Hace unos días su medio publicó una columna de opinión titulada: “El avance de la desertificación II: los millonarios subsidios de riego a agroexportadoras”. A partir de esta columna, y considerando que fue escrita en estilo de reportaje y aborda varios temas concernientes a nuestra institución, desde la Comisión Nacional de Riego (CNR) nos parece necesario aclarar y precisar algunos puntos que el autor mencionó.
Nuestro ánimo no es polemizar. Comprendemos y respetamos que existan visiones distintas en torno al uso del agua, y de los recursos públicos, sobretodo por la relevancia que tiene el correcto uso del recurso hídrico en los tiempos actuales. Sin embargo, es mi deber señalar que la CNR trabaja en los objetivos que legalmente le han sido mandatados con total transparencia.
Al respecto, los puntos principales que quisiéramos aclarar son:
Transparencia del proceso concursal:
Ni el Secretario Ejecutivo ni los Coordinadores Zonales participan de la elección de los proyectos bonificados.
Los proyectos son ordenados según variables que están presentes en la ley y son conocidas por todos los actores (beneficiarios, consultores y revisores) y son revisados por funcionarios de CNR de amplia experiencia e incuestionable trabajo profesional, tal como se viene haciendo por más de 30 años.
Cabe destacar que la administración actual mantuvo como jefa de todo el proceso concursal (Jefa de Departamento de Fomento al Riego) a la profesional nombrada durante el período de gobierno anterior, en una clara señal de confianza en la transparencia y robustez del equipo y del proceso, por lo mismo, tampoco ha sido removido de su cargo ningún revisor.
Historia y objetivos de la Ley:
La ley fue promulgada en 1985, pero posteriormente ha sido modificada, actualizada y prorrogada en democracia, los años 2007, 2008, 2009 y 2013.
Su objetivo de aumentar y mejorar la superficie regada del país se ha ido cumpliendo, sin perjuicio de que se puedan incorporar nuevas miradas.
La columna señala algunas empresas que recibieron recursos públicos, mencionando especialmente a Concha y Toro y sus filiales, como la de mayor obtención de ingresos públicos por haber recibido 1.763 millones de pesos en 34 años. El mismo cuadro que tuvo en su poder el autor, demuestra que estas 4 empresas recibieron el 0,2% del monto total otorgado en el período consultado (753.996 millones).
Los datos usados por el columnista muestran que existen más de 14.100 beneficiarios de la ley, incluyendo no solo a empresas y personas naturales, sino también a muchas organizaciones de usuarios de aguas.
La columna deja ver que las OUA serían funcionales a los grandes agricultores, demostrando un gran desconocimiento sobre la distribución de aguas en Chile y del rol público imprescindible que estas juegan, especialmente, para aquellos agricultores pequeños que no tienen otra alternativa para regar sus cultivos que el agua que reciben por los canales.
Crítica al cofinanciamiento para grandes empresas que han talado bosque nativo.
Cabe destacar que la CNR no tiene competencias en materias de tala de bosque nativo ni de planes de manejo forestal. Adicionalmente, desde hace más de 5 años los revisores de CNR analizan, mediante fotos satelitales históricas, la presencia de bosque nativo en los predios que postulan. De constatarse la existencia de bosque nativo en fotos anteriores, se exigen las autorizaciones correspondientes, como el plan de manejo.
Si las empresas cumplen con la normativa vigente, no hay motivo para que no puedan postular.
Por último, como Secretario Ejecutivo de CNR comparto la necesidad de limitar el acceso a este instrumento por parte de grandes agricultores, lo que está plasmado en un proyecto de ley, el cual se encuentra en su etapa final para ser presentado al congreso.
De la misma manera, estamos seguros de que el nuevo desafío es apoyar de mejor manera a los pequeños y medianos agricultores del país, pues quienes enfrentan mayores dificultades para tecnificar su riego.
No evaluación de impacto ambiental por proyectos financiados por la Ley 18.450
La ley de bases del medioambiente y su reglamento especifican claramente los tipos de proyectos que deben someterse al sistema de evaluación ambiental. De la misma manera, otras normas, como el código de aguas, tienen evaluaciones y permisos sectoriales. Todas las autorizaciones y tramitaciones pertinentes a los proyectos en postulación son exigidas oportunamente por los revisores.
