“Si no se le da voz a la ciudadanía para influir en los contenidos de la nueva Constitución, eso puede ser explosivo”

La entrevista a la politóloga Claudia Heiss donde explica didácticamente por qué hay que cambiar la Constitución es uno de los textos más leídos en CIPER desde el estallido del 18/O. Aquí, con la misma claridad, Heiss aborda las fases que vienen. Explica por qué no podemos hacer una nueva constitución sin los partidos, como muchos anhelan; aunque cree que los partidos, para ser útiles deben vivir profundas reformas. Contra quienes sostienen que la convención tiene que estar dominada por especialistas, argumenta que lo relevante no es la experticia de los miembros sino si el conjunto da cuenta de la diversidad de la sociedad chilena. Ubicando a los expertos como asesores insiste en que es menos grave que el texto final tenga algunas imperfecciones jurídicas y mucho más grave si no sintoniza con lo que las personas quieren. Cree también que las personas no se deben ir a la casa luego de la votación de abril; deben tener voz en la discusión que tengan los constituyentes: “si no se le da voz a la ciudadanía para influir en los contenidos de la Constitución eso puede ser explosivo.”, explica.

La politóloga Claudia Heiss es la actual jefa de carrera de Ciencia Política en la Universidad de Chile. En 2019 integró la Comisión Técnica para el proceso constituyente, representando a Revolución Democrática, partido en el que milita desde 2016.

-Una de las cuestiones que quedó en evidencia con el plebiscito es que, al elegir Convención Constitucional, la mayoría no quiere que participen los partidos políticos que están en el Parlamento. Y lo que se ha visto es que los partidos de inmediato se han puesto a trabajar en función del proceso que se viene. De ahí se me vienen algunas dudas: ¿Se puede hacer esto sin partidos? o ¿es un sistema pensado para que los partidos políticos dominen el proceso constituyente?

–Ese es el problema más complejo y estructural del proceso constituyente y no tiene fácil solución. No creo que se pueda hacer este proceso sin los partidos. En Islandia, por ejemplo, se intentó un proceso constituyente completamente ciudadano, a partir de una movilización que era, en parte, contra los partidos y la clase política. La ciudadanía no quería nada con ellos, algo parecido a lo que pasó en Chile. Entonces se creó un proceso muy incluyente, muy amplio, con mecanismos para recoger opiniones a través de internet, con un sistema que se llama de “crowdsourcing”. Y se crearon asambleas bien masivas. Pero, finalmente, no hubo nueva Constitución en Islandia. Y eso es porque los partidos y el sistema político siguen estando ahí y siguen siendo necesarios. Entonces, efectivamente la distancia de la votación entre la comisión mixta y la convención constitucional apunta al rechazo a los partidos y al Congreso, pero pienso que lo que debiéramos tratar de hacer es construir puentes entre la ciudadanía y las elites políticas que ya han estado en el poder. Hay que tener en cuenta que las democracias requieren de partidos políticos, es decir, de organismos que medien entre las preferencias, los valores, las ideas políticas que tiene la ciudadanía y la esfera de la toma de decisiones.

-¿Por qué crees que son tan necesarios para ese efecto de canalización? ¿De otra forma resulta muy engorroso?

–Porque es muy difícil agregar las preferencias individuales y construir relatos que permitan generar proyectos políticos coherentes que luego tengan respuestas, por ejemplo, de parte de un gobierno. Los distintos temas que tiene que enfrentar un gobierno para orientarse en una dirección alineada deben tener una cierta coherencia que indique hacia donde se quiere avanzar. Y eso se construye a partir de ideas políticas, a partir de ciertas ideologías y de concepciones filosóficas. Eso hace que la orientación que imprime un gobierno de derecha sea distinta a la que imprime un gobierno de izquierda.

