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AUNQUE FUERON SALVADOS DE LA JUSTICIA PENAL, SUS HUELLAS QUEDARON EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS Y CIPER LAS RASTREÓ
29.12.2020
Cuando la Fiscalía acreditó que la precampaña de Michelle Bachelet fue financiada por SQM, el SII dejó de hacer denuncias ante la justicia penal. Solo SQM, Penta y Corpesca fueron investigadas y al resto de las empresas las enviaron a los Tribunales Tributarios, donde se les aplicaron multas. A algunas, como Ripley y Cencosud, ni siquiera se les sancionó por el total de las boletas. CIPER revisó esos procesos y detectó 28 empresas involucradas. Entre las boletas rectificadas figuran pagos a personas o sociedades vinculadas a los presidentes de la DC y UDI, a un ministro del Tribunal Constitucional, a parlamentarios, a ex ministros, a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, entre otras figuras públicas. Una nómina a tener en cuenta en época de elecciones.
Decenas de grandes empresas y dirigentes políticos no fueron investigados ni sancionados por la justicia penal por el financiamiento ilegal a las campañas. Pero quedaron rastros. CIPER analizó más de 40 denuncias que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) para que esas empresas pagaran multas. El análisis de esas sentencias arroja una nómina transversal de políticos, de derecha a centroizquierda, vinculados a personas que extendieron las boletas por las que estas empresas fueron sancionadas por los TTA. Una nómina que cobra interés público en época de campaña, cuando estas mismas figuras públicas pueden intentar convertirse en constituyentes, postular a una reelección o participar en la definición de candidatos.
El análisis de las resoluciones de los TTA evidencia que hubo denuncias “tuertas”, que solo incluyeron algunos de los pagos ilegales, como la presentada en contra de Ripley, que dejó fuera los $50 millones que se cancelaron a través de dos facturas falsas a una sociedad relacionada con el comando de campaña de Michelle Bachelet, en 2013.
Las denuncias presentadas por el SII en los Tribunales Tributarios constituyen lo que se denominó “salida administrativa” a los casos de financiamiento ilegal de la política. Un eufemismo que implicaba que las empresas y políticos involucrados no serían investigados por la Fiscalía y no tendrían sanciones penales. Esas denuncias empezaron a presentarse en abril de 2016, cuando las contabilidades de SQM y Penta ya eran públicas, y los políticos involucrados sumaban decenas desde la UDI al PS.
Como las denuncias ante los Tribunales Tributarios no conducen a una investigación penal, nadie indagó si los pagos que recibieron decenas de personas estrechamente vinculadas a políticos, a través de boletas y facturas falsas, tuvieron un correlato en leyes aprobadas en el Congreso o en otras gestiones para beneficiar intereses privados. Solo tres investigaciones se hicieron a fondo en los tribunales de justicia penal: SQM, Penta y Corpesca. Y en esta última, al menos, se detectaron delitos como cohecho y soborno, donde la entrega de dinero ilegal tuvo incidencia en la elaboración de políticas públicas.
Los procesos en los Tribunales Tributarios se originaron por 45 denuncias presentadas por el SII, las que involucran a 28 empresas que pagaron boletas falsas a personas relacionadas con políticos. Fueron las propias empresas las que rectificaron esas boletas ante Impuestos Internos, porque no podían probar que los servicios pagados efectivamente se realizaron. Gracias a las sanciones aplicadas en estos casos por los TTA, el SII ha recolectado $3.700 millones en multas. Desde el SII señalaron a CIPER que estas denuncias han sido más exitosas que las penales para recuperar el dinero correspondiente a impuestos no pagados.
En la siguiente tabla el detalle de las sentencias aplicadas por los Tribunales Tributarios. Presione la flecha a la derecha para revisarlas todas.
En las sentencias alojadas en los Tribunales Tributarios referidas al financiamiento político ilegal figuran los nombres de dirigentes políticos o de sus familiares, asesores y colaboradores. Allí aparecen, por ejemplo, los detalles de la sentencia contra el senador Iván Moreira (UDI), desconocida hasta ahora, quien debió cancelar $14,2 millones por facilitar boletas falsas a una serie de empresas, entre la que se cuenta una sociedad de un hijo del actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno (vea aquí la sentencia contra Moreira). Esa sociedad, AMC Consultores, también fue denunciada por el SII por esos pagos.
