La Constitución actual permitió organizar la educación en Chile con una lógica de mercado y transformar el sistema en un modelo neoliberal extremo, único en el mundo. El autor discute aquí cómo el plebiscito de hoy se relaciona con el sistema educacional chileno, y qué tiene que cambiar para que una nueva Constitución garantice realmente el “derecho a la educación”.
EL ESPACIAL ESTATUS DE LA EDUCACIÓN EN LA CONSTELACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Como consecuencia de la más intensa protesta social ocurrida en Chile en muchas décadas, el país entró en un proceso político para poner término a la Constitución impuesta por la dictadura en 1980. Dicha Constitución consagró normativamente una visión política refundacional que, en lo económico-social, impuso la lógica de mercado desregulado como criterio organizador, transformando a Chile en el paradigma internacional del neoliberalismo.
Uno de los componentes fundamentales de las Constituciones es cómo incorporan los derechos de las personas. Dentro de la constelación de derechos humanos, la educación ocupa un lugar central, y por buenas razones. La educación tiene un valor intrínseco asociado al desarrollo personal, pero tiene también una dimensión instrumental que la hace clave para aumentar las capacidades de las personas para precisamente acceder y luchar por los demás derechos, incluyendo los civiles y políticos. Además, la educación tiene un valor social, pues se espera contribuya a la cohesión social y el bienestar colectivo. Por último, la educación es un derecho de los niños y niñas, que se impone incluso sobre la voluntad de sus padres, apelando al “interés superior” de la infancia concebida como responsabilidad de la comunidad más amplia, justamente para trascender las desigualdades de origen familiar.
La centralidad del derecho a la educación ha hecho que éste se encuentre ampliamente consagrado no sólo en las constituciones y leyes nacionales, sino en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en la Constitución chilena el derecho a la educación está pobremente definido y débilmente resguardado. Este ha sido uno de los elementos claves del debate público que acumula 15 años, desde que los estudiantes secundarios iniciaran masivas movilizaciones en 2006 y que ha derivado este 2020 en un plebiscito inédito en Chile para dotarse democráticamente de una nueva Constitución.
DERECHO A LA EDUCACIÓN VERSUS LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Siguiendo el credo privatizador del neoliberalismo, el arreglo institucional de la dictadura chilena asimiló la libertad de enseñanza con la libertad de empresa, abriendo un enorme espacio de arbitrariedad para que los dueños de las escuelas privadas las organizaran y gestionaran según su interés y preferencias, sin preocuparse del bien común; pero al mismo tiempo, garantizándoles amplio acceso a los recursos del estado.
Así, los propietarios de las escuelas privadas, financiadas con recursos públicos, se han opuesto sistemáticamente a políticas educacionales orientadas a mejorar la equidad (e.g. disminuir la segregación social de las escuelas, no cobrar aranceles a las familias), la calidad (e.g. programas de educación sexual, estándares de formación para directivos de centros escolares), la participación (e.g. consejos escolares), y la no discriminación (e.g. aceptación de estudiantes hijos de madres solteras, no expulsión de estudiantes por su orientación sexual). Nótese que, aunque en Chile existe formalmente libertad de elección de escuela para las familias, las excesivas atribuciones de los propietarios de las escuelas les han permitido restringir ese derecho; se trata de una tensión ahora “al interior” de la libertad de enseñanza, pero que -como en muchos otros mercados pobremente regulados en Chile- pone el interés de las empresas por sobre el de los consumidores (aunque ciertamente este concepto no describe adecuadamente la posición de las familias en educación).
Para que la libertad de enseñanza constituya un enriquecimiento sustantivo del campo educacional, debe sacudirse de esta noción de libertad de empresa. El derecho a la educación, la no discriminación y el trato digno a niñas y niños deben siempre superponerse al interés particular del propietario de una escuela privada. Esto supone reconocer que los recursos que el estado invierte en educación son para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, no la libertad de enseñanza, cuyo reconocimiento no implica de suyo un deber de financiamiento público.
La libertad de enseñanza abre un espacio de creación e innovación educacional; igualmente, garantiza el pluralismo al permitir proyectos educacionales con identidades culturales específicas. Nada de esto tiene que ver con la libertad para discriminar y excluir escudándose en el “proyecto educativo” del centro, tampoco con el afán de lucro de su propietario. La nueva Constitución debiera dejar en claro que el derecho a la educación es un principio superior a todos los demás intereses y garantías involucrados en el campo de la educación.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Bajo el actual arreglo institucional, se obligó al estado chileno a tratar a las escuelas públicas y privadas como si fuesen equivalentes, y someterlas a un régimen de mercado (por ejemplo, las escuelas públicas y privadas son financiadas a través de un único sistema de vouchers, por lo que deben competir por las preferencias de las familias). No es casual que bajo esta Constitución la educación pública chilena haya pasado de educar a casi el 90% de los estudiantes a menos del 40% en la actualidad, convirtiéndose en uno de los sistemas educacionales más privatizados del mundo. La educación pública quedó relegada a una opción marginal, sólo para ofrecerse en las zonas, grupos sociales o tipos de estudiantes en que la iniciativa privada no tuviera interés. Y como en un régimen de mercado el interés privado se ajusta a los precios, muchas políticas se han empeñado en “incentivar” la privatización aumentando los recursos públicos y permitiendo cobrar a las familias para estimular la creación de oferta privada. Como consecuencia, la segregación socioeconómica de las escuelas chilenas es muy elevada.
