Crisis política en Perú II: ¿Es el Congreso peruano “suicida”?

¿Son los parlamentarios peruanos suicidas o racionales en sus comportamientos políticos? Esa es una de las preguntas que desmenuza el cientista político Carlos Meléndez en esta segunda columna de una serie que se adentra en la crisis política peruana. El autor analiza el escenario de partidos políticos que asumió la representación de la ciudadanía en el Congreso el mismo día en que se iniciaba el primer confinamiento total decretado por el gobierno. Y responde a una pregunta que se ha hecho frecuente en la Ciencia Política: ¿los congresistas peruanos han perdido la cordura y han empujado lunáticamente a una colisión de poderes —con intento de vacancia presidencial incluida—, dispuestos a quebrar la democracia peruana? ¿Existirá sensatez, racionalidad, en esos comportamientos contraintuitivos?

Una premisa aceptada en la Ciencia Política considera a los legisladores como actores políticos racionales, preocupados por granjearse una carrera política propia y, por lo tanto, enfocados en reelegirse[1]. Así, los parlamentarios actúan guiados por una conexión con su electorado y, consistentemente, hacen coincidir sus posiciones con las de sus votantes y reclaman el crédito de las medidas que benefician a sus electorados. Luego, nada más racional que un parlamentario con ambiciones de prolongar su carrera política y profesionalizarse. Por eso llama la atención que, al interpretar el comportamiento del Congreso peruano, conspicuos cientistas políticos lo cataloguen como “suicida”, es decir, lo opuesto a lo razonable.

Por ejemplo, para Steven Levistky, los congresistas peruanos “no están portándose como políticos racionales que buscan construir una carrera. Están cometiendo suicidio político. El último Congreso también se suicidó. Los Congresos no suelen suicidarse” (ver diario El Comercio del 13.09.2020).

¿Qué sucede, entonces, con la representación política peruana? ¿Realmente los congresistas peruanos han perdido la cordura y han empujado lunáticamente a una colisión de poderes —con intento de vacancia presidencial incluida—, dispuestos a quebrar la democracia peruana? ¿Existirá sensatez, racionalidad, en esos comportamientos contraintuitivos? Esto es: en sistemas partidarios fragmentados como el peruano, ¿son los parlamentarios suicidas o racionales?

Para que exista una conexión electoral, los legisladores requieren conocer las preferencias de sus electores. Pero con un sistema de partidos colapsado, las demandas sociales yacen abandonadas, huérfanas de representación en una amorfa esfera social. La situación se complica en una sociedad altamente informalizada (como mostraremos en la siguiente columna), cuyo frágil tejido social no permite aglutinar intereses en organizaciones sociales intermedias, ni transmitir eficientemente los pedidos ciudadanos hacia la clase política. Así, la representación nacional elegida en enero de 2020 —en reemplazo del Congreso disuelto por Martín Vizcarra— es fiel reflejo de una sociedad orgánicamente desconectada de sus élites políticas. En el reparto de escaños, ninguna de las nueve agrupaciones que superó la valla electoral (5% de los votos válidos) alcanzó el 11% de los votos válidos. Fragmentación y debilidad tan previsible que el Ejecutivo, a pesar de su alto nivel de popularidad, prefirió no auspiciar lista propia de candidatos al Congreso.

Al horizonte temporal del vigente Poder Legislativo (16 meses), contribuye la imagen de un parlamento disminuido en sus capacidades de poder equilibrador. ¿Qué representación política se obtiene con el elenco partidario colapsado, desconexión orgánica entre la élite política y la sociedad informalizada, cierre intempestivo del Congreso y elecciones improvisadas? Pasemos breve revista a quienes fueron elegidos parlamentarios en enero de este año y que están en vigencia.

De un Congreso unicameral de 130 congresistas, Acción Popular (AP) fue la bancada más favorecida con 25 escaños. AP es un partido político tradicional que sobrevivió al colapso del sistema de partidos, y que cuenta con credenciales democráticas, una marca partidaria positiva (hasta el momento de la elección), afincado en la representación territorial fragmentada y dispersa de una casta de políticos provincianos, y alejado de los escándalos de corrupción del establishment.

Alianza por el Progreso (APP) fue el segundo grupo parlamentario más favorecido, con 22 escaños. Esta agrupación de maquinarias clientelares dispuestas para su promotor, el empresario de la educación superior César Acuña, también presenta un fuerte arraigo en alcaldías y gobiernos regionales, aunque con un mensaje programático difuso hacia el gran electorado.

