Pensando una nueva agenda para los pueblos indígenas a partir de la encuesta CIIR

Un estudio realizado por el CIIR muestra que la agenda de los pueblos originarios se ha instalado en el debate ciudadano. Tres demandas históricas son apoyadas por la mayoría de los encuestados: que la nueva Constitución reconozca la existencia de los pueblos indígenas y sus lenguas de manera oficial; y que se avance hacia el reconocimiento de las diferentes culturas que conforman la sociedad chilena. Sin embargo, que el Estado se declare “plurinacional”, uno de los cambios emblemáticos propiciados por los pueblos indígenas, tiene un apoyo escaso: 17% de los encuestados.

En marzo y septiembre, el CIIR aplicó un estudio de opinión[1] entre tomadores de decisión y opinión pública para explorar percepciones en tres temas relevantes en relación a los Pueblos Originarios: nivel de apoyo a diferentes formas de participación en el proceso constituyente; percepción sobre su relación con el Estado y opinión de los encuestados sobre los aspectos que una nueva Constitución debía considerar respecto a estos pueblos. Si bien ambas encuestas se aplicaron en contextos diferentes (la de marzo post estallido social y la de septiembre en una situación mundial de pandemia), la variación entre las respuestas es mínima y los resultados muestran que se mantiene un grado de adhesión alto a las demandas por avanzar en cambios que los pueblos indígenas hemos propuesto por décadas. Es decir, la temática indígena se ha instalado en la agenda ciudadana.

Si bien el avance en el ámbito del reconocimiento de derechos y el legítimo ejercicio de los mismos sigue siendo relevante, este estudio demuestra que el énfasis hoy está puesto en una agenda política orientada a modificar los pilares del modelo actual de Estado-nación. Este es un hecho inédito, pues significa no sólo la identificación de los pueblos indígenas como culturas diferenciadas, sino principalmente como sujetos políticos.

El estudio se realiza en un momento histórico: por primera vez las y los ciudadanos podremos participar en un plebiscito para cambiar la Constitución, con la esperanza de incorporar aquellas visiones diversas que caracterizan nuestra sociedad. En ese sentido, resulta significativo que los pueblos indígenas podremos ser parte activa de este proceso a través del mecanismo de escaños reservados, el cual ha sido aprobado en términos generales pero aún se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. De hecho, aún existe incertidumbre respecto de los mecanismos específicos que se utilizarán para elegir a las y los constituyentes indígenas, cuáles serán los requisitos de postulación, cómo se definirán las papeletas de votación, entre otros elementos. Ad portas del plebiscito que nos llevará a decidir respecto de una nueva Constitución, los pueblos indígenas aún no tenemos certeza de la forma en la que podremos participar en su discusión[2].

Las evidencias que muestra este estudio son fundamentales no sólo porque se producen en un momento social y político particular, sino porque se convierten en un nuevo punto de apoyo para mover la agenda pública hacia cambios históricamente demandados. Estos cambios dicen relación con las reglas de convivencia, con el avance hacia una sociedad intercultural y la instalación de un Estado que reconozca la plurinacionalidad de naciones que habitamos este territorio. El avance hacia la interculturalidad en todos los espacios, también aquellos vinculados al poder, requiere de la confluencia de agendas, y no puede ser una demanda planteada solo por los pueblos indígenas. Los cambios necesarios ocurrirán cuando los diferentes actores, desde distintos espacios, asuman la interculturalidad como una necesidad imperiosa de nuestros tiempos. Esto se sustenta no sólo en la preexistencia de los pueblos indígenas como naciones que antecedimos al Estado de Chile, sino también en los derechos que los movimientos indígenas han conseguido instalar en la agenda internacional, tales como la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2007, o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2008, ambos instrumentos ratificados por el Estado de Chile.

Considerando los principales hallazgos del Segundo Estudio de Opinión Pública sobre Pueblos Originarios y Nueva Constitución, en esta columna identificaré las dimensiones relevantes contenidas en las demandas indígenas, así como las oportunidades y desafíos que abren dichos resultados no sólo para el actual proceso constituyente, sino también como parte de una agenda que implica una reflexión profunda en torno a las formas de convivencia que persisten en nuestro territorio.

EJES PARA UN ANÁLISIS

De los diferentes resultados que ofrece este estudio, analizaré en primer lugar aquellos que se vinculan a cambios estructurales y que tendrían incidencia no sólo en los pueblos indígenas, sino también en la nación chilena, en el entendido que suponen redefinir las reglas del juego y de la gobernanza que han primado en Chile prácticamente desde su nacimiento. Un resultado importante es el relacionado con el apoyo mayoritario al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: el 95% de las personas encuestadas manifiesta la necesidad de avanzar en esta materia. Si consideramos los resultados obtenidos en la versión del estudio en marzo (97%), la variación ha sido mínima. Este resultado podría evidenciar que la ciudadanía no sólo reconoce la importancia de la Constitución como un instrumento medular en la definición de los derechos y deberes sustantivos, sino la necesidad de que se explicite en ella la existencia de los pueblos indígenas, cuestión que no ha ocurrido en ninguna de las Constituciones que ha tenido el Estado de Chile.

