La columna profundiza en los riesgos sistémicos asociados con las propuestas de construir carreteras hídricas en Chile, y que no se incluyen en el debate público. Las y los autores argumentan que la decisión de llevar adelante este tipo de megaproyectos no es una decisión técnica, sino una decisión política sobre cómo se van a entender y gestionar las relaciones entre la sociedad y el entorno ecológico en un contexto de cambio climático. “Antecedentes internacionales desde Perú (Irrigación Olmos), España (Tajo-Segura), África (Lesotho Highland Water Project), entre otros, evidencian importantes impactos -a veces irreversibles- en los ecosistemas y en la hidrografía de las cuencas cedentes”, escriben.
Este artículo fue actualizado el 19.11.2020 a partir de una aclaración de Cristian Vargas. Ver texto de los autores al final*
En Chile, en el último tiempo, se ha ido consolidando la discusión en torno a la posibilidad de construir una “carretera hídrica” que trasvase agua entre cuencas donantes y receptoras, aprovechando los supuestos ‘excesos’ hídricos de las primeras para suplir los ‘déficit’ de las segundas. Ya hay por lo menos dos solicitudes ingresadas a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas[1] que buscan que la construcción de carreteras hídricas se declare de “interés público”, lo que abriría la puerta a la licitación de proyectos específicos en la materia: la iniciativa «Reguemos Chile” del presidente de la CPC Juan Sutil, y el proyecto “Vía Marina” de Félix Bogliolo.
Asimismo, CORFO/U. de Chile han avanzado en una evaluación de prefactibilidad respecto de este tipo de infraestructuras. Este tipo de iniciativas fueron mencionadas también en propuestas de la Fundación Chile y por la Encuesta Nacional del Agua. Por todo esto, la carretera hídrica es y será un tema contingente y recurrente en discusiones de política pública asociadas a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos.
Bajo la premisa de que el agua dulce que llega al mar se pierde, los principales argumentos en apoyo de la carretera hídrica enfatizan su potencial para: i) ayudar a posicionar al país como potencia agroalimentaria al adicionar nueva superficie agrícola regable; ii) hacer frente a escenarios de escasez hídrica en un contexto de cambio climático; o iii) incrementar la seguridad hídrica de las regiones semiáridas del país expuestas a grandes fluctuaciones de disponibilidad de agua, entre otras.
Por otra parte, agrupaciones medioambientales, comunidades locales y centros académico (como el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y de la Fundación Terram, entre otros) han advertido sobre los costos ambientales que genera la construcción de este tipo de proyectos[2]. Se citan, por ejemplo, la disrupción del transporte de nutrientes y materia orgánica hacia ecosistemas costeros afectando su productividad; transporte de elementos tóxicos que pueden afectar los procesos ecológicos de las cuencas receptoras; disminución de capacidad de dilución de cuencas donantes (Masotti et al., 2018; Vargas et al., 2020). Otros atacan más profundamente la lógica de un modelo de gestión del agua basado en la oferta -es decir, centrado en incrementar la disponibilidad de agua frente a aumentos en la demanda en lugar que adaptar dicha demanda al agua efectivamente disponible -modelo que tiende a producir potenciales escenarios de escasez hídrica cuando la nueva oferta hídrica no satisface a las nuevas demandas- (Budds, 2020; Oppliger et al., 2019).
Un aspecto a menudo ignorado por los diagnósticos habituales refiere a los posibles riesgos sistémicos asociados a este tipo de proyectos, es decir, su potencial para producir una serie de efectos en cadena que pondrían en amenaza e incluso en colapso a diversos sistemas que se encuentran acoplados dentro de una cuenca (económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales), constituyendo, por tanto, un desafío relevante en términos de políticas públicas.
Los riesgos sistémicos surgen cuando los efectos de una amenaza condicionan la estructura y procesos de un sistema entero (Renn et al., 2011; Rosa et al., 2014; Schweizer, 2019; Van Asselt & Renn, 2011). Estos riesgos se caracterizan por ser: i) complejos (presentan interacciones múltiples y difíciles de identificar entre causas y efectos); ii) inciertos (no pueden determinarse con precisión las probabilidades de ocurrencia de estos riesgos); y iii) controversiales (coexisten múltiples interpretaciones para la misma evidencia o información científica, y múltiples perspectivas respecto a lo que se considera riesgo tolerable o no tolerable).
Estas características recurrentes interactúan entre sí, transformando la evaluación de estos riesgos en un problema complejo (wicked problem). La subestimación de esta condición puede conducir a confrontaciones sociales y políticas por diferencias en cómo se ponderan las amenazas o los potenciales efectos indeseados derivados de dichos riesgos.
