Demandas, organizaciones y violencias: perspectivas para entender la revuelta de 2019

La dinámica de las protestas que vive Chile “no se inició con el ‘estallido social’, sostiene este artículo. Contra la idea de que el 18/O ‘Chile Despertó’, más bien parece que llevaba tiempo despierto, pero la elite no tomaba nota de ello. Eso indican los datos del Informe Anual 2020 del Observatorio de Conflictos de COES, que se presentan y analizan en esta columna. Junto con caracterizar 10 años de protestas, el texto se pregunta algo clave: ¿qué diferencia tiene el período anterior al 18/O con el que estamos viviendo? O, dicho de otro modo, ¿qué es lo que viene? Destacan que una dificultad para saberlo es la información de prensa, en la que se basa el Informe. Si estos fenómenos no se ven venir, la prensa tiene una responsabilidad en eso, sugiere el texto.

La conmemoración del aniversario del 18 de octubre y su inevitable conexión con el plebiscito para elaborar una nueva constitución, da la oportunidad de comentar los datos del Informe Anual 2020 del Observatorio de Conflictos de COES, que aborda un período más largo, cubriendo las protestas (acciones contenciosas) desarrolladas en el país desde 2009 al 2019 (Garretón, Campos, Joignant y Somma 2020). La perspectiva más larga es indispensable para apreciar algunos significados y consecuencias presentes en la dinámica de la protesta. Una conclusión importante de ese análisis decenal es que la conflictividad se ha convertido desde hace un tiempo en un fenómeno permanente en el país. Los datos del Observatorio, más que entregar respuestas definitivas, invitan a formular nuevas líneas de investigación para entender el fenómeno.

UN DECENIO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN CHILE

La dinámica de la protesta no se inicia con el llamado “estallido social”, contradiciendo de algún modo la metáfora de “Chile Despertó”. Además, las cifras parecen indicar que el ciclo político que comenzó con las masivas movilizaciones estudiantiles en 2011, no se habría cerrado aún. Esto se verifica en el hecho que, más allá de las reformas y cambios políticos que hasta la fecha se han producido, los conflictos en diversas áreas y sectores mantienen una permanencia importante, con algunos peaks a lo largo del decenio. Así, en términos generales tenemos un promedio de 500 protestas por semestre, repartidas en todas las regiones del país, que experimentaron sus momentos más álgidos en el segundo semestre de 2011 (1.100 protestas), en el año 2014 y en el último trimestre de 2019 (2.700 protestas).

Analizadas por tipo de demandas o “sector” de protesta, el mayor número y porcentaje lo ocupan las protestas de origen laboral que representan un 43% del total y que muestran alzas en 2016, 2013, 2019 y 2009, manteniendo el orden de mayor a menor. La principal demanda refiere a los salarios y el principal actor colectivo son los trabajadores del sector público.

Gráfico 1

Demandas en protestas

Fuente: Garretón, Campos, Joignant y Somma 2020.

En segundo lugar, en términos agregados se encuentran las protestas de tipo directamente político, las que muestran un perfil mucho más estable, teniendo su principal auge durante el segundo semestre de 2014 (junto a las laborales), para luego descender levemente hasta el año 2016 y volver a crecer hasta llegar a un nuevo peak en 2019. El tercer componente relevante en magnitud son los “servicios de bienestar” (educación, salud, vivienda y pensiones), que concentran cerca de un 30% del total. Experimentan un altísimo peak en 2011 (cerca de 800 protestas durante el segundo semestre) para luego descender hasta 2015 y volver a incrementarse sostenidamente hasta 2019.

Menores en magnitud, pero persistentes en el tiempo son las protestas específicamente identificadas como socio territoriales, que tienen su mayor volumen en 2011/2012 (Aysén, Calama, Freirina, Punta Arenas, son conflictos de esos años) y luego bajan en número hasta 2017, donde comienzan nuevamente a subir hasta niveles mayores a los de 2010. Las protestas de pueblos originarios muestran una pauta de incremento constante, con puntos altos en 2010 y luego en 2018. La protesta feminista es de más tardía aparición, registrándose un incremento sostenido desde 2017, con peaks en 2018 y 2019.

