Once criterios para elegir a los miembros de la constituyente y evitar que la campaña sea un “reality show”

Las contundentes cifras del plebiscito “no garantizan que el resultado de la elección de miembros de la constituyente esté a la altura de las expectativas que se han abierto”, señala el autor de esta columna de opinión, profesor de Derecho de la U. de Chile. A fin de que la elección de constituyentes no se transforme en una “feria de vanidades” o en un “reality show”, propone 11 temas mínimos para evaluar las candidaturas y dar sustento al proceso. El eje de su propuesta es tener en cuenta que las materias a tratar en la convención se relacionan “con la determinación de las reglas básicas para una convivencia democrática fundada en los derechos humanos” y garantizar “un debate político amplio, pluralista, pero en el cual, las autoridades tengan un mandato claro de hacia dónde debe conducirse el Estado”.

Los resultados del plebiscito del domingo 25 de octubre de 2020 abren un espacio  esperanzador de que el proceso constituyente impulsado por la ciudadanía sea, efectivamente, un acuerdo político transformador en la historia de Chile. Si bien las cifras han sido contundentes, esto no garantiza que el resultado de la elección de miembros de la constituyente en abril próximo esté a la altura de las expectativas que se han abierto por el  mensaje de la ciudadanía sobre la necesidad de un nuevo acuerdo político y social en Chile.

A fin de iniciar una discusión sustantiva sobre la futura Constitución y que la elección de constituyentes no se transforme en una “feria de vanidades” o en un “reality show”, es importante comenzar a discutir algunas temáticas mínimas en torno a las cuales se pueden ir definiendo las candidaturas a la constituyente.

En términos generales, los temas que deberán tratarse en una futura convención constitucional están relacionados con la determinación de las reglas básicas para una convivencia democrática fundada en los derechos humanos, que garantice un debate político amplio, pluralista, pero en el cual, las autoridades tengan un mandato claro de hacia dónde debe conducirse la actividad del Estado.

A continuación, reseñaré algunos de los temas en torno a los cuales se pueden agrupar grandes decisiones que permitan dilucidar quiénes representan de mejor forma las ideas de una nueva Constitución para Chile. Esto es un debate inicial, podemos agregar muchas otras cuestiones, pero en este momento estos parecen ser temas que representan los debates ciudadanos del último tiempo.