En la nómina de boleteros contenida en las sentencias tributarias aparecen personas o sociedades vinculadas al presidente de la DC, Fuad Chahín; al presidente de la UDI, Javier Macaya; al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI); al ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); al ex senador y ex ministro del Interior Andrés Zaldivar (DC); al ex senador y ex ministro Alberto Espina (RN); al actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; a los senadores Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Felipe Harboe (PPD); al lobista Enrique Correa; al actual bi ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Jobet; a los diputados Gabriel Silber (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN); y al alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).
Pero no todos los nombres de personas y empresas que emitieron boletas falsas para financiar la política aparecen en las denuncias tributarias del SII. El ejemplo más llamativo es que ninguna de las sociedades relacionadas con financiamiento ilícito para campañas de Michelle Bachelet fue denunciada por el SII ante los TTA, ni las que recibieron dineros de SQM ni las que recibieron aportes del Grupo Angelini. No es un privilegio de Bachelet, las empresas asociadas al financiamiento ilegal de las campañas del Presidente Sebastián Piñera tampoco fueron denunciadas.
Una de las ausencias más llamativas es la de Asesorías Credo, empresa directamente involucrada con el comando que llevó a Michelle Bachelet a la presidencia en 2013. Esa sociedad fue formada por el publicista Diego Perry, uno de los creativos tras la campaña presidencial de ese año. Entre diciembre de 2013 y enero de 2014 Asesorías Credo recibió en total $50 millones de la multitienda Ripley, la que rectificó esos pagos ante el SII señalando que no existían respaldos que los justificaran. El Mercurio reveló un correo electrónico donde dos gerentes de Ripley señalaban que eran pagos asociados a Giorgio Martelli, el principal recaudador de dineros negros para el bacheletismo. A pesar de todos los antecedentes, el SII no denunció esos pagos.
La denuncia contra Ripley, presentada el 3 de abril de 2017, solo incluyó los pagos de la multitienda a las sociedades Asesorías VSA y VOX Comunicación Estratégica, dos de las empresas encargadas de recolectar aportes empresariales ilegales a la campaña presidencial de Laurence Golborne. Por esos traspasos de dinero Ripley recibió una multa de $15,7 millones, según la sentencia del Tercer Tribunal Tributario de la Región Metropolitana (ver aquí).
Consultado por CIPER respecto de por qué no se incluyeron los pagos de Ripley a Asesorías Credo, el SII señaló que “se pudo verificar que los documentos tributarios fueron emitidos por una cuantía muy menor y el contribuyente que los recepcionó presentaba un buen comportamiento tributario anterior, de modo que no se superaba el estándar para proceder con una querella criminal y la sanción pecuniaria se encontraba prescrita”.
Pero eso no es cierto, los pagos de Ripley a Asesorías VSA y Vox Comunicaciones fueron en la misma época que los pagos a la empresa ligada al comando de Bachelet, y de hecho, Asesorías Credo recibió más del triple de dinero ($50 millones versus $15 millones) que VSA y más de 10 veces lo recibido por Vox ($5 millones).
Otra ausencia notoria en las denuncias del SII ante los Tribunales Tributarios está relacionada con Cencosud, el retail de Horst Paulmann. La compañía fue denunciada por haber traspasado $48 millones a una sociedad relacionada con el ex candidato presidencial Marco Enríquez Omínami, pero no se incluyó una boleta falsa emitida a Ana Palacios, una “boletera” de la red de financiamiento ilegal de Pablo Longueira. Desde el SII explicaron que esto sucedió porque cuando recibieron ese antecedente el pago ya estaba prescrito.
Estas omisiones en las denuncias de Impuestos Internos ante los Tribunales Tributarios no son las únicas. CIPER sumó más de 20 empresas que rectificaron pagos realizados a través de boletas falsas relacionados con políticos y que no fueron objeto de denuncia del SII. Entre las más relevantes se cuentan Endesa, Aguas Andinas, Entel, Cruz del Sur (cuando estaba en manos del Grupo Angelini), Metalpar, Automotora Gildemeister, Alsacia, y dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña (controladores de Entel, Consorcio, Universidad Santo Tomás y Pucobre, entre otras): Inversiones Paso Nevado e Inversiones Longovilo.