Cuando algunos dicen “que la gente se autogobierne” hay que tener en cuenta que todas las personas tenemos visiones distintas sobre los distintos temas, pero a veces ni siquiera tenemos opinión. Por ejemplo, los movimientos sociales, en general, no son efectivos para reemplazar la función de gobierno de los partidos políticos porque suelen tener posiciones fuertes solo respecto de un tema de la agenda, como medio ambiente, educación o, en en el caso chileno, el movimiento por las pensiones. Pero uno no podría asignarle a una agrupación como el movimiento estudiantil o el movimiento No + AFP la función de ejercer el gobierno en todas las distintas áreas y negociar con los oponentes. Finalmente, lo que ha resultado mejor para garantizar el pluralismo en la esfera pública han sido los partidos políticos. Cuando los movimientos sociales han tratado de reemplazarlos, por lo general, eso se ha traducido en una pérdida de la diversidad de voces en la esfera pública, y ha tendido a derivar a gobiernos autoritarios. En el fondo los partidos y la política en general, intentan canalizar la diversidad y la pluralidad que existe en la sociedad, hacia una diversidad en la esfera política. Y los movimientos y organizaciones son buenas como mecanismos de control del poder, para poner temas en la agenda, pero no para ofrecer soluciones. No para gobernar. Entonces, lo que debiera ocurrir idealmente es una profunda reforma de los partidos políticos. A mi juicio, eso sería lo mejor para la democracia, y no solo en el proceso constituyente: un cambio en los partidos y no su desaparición. Porque el problema que tenemos es que, desde la llegada de la democracia, ellos han ido progresivamente elitizándose, perdiendo vinculación con la ciudadanía, y representando cada vez menos. Creo que parte del problema es que los partidos se han enfocado mucho a administrar el poder y muy poco a canalizar las demandas de sus bases. O sea, son partidos que se han desvinculado de su base social.

¿Necesitamos que haya un nuevo 18/O pero ahora dentro de los partidos, tal vez organizado por los militantes?

Es difícil que eso ocurra porque, precisamente, la cantidad de personas que milita o incluso simpatiza con partidos políticos es bajísima. Sí sería bueno que dentro de los propios partidos hubiera más tiraje de la chimenea, más oportunidades para la militancia más joven, para las mujeres y para grupos que, también al interior de los partidos, han sido marginados. Pero al mismo tiempo creo que se necesita un diálogo ciudadano más allá de los partidos. Una acción más sostenida con las organizaciones sociales y las dirigencias con anclaje territorial. Los partidos se han manejado demasiado de arriba hacia abajo y desde Santiago a las regiones. Eso se tiene que revertir.

-Veamos ahora cómo se hace para que este proceso no se lo tomen los partidos. ¿Un liderazgo social puede llegar a la constituyente? La Ley 21.216 de marzo del 2020 estableció que los independientes pueden hacer listas, pero entiendo que no estableció un número de ellos.

-Un independiente que va solo tiene muy poca chance de competir con los partidos porque tenemos un sistema de cifra repartidora por lista. Ahora, ese sistema apunta a generar proyectos colectivos y coaliciones que representen una idea más que a personas que compitan como individuos, lo que me parece una virtud. Pero un efecto es también que para una persona sola la competencia es muy difícil. La ley da la opción de hacer listas de independientes, pero la idea de que estas compitan con las listas de partidos tampoco es tan buena. Yo creo que es mejor pensar ya sea en listas de independientes que puedan pactar con las listas de partidos o en independientes que vayan dentro de las listas de partidos más afines a ellos.

-Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Han aparecido los partidos ofreciendo el 50% de sus cupos, otros ofrecen más, el 70% de los cupos.

-Significa que están acusando recibo del mensaje de la ciudadanía. Ojalá que esto no sea sólo para las listas de los candidatos a la convención, sino que haya una apertura mayor a renovar los liderazgos de los partidos. Los militantes de base de un partido muchas veces son personas con ideales, igual que los independientes. O sea, un militante de base que trabaja en su zona por una idea, no es tan distinta de una persona que trabaja en su zona por un tema de la agenda específica. Pero, efectivamente, hay una combinación muy perniciosa entre el elitismo que han tenido nuestros partidos -que han actuado mucho más como máquinas de poder que como canalizadores de demandas en los últimos años y se han desvinculado de las bases-, y una concepción un poco neoliberal, que también está dada por el sistema político, creado para reducir el papel de los partidos políticos. A Jaime Guzmán y a Pinochet no les gustaban los partidos políticos. Trataron de reducir su influencia lo más posible en la vida pública, y la Constitución del 80 le quitó capacidad de agencia a los partidos y capacidad de producir cambios. Entonces, hay una mezcla entre la elitización de las cúpulas partidarias y esta idea de que pareciera más virtuoso que alguien esté representando a un gremio que una idea política. A mí eso no me parece bien. ¿Por qué una persona que representa un interés particular se da por sentado que es mejor, que tiene otra estatura ética, que una persona que está representando un ideal de sociedad, de justicia, etcétera? Yo creo que en eso ha habido una suerte de triunfo de Jaime Guzmán y de su concepción del gremialismo, que establece que las ideologías son malas, que lo correcto es representar intereses y no visiones sociales colectivas o proyectos colectivos.