A nivel internacional, ya se ha visto cómo los trasvases han generado diversos efectos inesperados sobre los sistemas en su conjunto: i) generando círculos viciosos de sobre explotación de los recursos hídricos (Chu et al., 2019), ii) modificando las condiciones de los ecosistemas de agua dulce en cuencas receptoras haciéndolas susceptibles al establecimiento de especies exóticas invasoras (Gallardo & Aldridge, 2018), iii) afectando la provisión de agua hacia los ecosistemas naturales (Quan et al., 2016), iv) generando cambios relevantes en los regímenes de extracción de aguas subterráneas (Yao et al., 2019), v) generando efectos erosivos sobre los suelos y afectando los modos de vida rurales (Annys et al., 2019), vi) aumentando los riesgos de eutrofización producto de aumentos en las cargas de nutrientes en las aguas (Zeng et al., 2015) y vii) creando cambios relevantes en las economías regionales, poblaciones y sus necesidades (Dickson & Dzombak, 2019). Sumado a lo anterior, se ha documentado que el desarrollo de estos trasvases se ha asociado a altos costos energéticos y económicos para mantenerlos (Kleiman, 2016; Rodríguez-Alarcón & Lozano, 2019). Antecedentes internacionales desde Peru (Irrigación Olmos), España (Tajo-Segura), Africa (Lesotho Highland Water Project) y Australia (Snowy-Murphy), entre otros, han evidenciado importantes impactos -a veces irreversibles- en los ecosistemas y en la hidrografía de las cuencas cedentes.
Las distintas características propias de los sistemas hídricos chilenos (i.e. cuencas ‘dadoras’ y ‘receptoras’) nos hacen pensar que estamos frente a un potencial surgimiento de riesgos sistémicos como consecuencia de la construcción de una carretera hídrica.
En primer lugar, los altos niveles de complejidad asociados con las dinámicas de los sistemas socio-ecológicos del país dificulta conceptualizar y dimensionar los impactos de la construcción y funcionamiento de una carretera hídrica sobre dichos sistemas. En efecto, las complejas interrelaciones existentes entre los diferentes componentes de dichos sistemas (ej. cuerpos de agua superficiales y subterráneos, subsistemas agrícolas, forestales, etc.) no permiten visualizar de fácil manera la cadena causa-efecto si es que uno de estos componentes es afectado por estos megaproyectos.
En segundo lugar, en términos de incertidumbre, la existencia de información limitada respecto al comportamiento actual y futuro de los sistemas hídricos del país puede llevar a tomar decisiones que gatillen efectos inesperados tanto en las cuencas dadoras, como en las receptoras, e incluso las intermedias. A pesar de que Chile posee una extensa red hidrometeorológica, esta no cuenta con registros espacio-temporales robustos en todos los ríos y cuencas con potencial para extraer agua. De la misma manera, esos mismos ríos no poseen registros extensos de calidad de las aguas -en tiempo y espacio- que permitan describir de manera precisa la dinámica de los ecosistemas presentes en ellos y su influencia, por ejemplo, en los ecosistemas costeros.
Todo esto se da en un contexto de controversialidad, en primer lugar, con respecto de la efectiva disponibilidad de agua. Si bien varios estudios afirman que tanto los recursos hídricos como los derechos de agua existentes son suficientes para trasvasar agua, otros afirman que esto no es el caso y que, en efecto, bajo los escenarios de cambio climático más probable, muchas cuencas no serían capaces de suplir siquiera los derechos de agua existentes (Barría et al., 2020).
Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, existen aún dificultades para identificar de forma precisa todas las extracciones efectivas de aguas -siendo comunes las extracciones ilegales o los llamados ‘robos de agua’. A pesar de que en Chile no existen estudios que permitan cuantificar estas extracciones ilegales, a nivel mundial se estima que entre el 30% al 50% del suministro de agua es tomado ilegalmente o de forma irregular (Loch et al., 2020).
Asimismo, se registran diferencias de más de un 80% entre los registros oficiales de derechos de aprovechamiento de aguas y los registros de algunas organizaciones de usuarios de aguas (Moya et al., 2019). En este escenario, una carretera hídrica multiplicará las incertezas y exacerbará los conflictos.
