Sobre la violencia en Latinoamérica y el desatendido tráfico de armas desde Estados Unidos

El problema del narcotráfico se presenta usualmente como un conflicto donde Estados Unidos pone a los consumidores y Latinoamérica la droga y los crímenes. Ese relato olvida que buena parte de la violencia en Latinoamérica es alimentada por un tráfico de armas cuyos tentáculos llegan incluso a Chile. La peor parte se la lleva México, donde entre 2010 y 2013 más 600 mil armas entraron desde EE.UU. La columna sugiere que la permisibilidad norteamericana en la venta de armas, que está detrás de las frecuentes masacres en colegios y universidades, es uno de los factores que han devastado a muchas ciudades latinoamericanas. Y recordando la gran cooperación de América Latina con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, sugiere una coalición latinoamericana que haga el camino inverso e impulse medidas que detengan el tráfico de armas en su origen.

Estados Unidos ha sido uno de los principales impulsores de la guerra contra las drogas en América Latina. Por más de cuatro décadas ha gastado miles de millones de dólares en apoyar políticas para erradicar su producción y detener el tráfico hacia el norte. Sin embargo, el resultado más visible ha sido el devastador efecto de la violencia que se ha generado en la región. Esto, aunado al desinterés de atender el problema del flujo de armas, ha ocasionado un prolifero tráfico de norte a sur.

El traslado ilegal de armas de Estados Unidos a otros países en el continente es alarmante. De acuerdo con la ATF,[i] de 2014 a 2019, más de 15,400 armas incautadas en países centroamericanos fueron rastreadas a Estados Unidos. Durante el mismo periodo, más de 6,000 armas recuperadas en países del Caribe y cerca de 11,800 armas recuperadas en Canadá provenían de Estados Unidos. Por su parte, reportes de la policía federal de Brasil colocan a Estados Unidos como el principal proveedor de armas ilegales en su país y el flujo ilegal de armas de Estados Unidos también ha sido reconocido por las Naciones Unidas como un enorme reto para Colombia. Inclusive, las armas de origen estadounidense han logrado llegar hasta los países más australes del continente. En mayo de 2018, autoridades en Chile detuvieron a un grupo de traficantes que trasladaban armas desde los Estados Unidos. A pesar de que el problema en este país podría no ser tan grave como en otras regiones del continente, el hecho de que se hayan confiscado 18 armas de fuego y más de 1,000 municiones genera preocupación sobre los potenciales receptores de estas armas y sus posibles vínculos con actividades criminales.

México es el principal receptor de armas estadounidenses, en gran medida por su cercanía geográfica. De 2014 a 2019, más de 70,000 armas recuperadas en México fueron rastreadas a Estados Unidos. Sin embargo, éstas representan un pequeño porcentaje del total de armas que llegan al país. Un estudio publicado en 2015 en el Journal of Economic Geography concluyó que, entre 2010 y 2012, cerca de 213,000 armas fueron compradas anualmente en Estados Unidos para ser traficadas a México. Ese decir, cerca de 640,000 armas traficadas en un periodo de tres años.

Por su letalidad, la presencia de armas de fuego ha tenido repercusiones catastróficas en América Latina. Diversos análisis muestran que cerca de 156,000 latinoamericanos son asesinados con un arma de fuego cada año y que miles más pierden la vida a causa de accidentes o suicidios con armas de fuego. Por su parte, mientras que el 44% de los homicidios a nivel mundial ocurren con un arma de fuego, este porcentaje sube a 75% en América Latina. Los homicidios en México, por ejemplo, aumentaron a partir de 2008 y esto se explica por la proporción de homicidios con armas de fuego. Mientras que el 25% de los homicidios se llevaron a acabo con un arma de fuego durante el 2004, este porcentaje subió a cerca del 70% en 2018, más de 40 puntos porcentuales en 16 años. El aumento en la proporción de homicidios con armas de fuego en México está altamente relacionado con Estados Unidos ya que, de 2009 a 2019, 70% de las armas confiscadas en México fueron rastreadas a este país. Si consideramos este porcentaje (70%) y el número de homicidios con armas de fuego en México durante 2018 (20,077) podemos inferir que durante ese año, alrededor 14,054 mexicanos fueron asesinados con armas que provenían de Estados Unidos. Durante el mismo periodo, se reportaron 13,958 homicidios con arma de fuego en Estados Unidos. Es decir, es más probable que un arma de fuego estadunidense sea utilizada en un homicidio en México que en el mismo Estados Unidos.