Claudia Heiss (Fuente: COES)

-Lo decía Margaret Thatcher: la sociedad no existe si no que existen los individuos.

–Claro. Lo que proponía el gremialismo de Jaime Guzmán y la UDI es la representación colectiva de intereses. Porque, de alguna manera, hay que agregar las preferencias, hay que juntar las preferencias individuales ¿y cómo se agregan para el gremialismo? En función de intereses particulares. Entonces, los profesores pelean por el interés de los profesores, los estudiantes por el interés de los estudiantes, etc. Y no hay una visión de bien común, que es la virtud que tiene la visión más ideológica.  La palabra ideología se usa como un insulto para referirse a personas incapaces de escuchar a quienes piensan distinto, pero también puede ser vista como una forma de -a partir de una cierta comprensión de la sociedad-, entender los problemas de justicia social y cuáles son las cosas de la sociedad que uno quisiera cambiar y elementos a reforzar. Eso diferencia, por ejemplo, las ideologías que privilegian la libertad individual de aquellas que privilegian la justicia social. Esas divisiones son legítimas.

Otro aspecto valioso de las ideologías es que son visiones que tienen mucho de la propia socialización. Ver las cosas de una determinada forma es producto de la experiencia de vida que se ha tenido – la forma en que fue criado, del nivel socio económico en el que nació, las dificultades que le ha tocado enfrentar -. Y se puede entender que otras personas piensen distinto porque han tenido también experiencias de vida distinta. Eso, me parece, puede permitir una convivencia pacífica entre visiones ideológicas distintas: entender que el otro -que se puede pensar que está equivocado-, ve las cosas distintas porque parte de un punto de vista distinto. Y esa es la base del pluralismo. Creo que es más fácil construir una sociedad pluralista sobre la base de las ideologías que, simplemente, entender la sociedad como una lucha de intereses particulares entre grupos donde cada uno busca su propio beneficio.

¿NECESITAMOS EXPERTOS?

-Ya se está dando una disyuntiva de elección respecto de convencionales “expertos” versus “dirigentes”, ya sea sociales o políticos que, probablemente, no conocen el detalle técnico de cómo redactar un artículo en la constitución. Parece claro que este proceso constitucional, que va a ser largo, va a exigir competencias específicas para los convencionales. ¿Crees que el convencional debe ser un experto? ¿O puede serlo una persona cercana a los problemas que son atingentes para una buena cantidad de personas como la “dirigenta social de los sin casa”?

– Construir una constitución es un proceso fundamentalmente político, y en ese sentido lo más importante es que estén representadas todas las visiones de la sociedad. Por eso lo más importante de la convención constitucional es que sea representativa de la diversidad que existe. El discurso tecnocrático de que solo los abogados constitucionalistas pueden hacer la Constitución -casualmente se lo he escuchado mucho a abogados constitucionalistas-, es una forma también de ejercer poder. Las comunidades de conocimiento son también comunidades de poder, y desarrollan su propio lenguaje para diferenciarse del resto y generar una especie de conocimiento oculto.

Los técnicos pueden querer hacer cláusulas que, en teoría suenen muy bien, pero que no sintonicen con las demandas de la ciudadanía. Y es mucho más importante sintonizar que tener innovaciones jurídicas. Esto, porque la Constitución no es un documento jurídico sino un pacto social, fundamentalmente político. Y yo creo que todas las ciudadanas y ciudadanos están capacitados para discernir sus preferencias cuando hay debate. Creo que lo más importante de la convención es la deliberación pública que se produzca. Cuando la gente discute, conversa, ve los pros y los contras y así puede tener una opinión informada. Cualquier ciudadano puede tener una opinión informada de acuerdo a sus principios, valores, ideologías, etcétera.