Tampoco se presentaron denuncias contra las empresas pesqueras del centro sur del país, agrupadas en Asipes, las que también financiaron ilegalmente la política (vea reportaje de CIPER).
Las rectificaciones tributarias de esas empresas nunca se conocieron completas. Sí hay pistas: entre los pagos ilegales de Endesa había aportes para campañas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y Aguas Andinas rectificó pagos a personas ligadas a Sebastián Piñera.
Consultado el SII por sus razones para no presentar denuncias tributarias contra esas empresas, el servicio respondió a CIPER por escrito:
“El curso de acción correspondiente se determina de acuerdo con el análisis realizado caso a caso. En general, los antecedentes reunidos durante los procesos recopilatorios instruidos en relación a los contribuyentes mencionados fueron insuficientes para sostener una acción penal o infraccional (sanción pecuniaria). También se verificó otra situación, donde los antecedentes que se analizaron fueron recibidos en este Servicio con fecha 24 de febrero de 2016 y la Declaración de Impuesto a la Renta maliciosamente falsa detectada correspondía al Año Tributario 2010. Por este motivo, a la fecha en que conocimos de los antecedentes, tanto la acción penal como la infraccional se encontraban prescritas. Lo mismo ocurrió respecto de otro contribuyente, cuyos antecedentes remitidos por el Ministerio Público fueron recibidos en este Servicio el 23 de marzo de 2016, y las infracciones tributarias también habían ocurrido en el Año Tributario 2010”.
Las 45 denuncias del SII ante los tribunales tributarios han logrado recaudar, al menos, $3.700 millones en multas a pagar por las empresas y personas denunciadas. Ese monto puede crecer ya que aún hay dos causas que se discuten en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, cuyos antecedentes siguen siendo privados debido a que el proceso aún no se cierra. Hasta ahora, siete de las 45 denuncias han quedado sin sanción.
El 27 de abril de 2016 el SII presentó las primeras denuncias ante los Tribunales Tributarios. El primer denunciado fue Juan Marcos Moreno, a través de su sociedad Altercom Consultores. En esa época, Moreno era el encargado de la agenda legislativa del gobierno de Michelle Bachelet. El SII lo acusó de emitir una boleta falsa a SQM por $11,1 millones. Militante del PPD, era el presidente del Tribunal Supremo de ese partido y había participado en la campaña presidencial de 2013. Nunca fue formalizado por la Fiscalía y debió pagar una multa de $4,4 millones (vea aquí la sentencia).
El segundo denunciado fue José Hormazábal López, quien formaba parte de una red de “boleteros” de la UDI. En total, emitió cuatro boletas falsas por $19 millones a SQM (ver sentencia). Él sí fue formalizado por la Fiscalía, aunque luego se le aplicó una salida alternativa. Su caso contradice uno de los criterios esgrimidos por el SII a la hora de perseguir delitos tributarios: que solo pueden hacerlo en un tipo de tribunal por el principio jurídico de no juzgar dos veces por el mismo delito. La revisión de las sentencias arroja que en otros cinco casos también se presentaron denuncias tributarias en paralelo a la investigación penal.
Las empresas comenzaron a aparecer ante los tribunales tributarios a fines de 2016. Inaugurando la salida administrativa pensada por el SII, el 14 de diciembre de ese año la sociedad Desarrollo y Servicios Melipilla, propiedad del Grupo Ariztía, fue denunciada por haberle pagado $19 millones a un grupo de “boleteros” ligados al senador Iván Moreira. La multa llegó a los $12,4 millones.
Pocos días después, el 20 de diciembre de 2016, fue denunciada ante el Cuarto Tribunal Tributario de la Región Metropolitana la empresa AMC Consultores, propiedad del hijo del actual ministro del MOP, Alfredo Moreno, quien antes fue canciller durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y luego ejerció como el asesor principal del Grupo Penta cuando recién despuntaba el escándalo por las platas políticas.