La Constitución democrática debería reconocer que la educación pública tiene un valor social superior y que, por tanto, el estado debe priorizarla, poniendo fin a la idea del “estado subsidiario”.Esto pasa por establecer que la educación pública es la garantía institucional del derecho universal a la educación, lo que obliga al estado a comprometerse con una provisión de calidad y con criterios de justicia, nada de lo cual ha podido producir el experimento de mercado educativo. Por cierto, una definición enriquecida del derecho a la educación incluye además concebirla de un modo ambicioso en sus propósitos y extensa, a lo largo y ancho de la vida, aspectos que también podrán impulsarse una vez sacudido el sistema escolar de la ilusión del laissez faire.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
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Como discurso ideológico, podría aceptarse. Como propuesta académica, el artículo del profesor Sapelli es pobre, limitado, sesgado, carente de evidencia suficiente para cada una de sus afirmaciones diagnósticas. El estado Docente al que propone volver fue reflejo de una sociedad que pretendía ser homogénea, de un Estado burocrático y elitista, de una clase dirigente que practicaba el despotismo ilustrado. Pero... Chile cambió. Por último, seamos serios: es un simplismo absurdo suponer que el Estado chileno se puede hacer cargo con eficacia de no solo garantizar los derechos sociales, sino también de administrarlos: no puede, no lo hace, no lo ha hecho. Y una nueva constitución no cambiará su carácter burocrático y disfuncional.
Necesitamos otro modelo de educación, basado en nuevos paradigmas, que responda a la sociedad del siglo XXI, no a las ideas del pasado.
Yerco | 30.10.2020
Un texto que no tiene ninguna argumentación sólida y con una clara inclinación hacia las políticas educativas que promueve la izquierda que han fracasado socialmente en los países que las han implementado. Critican lo de siempre, que el mercado, que la segregación. La escuela pública fracaso definitivamente aún teniendo más aportes estatales y pagándoles más a sus profesores, no aprovechaban inteligentemente los recursos que tenían, entonces la educación avanzo hacia una mejor educación subsidiada desde el estado hacia el privado. Este debería ser el punto de discusión: " por que la educación pública fracaso teniendo más posibilidades de acceso, participación y recursos estatales? .
carlos astroza | 29.10.2020
Este articulo tiene algo raro. Carece de la fundamentación técnica de un artículo de Ciper. Y si este es el nivel de fundamentación que puede exhibir la academia, entonces el problema no está en la educación, sino más bien en las universidades.
Gonzalo Carrasco | 28.10.2020
Traté, pero no encontré nada sustancialmente esclarecedor en el artículo. Nada que ubique un capítulo de una nueva carta fundamental, que pudiera radicalmente cambiar la esencia y funcionamiento del sistema educativo chileno.
Daniel Villegas | 25.10.2020
Es grave afirmar que la educación publica ha disminuido su cobertura por una declaración constitucional que solo pretender asegurar la libertad en la forma en que los padres educan a sus hijos especialmente en atributos tales como la religión, idiomas, vida ecológica, inclinaciones humanistas versus ingenieríles, cientificas o industriales. En todos estos casos el Ministerio de Educación asegura un estándar minimo que debe fiscalizar permanentemente en cuanto al cumplimiento de sus contenidos, para asegurar que la educación sea universal y funcional a lo que el país ha establecido para sus habitantes. Uno podría pensar que un colegio Hindu con especial atención a la meditación Lama no cumpliera con tales objetivos y para eso esta el Ministerio de Educación que debe velar porque los estándares sean los establecidos por Chile.
En particular el tema de la segregación merece algún estudio en su definición puesto que la población nacional ha crecido fuertemente de un rango de 10 millones en los 70’s a 20 millones en los 2020’s , evento que no es arbitrario puesto que se esperaría que este cambio demográfico en si mismo lleve a fuertes segregaciones geográficas que distanciarían unos sectores de otros. En este contexto en que la población nacional se concentra en un 40% en la Región Metropolitana y socioeconómicamente el 6% mas rico en Las Condes y La Dehesa, la segregación económica por precio para unos cuantos vecinos no pasa de ser un chiste en relación a la segregación geográfica y económica para el resto del país.
Sin duda esto pudiera llevar a grandes diferencias en la educación entre los del norte y los del sur o incluso entre los del sector publico o el privado, pero para eso está el Ministerio de Educación de nuestro país que durante muchos años ha estudiado con profesionales de esa area los contenidos y programas adecuados que les son funcionales a los chilenos que quieren mejores opciones en nuestro país. En el caso de nuestro colegio Hindu con orientaciones Lamas e incluso ahí, ellos están obligados a entregar el 100% de los contenidos que el ministerio considere obligatorios para que tal segregación no tenga efecto. Es mas, el Ministerio es el que define las herramientas de evaluación y de esa manera también controla que los estándares no sean deficientes o radicalmente diferentes al estándar establecido para Chile.
Así, si la educación publica no requiere orientar mas recursos en educación, ello libera recursos para ser orientados a otras necesidades del país y así mejorar la asignación de recursos y el bienestar de todos los chilenos, por ejemplo asignando esos presupuestos a mas hospitales en salud o mas caminos, si se requieren.
Por supuesto hay que cuidar de alguna manera que el principio de no discriminación se cumpla y que no ocurra por ejemplo que la población negra no pueda estudiar en ciertos colegios o universidades o que tal cosa ocurriera igual para hebreos, ingleses, españoles o alemanes. El país se sustenta en valores constitucionales y estos valores deben ser respetados en todo el país.
El tema es interesante y estoy seguro que deben existir instituciones encargadas de estudia estos temas. En este caso me parece que la perspectiva del articulo esta sesgada a la segregación, que en si misma no constituye maldad pero que es un problema que requiere de atención.