Por eso algunos académicos como Jon Elster recomiendan reducir al mínimo el número de expertos entre los constituyentes. La parte técnica tiene que ser un apoyo a las decisiones políticas. Ojalá tengamos a los mejores expertos y técnicos asesorando a los convencionales. Pero creo que es mucho menos grave que la Constitución quede con alguna inconsistencia o con alguna cláusula que no sea jurídicamente impecable, a que no esté sintonizada con lo que la gente quiere.

-¿Crees que la convención constitucional puede asegurar la representación del PC, la DC, como la junta de vecinos X, los pueblos originarios, grupos de disidencia sexual, las zonas de sacrificios -donde hubo una altísima votación? ¿Imaginas algún tipo de elección que conjugue lo territorial, lo sectorial, como también los temas de interés general para toda la sociedad?

–Eso es ficción porque los dados ya están lanzados: vamos a usar el mismo sistema con el que se eligen los representantes de la Cámara de Diputados[1]. Yo creo que hubiera sido mucho mejor, por ejemplo, que la convención fuera más grande: 155 constituyentes es un número no tan grande para buscar la mayor representatividad posible. Quizás se podría haber establecido que una parte de los representantes fueran sorteados.  Eso hubiera sido una forma de innovación democrática que, quizás, se podría haber considerado. Y creo, sin duda, que es muy importante que los independientes tengan más facilidades para acceder a la convención y puedan pactar con los partidos. Ojalá la moción para que pudieran hacer pactos -que anteriormente fue rechazada y entiendo que ahora fue repuesta-,  sea aprobada. Dicho eso, reitero que creo que los independientes no son ni mejores ni peores que los políticos. No creo en una superioridad moral de los independientes. Por lo mismo es importante que los independientes que vayan a la convención entiendan que son independientes de los partidos, pero que representan algo. Yo no puedo ir a la convención a representarme a mí misma, sino a una idea, una agenda y, sobre todo, tengo que representar un proyecto de constitución.

Aunque sea impopular, a mi juicio es más abarcativo lo que representa un partido político que una organización social. Para hacer una constitución creo que la visión que tiene, por ejemplo, un socialista o un democratacristiano abarca más aspectos del diseño de una sociedad que la visión que tiene una persona que ha defendido el derecho al agua, por ejemplo, por muy valiosa que sea la reivindicación de su trabajo social.

-Respecto de la representación, llamó la atención que las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, fueron de los muy pocos lugares donde ganó la opción rechazo. Frente a un proceso de elección constituyente, parece que sería poco democrático que luego de la elección mapeáramos a los convencionales y nos diéramos cuenta de que mayoritariamente provienen de esas mismas tres comunas. ¿Se puede asegurar, de alguna forma, que los convencionales mayoritariamente, no provengan de estas comunas donde reside la elite?

-Creo que aquí el problema, más que la distribución territorial, es la concentración socio económica. Hemos tenido representantes políticos tremendamente oligarquizados operando en un sistema más oligárquico que democrático, y donde las personas que logran llegar a cargos de representación son de la elite. Existen un montón de estudios que dan cuenta de que el Congreso está compuesto por personas que vienen principalmente de 5 colegios, de 2 universidades y que muchos son primos entre sí. Esa situación es la más grave hoy día, esta división entre elite y ciudadanía, o elite y pueblo, que se ha superpuesto a la división política. Hoy es mucho más fuerte la división entre elite y pueblo que la separación entre izquierda y derecha. Y creo que eso solo se puede resolver re barajando el naipe y abriendo la participación política a los pobres. Ahora ¿Por qué no pueden llegar los pobres a la representación política? Mira la norma electoral y verás lo que cuesta hacer una campaña. Las campañas son carísimas y la gente se tiene que endeudar para poder hacerlas. Una medida que sería tremendamente democratizadora, pero impopular, es el financiamiento público de campañas. A mi juicio, la única manera de que los pobres puedan ejercer cargos de representación política es que las campañas políticas solo se financien con fondos públicos. Así, la plata que uno tiene y por la que uno deba endeudarse como individuo, no sería relevante. Hoy día todos sabemos que la representación política depende en gran parte de la capacidad de pago.

