicó que podía procederse a la entrega de esos equipos”.

En este ítem se aborda un tema trascendental: el Comité no tendría suficiente autonomía del INDH, al no contar con una personalidad jurídica propia. Así lo desliza el documento: “Especialmente complejo ha sido el apoyo en materia de contratación de la dotación permanente. Por ejemplo, en el mes de septiembre se solicitó, a través del protocolo establecido al efecto, la contratación de un cargo técnico de apoyo administrativo, que aún no se ha concretado, dado que no ha sido convocado el concurso correspondiente”. El texto agrega que la contratación “del resto de la dotación permanente (…) tampoco ha sido expedita. La definición de los perfiles quedó resuelta el 2 de diciembre y hasta la fecha, habiendo transcurrido más de un mes, no se ha materializado la convocatoria al concurso”.

Dentro de todos estos tópicos, existe un tema entre el Comité y el INDH que, tal como está planteado en el documento, resulta todavía más preocupante: “La coordinación con el INDH, incluyendo el flujo de información, también ha adolecido de ciertos problemas que han dificultado la inserción del Comité en el ámbito de la prevención en el país. En concreto, el Comité no ha recibido de parte del INDH todos los insumos de información comprometidos o relevantes, para el desarrollo de su función. Tampoco ha sido hecho partícipe de instancias que el Instituto integra en materia de prevención. Todo ello habría sido un aporte significativo para el proceso de instalación e institucionalización del Comité”.

Lidia Casas, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), afirma que en el contexto que vive el país es un problema la lentitud en la instalación del mecanismo:

–En un momento tan particular como el que estamos viviendo, con una gran movilización, con un estallido social, con elementos consistentes dados a conocer por el INDH y por nuestros propios informes sobre problemas de tortura y apremios ilegítimos en cárceles, con problemas con las fuerzas policiales y ni hablar de los centros de internación o casas de estadía para niños, niñas y adolescentes, la idea de poder establecer y hacer visitas a todos estos centros es de vital importancia.

La abogada agrega que este mecanismo fue creado “para cumplir obligaciones internacionales, pero no solamente por una cuestión de cumplimiento de buena manera de estas obligaciones, sino que para satisfacer y remediar problemas internos acuciantes”. Para Lidia Casas, lo recomendable es sacar al comité del INDH, algo que con esta ley es imposible, pues el instituto fue designado como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

LAS EXPERTAS QUE QUEDARON Y LAS QUE SE FUERON

Dentro de las dificultades que se describen en el informe que el comité hizo llegar a los consejeros del INDH se mencionan, aunque no se detallan, problemas entre las expertas que lo integran “por opiniones divergentes respecto de aspectos fundamentales del Mandato, así como también procedimentales, involucrando decisiones importantes, las que han entorpecido los avances en algunos aspectos”.

La ley estipuló un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la regulación para nombrar a los “cuatro primeros expertos”, de un total de siete que deberían estar completamente instalados al cabo de 18 meses de entrada en vigencia la norma. Cada especialista debe tener experiencia en temas distintos: área social, salud, sistemas penitenciarios, derecho humanitario y derechos humanos.

CIPER consultó a Stuven, Madariaga, Canessa y Díaz sobre las “opiniones divergentes” que hubo en la interna del comité. Madariaga declinó dar declaraciones. Stuven y Canessa expresaron de manera conjunta y escueta que las diferencias “han sido sobre la visión y alcances prácticos del mandato del Comité”. Alejandra Díaz también respondió por escrito:

“Evidentemente, en un grupo humano diverso, que se ha comunicado desde el inicio vía Zoom, que no se conoce personalmente, y que debe resolver temas complejos a nivel país, surgen dificultades. Han sido varias y no entraré en el detalle, pero sí una de las que recuerdo tuvo que ver con el alcance del concepto de prevención que constituye el centro del mandato del Mecanismo. Se debatía si debía entenderse como un concepto amplio, que abarcara medidas que son propias de los organismos tradicionales de Derechos Humanos, tales como la denuncia pública y la judicialización, o si debía basarse más en el diálogo con la autoridad y el trabajo colaborativo con esta para lograr cambios sustantivos en las condiciones de las personas privadas de libertad, sin perjuicio de utilizar la herramienta de denuncia pública en algunos casos”, indicó.