Relación de CNR con DIPRES
La columna menciona que la DIPRES habría cuestionado los resultados y funcionamiento de los concursos de riego que administra CNR, basándose en un solo párrafo de un informe realizado, a solicitud de DIPRES, por profesionales externos en 2019.
Se copian ahora otros párrafos del mismo informe (Informe de Evaluación Ley N# 18.450, Dipres 2019), que dan cuenta de una evaluación muy positiva.
Se ha logrado incorporar y habilitar nueva superficie de riego en el marco de la Ley 18.450, lo que contribuye directamente al sistema productivo agrícola del país, especialmente considerando la actual necesidad del cuidado del recurso hídrico para contrarrestar los efectos del cambio climático que se manifiestan a lo largo de todo el territorio, donde se hace necesario aplicar medidas de adaptación.
El Programa resuelve el fallo de la falta de capacidad técnica de los agricultores para formular y ejecutar un proyecto factible técnica y económicamente, en particular para los pequeños agricultores.
La gestión que realizada la CNR en la implementación de la Ley se encuentra en la dirección correcta, puesto que aplica estrategias que se orientan hacia el logro de su propósito dentro de su marco legal para generar un aumento en la superficie de riego y un cambio de bienestar de sus beneficiarios.
En el diseño de la Ley no se contempló el enfoque de género, sin embargo, la CNR lo ha abordado en la provisión de los servicios, implementando llamados a concursos de grupos protegidos para incrementar la presencia de la mujer, logrando positivos resultados.
[Se] logran conjugar las diferencias territoriales (condiciones edafoagroclimáticas) de las distintas regiones del país, con la focalización hacia grupos de beneficiarios con características similares.
La CNR se ha ajustado a lo expresado en la Ley de Riego, aplicando correctamente los criterios de focalización establecidos en la modificación del año 2009. Con esto ha logrado beneficiar a los distintos estratos definidos y a sus organizaciones, de acuerdo a la disponibilidad de su presupuesto, proveyendo instrumentos que priorizan grupos de potenciales beneficiarios que logran acceder a los beneficios de la Ley.
Presenta un porcentaje de gasto de administración de un 1,6, el cual es admisible con los rangos aceptados por la División de Evaluación y Control de Gestión de DIPRES (inferior a un 5%) para clasificar como eficiente un programa.
Además, se incluye gráfico de los recursos dispuestos por la propia DIPRES para hacer los llamados de los concursos de riego, año a año, los que dan muestra de una confianza sostenida por parte del Ministerio de Hacienda en el instrumento analizado.
Información parcial
El autor de la columna no contactó a nadie en CNR y se limitó a realizar 2 o 3 consultas por ley de transparencia para pedir los datos que luego usaría, por lo que, claramente, no hubo intención de obtener más o mejor información lo que podría haber sido fructífero para ambas partes y para todo el público lector. Este es un punto que nos parece muy lamentable, pues creemos en el diálogo como herramienta fundamental para el entendimiento mutuo.
Relaciones del Secretario Ejecutivo actual, con empresas que han recibido bonos.
La misma base de datos utilizada en la columna muestra que hay más de 14.111 beneficiarios únicos que han recibido bonificación. A lo anterior hay que sumar a las empresas consultoras y empresas constructoras o contratistas, por lo que son muchas las empresas agrícolas y otras vinculadas al riego que tienen relación con el instrumento.
El parentesco por 5to grado de consanguineidad con los dueños de Concha y Toro no pasa de ser eso, pues nunca he tenido relación laboral ni personal con dicha empresa ni con sus propietarios.
Que Concha y Toro sea el principal beneficiario en el período estudiado (34 años, desde 1986 a 2020), obedece a razones que nada tienen que ver con que yo sea el Secretario Ejecutivo actual. En los 2 años desde que fui nombrado mediante el sistema de alta dirección pública, dicha empresa sólo ha recibido un 3,6% de todo lo que se indica en el reportaje, y están lejos de ser los años en que más recursos públicos ha recibido.
El Secretario Ejecutivo trabajó en Empresas Ariztía, en el área de producción avícola, hasta febrero de 2010, y asumió en la CNR casi 9 años después, por lo que cuesta ver una relación entre estos hechos.
Creemos firmemente que no hay mejor camino que el diálogo y el respeto mutuo para construir un mejor país en todos lo ámbitos. Por esta razón, hacemos ver nuestros puntos, pues estamos seguros de que los recursos púbicos que se han dispuesto a través de nuestra institución para mejorar la eficiencia del riego y así ayudar a mantener la producción agrícola en este escenario de escasez hídrica es un aporte al desarrollo del país, muy especialmente en nuestro postergado sector rural.
