Crisis política en Perú III: La representación política del cortoplacismo

En sociedades con un 70% de la población activa anclada en el sector informal de la economía, y con instituciones débiles que no logran llegar a amplios sectores, la incertidumbre se expande con posibilidad de desbordar las previsiones que rigen la convivencia social. Esa es una de las premisas con que el autor analiza en esta tercera columna el trasfondo de la crisis política del Perú después del colapso del sistema partidario, intentando responder a interrogantes que se repiten: ¿con qué criterios legislan congresistas sin vínculos estables con la sociedad? ¿Qué representación política tiene la incertidumbre y el cortoplacismo?

(Carlos Meléndez PhD en Ciencia Política. Académico de la Universidad Diego Portales e Investigador de COES. Autor de El Mal Menor. Vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos (2019) y El Informe Chinochet. Historia Secreta de Alberto Fujimori en Chile (Aguilar, 2018).)

Las instituciones tienen por finalidad principal reducir la incertidumbre[1]. En sociedades con instituciones débiles que dejan a grandes sectores de la población fuera de sus alcances, la incertidumbre se expande con posibilidad de desbordar las previsiones que rigen la convivencia social. Cuando ello ocurre, los individuos no interactúan bajo un conjunto enclavado de normas facilitadoras del intercambio social, ahorradoras de tomas de decisiones y sorteadoras de problemas. Por el contrario, se ven en la necesidad de realizar cálculos -incesantes y hasta cierto punto reiterativos- sobre sus comportamientos para prever escenarios en los que no es posible garantizar el acuerdo o contrato implícito de cumplimiento de reglas (formales e informales).

Así, a menor vigor institucional, mayor necesidad de evaluaciones costo/beneficio para guiar las conductas individuales.

Una sociedad con altos niveles de informalidad, como la peruana, se constituye en un reino de la incertidumbre. Basta señalar que el 70% de la población económicamente activa en Perú pertenece al sector informal de la economía (en Chile, este sector se calcula en alrededor del 30%). Esta realidad determina que sus miembros no interactúen mediante una estructura de incentivos predecibles, sino en un ecosistema basado en negociaciones permanentes (ad infinitum) como eje de la convivencia social. Así, las “certezas” derivadas de tal convivencia son efímeras y de construcción artesanal, pues no se orientan hacia el fortalecimiento de la institucionalidad existente, ni al montaje de una alternativa, sino a la resolución instantánea de decisiones. Se trata de una suerte de acuerdos que pueden autodestruirse una vez utilizados.

Dado que las instituciones en Perú han dejado de resolver eficientemente problemas de acción colectiva y de previsibilidad de las interacciones sociales, en este incesante análisis costo/beneficio el individuo puede llegar a infringir la normatividad formal “vigente”. Y ello, porque antes que percibir a la institucionalidad como un marco que organiza la interacción social, se llega a normalizar el cálculo de evadirla y de infringirla. Javier Díaz Albertini ensaya algunas interpretaciones (culturales, estructurales y ciudadanas) a la normalización de la evasión a la norma en Perú en su artículo “La insoportable levedad del deber ser” (El Comercio, 30.09.2020).

Así, los integrantes de sociedades con reparos estructurales hacia la institucionalidad tienden a sopesar las deficiencias de aquella y la permisibilidad de la zona gris inherente a la informalidad. El resultado de dicho análisis es la confianza excesiva en los cálculos racionales propios del individuo, que incluso puede llegar a transgredir lo normativo.

Remítase a un día cualquiera en la capital peruana y haga el inventario de todos los cálculos costo/beneficio que sus habitantes han incorporado en sus hábitos: la negociación de la tarifa con un taxista, la “yapa” que prevé cuando acude a la “casera” en el mercado, el ingreso extra producto del “cachuelo” fuera de la ocupación laboral principal, la inversión en un pequeño negocio que prevé como complementario al ingreso “fijo”, etc. A la vez, haga el ejercicio de cuán preparado mentalmente está un individuo en este contexto para que estos acuerdos informales aborten. Por ejemplo, para que el taxista le conmine a bajar del auto a mitad de camino porque, repentinamente, se dio cuenta de que “no le conviene”; o que su proveedora favorita de alimentos le “falle” con los acostumbrados descuentos.  Y es que, a la imprevisibilidad de la informalidad se suma el socavamiento de la legitimidad de la institucionalidad formal como algo “permitido”. Piense en cuántos emprendimientos se llevan adelante sin licencia municipal, cuántas veces celebró haber cobrado por un servicio sin tener que haber emitido recibo por honorarios, etc.

El cálculo que transgrede la norma refiere, en cierta manera, a la disfuncionalidad de la misma (quizás por su falta de capacidad de sanción), pero también a una racionalidad excesivamente individualista, dispuesta a romper los mínimos establecidos de convivencia social.