Alejandra Díaz Gude (Fuente: Researchgate.net)

Otra de las preocupaciones por parte del mundo académico es la experiencia que poseen en materia de derechos humanos las dos expertas del comité que se quedan. Lidia Casas, del Centro de Derechos Humanos de la UDP, dice que “el punto es cómo se hizo la selección, si es que acaso este Mecanismo no tiene la misma lógica de selección que ha habido para efectos del consejo del INDH, donde todo es cuoteo político, y que finalmente termina neutralizando el trabajo de estas instituciones”.

Las dos expertas que renunciaron –Stuven y Madariaga– tienen un amplio currículo en temas de derechos humanos. Ana María Stuven, licenciada en Historia de la Universidad Católica y con un PhD en la Universidad de Stanford, es presidenta del directorio de la Corporación Abriendo Puertas, cuya misión es “acompañar y capacitar a mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino de Santiago”. Ella fue escogida por Alta Dirección Pública como expertas en el área social. Aunque presentó su renuncia indeclinable a comienzos de este año, solo se hará efectiva en marzo. CIPER la contactó, pero no quiso dar declaraciones sobre su salida.

Isabel Madariaga fue seleccionada en el área de derechos humanos. Es abogada de la Universidad de Chile y su carrera siempre ha estado ligada a la materia: estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2000 y 2013, y posteriormente coordinó al equipo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que visitó Nicaragua y constató crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado, cuyo gobierno sigue encabezado por Daniel Ortega. Madariaga indicó a CIPER que renunció “en septiembre en virtud de mis principios y convicciones en materia de derechos humanos. Mis discrepancias eran serias y profundas en contenido y en forma de trabajo. Aduje motivos personales con el objeto de no afectar al mecanismo”.

Isabel Madariaga Cuneo (Fuente: GIEI Nicaragua)

Las dos integrantes que quedan son Javiera Canessa y Alejandra Díaz. Titulada como médico cirujano de la Universidad Católica y con una especialización en Medicina Familiar del mismo centro de estudios, Canessa fue seleccionada como experta en el área de salud. Alejandra Díaz, elegida como experta en sistemas penitenciarios, es abogada de la Universidad de Chile con un PhD en criminología de la Universidad de Leeds. En mayo de este año –según informó– suspendió su calidad de co-directora del máster de Derechos Humanos de la Universidad San Sebastián, donde aparecía como docente Andrés Chadwick, ex ministro del Interior que fue acusado constitucionalmente por omitir la adopción de medidas para detener violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Consultada sobre los cuestionamientos a la experiencia de algunas integrantes del comité, Alejandra Díaz respondió por escrito a CIPER que el tema de los derechos humanos “ha estado presente durante toda mi vida profesional. Hice un doctorado en Derecho en la Universidad de Leeds, con especialización en justicia restaurativa y sistemas de justicia juvenil y penitenciaria. Mi tesis doctoral versó sobre la justicia restaurativa en sistemas penitenciarios, las necesidades y derechos humanos de las víctimas y personas privadas de libertad y la reinserción de jóvenes infractores de ley penal. Así como la ADP creyó que yo estaba capacitada para este cargo, yo también lo creí y por eso me atreví a postular como experta en el área Penitenciaria”.

“Creo que me he preparado toda mi vida para trabajar en una institución tan importante como ésta, y en un momento del país en que se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos desde la vuelta a la democracia, jamás me restaría de participar a pesar de cuestionamientos a mi persona, por muy injustos que sean”, agregó.

Javiera Canessa indicó a CIPER que “se me designó como experta en el área de salud y para esa función, como Médico Familiar de Adulto con amplia experiencia en Atención Primaria de Salud y poblaciones vulneradas en sus derechos, cumplo con las competencias técnicas y la experiencia necesaria para un buen desempeño de mi cargo y como parte de un equipo multidisciplinario que, en conjunto y no individualmente, tiene la importante misión de cumplir con el mandato de la ley”.

Ni el comunicado enviado por el INDH ni las expertas consultadas por CIPER se refirieron a uno de los problemas más importantes que describió el comité en su informe a los consejeros del instituto. Se trata de la revelación acerca de que no han recibido de parte del INDH “todos los insumos de información comprometidos o relevantes, para el desarrollo de su función”.

Sobre este punto, Alejandra Díaz se limitó a señalar: “Dado que este tema es materia específica de un informe enviado por el Comité al INDH, respecto del cual estamos en conversaciones, considero que no corresponde referirme de manera pública a este tema. Sin embargo, quiero aclarar que no pongo en duda el compromiso ni la voluntad que ha existido siempre de parte del Instituto de Derechos Humanos y de todos los miembros que trabajan en el Mecanismo para que este se instale en el menor tiempo posible, pero la pandemia nos ha afectado indudablemente a todos”.