Saluda atentamente a Ud.
Federico Errázuriz Tagle
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Riego
RESPUESTA DE FUNDACIÓN TERRAM
El pasado 7 de diciembre, Ciper publicó el reportaje “El avance de la desertificación II: Los millonarios subsidios de riego a agroexportadoras”, cuyo autor, Maximiliano Bazán, es periodista de Fundación Terram. Tras ello, la Comisión Nacional de Riego (CNR), organismo encargado de entregar estos subsidios, hizo llegar una carta de aclaración en respuesta al reportaje, firmada por su secretario ejecutivo, Federico Errázuriz Tagle, donde se cuestiona parte de su contenido y sobre la cual nos parece relevante referirnos con el ánimo de aclarar algunos cuestionamientos que ahí se enuncian.
En primer lugar, es importante manifestar que el objetivo de la investigación es dar a conocer información asociada al funcionamiento y los efectos de dos políticas públicas que podrían estar contribuyendo a acelerar el proceso de desertificación que atraviesa nuestro país, como son la tala de bosque nativo sin reforestación, asociada a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) (primera parte), y los subsidios a obras privadas de riego que no son sometidas a evaluación ambiental, otorgados por la CNR (segunda parte), ambas instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura (Minagri). En ese sentido, es importante señalar que una revisión de la Ley Nº 18.450 de Fomento a la Inversión Privada para Obras de Riego y Drenaje es hoy del todo propicia, pues su vigencia expira en 2021 y por ende es el momento adecuado para visibilizar cómo se ha utilizado, a quiénes ha beneficiado y qué efectos podría estar generando
En relación al lugar que ocupa Concha y Toro en el reportaje, y que parece molestar a la CNR, es importante manifestar que este no responde a un sesgo hacia dicha empresa, sino más bien apunta a graficar la cantidad de recursos económicos que de manera sostenida son asignados a los grandes consorcios empresariales. En ese sentido, es importante relevar que ninguno de los datos publicados en la investigación ha sido puestos en duda.
Ahora, más que simplemente mencionar la larga lista de beneficiarios de subsidios de riego a lo largo de estos 35 años, en términos muy genéricos, como solicita la CNR en su carta, parece más relevante preguntarse si cualquier pequeño agricultor tiene fácil acceso y de manera reiterada a los beneficios que otorga la CNR, ya que como pudimos constatar en la lista obtenida vía transparencia, son muy pocas las personas naturales que recibieron cientos de millones distribuidos en varios subsidios, no siendo precisamente ellos pequeños agricultores que sí requieren de dicho beneficio. Así sucede, por ejemplo, en el caso de José Miguel Stegmeier Schmidlin, personaje ligado a la red clandestina de Paul Schäfer[1] y actual director nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien es la segunda persona natural que más dinero ha recibido de la CNR, acumulando $996 millones de pesos por medio de 15 subsidios entre 1997 y 2008. Lo propio ocurre también en el caso de María Gloria y María Loreto Fernández León, hermanas del conocido empresario Opus Dei, Eduardo Fernández León, quienes han recibido $387 millones entre 2005 y 2014 y $263 millones entre 1997 y 2009 desde la CNR, respectivamente, a través de 6 subsidios cada una de ellas.
En su carta, el organismo dependiente del Minagri acusa información parcial, señalando que el periodista “no contactó a nadie de la CNR y se limitó a realizar 2 o 3 consultas por ley de transparencia”, afirmación que no es efectiva, puesto que en reiteradas ocasiones se tomó contacto con los encargados de prensa y la OIRS de la CNR, para solicitar entrevistas y aclarar dudas asociadas a las propias bases de datos, siendo posible llegar al Secretario Ejecutivo del organismo solo durante un evento público durante fines de agosto del año 2019 y de manera acotada, luego de que él terminara con la entrevista en un pasillo al no gustarle una pregunta asociada a la desertificación.