La presencia exacerbada de armas de fuego estadunidenses en América Latina ha tenido un efecto en los índices de violencia que va más allá de los homicidios entre cárteles de la droga.  Un análisis publicado en 2019 concluyó que las lesiones y robos con arma de fuego aumentaron en México durante las últimas tres administraciones presidenciales.  Por su parte. En América Latina se encuentran 14 de los 25 países más mortales para las mujeres y las armas de fuego han tenido un rol importante en acentuar la letalidad de la violencia doméstica que sufren las mujeres.

¿Qué factores internos facilitan el flujo de armas de Estados Unidos a la región?

Mientras que existen condiciones en la región que facilitan el movimiento ilegal de armas, hay tres factores dentro de Estados Unidos que contribuyen a que este país sea el principal exportador de armas de fuego en la región. El primero tiene que ver con el aumento en la producción e importación de armas de fuego en los últimos años. Mientras que Estados Unidos produjo cerca de 3.8 millones de armas anualmente entre 1986 y 2008, este promedio subió a 8.4 millones por año entre 2009 y 2018.  Por su parte, mientras que este país importó cerca de 1,5 millones de armas por año entre 1986 y 2008, este promedio anual subió a 4,2 millones entre 2009 y 2018. Aquí es importante resaltar que el aumento de producción e importación de armas en Estados Unidos se debe principalmente al aumento de manufactura e importación de rifles y pistolas de alto calibre, armas utilizadas por grupos criminales en México y otros países de América Latina.

El segundo factor tiene que ver con la permisividad de las leyes sobre la posesión y venta de armas. De entrada, las leyes federales que sirven como base para las legislaciones estatales, se han vuelto más laxas. Durante el 2004, Estados Unidos removió la ley que prohibía la comercialización de armas de asalto como los rifles AR-15 o los Barret calibre 0.50, armas capaces de derrumbar helicópteros. De hecho, la eliminación de esta prohibición de armas de asalto está altamente ligado con el aumento de la violencia en México. Otro ejemplo ocurrió en el 2005 cuando el congreso aprobó PLCAA (Protection of Lawful Commerce in Arms Act), brindándole inmunidad a los productores y vendedores de armas contra demandas legales.

Por su parte, las leyes federales requieren que a todo comprador de armas se le realice una revisión de antecedentes. Este proceso permite determinar si el comprador tiene antecedentes penales, de violencia doméstica, u otros que por ley le prohibirían la compra o posesión del arma. Sin embargo, este requisito solo es obligatorio en las armerías federales (FFL por sus siglas en ingles) y no en transacciones privadas como las que ocurren en línea (internet) o en los llamados gunshows. Estos últimos son eventos que se organizan de manera informal y se llevan acabo en centros de convenciones, parques o estacionamientos. En teoría son espacios para que ciudadanos puedan vender sus armas viejas e intercambiar información etc. En la práctica, los gunshows han sido asociados con el tráfico ilegal de armas ya que, en la mayoría de los estados, a los compradores no se les realiza ningún cuestionamiento ni revisión.  Por último, las leyes federales poco les exigen a las armerías federales en cuanto a medidas de seguridad como el uso de alarmas o el mejor resguardo de sus inventarios. Esto no es menor ya que, en Estados Unidos, se roban cerca de 6,500 armas al año directamente de las armerías federales.

Por su parte, mientras que los estados pueden ir más allá de la ley federal e implementar leyes más estrictas, pocos lo hacen. Tan solo G7 de los 50 estados prohíben la comercialización de armas de asalto y solo 22 requieren la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, incluidos gunshows y ventas en internet.

Otro factor importante que ha contribuido a que las leyes sobre armas de fuego se mantengan laxas es el incesante cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Con el objetivo de defender los intereses de la industria de las armas, esta organización impulsa la idea de que cualquier regulación sobre armas infringe la Segunda Enmienda y atenta contra la libertad ciudadana. Sin embargo, esta interpretación es equivocada y deshonesta. Durante la última revisión de la Segunda Enmienda en 2008, el Juez Scalia dejó en claro que ésta no es ilimitada y que puede regularse la comercialización de las armas de fuego, quiénes las pueden comprar, qué tipos de armas se pueden vender, quiénes las pueden poseer y en qué lugares se pueden portar.