Por otra parte, se evidencia que las protestas han ocurrido en todas las regiones del país. El Informe no presenta magnitudes absolutas, aunque sí indica que las mayores frecuencias ocurrieron en las grandes ciudades del país. Sin embargo, también se aprecia una alta proporción de protestas en relación a su número de habitantes en las regiones menos pobladas (Aysén, Magallanes, Atacama y Arica-Parinacota, en ese orden). Un segundo tramo lo ocupan dos regiones “dinámicas” (Los Lagos y Antofagasta) junto a dos de las más pobres como son Los Ríos y Araucanía.

Gráfico 2

Frecuencia de protestas en regiones de Chile por cada 10 mil habitantes

Fuente: Garretón, Campos, Joignant y Somma 2020.

Tal como plantea la literatura académica sobre movimientos sociales, muchas veces las protestas forman parte de ciclos de expansión y contracción de “olas de protestas”, acorde con las estructuras de oportunidades políticas y la existencia de incentivos para la acción colectiva (Tarrow, 2011). Es decir, un mismo conflicto –o conflictos relacionados– puede presentar momentos de escasa agitación social, pero eso no implica que el conflicto y el problema que lo origina, desaparezcan. También aquí es importante mantener la diferencia conceptual entre protesta y conflicto. De hecho, específicamente para el caso chileno, aunque no se cuenta con buenos datos para el período anterior a 2011, la literatura académica predominante establece este año como uno de “repolitización” a partir del movimiento estudiantil (PNUD, 2015). Por otra parte, se ha destacado el paulatino aumento de los conflictos socioterritoriales a partir de 2005 (Delamaza, Maillet & Martínez, 2017), lo que cual es consistente con un aumento de la conflictividad social en general (Donoso & Von Bulow, 2017).

Más aún en este breve análisis de magnitudes y proporciones lo que se aprecia es que entre 2010 (laborales), 2011 (educación) y 2012 (territoriales) se inició un ciclo general de mayor conflictividad que luego descendió y se reactivó en 2015 y 2016, con la ampliación de motivos y grupos movilizados (Contra las AFP, movimiento feminista, movimientos indígenas).

Una de las hipótesis que formulamos es que estos distintos conflictos sociales y las protestas llevadas por diversos sectores contribuyeron a generar un momento –el llamado “estallido social”, aunque ese no haya sido organizado o canalizado por una o más organizaciones que unificaran la protesta– y una salida hacia el problema constituyente, levantada desde la movilización y que a su vez motivó la respuesta del sistema político (acuerdo del 15 de noviembre). El corolario de un aumento de la conflictividad social en general sería desde el 18 de octubre de 2019 y su intensificación en movilizaciones los días siguientes.

LA REVUELTA: LO QUE INDICAN LOS DATOS DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS Y LAS PREGUNTAS PENDIENTES

¿Qué diferencia aporta el período iniciado el 18 de octubre de 2019 respecto al decenio anterior? La principal es bastante evidente, y es el enorme incremento de la protesta en los últimos meses del año que evidencian los datos analizados en el informe. Sin embargo, estos mismos datos son limitados a la hora de analizar la organización, en un sentido amplio, durante este ciclo de protesta, y las demandas. Vale la pena recordar que los datos del Observatorio de COES provienen de la sistematización de la información de la prensa nacional y regional. Esto genera diversos sesgos, que deben ser considerados reflexivamente e invitan a la cautela en el análisis (Earl et al, 2004).

