Lo que está en juego en la batalla por los escaños reservados: el poder político indígena autónomo

El debate se ha concentrado en cuántos escaños les van a dar a los pueblos originarios. Aquí, Fernando Pairican plantea que el tema no es solo el número sino impedir que los partidos políticos copen esos puestos, pues ello pondrá en riesgo una agenda de cambios que el historiador visualiza. Por ejemplo, que el artículo 1 de la nueva Constitución declare al Estado chileno “Social Plurinacional Comunitario”, que garantice la “libre determinación” de los pueblos indígenas y reconozca como idiomas oficiales el castellano, el aymara, el mapuzungun o el rapa nui. Según Pairican, lo que está en juego tras la batalla por los escaños reservados es la “profundización de un poder político indígena autónomo”. Esto le significaría a Chile ingresar a una nueva etapa en su relación con estos pueblos. Pero también implicará cambios para el movimiento mapuche: “cuestionar el ejercicio de la violencia política de algunos de sus militantes”, plantea el historiador.

LA CONTROVERSIA

El 12 de octubre, el movimiento que representa la vía gradualista a la Autonomía, solicitó a los parlamentarios apurar la tramitación de la ley sobre escaños reservados. El Alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, dijo entonces que la población debía sufragar el 25 de octubre teniendo claro cuáles eran los acuerdos del plebiscito, en específico lo relacionado a las primeras naciones[i].

Durante los meses de discusión de la ley, Heraldo Muñoz (PPD), planteó a los dirigentes mapuche que el retraso se debía a la necesidad de escuchar a las 23 comunidades existentes en el país. Por su parte Fuad Chaín, presidente de la DC, dijo que de votarse “esto se pierde porque requiere de un quórum de tres quintos” y finalmente el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que para conseguir los votos de su bancada necesitaba un plazo mayor[ii].

El 29 de octubre el proyecto fue despachado para ser votado en la sala del Senado. Por 3 votos contra 2, la Comisión de Constitución aprobó incorporar 23 escaños para los pueblos originarios (a los 155 de la Convención Constitucional). Ese día, Francisco Huenchumilla (PDC), autor del libro Plurinacionalidad el nuevo pacto, anunció la controversia de hoy. Primero, envió un recado: “existe la voluntad de la clase política de sumar a los pueblos originarios al nuevo proceso político”. Para luego deslizar el debate actual: “¿quién puede usar los escaños?” “¿Cómo crear los mecanismos representativos?”[iii].

El debate sobre si son los partidos políticos o el movimiento indígena quienes deberían hacer uso de los escaños es la principal controversia hoy[iv]. La periodista Ana Rodríguez, autora del libro La Frontera, dio cuenta de esa disyuntiva al plantear los nudos críticos por parte de los pueblos originarios por la supuesta “hegemonía” mapuche en el escenario. Los partidos de oposición tampoco comparten la exclusión de los militantes en el uso de estos escaños[v]. En cambio, la propuesta del movimiento indígena es que sean militantes sin identificación partidaria quienes puedan postular a ocupar estos escaños a partir de la autoidentificación y sin militancia. Cabe preguntarse si es factible despojar a los miembros de los pueblos originarios de sus derechos universales en aras de la diferenciación étnica.[vi] Desde otro ángulo, si se logra la no identificación partidaria, ingresaría una fuerza política autónoma que podría desarrollar su propia agenda política en el escenario, siguiendo las directrices ideológicas que el mismo movimiento ha gestado en los últimos treinta años sin la tutela de los partidos políticos tradicionales. Si fuese esto, ¿cuál podría ser la agenda de los movimientos indígenas?

¿UN NUEVO HORIZONTE DE ÉPOCA?

Imaginemos que, en una próxima Constitución, el artículo uno fuese el siguiente: “Chile se constituye en un Estado Unitario Social Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Que luego dijese que se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de un proceso integrador del país. Y a continuación dijera: “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios con su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantizará su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta nueva Constitución y ley. Que los idiomas oficiales del Estado son el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos originarios y tribales como aymara, q’chua, mapuzungun, kunza, rapa nui y creole”.