El SII denunció a la sociedad del hijo de Moreno por haber pagado una boleta falsa por $3 millones a Andrea Schultz, secretaria del senador Moreira. AMC Consultores es una de las empresas que se hizo cargo del fideicomiso de US$61 millones del ministro Alfredo Moreno cuando en marzo de 2018 ingresó al gabinete del Presidente Piñera. La denuncia contra esa empresa quedó sin sanción, luego de que el Cuarto Tribunal Tributario no se convenciera de que la boleta emitida por Andrea Schultz fuera falsa (vea aquí la sentencia).
Con la sola excepción de Corpesca, las empresas del Grupo Angelini que rectificaron pagos asociados a políticos nunca fueron investigadas por el Ministerio Público: Copec, Empresas Copec, Inversiones Siemel, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Abastible y Cruz del Sur (propiedad del grupo hasta 2013). A pesar de que concentraron la mayor cantidad de aportes ilegales a la política, después de SQM, no enfrentaron un proceso penal (vea reportaje de CIPER “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini”).
Todas esas sociedades, excepto Cruz del Sur, fueron denunciadas por el SII ante los Tribunales Tributarios el 31 de marzo de 2017. El resultado de esas denuncias fue que el Grupo Angelini debió desembolsar más de $2 mil millones en multas, como reveló a inicios de este año un reportaje de El Mostrador.
Los principales beneficiados de las platas ilegales de los Angelini fueron dirigentes políticos y sociedades ligadas a la DC, al PRI, a RN y la UDI. Pero también hubo traspasos de dinero para campañas presidenciales: $218 millones para la sociedad Asesorías y Negocios, la empresa creada por Giorgio Martelli que se usó para recolectar dineros para la campaña de Bachelet de 2013; $142 millones para Harolds & Johns, una empresa del militante PPD Harold Correa, cercano al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y Álex Matute, cuyos pagos se hicieron a través de Martelli.
Otros pagos de las empresas del Grupo Angelini beneficiaron a René Arrieta, a través de la sociedad Asesorías e Inversiones Arrieta. Él ha sido un cercano colaborador del senador Felipe Harboe (PPD) y de su señora, la ex subsecretaría de Economía, Katia Trusich. En total, Arrieta recibió $52 millones de Copec, Arauco y Corpesca. Esos pagos fueron rectificados por las empresas. Otros $87 millones fueron para bufetes de abogados donde participaba el ex senador y ex ministro Alberto Espina (RN).
Otras sumas millonarias se entregaron al Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC, el que recibió $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, con pagos mensuales de $3 millones; otros $126 millones fueron para Asesorías Técnicas S.A. una empresa usada por RN para recaudar dinero. El ex ministro de Defensa y actual carta presidencial de ese partido, Mario Desbordes, declaró bajo juramento señalando que se trató de pagos a cambio de informes, pero estos fueron desconocidos por los representantes legales de Copec. Los pagos fueron una verdadera renta para la empresa de RN, los recibieron mensualmente entre enero de 2008 y diciembre de 2013.
Entre los pagos rectificados por las empresas del Grupo Angelini que aparecen en las sentencias de los tribunales tributarios, y que se desconocían hasta ahora, figuran una sociedad del ex ministro del Interior del gobierno de Frei Ruiz Tagle, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa y Compañía Ltda.) recibiendo $219 millones entre 2008 y 2013; la sociedad Inversiones y Asesorías Seal, del ex diputado y ex ministro de Energía, Rodrigo Álvarez (UDI), recibiendo $22 millones en 2010; y otros $20 millones en 2009 para Asesorías Schultz y Compañía, de Carlos Schultz Fleuriel, quien en esa época era socio de José Silva Bafalluy, hermano del ex presidente de la UDI, Ernesto Silva.
Otros dirigentes políticos beneficiados con los pagos del Grupo Angelini son el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI) y el líder gremialista Pablo Longueira. Aunque los pagos asociados a ellos no figuran en las sentencias de los Tribunales Tributarios (debido a que algunos de esos tribunales no publican el detalle de las causas), CIPER tuvo acceso a las rectificaciones de Empresas Copec, donde sí aparecen los nombres de un grupo de boleteros asociados a Longueira, y de una sociedad que es propiedad de Zalaquett.