En cuanto a las demandas, el informe del Observatorio de Conflictos indica que “sólo el 25% de las acciones durante el estallido exhibieron demandas específicas, comparado con el 92% en el período previo”. Lo que se podría leer como una dilución de las demandas –una fuerte circulación y heterogeneidad entre diferentes demandas- tiene que ver con un sesgo del instrumento basado en la revisión de prensa. En efecto, ¿qué pasa con elementos que no aparecen en la prensa como la demanda multisectorial, antisistémica, antineoliberal, o como la queramos llamar? ¿Qué ocurre con la construcción de demanda en la deliberación, en los cabildos, las ocupaciones y todo lo que se ha podido conversar en esos momentos? ¿Qué significa la movilización de más de un millón de personas en la Plaza de la Dignidad o la producción de íconos de fuerte impacto en la cultura nacional, como el “negro matapacos”, Las Tesis, o las reiteradas performances de artistas populares como Mon Laferte y Stefan Kramer? Resulta difícil comprender estos elementos en términos de atomización o dilución de demandas.  Nuestra hipótesis es que el momento del “estallido” o “despertar” generó una construcción de referentes culturales y colectivos ad hoc, propios del momento, los cuales no siempre se vehiculan y llevan a la formulación de demandas clasificables.

Esta hipótesis nos permite volver un momento sobre las metodologías de recolección de datos sobre protestas basados en la prensa. Al basarse en la prensa, los datos colectados dependen de la línea editorial de los medios, la que a su vez está relacionada con la propiedad de ellos (Becerra y Mastrini 2017). Esta crítica recurrente a la prensa escrita sea nacional o regional, no es central en nuestra observación. El problema está más bien en la realidad cotidiana del trabajo de prensa, también conocido como rutinas periodísticas, que construyen la realidad social del acontecimiento (Salinas y Stange, 2015; Usher, 2014). La prensa regional y nacional generan productos informativos en un entorno y sus dinámicas, sobre la base de un trabajo de negociación, selección y jerarquización de las noticias.

Al respecto, los autores del informe señalan que “es posible que los medios de prensa se hayan visto sobrepasados”. En efecto, es muy probable que sea así, pero el problema es todavía más profundo: reportar protestas para un diario obliga a trabajar rápido, sin mucha capacidad de análisis ni de profundización, a partir de plazos de producción (desorganizados por las plataformas digitales) y un territorio inmenso para informar, lo que implica tradicionalmente reducir las fuentes a las voces oficiales (Faure, 2021). Por lo tanto, demandas más difusas u organizaciones que no se reflejan en banderas o comunicados de prensa, pasarán desapercibidas. Esto es uno de los sesgos bien conocidos del análisis de eventos de protesta (Allain, 2019; Fillieule, 2007).

El problema es que, al basar el análisis más de fondo sobre estos mismos datos, corremos el riesgo de replicar en el tiempo la construcción periodística de la realidad social del momento. En otros términos, que un o una periodista no haya podido dar cuenta de demandas u organización en su reporte diario es entendible, por las lógicas de producción de la información, pero pasa a ser problemático cuando se trata de un análisis formulado un año después, cuando existe evidencia que se han construido demandas y formas de organización, de manera progresiva, a lo largo de la revuelta.

El llamado “estallido social”, con su amplitud, intensidad y persistencia pareciera más bien haber aunado o hecho converger la diversidad de motivos de muchas de las protestas previas en un gran movimiento colectivo. No es que este surgiera de un “pliego” o de una organización unificadora. Fue a la inversa: de la iniciativa particular de los estudiantes secundarios por evadir el pasaje del Metro de Santiago, se pasó en menos de una semana a un conjunto de eventos de alto impacto, también en Santiago, marcados por la violencia (quema de las estaciones del Metro y otros edificios, ataques a oficinas públicas y privadas, y saqueos a supermercados y bodegas), al cual siguió inmediatamente la declaración de Estado de Sitio en todo el territorio por parte de la autoridad.

A ese primer “estallido” le siguió la protesta masiva propiamente tal, la cual se registró en muchas ciudades, pueblos, calles y caminos del país. Ese fenómeno se mantuvo alrededor de un mes con distinta intensidad. El Estado de Sitio se levantó y la negociación política llevó a un acuerdo para un plebiscito constitucional durante la noche del 15 de noviembre, la cual estuvo antecedida también por episodios de violencia policial y social, especialmente el 12 de noviembre y también por el llamado de las asociaciones de municipios a un plebiscito sobre el cambio constitucional. Luego de ello la masividad se redujo, pero la frecuencia de las protestas se convirtió en semanal, prácticamente hasta fin de año en los diversos territorios.