Finalmente, como Fundación Terram nos parece positivo que a través de la carta de aclaración el Secretario Ejecutivo de la CNR señale que comparte “la necesidad de limitar el acceso a este instrumento por parte de grandes agricultores”, anunciando que prontamente se presentará un proyecto de ley al Congreso sobre esta materia. No obstante, nos parece importante que dicho proyecto que modifique la Ley Nº 18.450, en aras de prorrogar su vigencia, incorpore un enfoque ecosistémico, impulsando medidas que apunten a adaptar la producción agrícola al actual escenario de cambio climático, es decir a beneficios orientados a la agricultura para consumo interno, que sea eficiente en el uso del agua y que no contribuya a ampliar la frontera agrícola en desmedro de ecosistemas nativos, las comunidades y organizaciones locales.
Una excelente respuesta de Terram: por más que sumen argumentos legales no podrán nunca convertirlos en algo ético. Más claro queda aún que la ley ha sido acomodada rápidamente y que es necesario modificarla para que tengo como objetivo el bien común y no el beneficio de unos pocos con santos en la corte.
Hacer consciencia, y pronto, es implescindible antes de que nos quede un país arrasado por la codicia de los que tienen influencias, dinero y poder.
Jorge Cáceres Hernández | 17.12.2020
Lamentablemente en nuestro país se sigue demostrando que las acciones realizadas dentro de la legalidad no son precisamente éticamente aceptables.
Tato Fuenzalida | 16.12.2020
Muchas escusas pero en la práctica.........
Ema López P. | 16.12.2020
Al menos me parece éticamente reprochable, que se destine enorme cantidad de dinero fiscal para beneficiar a grandes empresas privadas y, peor aún, sin exigirles evaluación de impacto ambiental. Vergonzoso que dichas empresas, que generan enormes utilidades, se valgan de las arcas públicas para realizar obras en beneficio propio.
Alvaro Flores | 15.12.2020 | Socio/a 4 años
Me parece muy acertada la respuesta de la Directora Flavia Liberona. Lo que esta en vigencia nos está marginando del recurso hídrico a todos los habitantes de este país. Y su legalidad fue implementada de mala manera y hay que corregirla. No creo que haya intención de quitarles a unos pocos benificiados el derecho al agua, pero si creo que deben pagar por ella a un fondo que será para aumentar nuestras pensiones. Hasta hoy han usufructuado el recurso de manera legal pero no etica, ahora deben tributar por ella.
Pero lo mas importante hay que fortalecer el control ambiental, (Prohibir los cargos a personas con intereses creados), si no se controla eso, se secarán las napas subterráneas y recuperarlas no se puede.
Los grandes productores de este país se llevan toda la madera, la fruta, nuestros minerales, nuestra mejor carne, nuestros valiosos productos del mar, salmones de los lagos, etc. Para otros paises y que nos dejan acá, toda la contaminacion y residuos, deforestacion y zonas de sacrifio y no invierten ni en tecnología para nuestros estudiantes, ni una wea, para que tengamos una generacion que saque adelante este país, todo para afuera, sacan la plata para sus paraisos fiscales cuando hay problemas y no invierten en ninguna necesidad que de paz social a la poblacion.
Hay que reinventarse en lo que queremos como ciudadanos para salir adelante, de lo contrario nos van a comer las langostas que revoletean allá afuera.
Ana María Eugenia Chamorroro Pacheco | 15.12.2020
Excelente respuesta, todo un tatequieto.
Lo mismo pasa con el mar y su biomasa, en criminal acceso y apoyo de la ley de pesca y sus intereses
victor fieero | 15.12.2020
1.- Ser, o pretender ser, una "potencia agroindustrial" exportadora, es de las mayores ingenuidades, ineficiencias e irresponsabilidades posibles, tanto a corto, mediano y largo plazo : al vender agroproductos se vende suelo y agua: Chile.
2.- ¿Quien, sino la tristemente célebre cnr es, junto a conaf, entre los estamentos técnicos, responsable del desperdicio y contaminación (agroquimicos ) de las aguas?. Pretender sacarse los pillos con esto de que "por ley", se parece a la escusa de la "orden militar" para ser un criminal.
Los que mejor conocen la envergadura del daño al patrimonio nacional están justamente en el ministerio (misterio) de agricultura y en el de minería.
3.- Etcéteras
En resumen, al leer, con la devida atención, la carta del secretario, don Federico, quedan demoestrados los dos punto y el resume.
Cuando la actividad agrícola es de subsistencia y sostenible, cumple a la perfección su rol fundamental o estratégico. Cuando exporta, contamina y degrada el sustrato y las aguas, es evidente y peligrosamente INEFICAZ ; y ser ineficaz es ser poco inteligente.
Socio/a 4 años