Soñemos en las regiones con presencia mapuche, como fue una de las propuestas de Wallmapuwen; y también que el mapuzugun fuese el idioma oficial junto al castellano, como han planteado los académicos Víctor Naguil y Elisa Loncon[vii]. Según algunas estimaciones, el mapuzungun, elemento central de la cultura mapuche, es hablado por un cuarto de la población, pese a las políticas de revitalización fomentadas por CONADI y los autonomistas mapuches. ¿Cómo lo podríamos revitalizar? En Guatemala, la creación de una Academia de Lenguas Mayas fue uno de los acuerdos para combatir el conflicto armado que desgarró a ese país. Con una alta demografía indígena, el uso, la escritura y promoción de las lenguas ha sido incentivado para proteger y revitalizar su idioma. Política anclada en una tradición desde la década de los 40’, al crearse un Instituto Indigenista Nacional, oficializando, una década después, cuatro alfabetos para la escritura de los idiomas cakchique, q’che y mam[viii].

En Bolivia, bajo el gobierno del Movimiento de Acción al Socialismo, dependiente del Ministerio de Culturas, se formó el “Viceministerio de Descolonización y Despatriarcado”. Entre sus tareas puso la lucha contra el racismo y la discriminación. Esta reforma institucional permitiría, para el caso de Chile, incorporar la demanda de género, dotar de contenidos los debates teóricos de las naciones originarias y ser un aporte en la transición cultural del país en torno a los nuevos derechos que emanaron bajo la movilización social.

Imaginemos los derechos de la naturaleza como bien lo cuenta Humberto Cholango para el libro Wallmapu Plurinacionalidad y Nueva Constitución. En la Constitución de 2010, Ecuador redactó el siguiente artículo: “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Introduce en su texto constitucional diferencias entre los derechos ambientales como la protección de las personas, respeto integral al proceso de regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos[ix].

LA DISYUNTIVA

Lo que esta en juego en esta batalla por los escaños reservados no es la “traición a la autodeterminación” o la “destrucción de Chile”[x]. Es la profundización de un poder político indígena autónomo de las naciones originarias. A Chile le significaría ingresar a una segunda etapa de la emergencia indígena. Es decir, crear instituciones que permitan su desarrollo, empoderamiento y consolidación como sujetos de derechos. Para el movimiento mapuche, en tanto, esto significaría cuestionar el ejercicio de la violencia política de algunos de sus militantes.

Al parecer el movimiento “desde abajo” se percata de esa situación. La línea rupturista a la autodeterminación no comparte este avance político. Aucan Huilcaman ha dicho que lo escaños sin el derecho a consulta ni consentimiento previo libre e informado no son válidos. La experiencia internacional muestra, a juicio de Huilcaman, una fórmula política fracasada, que no ayuda a resolver las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados nacionales. Inclusive, haciéndose parte de la corriente crítica a los Estados Plurinacionales, los analiza “como una nueva fase del colonialismo que adolece de contenidos y que no ha resuelto las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados nacionales”[xi]. Aspecto similar sostiene la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. Las últimas acciones de violencia política explicitan su oposición a la vía política: “ni escaños reservados ni plurinacionalidad. Avanzamos hacia la Liberación Nacional Mapuche” se lee por parte de la Órgano de Resistencia Territorial Wenteche.[xii]

En esa disyuntiva, la propuesta de los Alcaldes Mapuche es que sean mapuche sin militancia, y de ese modo institucionalizar la demanda del movimiento autonomista mapuche. Hacerlo significa modificar el acuerdo del 15 de noviembre post plebiscito. Los senadores, a excepción de Huenchumilla, quien optó por abstenerse, rechazaron esa moción. Mientras que los integrantes del movimiento indígena esperan lograr la no tutela de los partidos tradicionales. En ambos escenarios, la disyuntiva avisada por los alcaldes mapuche previo al plebiscito sigue siendo la siguiente: ¿el parlamentarismo chileno puede modificar los acuerdos? ¿el movimiento indígena y social tiene la fuerza para rediseñar esos acuerdos? El Rewe de plaza Dignidad/Italia sigue en el horizonte de lo que parece ser la “batalla por Chile”.  Si lo hace, estamos ante la gobernabilidad del parlamento y su fuerza de modificar los acuerdos tomados previo al plebiscito. A su vez, confirma las capacidades políticas de las movilizaciones del 18 de octubre, que en el caso de Temuco, fueron en dirección a la cárcel de Temuco, rayaron en las afueras de la cárcel “libertad a los prisioneros político” y luego, se dirigieron en la desmonumentalización de las imágenes que atraen recuerdos de la violencia sobre el pueblo mapuche.

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