Rodear la Convención

El artículo analiza cómo la convención se relacionará con la sociedad. Un peligro es que los constituyentes se enclaustren y legislen siguiendo su conciencia; o que las masas descontentas ejerzan presión sobre ellos a través de disturbios. La columna también analiza otras fuerzas capaces de rodear a la asamblea con menos gritos, pero con más efectividad. ¿Cómo lograr un equilibrio entre todos eso intereses que existen en la sociedad? El autor sugiere que debemos aceptar que no vamos a avanzar sin llegar a acuerdos. Dado que “ni las fuerzas anti-neoliberales ni las pro-neoliberales alcanzarán la supremacía, “el proceso de escribir la constitución involucrará extensas jornadas de negociación entre minorías, donde seguramente ninguna alcanzará el máximo de sus aspiraciones”, explica.

En diciembre recién pasado, el Partido Comunista realizó su 26º Congreso Nacional, con el objetivo de definir los lineamientos en torno a la actual coyuntura. Al presentar los resultados, su presidente, Guillermo Tellier, planteó que las fuerzas anti-neoliberales buscarían atrincherarse y obtener un tercio de la Convención para defender sus intereses. Frente a ello, sostuvo que surgía “la necesidad de rodear con la movilización de masas, el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo” (ver nota en Ex Ante).

Esta declaración abre una discusión no menor, ¿de qué modo se regularán las interacciones entre la Convención y la sociedad?

En su versión negativa, podría darse el caso que la Convención estuviese virtualmente rodeada de amenazas, de violencia, de masas enfurecidas que desean presionar para alcanzar sus objetivos. Podría también darse el caso que, ante decisiones cruciales, grupos de la sociedad se enfrenten en las calles y recurran a la violencia para hacer valer sus predicamentos.

Esta movilización de masas podría irrumpir espontáneamente o podría ser fruto de estrategias de grupos de la sociedad (de izquierda, centro, derecha o apolíticos) que entienden la política como el arte de hacer valer sus argumentaciones por el uso de la fuerza. ¿No decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios?

En su versión positiva, también podría ocurrir que una sociedad civil activa se manifieste pacíficamente para defender ciertas causas. Estas expresiones sociales representarían un signo promisorio de un sistema democrático. El derecho a expresarse o manifestarse es un derecho humano y constitucional que es vital en ambientes democráticos. La cuestión entonces no es el hecho de convocar a movilizarse, sino más bien los instrumentos que se utilizan para expresar ciertas opiniones. Así, una marcha pacífica multitudinaria convocada en las afueras de la Convención no debiese ser fuente de preocupación. Lo que debiese preocupar es cuando estas acciones colectivas consideran el amedrentamiento, la amenaza o la violencia.

Así, que millones de personas se hayan manifestado en los meses que siguieron al 18 de octubre refleja una adecuada e incluso conveniente salud del sistema democrático. Lo condenable y preocupante es cuando la intimidación y la violencia se apoderan de las relaciones sociales e institucionales y es precisamente aquello lo que debe evitarse a toda costa.

EL RODEO SOCIAL

Volvamos a las declaraciones de Tellier. Pocos días después se defendió de las críticas que surgieron por sus dichos, indicando que su frase aludía a una metáfora: “no sirve que la Convención se desarrolle encerrada en cuatro paredes, debe considera la voz de la gente”—argumentó (ver nota en El Siglo). Agregó que la idea de rodear la Convención no tenía que ver con alterar o amenazar el trabajo de la Convención, sino que se asociaba con la necesidad de escuchar la voz de la ciudadanía, del pueblo que se ha movilizado. “No queremos volver o estar en la política de los consensos, que el pueblo rechaza o no entiende, ni de acuerdos en las alturas, engañando al pueblo”, concluyó.

Por tratarse la Convención de un cuerpo deliberativo electo por el pueblo, algunos actores insistirán en señalar que les corresponderá a tales representantes definir el destino de la República frente a su conciencia. Dirán que la ciudadanía le estregó un mandato constituyente que deben aplicar apelando a sus ideales y conciencia.

Para otros, la soberanía seguirá residiendo en el pueblo, por lo que los y las constituyentes deberán reflejar los “verdaderos” intereses del pueblo. De ahí que Tellier insista en el rol vigilante de las movilizaciones. Para evitar “cocinas”, “tecnicismos” o acuerdos entre cúpulas.  Se trata del clásico dilema entre la delegación del poder a través del voto vs.  la participación directa del pueblo movilizado.