Gran parte de los factores antes expuestos no están actualmente considerados en el debate, ni más en general, por el actual régimen de gobernanza socioambiental. En efecto, los debates que se han dado alrededor de los proyectos de carretera hídrica son evidencia de un enfoque reduccionista respecto de la evaluación de impacto ambiental, centrado primariamente en aspectos técnicos y económicos, y que carecen de una mirada integral y sistémica que le permita abarcar las dinámicas propias del entorno ecológico y sus interacciones con la sociedad. Frente a esto, argumentamos que es necesario avanzar hacia nuevas formas de gobernanza socioambiental que posibiliten la evaluación de proyectos que logren describir, analizar y gestionar las cuencas hídricas como sistemas socioecológicos, con interacciones múltiples entre sistemas acoplados (ej. económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales), de manera que permita ponderar de forma rigurosa y comprensiva los potenciales efectos indeseados que se pueden gatillar producto de un trasvase. El régimen de gobernanza de agua y socio ambiental actual ya es extremadamente frágil y ha mostrado problemas para dar soluciones a cuestiones como la contaminación, escasez de agua y el cambio climático, por lo que proyectos como la carretera hídrica pueden profundizar la fragilidad de los equilibrios entre estos sistemas.
En este escenario, se requiere avanzar hacia una gobernanza adaptativa (Gunderson y Holling 2002) que, sin desconocer la necesidad de encontrar soluciones para la sequía y de promover el bienestar humano y el desarrollo local, prevenga la adopción de iniciativas cortoplacistas que favorezcan intereses inmediatos generando riesgos y consecuencias severas e irreversibles en el futuro.
Políticas públicas genuinamente adaptativas requieren: i) hacerse cargo de la complejidad de los procesos socioecológicos que se busca gobernar, y las interdependencias que conectan estos procesos en múltiples escalas -una cuenca con la otra, cada cuenca con sus sub-cuencas, y múltiples cuencas como parte de un ‘sistema’ integrado de agua, que no puede moldearse a gusto sin tener impactos en cascada sobre sus componentes- (Gunderson et al. 2017); ii) reconocer la existencia y el rol fundamental jugado por actores e instituciones locales, y por arreglos informales de organización y gestión del agua, así como por procesos de experimentación y aprendizaje social (Ostrom 2014; Poteete et al. 2010); iii) dar cabida para los múltiples puntos de vista, intereses, formas de conocimiento y perspectivas culturales que coexisten en la sociedad chilena -incluidas las de los pueblos originarios- que es necesario articular alrededor de metas compartidas para poder gestionar de manera efectiva y coordinada los problemas socioambientales (Urquiza et al. 2019).
Frente a la difusa y peligrosa tendencia a descripciones simplistas y descuidadas de estos fenómenos –del tenor de “el agua que llega al mar se pierde”-, pretendemos con esta columna elevar los términos del debate, aportando una nueva perspectiva, más integral y sistémica, para comprender lo que está en juego. Según sugerimos, lo que está en juego no es una decisión meramente técnica sobre la utilidad de una tecnología para solucionar un problema; se trata de una decisión de fondo respecto de cómo vamos a entender las relaciones entre sociedad y entorno ecológico. Tal como se ha discutido, la carretera hídrica supone riesgos no solo significativos, sino también altamente complejos, inciertos y controversiales, aún más considerando el contexto del cambio climático y de las otras transformaciones socioecológicas que estamos experimentado -pérdida de hábitat y de biodiversidad, acidificación del agua, acumulación de contaminantes de larga duración en la atmósfera etc. Para enfrentar riesgos sistémicos no podemos adoptar las soluciones de antaño, pues son tan precarias como intentar enfrentar una sequía con una regadera. Al contrario, proponemos un giro hacia una gobernanza sistémica, una gobernanza para un futuro más sustentable.
*Con fecha 19.11. 2020 Cristián Vargas escribió a CIPER haciendo ver que en el presente artículo se citaba mal una investigación de la que es coautor. Se trata de la investigación Environmental costs of water transfers, publicada en la revista Nature Sustainability.
En el artículo publicado en CIPER por un equipo de investigadores, se señalaba, «Bajo la premisa de que el agua dulce que llega al mar se pierde (Vargas et al. 2020)…» con lo que se daba a entender que la investigación de Vargas et al. sostenían ese argumento.
Puestos en antecedente de este reclamo, los autores del artículo pidieron incluir en la nota esta aclaración:
Los autores de esta columna desean disculparse por el posible malentendido al que puede haber llevado la siguiente afirmación contenida en la versión original de la columna (sucesivamente rectificada): «bajo la premisa de que el agua dulce que llega al mar se pierde (Vargas et al. 2020)».