El fujimorismo (Fuerza Popular, FP), con su lideresa Keiko Fujimori en prisión preventiva por presunto “lavado de dinero” en campañas electorales, vio reducir su brazo legislativo de 73 a 15 congresistas. Así, el mayor esfuerzo de construcción partidaria posterior al colapso sistémico de la década del ‘90, quedó reducido a su mínima expresión, aunque ha sabido mantener un núcleo duro de seguidores leales, desconectados orgánicamente del debilitado aparato. FP subsiste más como identidad partidaria que como organización.

También con 15 representantes, y de manera sorpresiva, emergió el FREPAP, una agrupación afiliada a una iglesia evangélica-milenarista, con presencia territorial en zonas de fronteras internacionales amazónicas y en los márgenes de las principales ciudades de Perú. Presenta una marca partidaria reconocida, asociada a los valores conservadores de su prédica evangélica-milenarista.

Además, alcanzaron curules dos agrupaciones de izquierda. El Frente Amplio (FA) apenas redujo su número de congresistas de 9 a 8, con representantes de enclaves territoriales que el partido ha logrado mantener. Unión del Perú (UPP), la versión más radical de la izquierda peruana, creció con el arrastre electoral generado por su líder etno-cacerista Antauro Humala, pese a que su candidatura fue tachada por las autoridades electorales dado su actual condena por sedición. UPP consiguió 13 congresistas, representantes principalmente del sur radical tradicional, allí donde dicha organización mantiene trabajo territorial y algún tipo de conexión mediática con un electorado anti-centralista y contestatario.

Podemos Perú (Podemos), agrupación promovida por otro empresario educativo, José Luna, tuvo como cabeza de lista en Lima al mediático ex candidato a la alcaldía capitalina y general del Ejército en retiro, Daniel Urresti. Sus apoyos en maquinarias electorales están restringidos a algunos distritos de la zona popular norte de la capital, donde obtuvo la mayoría de los votos y 11 escaños. Completan la configuración, Somos Perú (SP), de tradición y prestigio municipalista, con 10 escaños; y el Partido Morado (PM), liderado por el ex candidato presidencial Julio Guzmán y autodenominado como “centro radical” (sic), cuyos 8 curules corresponden, en su mayoría, a las clases medias y altas de la capital.

Basado en la descripción previa, podemos hacer una clasificación de las agrupaciones con representación parlamentaria según sus vínculos con la sociedad, ya sean orgánicos o mediáticos. En términos de conexión orgánica, ningún partido goza de enraizamiento territorial a lo largo del país. Algunos se sostienen por maquinarias políticas de gobiernos subnacionales (APP, AP) o por el trabajo de base en el territorio (FA, FREPAP, UPP), bastante fragmentado. Otros partidos han perdido su enraizamiento circunstancialmente (Fuerza Popular), o cuentan con un arraigo extremadamente limitado (Podemos, SP, PM).

En términos de conexión mediática, es decir, la exposición en la opinión pública de claves de selección social que hagan distinguible a partidos ante las audiencias, algunas agrupaciones políticas han logrado construir una marca —reconocida y distinguible por el electorado— alrededor de tendencias ideológicas (FP, FA), claves valóricas (FREPAP) o “issues” (AP). En otros casos, determinados personalismos fungen como “atajos cognitivos” que se irradian a toda la lista de postulantes. Daniel Urresti (Podemos) y Antauro Humala (UPP) se caracterizan por su discurso “mano dura” y antisistema. El caso de APP es interesante, porque a pesar de ser una agrupación que gira en torno al liderazgo del rector César Acuña, su impronta personalista no está asociada a ideas-fuerza, como en los casos previamente mencionados.

Cuadro 1. Clasificación de agrupaciones políticas con representación parlamentaria (2020-2021) según sus conexiones orgánicas y mediáticas con la sociedad

Como se aprecia en el cuadro anterior, el Congreso peruano se encuentra conformado por agrupaciones políticas con pobres conexiones orgánicas en el territorio y débiles conexiones mediáticas en la esfera pública que, en ningún caso, condujeron a la conquista de más del 11% de los votos válidos. Esta precariedad obliga a los parlamentarios a legitimarse socialmente durante el periodo de sus funciones, así no puedan tentar la reelección —según reforma constitucional aprobada en referéndum—.

