Trauma transgeneracional: cómo la violencia del Estado en el 18/O puede reabrir las heridas de la dictadura

El Presidente creó la “Defensoría de las Víctimas de Delitos”, para asesorar y atender sicológicamente a las víctimas de la delincuencia común. Esta columna nos recuerda los complejos procesos de reparación de quienes fueron víctimas de la violencia estatal en dictadura y analiza las secuelas físicas y sicológicas en las generaciones siguientes. En el contexto del estallido, el autor discute cómo esta nueva ola de violencia estatal puede reabrir heridas y alerta sobre la importancia de que el Estado reconozca y repare.

*Crédito foto portada: Jorge Vargas / Migrar Photo

Esta columna resume parte de los hallazgos de la tesis doctoral de Felipe Matamala, cuyo tema es “el trauma transgeneracional: una revisión histórica, teórica y clínica, de las formas de hacer reparación psicoterapéutica de la violencia de Estado en los Programas PRAIS de la Región Metropolitana de Chile”

Según el último balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre el tema, la violencia ejercida durante el estallido social por el Estado chileno dejó 3.203 víctimas entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020[1]. Con 2.520 querellas presentadas, la institución plantea que el Estado debe garantizar los derechos de las víctimas y se debe conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. Esto, con el fin de evitar la impunidad y realizar una reparación en materia judicial, física y psicológica.

Lo anterior trae a la memoria la larga y triste lista de personas que fueron afectadas por la violencia de Estado en la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-90), víctimas que fueron reconocidas en los Informes Valech (1 y 2) y Rettig (1990). La literatura muestra que cuando el Estado vuelve a violar los derechos humanos, minimizando y/o desconociendo los hechos, como ha ocurrido en el reciente estallido social, se produce una “desmentida” y “negacionismo”[2] que revive heridas y puede generar nuevas víctimas. Además, la acción del Estado puede afectar física y sicológicamente a las víctimas directas y a sus familiares. Para abordar estos temas se consideran, entre otras fuentes, la experiencia del PRAIS (Programa de Atención Integral en Salud y Derechos Humanos) y de las ONG’s ILAS y CINTRAS. El trabajo de estos programas debe ser tomado en cuenta para prevenir mayores efectos en las víctimas de violencia política durante el estallido social y las generaciones siguientes.

TRAUMA TRANSGENERACIONAL: UN SUFRIMIENTO SILENCIOSO

En la última década, estudios psicoterapéuticos ligados al tratamiento con víctimas de situaciones traumáticas como genocidios y dictaduras en el mundo, muestran que el trauma se transmite entre generaciones (Cintras 2012; EATIP, 2009; Frosh, 2013; Felsen, 2017). Las investigaciones en torno al genocidio de la población judía han sido pioneras en demostrar que la segunda y tercera generación sufren en silencio el impacto de la Shoah en sus padres sobrevivientes[3] (Frosh, 2013). Lo que se ha logrado documentar es que las experiencias traumáticas se transmiten tanto consciente como inconscientemente en la segunda y tercera generación, afectando el modo en como se desarrolla la vida psíquica de las víctimas y sus familiares. Las generaciones que han convivido con sobrevivientes del horror de una experiencia como el exterminio son inevitablemente influidas por dicha violencia.

En Latinoamérica la situación es similar. Diversas investigaciones (Ulriksen-Viñar, 1991; EATIP, 2009; GTNM/RJ, 2009) han mostrado que tanto los hijos como los nietos de las víctimas sufren psicológicamente las experiencias que han vivido su padres, madres, abuelas y abuelos, todos sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad en las dictaduras de Argentina, Brasil y Uruguay. Los efectos del trauma psicosocial en las generaciones posteriores de sobrevivientes a la tortura se expresan, por ejemplo, en la imposibilidad de hablar con los padres de las experiencias traumáticas. Esto, debido al temor de causarles mayor dolor y/o vergüenza de la que ya han atravesado, generándose así síntomas tales como depresión, angustia y conductas inexplicables, que guardan relación con el exterminio de la población (EATIP, 2009).

EL CASO CHILENO

Un estudio realizado en 2012 por la ONG CINTRAS con jóvenes entre 14 y 18 años, pertenecientes a la segunda generación de sobrevivientes de tortura, confirma lo anterior para el caso chileno. La investigación señala que esta generación se ha visto impactada por la violencia ejercida contra sus familiares, lo que se manifiesta en un predominio de emociones como el miedo, y el silencio como incapacidad para procesar el horror, tanto a nivel individual como familiar. En un esfuerzo por profundizar en cómo el daño transgeneracional se expresa en las generaciones posteriores, CINTRAS constató la existencia de diversos síntomas psicológicos que conllevan una relación “aparentemente indirecta” entre las generaciones (CINTRAS, 2012; ILAS 2019), que se expresa en crisis familiares, conductas disruptivas en las hijas e hijos, y enfermedades psicosomáticas.