La incertidumbre propia de una sociedad informalizada apuntala la necesidad de cálculo permanente, pues el individuo que habita este ambiente no puede darse el lujo de dejar al azar las consecuencias de sus acciones. Con la información disponible, sistemáticamente se arriesga con su evaluación costo/beneficio, aunque ello implique debilitar aún más la propia normatividad.

POTENCIAR LAS INCERTIDUMBRES

Si estas son las consecuencias de una primera capa de incertidumbre, imagínese cómo el tipo de racionalidad informal descrita asimila otra capa de ausencia de certezas, propia de una crisis sanitaria y económica de la magnitud producida por la pandemia del Covid-19. Estando literalmente en juego la vida, se esperaría que las personas acatasen las normas de confinamiento y las restricciones a la convivencia social; pero, como hemos visto, algunas sociedades las desobedecen más que otras. Siendo que la pandemia se aúna a la crisis de la institucionalidad en sociedades informalizadas (entre otras), estas se simultanean y potencian las incertidumbres a las que el individuo ha de hacer frente.

En esta complejidad, la variable “Covid-19” -sostengo- se asimila en las evaluaciones individuales de interacción con sus entornos. De modo que la probabilidad de contagio se incorpora al análisis costo/beneficio en el objetivo ideal del “trabajo sin contagio”. Es decir, el riesgo de contagiarse se concibe como un costo probable a asumir (la magnitud de dicha probabilidad es totalmente subjetiva), frente al beneficio potencial de salir a trabajar, partiendo de la premisa de que los actores pertenecientes a los sectores informales tienden a proveerse de ingresos día a día.

Si la pandemia ha traído un costo probable adicional a la fórmula que evalúan los individuos, ¿qué beneficio puede brindar equilibrio en sociedades informalizadas como la peruana? Ante un Estado que ha mostrado serias deficiencias para distribuir eficientemente bienes públicos (como salud y protección social), los individuos aprecian el otorgamiento de beneficios puntuales que les ayuden a sobrellevar los costos adicionales indicados.

En esta coyuntura, los parlamentarios peruanos han preferido socorrer al individuo mediante la provisión de beneficios que operen en la fórmula de supervivencia cotidiana. Esto explicaría por qué los legisladores se empeñaron en proveer a las familias de ingresos inmediatos provenientes de los fondos de pensiones, a pesar de, con ello, socavar las previsiones de largo plazo de las jubilaciones. O de insistir en el congelamiento de deudas de consumidores, aunque ello podría contraer la economía del país severamente. Fue el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien advirtió que con estas iniciativas la economía del país podría caer entre el 30% y 40%. De modo que estimo, a contra corriente de lo que supone la hipótesis de parlamentarios “suicidas”, que los legisladores peruanos han buscado sintonizar con este tipo de requerimiento de emergencia de sus electores.

Aunque calificada de “irresponsable” por los cánones de la legitimidad tecnocrática, dicha conducta de los parlamentarios se legitima y sustenta en la racionalidad informal descrita. Condicionada pesadamente por la informalidad e incertidumbre, la racionalidad de los congresistas peruanos no se orienta hacia la distribución de bienes públicos (lo que conduce a los legisladores a abandonar el horizonte de la razón pública), sino de beneficios específicos que socorren a los individuos en sus evaluaciones costo/beneficio cotidianas (lo que impone la lógica individualista en el quehacer congresal). Estas evaluaciones, carentes de marcos institucionales, tributan a la hegemonía del cortoplacismo como estructura de las relaciones sociales y políticas del país.

Aunque sintonizar con el cortoplacismo modifica la lógica de los legisladores desde la razón pública a la razón individual, lo que redunda en multiplicidad de incertidumbres, es equívoco sintetizar esta conducta como propia de “mafias”, “demagogia ramplona” e irreflexivo “populismo”. En realidad, es el reflejo de una dinámica social predominante. Dado que la carencia de referentes ideológicos y de narrativas programáticas en el debate público también contribuye al decaimiento del “largo plazo” como horizonte temporal de evaluación, sea del individuo o del parlamentario, lo que se ha tildado de “populismo” irreflexivo es, en suma, la representación política del cortoplacismo, fundada en la racionalidad informal.

Sin embargo, este acto-reflejo parlamentario no construye vínculo social, pues se basa en una sintonía episódica y un requerimiento preciso de su electorado. En el mejor de los casos, genera puntuales niveles de apoyo en la opinión pública, como la aprobación entre el 42% y el 52% que obtuvo el Congreso en abril-junio, lo que constituye niveles inéditos desde 2016 (Fuente: DATUM). No obstante, aquello no es una alternativa sostenible para recomponer la intermediación política. Menos aún en un escenario preelectoral tan fragmentado, como analizaremos en la siguiente columna.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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NOTAS Y REFERENCIAS

[1] North, Douglas. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge. Cambridge University Press.