En la sentencia contra otra de las empresas de los Angelini, Inversiones Siemel, figura el ex encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI), Eduardo Montalva, recibiendo $7,7 millones en abril de 2013.
Otro pago que figura en las sentencias de los Tribunales Tributarios y que hasta ahora se desconocía fue el que recibió la empresa Cristián Letelier y Compañía Ltda., del actual ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar: en julio de 2011 recibió $22,2 millones de Copec, justo cuatro meses después de que asumiera como diputado en reemplazo de Gonzalo Uriarte, quien a su vez había saltado al Senado a ocupar el puesto de Evelyn Matthei, luego de que esta fuera llamada al gabinete ministerial del primer gobierno de Piñera.
No es el único pago rectificado con el que carga en su historial el ministro del TC. La empresa Inversiones Caburga, del Grupo Said, rectificó un pago realizado a la misma empresa Cristián Letelier y Compañía Ltda., por $5,5 millones girados en 2009. Cristián Letelier también apareció en otros capítulos del escándalo del financiamiento ilegal de la política: cuando recién había asumido en el Tribunal Constitucional, a inicios de 2015, La Tercera reveló un correo electrónico que le había enviado a uno de los dueños de Penta, Carlos Délano, dos años antes.
“Apreciado Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para defenderlos en tribunales. Ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad. Un abrazo. Cristián”, señalaba el correo electrónico enviado el 7 de junio de 2013.
Cristian Letelier, miembro del Tribunal Constitucional.
No solo eso, cuando recién estallaba el caso Penta, Letelier asumió la defensa de Paula Rojo, la secretaria de Alberto Cardemil, el ex vocero de la dictadura y ex diputado de RN que estuvo imputado por emitir boletas falsas a Penta.
Varios años después, cuando las investigaciones sobre las platas políticas se definían en medio de estrategias, acuerdos y el tira y afloja entre Impuestos Internos y la Fiscalía, Letelier jugó un rol clave desde su asiento en la segunda sala del Tribunal Constitucional. En enero de 2019 se estaba definiendo el desafuero del senador Jorge Pizarro (DC), quien estaba acusado de recibir platas negras desde SQM (vea aquí reportaje de CIPER). La Corte de Apelaciones había rechazado su desafuero y el Ministerio Público había apelado a la Corte Suprema. Para frenar esa jugada, Pizarro fue al Tribunal Constitucional, acusando que los fiscales no podían apelar a un desafuero. El ministro Cristián Letelier votó a favor de la solicitud de Pizarro, pero no se limitó a eso: incluyó una prevención en el fallo.
En esa prevención desplegó una batería de argumentos para apuntalar que el SII es el único organismo que puede perseguir los delitos tributarios: “La entidad estatal que tiene la obligación de defender las finanzas públicas en materia de impuestos omitidos o declarados maliciosamente por el contribuyente, obviamente es el Servicio de Impuestos Internos. No es función de la Fiscalía perseguir contribuyentes sin que lo haga dicha institución fiscal. De darse esa situación se está frente a un absurdo, ante una realidad contraria a la razón”, señala en uno de los apartados (vea aquí el fallo del TC).
El desafuero del senador Jorge Pizarro fue desechado por la Corte de Apelaciones en sus dos caminos legales: por no encontrar méritos a la acusación de presentar una declaración de impuestos falsa (donde sí había una querella del SII), y por no existir querella del SII en su contra respecto del delito de facilitación de boletas falsas. El mismo argumento esgrimido por Cristián Letelier, el ministro que se benefició con esa interpretación de la ley, ya que Impuestos Internos nunca lo denunció por las boletas que emitió a las empresas de los Angelini y los Said, y que luego esos grupos rectificaron.
La investigación tributaria y penal sobre las platas ilegales a la política partió a toda máquina en 2014 comandada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y la administración en el SII de Michael Jorrat y su jefe jurídico, Cristián Vargas. La hebra que tiraron vino del Grupo Penta, el que solo financiaba a políticos de derecha, pero cuando aparecieron en escena los pagos de la minera SQM, que apuntaban a casi todo el espectro político, incluyendo al bacheletismo que entonces gobernaba, aparecieron las trabas. Los dos fiscales mencionados, además de los jefes del SII Jorrat y Vargas, terminaron fuera de sus puestos y todos denunciaron presiones políticas para frenar las indagatorias.