-Un mecanismo para que no nos llenemos de candidatos de la oligarquía es algo que hoy no está presente. ¿Por qué?

–Ese tema ha sido expresamente eludido, expresamente marginado de la discusión. Cuando fuimos a la comisión técnica a hacer la reforma constitucional para el proceso constituyente se habló del financiamiento de las campañas del apruebo y del rechazo, que era lo que venía más inmediato, y no hubo ninguna posibilidad de regular eso en la reforma constitucional. El día que empezaron las campañas se terminó regulando su financiamiento y salió la ley sobre el financiamiento del plebiscito, que es una ley distinta de la ley 18.700 para la elección de diputados. Pero en la convención constitucional va a regir la ley normal, que es una ley que garantiza que solo pueden ser candidatos los que tienen plata.  Mientras no desoligarquicemos la representación política va a ser imposible acortar esta brecha de representación entre instituciones políticas y la ciudadanía.

-En la misma línea, algo no definido aún y que, al parecer, será definido por los propios convencionales elegidos, es el establecimiento de su relación con la ciudadanía electora. ¿Crees que se pueden establecer mecanismos para que los convencionales, por decirlo de alguna forma, “no se manden solos”, desoigan el mandato para el que fueron elegidos y se transformen en un pequeño Congreso? ¿Se puede establecer algún mecanismo para que los representantes tengan un nexo con los representados?

–Claro. Creo que es un punto muy importante para la legitimidad del proceso constituyente. Si no se establece un mecanismo permanente de vinculación entre la convención y la gente, el proceso puede fracasar. Si se convierte en un Congreso donde la única forma de participación es que los convencionales llamen a unas comisiones donde van a exponer frente a la gente -y después las cosas que expusieron no se toman en cuenta, como suele ocurrir en el proceso legislativo-, eso va a frustrar a esta enorme movilización, que ha sido el motor del proceso constituyente. El proceso nació de la ciudadanía, y se ha llevado a cabo con una ciudadanía tremendamente activa y opinante, con cabildos en todos los territorios, con gente que quiere participar y tiene cosas que decirle a la convención. Creo que un elemento que podría estar presente en las campañas de los convencionales es justamente cómo esa gente va a poder incidir en la convención. Si yo voy a pedirle el voto a la gente quizás, junto con explicar cuál es mi proyecto de constitución o que es lo que voy a ir a defender ahí, debiera también explicitar qué mecanismos de participación ciudadana voy a defender, y que queden en el reglamento de la convención.

El reglamento es un buen espacio donde regular institucionalmente la participación ciudadana, las reglas de transparencia de la convención, y las reglas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se podrían someter los borradores de la Constitución al escrutinio público antes de aprobarse. Normas de ese tipo, de una intensa participación social respecto de los textos -no solamente de ideas generales, sino de los textos mismos que se van a aprobar-, serían algo muy bueno para ampliar los espacios de deliberación pública y la legitimidad del texto constitucional.

-Pensando en la necesaria participación ciudadana, ¿crees que deberíamos tener un proceso previo de información o de educación de la ciudadanía?

-Creo que estamos muy encima para iniciar un proceso así. Por otra parte, creo que hemos tenido un proceso de educación desde el proceso constituyente de Bachelet, donde hubo algo de información, aunque no toda la que uno hubiera querido. También se organizaron los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), a los que, sin embargo, no fue tanta gente; y ha existido una discusión constitucional intensa en estos últimos años. Dicho esto, creo que, aunque los convencionales deben ser canales importantes de representación, la gente no se debe ir para la casa una vez que elige el convencional. O sea, elegí mi convencional y desaparezco. El convencional tiene que mantener un nexo permanente de debate con las personas que lo eligieron. Y hacer explícitas las discusiones que los juristas a veces dicen que son muy complejas. Yo estoy segura de que hasta lo más complejo se puede explicar en términos simples. No creo que haya nada en un debate constitucional que no pueda ser explicado a la ciudadanía. Y creo que ahí hay una mezcla de tratar de conservar cuotas de poder con una suerte de paternalismo, como si la gente fuera tonta. Creo que la ciudadanía en Chile está muy informada, hay mucha opinión que, a veces, seguramente no es suficientemente matizada, pero ese es el rol de la deliberación pública. Esta permite formar opiniones razonadas, tener argumentos, contrastar argumentos y ver cuál es la mejor opción, y entender las razones para una u otra opción.