Una publicación reciente sobre la primera generación de personas pertenecientes al Programa PRAIS[4], víctimas directas que sobrevivieron la dictadura, señala que el impacto psíquico de un trauma tiene efectos en el sistema fisiológico, y que existe una correlación directa entre el estrés causado por episodios de violencia estatal y enfermedades de tipo multisistémico como cáncer, infarto al miocardio, enfermedades auto inmunes y accidentes vasculares (Jorquera, M. en Madariaga, 2019).

Según ambos estudios, la manera de vivir el trauma tiene directa relación con cómo el Estado actúa con las víctimas. Las formas de vivir el dolor (físico y psicológico) de la violencia producida en la dictadura llevó al silencio y a una actitud en que era mejor “no hablar de ciertas cosas” por el temor a ser exterminados por aparatos del Estado chileno. Esto a su vez produjo sensaciones de miedo, persecución real y soledad en las víctimas, producto de la desmentida[5] del daño ocasionado.

El concepto de desmentida fue acuñado por el psicoanalista Sandor Ferenczi (1933) para hablar de cómo el lenguaje del abusador y el violentador niega su actuar violento e introduce la idea de que la víctima es la culpable de la experiencia, aumentando la sensación de soledad y desamparo. La desmentida favorece la cronicidad de ciertos síntomas fisiológicos (no tratados) debido al miedo y la desconfianza (justificada) ante la posibilidad real de morir o ser delatadas(dos), sumado a la transmisión del daño a través del silencio en las generaciones siguientes, tal como lo propone la ONG ILAS (2019).

El NEGACIONISMO ESTATAL

Luego de la dictadura cívico-militar en Chile (1973-90), el Estado asumió el deber de reparar los crímenes de lesa humanidad. La violencia durante ese periodo fue transversal (desde el punto de vista etario) para niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos. Desaparecidos(das), ejecutados políticos, presas y presos políticos, detenidos, relegados, exiliados y exonerados, son contabilizados como miles de acuerdo a las comisiones Rettig[6] (1991) y Valech I y II[7] (2004;2010). En materia de salud, la reparación tanto para las personas que sufrieron violencia directa como a sus familiares se ha realizado a través del programa PRAIS, que registra alrededor de 900.000 beneficiarios.

Según los datos del PRAIS en su Norma Técnica del año 2006, la primera, segunda y tercera generación tienen una marca psíquica del trauma sufrido por uno o más de los integrantes de la familia que traspasó el tiempo de la dictadura (Minsal, 2006). Si bien no todas las generaciones de los usuarios están traumatizadas de la misma manera, según el documento, gran parte de la población no reporta el trauma de la experiencia vivida, debido a que los padres, madres, abuelas y abuelos aún lidian con dicha experiencia de forma silenciosa y con desconfianza hacia el Estado. Esto se debe, por una parte, a la perdurabilidad de un funcionamiento psicológico basado en los efectos del trauma psicosocial y, por otra, a prácticas y discursos del propio Estado que niegan o le restan valor al daño producido a las víctimas.

Llama la atención, por ejemplo, que muchas de las personas que debieran ser atendidas psicoterapéuticamente por el PRAIS, deciden atenderse con ONG’s (no estatales) que también proveen dicho servicio, aduciendo que estos espacios tienen una visión más respetuosa en el manejo del trauma. Estos son usuarios que no creen que el Estado pueda reparar lo que el propio Estado causó, ya que sigue desmintiendo el daño realizado a través de discursos y prácticas ligados a la negación. Un ejemplo de ello es lo ocurrido la semana del 13 de agosto del 2020, cuando los propios usuarios y agrupaciones PRAIS denunciaron que el Encargado del PRAIS de Viña del Mar y Quillota[8] realizaba reuniones con la imagen de Pinochet a sus espaldas, lo que llevó a que días después el funcionario fuese destituido de su cargo.