La tercera empresa que logró ser investigada a fondo en la justicia penal fue Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini. El extenso juicio finalizó hace pocas semanas y sumó condenas para el ex senador Jaime Orpis (UDI) y la ex diputada Marta Isasi.
Pero no hubo más. A mediados de 2015 el SII restringió las denuncias y querellas que presentó y reclamó la exclusividad para perseguir los delitos tributarios. En la Fiscalía acusan que esa decisión de Impuestos Internos frenó todo, porque no se siguieron abriendo contabilidades de empresas ni revisando correos electrónicos, los que habían sido claves para detectar los delito de soborno y cohecho en los casos Penta, SQM y Corpesca. En medio de esa disputa, el SII hizo un llamado público para que las empresas rectificaran los pagos vinculados a la política a través de boletas y facturas falsas, para darles una salida administrativa.
Al interior de Impuestos Internos aseguran que siguieron un criterio técnico, ya que su rol es recuperar el perjuicio fiscal generado, y que eso se ha logrado con el cobro de multas y con denuncias ante los Tribunales Tributarios, porque en los tribunales penales no les ha ido bien. Ejemplifican con las recientes condenas a Orpis e Isasi, donde los ex parlamentarios fueron absueltos por los delitos tributarios, a pesar de que en el caso del ex senador de la UDI sí había una querella del SII en su contra.
Las indagatorias penales que comanda la Fiscalía tampoco han tenido resultados auspiciosos. Según un informe publicado por el Ministerio Público en septiembre pasado, de un total de 402 imputados en las aristas Penta, SQM, Corpesca y Asipes (pesqueras del sur), solo 27 estaban a la espera de juicio y otros 23 habían sido condenados en procesos abreviados. A 151 imputados se les suspendió el procedimiento (salida alternativa), respecto de otros 85 se decidió no perseverar (por no contar con antecedentes para fundar una acusación), 90 fueron sobreseídos y se archivaron los antecedentes de otros 26.
Las empresas Watt’s, CAP, Inmobiliaria Ecomac, Banco BCI, dos sociedades relacionadas con el Grupo Said (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia), otras dos del Grupo Hurtado Vicuña (Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado) y GT Advisors, fueron mencionadas en el testimonio ante la Fiscalía que prestó Tomás Carrasco, quien recolectó dineros para las campañas presidencial y senatorial de Laurence Golborne (ambas fracasadas). Ninguna de ellas enfrentó la justicia penal, aunque Carrasco en su declaración ante los fiscales contó con lujo de detalles a qué empresas le había boleteado y por qué montos (vea reportaje de CIPER). A pesar de esos antecedentes, el SII excluyó de su denuncia ante los Tribunales Tributarios a Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.
El Banco BCI sí fue denunciado por Impuestos Internos, y el Cuarto Tribunal Tributario lo condenó a pagar una multa de $141 millones. Y aunque esa sentencia no consigna el detalle de los dirigentes políticos involucrados, CIPER tuvo acceso a la rectificación del BCI, en la que figuran pagos a personas y sociedades relacionadas con el senador Felipe Kast (Evópoli); el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; la diputada María José Hoffmann (UDI); la senadora Ena Von Baer (UDI); el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI); el diputado y presidente UDI, Javier Macaya; y el líder gremialista Pablo Longueira. En enero de 2016 el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, declaró ante el Ministerio Público que “tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación” (vea aquí reportaje de CIPER).
Las dos sociedades del Grupo Said involucradas en el escándalo del financiamiento ilegal de la política (Inversiones Caburga e Inversiones Newport) también fueron denunciadas por el SII ante los Tribunales Tributarios. En total, el grupo tuvo que desembolsar $463 millones en multas, luego de que sus empresas fueran condenadas por el Tercer y el Cuarto Tribunal Tributario Metropolitano, respectivamente. En esas sentencias no se entregan los nombres de las personas que recibieron el dinero de las empresas de los Said, pero CIPER pudo acceder a esa información revisando las rectificaciones tributarias de Caburga y Newport. La lista de beneficiarios políticos de las platas de los Said es larga e incluye al dueño de Imaginacción, Enrique Correa; a sociedades del Presidente Sebastián Piñera; a una sociedad del ex ministro del Interior y ex senador, Andrés Zaldivar (DC); al ex candidato presidencial Laurence Golborne; y al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (vea aquí reportaje con la nómina completa).