Pero el argumento de Tellier contiene dos debilidades que parecen obvias a la luz de más de doscientos años de vida republicana. La primera es pensar que es factible escribir una Constitución sin recurrir a un acuerdo. Si hay algo que demuestra la historia de Chile más y menos reciente es el carácter multipartidista —y por ende segmentado— de la representación política y social. Imaginar que unos pocos meses de movilizaciones sociales pueden alterar profundamente más de dos siglos de una política multipartidista es, por decir lo menos, ingenuo.

Ni las fuerzas anti-neoliberales alcanzarán la supremacía en abril, ni tampoco las fuerzas pro-neoliberales lograrán dicho control. Como muchas otras experiencias constituyentes han demostrado, el proceso de escribir la constitución involucrará extensas jornadas de negociación entre minorías, donde seguramente ninguna fuerza alcanzará el máximo de sus aspiraciones.

La segunda debilidad de la argumentación comunista —y de varias otras fuerzas de izquierda, por lo demás— es asumir que existiría un pueblo unido y homogéneo que se moviliza en torno a un mismo objetivo “anti-neoliberal”. Existen de hecho diversas expresiones de este pueblo: la movilización minoritaria radical, la movilización pacífica, la concurrencia a votar —que llega a no más del 50%—, y la apatía social de aquellos que no participan de ninguna de las expresiones anteriores. Y así como el sentido de la movilización social contiene diversas expresiones, también la idea de cambiar la Constitución considera variadas interpretaciones.

Puestos en la coyuntura de las deliberaciones de la Convención, un asunto vital a resolver serán los mecanismos que se establezcan para incorporar a la ciudadanía en las deliberaciones de la nueva Constitución, para evitar el amedrentamiento pero al mismo tiempo posibilitar la participación. Hoy sería inconcebible una Convención cerrada, sin participación ciudadana incidente. Ya hemos sugerido diversos mecanismos que podrían implementarse desde la propia Convención para dinamizar la participación ciudadana, recoger propuestas sociales, y ampliar espacios de deliberación. Lo central aquí es generar mecanismos institucionales de participación ciudadana incidente para evitar el riesgo de elitización y posibilitar una apropiación ciudadana de esta dinámica constituyente.

EL RODEO EMPRESARIAL

Otro rodeo menos visible pero no por ello menos relevante es la influencia que los grupos empresariales puedan tener durante el proceso constituyente. No debemos olvidar que en el texto constitucional se expresan intereses vitales para el sector público y privado. La Constitución define derechos de propiedad, establece principios básicos asociados a derechos laborales, explicita límites y derechos sobre los recursos naturales, posibilita controles sobre el sector privado, establece eventuales prohibiciones de lucro, regula potenciales conflictos de interés, posibilidad la regulación de uso de suelo, entre otros muchos ámbitos.

Por lo mismo, resulta natural esperar que los gremios empresariales —que en el caso de Chile muestran gran cohesión— inviertan recursos económicos e intelectuales en relación con esta nueva Constitución. El rodeo de los intereses privados sobre la Convención puede darse de diversas maneras: directamente a través de candidaturas, o indirectamente apoyando financieramente algunas campañas, financiando centros de pensamiento para la producción de conocimiento constitucional, auspiciando programas en medios de comunicación que favorezcan algunas ideas, o promoviendo campañas en los medios de comunicación para defender ciertas ideas.

Los integrantes de la Convención una vez que asuman, deberán establecer una declaración de patrimonio y de intereses. Además, deberán ajustarse a las normas de probidad y lobby en lo concerniente a la gestión de intereses. Pero sabemos que estas regulaciones son débiles. Por ejemplo, si se aplicaran estas normas tal cual se utiliza con diputados y senadores, entonces la declaración de un eventual conflicto de interés al momento de votar un artículo de la Constitución sería totalmente voluntaria. La inhibición sería un acto moral, no legal. En este sentido, el reglamento de la Convención debiese establecer sanciones muy estrictas para quienes vulneren códigos de conducta asociados a la gestión de intereses. También debiesen generarse protocolos para las organizaciones de la sociedad civil (universidades, think-tanks, fundaciones), de modo de al momento de ser recibidos en audiencias públicas deban tener que declarar el origen del financiamiento de los estudios que presentarán ante la Convención.  No se trata aquí de bloquear la expresión de opiniones, sino que de explicitar los intereses asociados a la defensa de ciertas ideas y posturas en el debate constituyente.