Este ejemplo no sólo cuestiona la línea discursiva del Estado en materia de reparación de violaciones a los Derechos Humanos, sino que sitúa a los beneficiarios del programa ante una disyuntiva no menor: ¿cómo voy a confiar en que el Estado que me vulnera quiera repararme si insiste en desmentir los hechos? Aunque puedan parecer casos aislados, este tipo de situaciones tiene efectos profundos y concretos en la reparación psicoterapéutica. Tanto para la persona que se encuentra en psicoterapia como para su terapeuta, lo que muchas veces emerge en la terapia es la profundización del dolor, de soledad y de desesperanza. La sensación de injusticia muchas veces está tan impregnada en los procesos psicoterapéuticos que se agudiza aún más la sintomatología ligada al trauma, en la medida en que la sociedad y especialmente el Estado no reconoce en la práctica y con hechos concretos su propia historia de violencia durante la dictadura.

¿“NUNCA MÁS”?

Pese a que se ha construido una institucionalidad destinada a la reparación de las víctimas por parte del Estado durante la dictadura[9], la desmentida y el negacionismo también se producen cuando se rompen estos acuerdos adquiridos entre el Estado con la sociedad, y el Estado vuelve a violar los derechos humanos, minimizando y/o desconociendo los hechos ocurridos, como es el caso del reciente estallido social. El informe del 2019 del INDH señala que golpizas, disparos, desnudamientos, tocaciones y amenazas no fueron hechos aislados (INDH, 2019).  Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch (2020), han insistido en lo mismo.

Criminalizar la protesta y justificar el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes es una forma de desmentida. De la misma manera, se desmienten las violaciones a los Derechos Humanos cuando el presidente aminora o derechamente no reconoce la gravedad de las violaciones a los derechos humanos[10] al ampararse en la falta de sistematicidad de estos (Nodal, 2019)[11]. Una muestra de la impunidad que ha habido hasta ahora en el esclarecimiento y juicio en estos casos es que los formalizados por violaciones a los DD.HH. durante el estallido social llegue solamente al 1% (CEJA, 2020).

LA IMPORTANCIA DE LA REPARACIÓN INSTITUCIONAL

El psicólogo y sacerdote jesuita Martín Baró (1990), señala que las heridas producidas por las sociedades no se encuentran en el individuo, sino que en las mismas sociedades, grupos e instituciones; y que éstas tienen importantes consecuencias a la hora de determinar cómo se vive el trauma. Es decir, que el trauma se puede modificar y cronificar a lo largo del tiempo, en distintas generaciones, dependiendo de las políticas en Derechos Humanos que el mismo Estado y la sociedad encarna.

Tal como lo plantea el modelo del trauma, lo esencial para evitar que la desmentida continúe es que exista una persona dispuesta a escuchar el testimonio y validarlo, reconociendo el dolor del otro (Goodman, 2012). Sin embargo, la reparación requiere también de una instancia Estatal, que reconozca y ofrezca espacios de reparación con el fin de que las heridas producidas por su propia violencia no se transmitan a generaciones futuras desde una sintomatología aguda. En este contexto vale la pena preguntarse si el Estado, a través de sus instituciones, está actualmente reparando psicológicamente a las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos del estallido social y qué mirada tiene con respecto a los efectos dejados por la violencia estatal en las personas.

Si bien Chile tiene la obligación internacional de reparar el daño, por lo menos en casos ocurridos durante la dictadura (BCN, 2019), es necesario entender que a medida que pasa el tiempo, existirán nuevas formas de malestar psíquico de los jóvenes y adultos que sufrieron crímenes de lesa humanidad en dictadura, y violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Esto generará nuevos modos de expresar el daño. Esta nueva situación de viejos y nuevos traumas, con sus intentos de reparación, requerirán que el Estado dialogue y comprenda que el impacto en las generaciones siguientes requiere concentrar mayores esfuerzos para el tratamiento del daño, lo que pasa también por hacerse cargo del mismo discurso que se tiene de él en la actualidad.

En síntesis, no basta con atender física, social y psicológicamente, como ha ocurrido con las víctimas de la dictadura cívico-militar chilena (1973-90), sino que se necesitará que las víctimas de violación de sus Derechos Humanos durante el estallido social, sean acogidas mediante acciones concretas del Estado ligado a la clarificación de los hechos ocurridos y sus medidas reparatorias, generando propuestas para abordar profesional y políticamente el tema. Asimismo, es importante no entrar en una nueva fase de negación Estatal y social, ya que esto agudizaría la retraumatización de las generaciones presentes y posteriores, en la medida en que se constituiría un nuevo silencio que sostendría la impunidad de los victimarios, lo que muchas veces aísla a las víctimas. La creación de un informe en base a una nueva Comisión de verdad y justicia para las familias y víctimas del estallido sería un paso importe en esa dirección.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.