Simultáneamente se realizaron acciones que no quedan registradas en el Observatorio de Conflictos, como fue el plebiscito comunal en diciembre, en el que participaron dos millones y medio de personas, y los incontables cabildos y asambleas territoriales. Estas manifestaciones están directamente ligadas a la protesta iniciada en octubre –de hecho, los primeros cabildos se hicieron mientras tenían lugar las manifestaciones–, pero tienen otro carácter, de tipo deliberativo. Y normalmente no son registrados por la prensa. Al no contar con antecedentes sobre el resultado de dichos cabildos, no tenemos evidencia sobre el grado de unificación o particularización de las demandas, aunque se mantiene la masividad y la simultaneidad en el tiempo.

Hay otra diferencia que aparece relevada en la agenda pública, especialmente por los medios de comunicación y las autoridades de gobierno y es la violencia asociada a la protesta. Al respecto el Informe del Observatorio de Conflictos de COES establece una categoría que reúne la violencia policial y la que proviene de las tácticas de algunos de los manifestantes. También realiza un interesante ejercicio que muestra cómo en ocasiones la violencia social precede a la policial. Vale decir luego de producidos algunos hechos de protesta violenta, en promedio cuatro días después se registra una intensificación de la violencia policial. Mientras en muchas otras ocasiones ocurre al revés: es la violencia policial la que desencadena la violencia social, la que tiende a ocurrir al día siguiente.[1]

Sin embargo, se debe ser extremadamente cauteloso con los datos relativos a violencia, dada la fuente que se utiliza para obtenerlos, que enfatiza precisamente en la violencia como criterio de selección (más en la social que en la policial). De tal manera que no es posible establecer una pauta estable a partir de esa información, menos aún en el contexto de la intensificación movilizadora. Las magnitudes que el propio Informe presenta sugieren que el incremento en la cantidad de manifestaciones, así como en su masividad es mucho mayor que el aumento en la proporción de estas donde se produce violencia. Se requerirá más trabajo de investigación para comprender aquello.

La correlación entre respuestas políticas y demandas insatisfechas convertidas en protestas, parece mostrar una mayor dinámica que las segundas. A pesar del acuerdo entre los partidos políticos el 15 de noviembre del año 2019, este no alcanzó un nivel de respuesta acorde a la dinámica social. En ello pueden influir muchos factores, uno de los cuales es precisamente el distanciamiento entre la movilización social y la política institucional, que se expresó en la potente demanda por la renuncia del Presidente Piñera y el cuestionamiento a varios de sus ministros. Así, durante el año 2019, se intentó una acusación constitucional contra el Presidente y su Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick resultando aprobada solamente la segunda. La dinámica de protesta y conflicto durante el año 2020 se vio interrumpida por un factor externo, como lo fue la pandemia del COVID-19. Igual cosa ocurrió con el plebiscito constitucional, que se acaba de realizar en octubre.

Se inicia así un nuevo período. A la manera del proyecto Escucha Activa de COES, sería interesante indagar más sobre la diversidad de actores que participaron de la revuelta de 2019, primo manifestantes, estudiantes que  saltaron los torniquetes, coordinadoras autónomas provenientes de distintos movimientos (feministas, laborales, socio-territoriales, pensionados, entre otros), organizaciones más estructuradas (sindicatos tradicionales, por mencionar algunos), así como también entender los puntos de convergencias y divergencias entre los distintos participantes de este momento pre-constituyente. En vez de considerar una atomización de las demandas –como lo sugirió el análisis de prensa–, podríamos considerar los distintos procesos de formulación de demandas y la diversidad de estas de cara al proceso constituyente. Nuestra capacidad, en tanto académicos y académicas, será generar conocimientos del proceso de movilización en Chile que tiene (y tendrá) un efecto político sobre la realidad social observada.

Esperamos contar con más instrumentos sobre la protesta social (como los informes de COES Escucha) e intercambios que nos ayuden a comprender estos fenómenos, para los cuales los datos del Observatorio de Conflicto proponen un primer acercamiento global de gran importancia, pero que requiere ser analizado con prudencia. Es un desafío para toda la comunidad académica y analistas de los movimientos sociales para el estudio y la comprensión del momento constituyente.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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