EL RODEO INSTITUCIONAL

Existe un tercer rodeo, el rodeo institucional. No podría descartarse que algunas instituciones del Estado quieran manifestar sus posturas frente a la nueva Constitución: el pleno de la Corte Suprema, el Consejo del Banco Central, el Contralor General de la República, el Ministerio Público, los altos mandos de las fuerzas armadas, CODELCO, entre otros. En la sociedad civil ya hablamos de los gremios empresariales, pero también podríamos agregar a la Central Unitaria de Trabajadores o la Iglesia Católica.

¿Deben existir limitaciones para que ellas expresen su opinión “institucional”? A simple vista no pareciera haber inconveniente. No obstante, existen dos advertencias relevantes a considerar. La primera es que la mayoría de las instituciones mencionadas tienen una ventaja respecto de otros actores sociales por el lugar que ocupan dentro o fuera del Estado. Una cuestión vital para la Convención será regular adecuadamente el acceso de las distintas personas e instituciones a la deliberación de modo de garantizar un acceso igualitario, sin privilegios ni excepciones.

La segunda consideración es que resultaría altamente inconveniente la participación de las fuerzas armadas y de orden público dando a conocer sus opiniones institucionales sobre el rol que debiesen cumplir en la nueva Constitución. Por tratarse de un proceso eminentemente político, las fuerzas armadas y de orden debiesen quedar excluidas de estas deliberaciones. Los comandantes en jefe de las instituciones castrenses o los directores de las policías debieran inhibirse de opinar toda vez que además ellos controlan el monopolio de la fuerza en el país.

EL RODEO INTERNACIONAL

Otro posible rodeo es internacional. El 26 de noviembre de 2020 el gobierno de Chile le envió una carta al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) informándole que el Ministerio de Relaciones Exteriores aportaría a dicha organización con US$200.000 para contribuir al trabajo del proceso constituyente. La OCDE generaría insumos asociados a buenas prácticas en materia de infraestructura fiscal, diseño institucional, autonomía de organización es claves del Estado, formas de gobierno, descentralización, mínimos sociales y derechos fundamentales. La OCDE se comprometía a generar evidencia para sustentar soluciones regulatorias.

Lo anterior plantea, de nuevo, un doble debate sobre el rol que debiera cumplir el gobierno de turno respecto del proceso constituyente al financiar estudios; y por otra parte, la injerencia de actores internacionales en determinados temas que son críticos a la configuración de los derechos sociales, la organización del Estado y las normas regulatorias de la economía.

EL RODEO INTELECTUAL

Un quinto rodeo es intelectual. Muchas veces revestimos intereses políticos o ideológicos bajo la adscripción institucional a una determinada universidad, grado académico o expertise técnico-profesional.  Pero ninguno de nosotros y nosotras está libre de intereses por lo que con miras a las deliberaciones que se avecinan, resultaría saludable explicitar intereses, donde y cuando corresponda.

El debate constitucional es altamente político por lo que muchas de las deliberaciones consideran debates entre cosmovisiones o ideologías distintas.  En algunos casos, se podrá entregar evidencia fundamentada que ilustra determinadas posturas, pero aquello no siempre ocurrirá. En muchas ocasiones —quizás en la mayoría de ellas— lo que entrará en conflicto será el modo de comprender el mundo.

El riesgo de la tecnificación de los debates es doble. Por un lado, cualquier debate “técnico” tiende a elitizar discusiones que debiesen ser comprensibles para el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, la Convención debiese hacer esfuerzos importantes en “traducir” los debates constituyentes hacia la ciudadanía. Por otro lado, muchas veces recubrimos un debate eminentemente político con una mirada técnica para, precisamente, satisfacer nuestros intereses.  La única fórmula que hasta el momento ha funcionado en el mundo académico y político-institucional es el contraste de ideas disímiles con miras a buscar una mejor o más adecuada solución.

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Resulta impensable concebir una Convención libre de toda influencia externa. El proceso constituyente, en este sentido, será dinámico, estará marcado por influencias de variados tipos que sería ridículo tratar de regular en cada centímetro. Lo que sí puede hacerse es, primero, explicitar la declaración de intereses de cada convencional; segundo, establecer ciertas reglas para la interacción entre constituyentes y sociedad civil; tercero, facilitar canales de comunicación entre la Convención y la ciudadanía; cuarto, prohibir y sancionar algunas conductas que vulneren la imparcialidad que se espera de la Convención y quinto, demarcar más nítidamente la inhibición que un o una constituyente tendrá que hacer cuando debate votar sobre un asunto sobre el cual tendrá un abierto conflicto de interés.

Observaremos una Convención rodeada. Qué duda cabe. El asunto es clarificar las reglas que delimitarán estos rodeos.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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