Entre las sentencias alojadas en los tribunales tributarios hay un grupo que están asociadas a las campañas del líder del PRO, Marco Enríquez Ominami (ME-O). La sentencia más firme de ese conjunto es la de OAS, la filial en Chile de la constructora brasilera involucrada en financiamiento político ilegal en distintos países de Latinoamérica. La denuncia contra OAS incluyó cinco pagos a Cono Sur Research, empresa del ex mano derecha de ME-O, Cristián Warner, por un total de $154 millones. La multa contra OAS llegó a $131 millones (vea aquí esa sentencia).
También hay boleteros individuales asociados a la red de financiamiento ilegal del PRO, como Andrés Navarrete, a quien el SII acusó por facilitar un total de siete boletas falsas a empresas de Cristián Warner y ME-O. En su declaración ante el SII, Navarrete señaló “no recordar” que servicios había prestado a cambio de esos pagos. A pesar de eso, el Cuarto Tribunal Tributario lo absolvió por no haber “adquirido la convicción que la parte denunciada haya actuado con el propósito específico de cometer o hacer posible la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 97 N°4 del Código Tributario” (vea aquí la sentencia).
Sin multas quedaron también las empresas Trébol Producciones, Inmobiliaria El Peñón, y Agrícola OGF, todas asociadas a una arista del supuesto financiamiento ilegal a ME-O. En estos casos el SII acusaba que dos sociedades de la familia Ossandón Larraín habían traspasado $170 millones a personas ligadas a ME-O sin que hubiera respaldo de esos trabajos (vea reportaje de CIPER). Pero esas sociedades lograron demostrar que ese dinero se utilizó en una campaña de protección del bosque nativo en el sur de Chile.
Los boleteros relacionados con ME-O que sí fueron multados son Liliana Espinoza, por haber facilitado 30 boletas falsas a sociedades relacionadas con Enríquez Ominami, entre las que se cuenta el propio Partido Progresista, por un total de $28,9 millones entre 2011 y 2015. Ella recibió una multa de $11,2 millones. Caso similar fue el de su hija, María Aguirre Espinoza, acusada de emitir 27 boletas falsas a las mismas sociedades que su madre. Su multa fue de $3,3 millones.
Carlos Muñoz Valle fue acusado de falsear su declaración de impuestos por no declarar los ingresos percibidos por personas a las que él ordenaba emitir boletas falsas a las sociedades ligadas al PRO. Su multa llegó a $23,8 millones.
A pesar de que la mayoría de las sentencias alojadas en los Tribunales Tributarios, relacionadas con las platas políticas, detallan los hechos por los que el SII presentó la denuncia, hay otras que mantienen bajo reserva esa información. Las que fueron dictadas por el Cuarto Tribunal Tributario de la Región Metropolitana no incluyen ni los nombres de las personas involucradas ni los montos asociados a sus boletas falsas. Es el mismo tribunal que dejó sin sanción a un tercio de los contribuyentes denunciados allí (cinco de 15).
Debido a esa política del Cuarto Tribunal Tributario metropolitano, no es posible saber todos los nombres de las personas o empresas que recibieron aportes de empresas que fueron revisadas en esa instancia, como Celulosa Arauco y Constitución, Empresas Copec y Asesorías IMBC (la sociedad del ex administrador electoral de la senadora Ena Von Baer que recibió dinero de SQM y cuya esposa tiene también boletas rectificadas por el Banco BCI).
Vea la nota sobre esta artículo enviada por Imaginaccion (Enrique Corrrea) y la respuesta de CIPER.
Vea la nota sobre este artículo enviada por el abogado de AMC Consultores y la respuesta de CIPER.
Puedes escuchar esta investigación aquí:
*Audio realizado por CarolinaPereira.de
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