1. Una primera cuestión relevante será determinar quiénes somos en Chile, esto es, definir las bases sobre una sociedad plural capaz de dar cabida y reconocimiento a los distintos grupos que la componen. En esta materia será determinante el debate sobre el reconocimiento de la plurinacionalidad y, de esta forma, dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos de autonomía, territoriales y culturales.
2. Un segundo aspecto es la definición del Estado. No basta con señalar que Chile es una república democrática, debemos dejar claramente establecido que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene como finalidad la protección y garantía de la dignidad del ser humano a través del pleno respeto de los derechos humanos. Esta definición le da sentido al Estado y entrega un mandato claro a sus autoridades en torno a cuál debe ser el fin de cada una de sus actuaciones.El mandato ciudadano en las calles fue claro en torno a la necesidad de un Estado que tenga un rol más activo que la mera subsidiaredad.
3. Una nueva Constitución redactada a través de un procedimiento paritario es una oportunidad única para tener un texto que refleje efectivamente la igualdad en Chile. Esto implica, por una parte, tener una buena cláusula sobre igualdad y no discriminación que permita adoptar medidas de acción afirmativa para generar condiciones de igualdad material y no sólo formal. Además, un tema central es que tiene que ser un texto constitucional que efectivamente incorpore las demandas del movimiento feminista y, de esta forma, que la Constitución constituya una primera expresión histórica de una Constitución con perspectiva de igualdad de género.
4. Un aspecto fundamental a definiren la futura Constitución será el de la soberanía. La soberanía es la expresión de poder en una sociedad, por lo tanto, es imprescindible que quede establecido que la soberanía reside en el pueblo. Esto permitirá dar paso a una discusión sobre formas de participación efectiva, tan ausentes en nuestra historia política y constitucional.
5. La nueva Constitución también debe hacerse cargo de la soberanía económica y, por ello, es necesario restablecer la plena soberanía sobre los recursos naturales con una mirada ecologista. También este debe ser el espacio para asegurar el pleno respeto por el medio ambiente y su consagración como un principio constitucional que guíe las decisiones públicas en el futuro.
6. Cuándo hablamos de soberanía, hablamos de poder y también de sus límites. Por ello, los derechos humanos deben ser considerados un límite real al poder soberano, aclarando en una futura Constitución que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben tener rango, a lo menos, constitucional y que dichos compromisos obligan a todo el aparato del poder público, el que debe organizarse para garantizar su pleno cumplimiento.
7. La Constitución se basa en un mandato a las autoridades sobre qué hacer con el poder conferido. Por ello, es importante establecer límites a la discrecionalidad para el uso de dicho poder. El futuro acuerdo constitucional debe reconocer un catálogo robusto de derechos fundamentales. Ahí debe haber espacio para la discusión sobre los clásicos derechos de libertad e igualdad (vida, integridad, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, protección judicial y debido proceso, entre otros), pero también el reconocimiento de los derechos sociales y ambientales (salud, educación, seguridad social, vivienda, agua, entre otros). Esta es una demanda ciudadana que la Constitución no puede ignorar sin poner en riesgo su legitimidad social.Asimismo, se deben garantizar los derechos de grupos históricamente discriminados en Chile (niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, grupo LGTBIQ+, entre otros) y, para ello, es necesario abrir un debate sobre cuáles derechos deben ser desarrollados específicamente en la Constitución para garantizar su goce y ejercicio en condiciones de igualdad.
8. La futura Constitución debe considerar mecanismos de protección de derechos humanos coherentes, coordinados y eficaces. Con ese fin, debemos discutir una Constitución donde se garantice la progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales y el establecimiento de límites estrictos a las posibilidades de afectación de derechos fundamentales por parte del Estado. Asimismo, debe considerarse el diseño de mecanismos de protección de derechos, tales como, una Defensoría del Pueblo que garantice que todas las personas tengan una debida defensa frente a las afectaciones a sus derechos.
9. La nueva Constitución también tiene que preocuparse de organizar el ejercicio del poder público en concordancia con los principios y los derechos que el nuevo diseño institucional va a consagrar. En este sentido, nuestro futuro acuerdo constitucional no sólo debe considerar la división tradicional de poderes, sino una estructura de poder con posibilidades de control inter institucional y un trabajo coherente y coordinado entre poderes públicos, con amplias posibilidades de participación ciudadana. De esta forma, tenemos que discutir un nuevo sistema de poderes estatales que deje atrás el actual hiper presidencialismo y dé paso a un sistema político más equilibrado. Además, un sistema político con mayor flexibilidad debe permitir superar crisis de poder como la actual sin que esto constituya un quiebre del sistema democrático.
10. Es necesario discutir un nuevo Congreso, sea este uni o bicameral, pero claramente con mayores facultades de control respecto del ejecutivo y que también sea controlado de manera efectiva por el pueblo. Tenemos que dar paso a mecanismos de iniciativa popular de ley  y a formas de revocación popular de mandatos.
11. En cuanto al poder judicial, es necesario tener una posición clara respecto a la necesidad de un mecanismo de protección de derechos humanos contra-mayoritario (tutela de derechos), pero que no interfiera en la voluntad popular (labor del legislativo). En este sentido, hay que repensar la necesidad de un Tribunal Constitucional o si la labor de protección de derechos fundamentales debe quedar entregada exclusivamente al Poder Judicial.

En definitiva, es sobre estas cuestiones que debemos evaluar las candidaturas a constituyentes, para que esta gran gesta histórica no se diluya en los vaivenes de la “pequeña” política. El desafío del momento actual es comenzar a discutir temas sustantivos que obliguen a que las candidaturas sean en torno a grandes propuestas para la futura Constitución y no sólo sobre aspectos estrictamente personales, valorables, pero insuficientes para el desafío de una nueva Constitución para Chile.