La ausencia de reelección inmediata coadyuva a los actuales congresistas a proyectar el futuro de sus carreras políticas en la arena subnacional (gobernaciones, alcaldías). Por lo tanto, sus iniciativas legislativas no están signadas por preocupaciones nacionales (muchas de ellas sectoriales), sino por agendas territoriales y correspondientes con sus distritos electorales. Aunque adolezcan de capacidad de gasto, tienen en el horizonte una intensa tarea de intermediación entre autoridades locales y agencias gubernamentales, como intento de granjearse un vínculo político no necesariamente representativo.

Este Congreso peruano, sin embargo, debutó en un contexto de pandemia. El mismo día que los representantes juramentaban, se iniciaba el primer confinamiento total decretado por el gobierno. Así, sus actividades previstas en los territorios quedaron suspendidas durante sus primeros meses como legisladores. Siendo que aquellos parlamentarios con conexiones parcialmente orgánicas con la sociedad no las podían emplear, solo les quedó apostar por conexiones mediáticas. Es decir, proyectar mediáticamente ante una ciudadanía enclaustrada en sus hogares por la pandemia del Covid-19 iniciativas legislativas que les otorgasen prestigio, en momentos de emergencia sanitaria y económica.

Así, se inició una ola de proyectos de ley —catalogados como “populistas” por la prensa peruana—, cuyo objetivo ha sido satisfacer necesidades materiales y morales inmediatas de una sociedad en crisis. Los parlamentarios, carentes de incentivos para actuar con “responsabilidad” —es decir, apostar por mantener los ahorros del sistema privado de pensiones o por suspender el cobro de peajes contraviniendo contratos estatales con privados—, se decantaron por el cortoplacismo al que impelían los ritmos de los procesos políticos. Esto es, el actuar de un Congreso determinado por un horizonte temporal de 16 meses, en plena pandemia y con una campaña de elecciones generales en ciernes.  Solo dos fuerzas políticas han tratado de desmarcarse de la “ola populista”: el PM y FP, esta última, a medias[2], y no necesariamente por cuestiones programáticas sino, también, como parte de una estrategia para distinguir sus marcas partidarias del resto de agrupaciones parlamentarias.

En este contexto, un escándalo político –destapado en septiembre- que involucra al Ejecutivo, develó conversaciones telefónicas del Presidente Vizcarra y su entorno palaciego, con acuerdos de adulterar pruebas de una investigación en curso encabezada por la Fiscalía y el Congreso sobre las contrataciones por US$50 mil de un artista con el Ministerio de Cultura. Aunque se trata de una investigación en trámite, una mayoría parlamentaria decidió que el audio develado merecía la sanción de Vacancia Presidencial por “incapacidad moral”, gatillando así un proceso de control político que no prosperó.

Esta primera iniciativa —catalogada de suicida e irresponsable—, en realidad fue totalmente esperable de una representación parlamentaria ansiosa por establecer vínculos políticos satisfactores de necesidades morales. Si la lucha anticorrupción ha sido una bandera empleada por el Ejecutivo para granjearse popularidad —en muchos casos, incluso de manera irresponsable—, ¿por qué el Congreso de la República iba a ser ajeno a este mismo tipo de estrategias?, sobre todo si la conexión social que plantea no es programática sino personalista.

Recientemente se han presentado las firmas parlamentarias requeridas para intentar nuevamente la Vacancia Presidencial por “incapacidad moral” contra Martín Vizcarra.  Se sustenta en testimonios de postulantes a “colaboradores eficaces” con la justicia peruana que han atestiguado la participación del Presidente en coimas relacionadas con obras públicas durante su gestión regional en Moquegua. Aunque es improbable que se alcancen los votos requeridos en el Pleno del Congreso, se repite la conducta política de “intolerancia a la corrupción” de los promotores.

Mayhew (1974) señalaba que en sistemas presidenciales como el de Estados Unidos, los legisladores tienden a privilegiar un juego propio y no a armar equipos, porque sus destinos —desde la nominación de sus candidaturas hasta la reelección— pasan por los recursos que puedan movilizar a su favor, antes que por el apoyo partidario. Sin partido político que les provea de una articulación programática, los parlamentarios individuales no requieren guardar disciplina de estructuras organizativas, ideologías ni doctrinas. Ante la ausencia de recursos ideacionales, apelan a medidas inmediatistas, populares, sin las restricciones propias que imponen los sentidos programáticos.

No se trata de legisladores que repentinamente pierden la razón para sorpresa de los observadores, sino de comportamientos totalmente racionales y dentro de los límites establecidos por las normas y sus circunstancias.

NOTAS Y REFERENCIAS

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