-A partir de las manifestaciones multitudinarias del 25 de octubre de 2019, quedó de manifiesto que la variedad de intereses es múltiple. Había desde gente “bailando cueca” hasta gente “bailando tecno dance”, sin que se vislumbrara en ello necesariamente un sentido de unidad o convergencia, ¿Crees que esa cantidad de intereses variopinto, desde una persona que puede estar luchando por las ballenas en la Antártica hasta una dirigente social que pueda estar luchando por la calidad de las viviendas sociales, se puede hacer converger en un texto constitucional?

–Primero hay que decir que no todos los aspectos de la vida tienen que estar regulados en la constitución. Ella está compuesta de reglas generales y, en ese sentido, una persona que quiere una mejor defensa de las ballenas y otra que pretende la defensa del medio ambiente contra las zonas de sacrificios, quizás van a converger en un derecho, por ejemplo, en que el bien público quede garantizado de manera más sólida que la propiedad privada o que el derecho a la libre empresa. Entonces, hay criterios generales que van a permitir que distintos bienes se puedan cumplir a través de una norma general. Pero la constitución establece normas generales. No va a resolver uno a uno todos los problemas públicos del país, sino que va a permitir que ellos se puedan ir resolviendo después a través del proceso político ordinario. Esto es lo que justamente esta constitución no ha permitido, porque tiene todos estos enclaves y trampas que declaran inconstitucional muchas cosas que son preferencias mayoritarias.

Ahora, justamente el trabajo de la política es ser capaz de representar esa pluralidad. Aspirar a la unidad es algo que puede ser dañino para la democracia. Si uno supone que el 80% de personas que quiere una nueva constitución está pensando exactamente lo mismo, creo que es un error. Estamos ante a un fenómeno muy complejo, que tiene muchas aristas distintas, donde convergen demandas diferentes e, incluso, visiones de sociedad diferentes. Es erróneo pensar que todo el pueblo de Chile está pidiendo lo mismo. No sabemos lo que están pidiendo las distintas personas. Sabemos que la gente no quiere este modelo educacional basado en el endeudamiento, pero no sabemos exactamente cómo quisiera que fuera el nuevo modelo educacional. Y para eso se necesita la política, y una forma política donde todas esas visiones, intereses, valores e ideales queden representadas y puedan establecerse en un proceso y en un órgano deliberativo. Si no hay representación el que tiene más voz es, finalmente, quien logra imponerse. Y un sistema poco representativo puede excluir sectores, como se ha excluido a las mujeres de la vida política en Chile hasta la ley de cuotas de 2015[2].

Si la representación no es participativa también pierde sentido y pierde, de hecho, su carácter representativo. Aquí hay que entender que para que el proceso sea pluralista, democrático, y plenamente representativo, la decisión política tiene que combinar el componente de representación con el de participación y con el de deliberación. Son tres factores que van juntos y que no puede existir uno sin el otro en una democracia representativa.

Hay gente sobre todo de la derecha, que dice, “hay que defender la representación política”, como si eso fuera en contra de los modelos más participativos. Claro, lo que ellos están entendiendo por representación política ahí es este modelo oligárquico elitista que no es realmente representativo. Es como secuestrar el concepto de representación para establecer oligarquías desvinculadas de la ciudadanía. En ese sentido yo reivindico el concepto de representación, pero creo que hay que entenderlo de una manera democrática, es decir alimentada por la participación. Seguramente va a haber sectores que van a querer que en el constituyente “parezca” que hay participación, pero, al mismo tiempo, que esa participación sea lo menos incidente posible. Sería un error porque la gente no está de ánimo de tener una participación meramente declarativa. Si no se le da voz a la ciudadanía para influir en los contenidos de la constitución puede ser explosivo.