La NRA también brinda donaciones importantes durante campañas políticas. Inclusive, donó cerca de 30 millones de dólares a la campaña del presidente Trump en el 2016. Ese mismo año, la NRA aportó 54 millones dólares para respaldar a candidatos que se oponían a cualquier regulación sobre las armas y atacar a aquellos que incluían regulaciones más estrictas en sus respectivas plataformas políticas. El resultado ha sido una polarización en el congreso que ha impedido que se avance en cualquier legislación, inclusive aquellas que son respaldadas por mas del 90% de la población como lo es la extensión de la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta (incluidos gunshows e internet).

Sin embargo, en los últimos años, la popularidad de la NRA ha comenzado a disminuir a medida que se revelaron escándalos de corrupción y de enriquecimiento ilícito por parte de sus ejecutivos. Por otro lado, movimientos como March for Our Lives y otras organizaciones de la sociedad civil han servido como contrapesos importantes. De hecho, han logrado que candidatos con plataformas a favor de mayores regulaciones sobre las armas de fuego ganen sus respectivas elecciones, incluida la representante Jennifer Wexton quien, en 2018, ganó el distrito en donde se ubican las oficinas de la NRA.

¿Qué se puede hacer?

Pare reducir el problema de tráfico de armas desde Estados Unidos, se tienen que atender muchos factores en la región y al interior de cada país receptor. Sin embargo, la corresponsabilidad de Estados Unidos es innegable. Aunque todavía falta por definir la composición del Senado, con la nueva administración del presidente electo Joe Biden se abren algunas posibilidades de cambio en Estados Unidos.

Entre las principales propuestas, es la de generar información más detallada sobre el origen de las armas recuperadas en países latinoamericanos y rastreadas a Estados Unidos. Mientras que la ATF publica reportes sobre armas recuperadas en México y Centroamérica, es necesario robustecer su información con detalles como el estado de procedencia del arma, o la armería federal donde fue adquirida. Al mismo tiempo, es fundamental ampliar los esfuerzos de generación de datos para incluir a otros países que son grandes receptores de armas de Estados Unidos, como lo son Brasil y Colombia. Esta información es crucial para entender mejor el fenómeno del tráfico y generar evidencia para el diseño de políticas públicas para atender efectivamente este problema.

Otra medida que puede incidir directamente en el tráfico de armas es la reinstauración de la ley de Prohibición de Armas de Asalto (Assault Weapons Ban). Esta ley, que expiró en el 2004, limitaba la manufactura y venta de armas de asalto para uso civil, así como el acceso a cargadores de alta capacidad. Coincidentemente, el año en que expiró esta ley, es cuando se empieza a observar un gran incremento en la violencia en México, ya que facilitó el acceso por parte de grupos criminales a sus armas de elección: las armas de asalto.

Mientras que ha sido difícil aprobar legislaciones que regulen las armas de fuego, la gran mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que se implementen revisiones de antecedentes en todos sus puntos de venta. Esta medida, atendería el vacío legal que ocurre en las transacciones privadas y gunshows, que representan una de las fuentes principales del tráfico de armas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Vale la pena resaltar que regulaciones más estrictas sobre las armas de fuego en Estados Unidos no solamente son ventajosas para América Latina. También contribuiría a reducir el problema de violencia con armas dentro de Estados Unidos, país que tiene una tasa de homicidios con armas de fuego 25 veces mayor que otras naciones desarrolladas y que en 2019 sufrió más de 365 tiroteos masivos.

A pesar de que la violencia con armas de fuego es un problema común que aqueja a Latinoamérica, éste adopta características diferentes en cada país. Si bien es necesario que cada país implemente políticas públicas basadas en atender sus realidades locales, es imperativo que la región respalde medidas comunes que puedan frenar el tráfico de armas. América Latina tiene un amplio historial de cooperación con Estados Unidos para atender el tráfico de drogas que ocurre de norte a sur. Siguiendo la misma pauta, América Latina puede establecer una coalición para impulsar estas medidas que atiendan el tráfico de armas.

Atender el tráfico de armas de fuego en América Latina incide directamente en la violencia que se vive en la región, en el poder que han adquirido los cárteles de la droga, e incluso ayudaría a resolver una de las causas más profundas de la migración. Si Estados Unidos esta genuinamente interesado en resolver estos problemas, debe de empezar por atender el flujo de las armas de fuego.

Editado por Karina G. García Reyes, Ph.D. en Ciencia Política, Universidad de Bristol.

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