Por un problema de redacción, dicha frase podría dar la idea de que Vargas et al. apoyan el argumento de que «el agua que llega al mar se pierde», sin embargo esta interpretación está profundamente equivocada.
En su artículo, publicado en la prestigiosa revista Nature Sustainability, Vargas et al mencionan el argumento, que corresponde a uno de los usualmente utilizados en defensa de proyectos de carretera hídrica, pero precisamente para refutarlo. Aquí la cita literal: «One argument to justify such proposals in different regions of the planet is that freshwater is wasted when it reaches the sea».
Cabe notar que este tipo de argumentos – en lo que estamos plenamente de acuerdo con Vargas et al. en condenar, como se transparenta en el resto de nuestra columna- también fueron ampliamente utilizados en el caso chileno. En la segunda cuenta pública de gestión (junio 2019), el presidente Sebastián Piñera señaló que “Hoy día el 83% del agua que corre por nuestros ríos se pierde en el mar, son más de 8 mil millones de metros cúbicos al año y si podemos utilizar mejor esa agua vamos a poder aumentar de 1,2 a 2,4, es decir, duplicar la cantidad de millones de hectáreas que podemos dedicar a la agricultura en nuestro país.» Prensa oficial de la presidencia. Noticia disponible en: https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=96555.
Nuevamente, ofrecemos públicamente nuestras más sinceras disculpas con los autores del artículo científico y con los/as lectores, y esperamos haber aclarado el origen del malentendido.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
[2] Los principales de estos costos fueron resumidos muy claramente en una columna anterior en esta misma publicación: Ver el siguiente enlace.
Annys, S., Adgo, E., Ghebreyohannes, T., Van Passel, S., Dessein, J., & Nyssen, J. (2019). Impacts of the hydropower-controlled Tana-Beles interbasin water transfer on downstream rural livelihoods (northwest Ethiopia). Journal of Hydrology, 569(December s2018), 436–448. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.12.012.
Barría, P., Rojas, M., Moraga, P., Muñoz, A., Bozkurt, D. & Alvarez-Garretón, C. (2020). Policy brief (CR)2: Derechos de agua en Chile: Una mirada discordante con los procesos naturales. Centro de CIencia del Clima y la Resiliencia CR2. Ver el siguiente enlace. (acceso 13 de noviembre de 2020)
Budds, J. (2020). Gobernanza del agua y desarrollo bajo el mercado: las relaciones sociales de control del agua en el marco del Código de Aguas de Chile. Investigaciones Geográficas, 59, 16–27.
Chu, C., Ritter, W., & Sun, X. (2019). Spatial variances of water-energy nexus in China and its implications for provincial resource interdependence. Energy Policy, 125(December 2018), 487–502. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.10.057
Dickson, K. E., & Dzombak, D. A. (2019). Drivers of Interbasin Transfers in the United States: Insights from Sampling. Journal of the American Water Resources Association, 55(4), 1038–1052. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12747
Gallardo, B., & Aldridge, D. C. (2018). Inter-basin water transfers and the expansion of aquatic invasive species. Water Research, 143, 282–291. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.06.056
Gunderson, L. & Holling, C. (2002). Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Island Press, Washington, DC.
Gunderson, L., Cosens, B., Chaffin, C., Arnold, T., Fremier, A., Garmestani, A., Craig, R., Gosnell, H., Birgé, H., Allen, C., Benson, M., Morrison, R., Stone, M., Hamm, J., Nemec, K., Schlager, E. y Llewellyn, D. 2017. “Regime Shifts and Panarchies in Regional Scale Social-Ecological Water Systems.” Ecology and Society 22 (1): 31. https://doi.org/10.5751/ES-08879-220131
Kleiman, B. (2016). The Water-Energy Nexus Dimension of the Central Arizona Project System Use Agreement (p. 46).
Loch, A., Pérez-Blanco, C. D., Carmody, E., Felbab-Brown, V., Adamson, D., & Seidl, C. (2020). Grand theft water and the calculus of compliance. Nature Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0589-3
Masotti, I., Aparicio-Rizzo, P., Yevenes, M. A., Garreaud, R., Belmar, L., & Farías, L. (2018). The Influence of River Discharge on Nutrient Export and Phytoplankton Biomass Off the Central Chile Coast (33°–37° S): Seasonal Cycle and Interannual Variability. Frontiers in Marine Science, 5, 423.