-Quizás me puedes dar algunas luces sobre la representación de la minoría o cómo va a estar representada en los acuerdos. Yo entendí que se entraba a una nueva Constitución con el plebiscito que se acaba de vivir, y que se sale a través de un plebiscito ratificatorio del texto, aprobado por dos tercios de la mayoría de los convencionales. Pero hay varias cuestiones que, me parece, que no están claras. Por ejemplo, respecto de cuáles serán las opciones para discutir un determinado artículo o norma del texto constitucional. ¿Los convencionales se van a dividir en comisiones y esas normas tendrán que ser siempre aprobadas por 2/3 y después van a pasar a un plenario donde van a tener que, de nuevo, ser aprobadas por 2/3? ¿O por mayoría simple? Y después cuando la Constitución esté lista ¿va a pasar de nuevo por una votación de cierre que otra vez va a necesitar 2/3 de la votación?

–Eso no está establecido, va a quedar en el reglamento. La votación global final por 2/3 ha sido muy discutida, porque fue una demanda de la derecha. Y fue una demanda de la derecha en la negociación del 15 de noviembre que las reglas se aprobaran por 2/3 en una votación final del paquete completo. Eso fue rechazado en la negociación del 15 de noviembre por la oposición, y fue rechazado de nuevo por la oposición en el trabajo de la comisión técnica cuando se redactó la ley 21.200[3] en la reforma constitucional. Entonces, es claro que la aprobación final a través de 2/3, no está en el acuerdo. Lo único que se señala, tal como está en la Constitución, es que las normas de la convención tienen que aprobarse por 2/3. ¿Cómo se aprueban en comisiones? Si se tienen que aprobar dos veces en comisión y en salas, eso tiene que definirlo el reglamento. Y yo creo que en eso debieran estar trabajando hoy las personas que van a ir a la convención. Qué tipo de reglamento van a ir a defender, para luego pedir el voto en función de ese reglamento. Creo que es importante hacer una discusión pública sobre los aspectos de la convención que no quedaron regulados por la reforma constitucional y que se van a tener que regular apenas se constituya la convención. Las comisiones, cuántas comisiones, cuáles comisiones, y las reglas de cómo se van a aprobar las normas, si van a ser parecidas al proceso legislativo y en qué aspectos. Son temas cruciales.

-¿Has pensado en alguna fórmula que te parezca democrática?

–Yo creo que mientras menos trabas tenga la aprobación, es mejor. En ese sentido, podría haber propuestas de las comisiones que sean votadas por el plenario por los 2/3.

-Claramente acá va a haber una pelea con la derecha.

–Claro que sí. El único proyecto de reglamento que se ha dado a conocer hasta ahora es uno que lanzó la semana pasada Horizontal, que propuso la aprobación por los 2/3 final del paquete completo, por razones técnicas supuestamente, por razones de armonización del texto.

Me parece evidente que va a tener que haber comisiones porque es imposible que estén todos discutiendo todo, todo el tiempo. Creo que ese aspecto, que puede sonar un poco críptico, también debe ser de deliberación pública porque también es profundamente político. Si se llegara a aprobar la norma de los 2/3 del texto completo, en el fondo, se vuelve a algo parecido al veto de los mecanismos de reforma.

Si se establece la votación de 2/3 al final y la nueva constitución no consigue ese apoyo, ¿qué pasa? ¿Vuelve a la vida la constitución de Pinochet que acaba de recibir el 80 por ciento de repudio?

La convención tiene el mandato de someter un texto a plebiscito al cabo de un año de trabajo. Es poco probable que no se logre aprobar nada. Si la derecha lograra imponer la aprobación final por 2/3 podría vetar casi todo y lo que saldría de la convención podría ser rechazado por la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio de 2022. Y ahí seguiría vigente la Constitución de 1980. Esto quedó, a mi juicio, regulado de manera incorrecta en la reforma constitucional de diciembre, y así lo señalé en la comisión técnica. La norma hoy dice que si se rechaza la nueva constitución sigue la del 80, pero eso desconoce el mandato del plebiscito de entrada, que en este caso fue muy claro: un 80% del país quiere nueva constitución. Espero que no lleguemos a ese escenario.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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