Moya, H., Valdés-Negroni, J. M., Astorga, K., Fuster, R. (2019). Demanda legal de agua, un aporte a la discusión sobre la certeza en su estimación. En E. Costa & S. Montenegro (Eds.), La regulación de las aguas: nuevos desafíos del siglo XXI, Actas de las II Jornadas del régimen jurídico de las aguas (pp. 401–430). DER Ediciones Limitada. https://doi.org/10.34720/5w93-c218
Oppliger, A., Höhl, J., & Fragkou, M. (2019). Escasez de agua: develando sus orígenes híbridos en la cuenca del Río Bueno, Chile. Revista de geografía Norte Grande, 27(73), 9–27.
Poteete, A., Janssen, M. y Ostrom, E. 2010. Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Bloomington, IN: Indiana University.
Quan, Y., Wang, C., Yan, Y., Wu, G., & Zhang, H. (2016). Impact of inter-basinwater transfer projects on regional ecological security from a telecoupling perspective. Sustainability (Switzerland), 8(2). https://doi.org/10.3390/su8020162
Renn, O., Klinke, A., & Van Asselt, M. (2011). Coping with complexity, uncertainty and ambiguity in risk governance: A synthesis. Ambio, 40(2), 231–246. https://doi.org/10.1007/s13280-010-0134-0
Rodríguez-Alarcón, R., & Lozano, S. (2019). A complex network analysis of Spanish river basins. Journal of Hydrology, 578(August), 124065. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124065
Rosa, E., McCright, A., & Renn, O. (2014). The Risk Society Revisited: Social Theory and Risk Governance. En The Risk Society Revisited: Social Theory and Risk Governance (pp. 130–149).
Sun, J., Dang, Z., & Zheng, S. (2017). Development of payment standards for ecosystem services in the largest interbasin water transfer projects in the world. Agricultural Water Management, 182, 158–164. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.06.025
Urquiza, A., Amigo, C., Billi, M., Cortés, J., & Labraña, J. (2019). Gobernanza policéntrica y problemas ambientales en el siglo XXI: desafíos de coordinación social para la distribución de recursos hídricos en Chile. Persona y sociedad, 33(1), 133-160.
Yao, Y., Zheng, C., Andrews, C., He, X., Zhang, A., & Liu, J. (2019). Integration of groundwater into China’s south-north water transfer strategy. Science of the Total Environment, 658, 550–557. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.185
Zeng, Q., Qin, L., & Li, X. (2015). The potential impact of an inter-basin water transfer project on nutrients (nitrogen and phosphorous) and chlorophyll a of the receiving water system. Science of the Total Environment, 536, 675–686. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.042
Lo conveniente es definir 3 ó 4 propuestas, que en su conjunto den una solución global al problema de escasez hídrica que afecta al pais. Estos proyectos deberán ser priorizados en función del Alcance de las soluciones propuestas y la Inversión requerida, dando primera prioridad al sector poblacional y luego a los sectores productivos a recuperar. Esto nos permitiría programar la Licitación de estas propuestas, con inversiones accesibles, cada dos o tres años acorde a su nivel de prioridad.
Si efectuamos este análisis y a modo de ejemplo, podremos determinar que la primera prioridad es abordar el problema de déficit hídrico que afecta al macro centro del pais (VIII a la V región), donde increíblemente, aunque existe una disponibilidad hídrica importante (caudal medio total > 1.000 m3/seg), se observa un gran número de comunas afectadas por la emergencia agrícola o el déficit hídrico, producto de la inexistencia de una infraestructura de almacenaje y distribución del recurso hídrico disponible.
Por lo anterior, esta Propuesta deberá considerar la construcción de un adecuado sistema de transporte y distribución del agua disponible en cada región, hasta los puntos de demanda de esa región o embalses existentes. De esta forma terminaríamos con el problema hídrico que afecta a los centros poblacionales más importantes del pais (cinco millones de hab.), y además podremos aportar en la recuperación de los sectores agrícolas históricos de estas regiones (100.000 hect.), con sus propios recursos hídricos, lo que minimiza la inversión requerida. Esta inversión podría corresponder a un 30% del menor presupuesto, entre los difundidos en la prensa escrita. .
Carlos Bonifetti | 17.11.2020
Buen artículo pero con demasiada tinta para para rebatir dos absurdos proyectos de trasvase de agua entre cuencas elaborados por sendos especuladores. Pero lo más grave de esta situación es la seriedad con que lo toman los agentes del Estado (CORFO, MOP, et.) y peor aún, universidades (U. Chile, UdeC) en lugar de emplear sus preciados tiempos en asuntos de mayor importancia y relevancia. Todo esto demuestra, una vez más, el grave deterioro de la educación en todos los niveles (incluyendo el universitario) en Chile. Lamentable.