Sin embargo, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, este reconocimiento debe responder al estándar que el derecho internacional y los propios pueblos hemos planteado, es decir, debe sustentarse en nuestra preexistencia como naciones; en nuestro carácter de pueblos (y no de etnias como señala el artículo 1 de la ley 19.253), y como sujetos colectivos con autonomía y libre determinación. De esa forma se rompe la lógica hegemónica y paternalista que ha caracterizado la relación de la nación chilena con las naciones indígenas y se avanza desde la identificación que nos ha dado la legislación actual (culturas que forman parte del patrimonio de la nación chilena, art. 7 de la Ley 192.53) hacia el reconocimiento de nuestros derechos políticos. Para ello, estos resultados indican que el lugar en el que se debe consagrar ese reconocimiento es en la Constitución, es decir, al más alto nivel político.

Otro resultado interesante, relacionado con el anterior, es la naturaleza de ese reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. La alternativa de “declarar a Chile como un Estado Multicultural, donde en un mismo Estado conviven diferentes culturas”, es la que cuenta con mayor adhesión: 55% de apoyo de las personas encuestadas. Este resultado se contrapone a la alternativa de “declarar a Chile como un Estado Plurinacional, donde en un mismo Estado conviven diferentes naciones dentro del mismo territorio”, la que obtuvo un 16% de apoyo. Si bien la opción de un Estado multicultural ya contaba con un apoyo similar en el estudio realizado en marzo (49%), al igual que la opción de un Estado plurinacional (17%), es importante resaltar que las propuestas de los pueblos indígenas van en la línea de apoyar esta última alternativa.

El sustento de ello es la importancia que tiene la nación como un concepto jurídico y político sustantivo acorde al avance en el marco internacional de derechos. Un Estado multicultural representa una fórmula de convivencia que no cuestiona las estructuras de poder o la naturaleza del Estado nación, sino que promueve la generación de espacios para la promoción o la protección de las diversidades que habitan en el territorio de un Estado, entre ellos los pueblos indígenas, pero sin que ello signifique discutir los pilares que provocan las inequidades, o los sistemas de creación y/o representación política, o el reconocimiento de los derechos de autonomía y libre determinación que tenemos. Aquí hay un desafío importante para los pueblos indígenas: instalar este concepto en la nueva Constitución, especialmente si consideramos que la opción de “declarar a Chile como un solo Estado-Nación, sin hacer distinciones” sigue teniendo un nivel de adhesión relevante: 28% en el mes de septiembre versus 31% de apoyo en marzo.

Otro elemento relevante es que un 85% de las personas encuestadas adhiere a la idea de que la Constitución Política debe reconocer las lenguas de los Pueblos Indígenas como lenguas oficiales. El aseguramiento del ejercicio de los derechos lingüísticos es una parte sustantiva de la existencia de los pueblos indígenas, y se entiende así como una responsabilidad del Estado garantizada al más alto nivel. Para ello se requiere romper con la estructura colonialista que ha relegado a los espacios privados el uso de la lengua, o que le ha asignado una valoración subalterna incluso respecto de otras lenguas foráneas. El conocimiento occidental ha servido de parámetro para definir desde donde se relaciona la nación chilena con los pueblos indígenas, y la necesidad urgente de repensar las instituciones formativas, difusoras y creadoras de este conocimiento para generar espacios de reflexión intercultural.

Aquí adquiere relevancia también el apoyo que un 95% de las personas encuestadas le entrega a la afirmación: “es deber del Estado proteger la generación y difusión del conocimiento de los pueblos indígenas”. Sin embargo, para ello se requiere un cambio en la naturaleza del Estado, pues se corre el riesgo de afectar el ejercicio de la autonomía y libre determinación, pues el conocimiento de los pueblos indígenas forma parte de su propio patrimonio y no puede ser objeto de tutela de un Estado que los sigue identificando como etnias sin derechos políticos.

PERCEPCIONES SOBRE VIOLENCIA

Una variación importante de este estudio en la versión aplicada en septiembre fue la incorporación de preguntas que buscaban identificar y recoger percepciones ciudadanas en torno a la violencia, especialmente considerando algunos hechos que han tenido relevancia en la agenda pública y política. Entre ellos, hechos de racismo como los ocurridos en Curacautín, Ercilla, Victoria o Traiguén[1] en el mes de agosto; el aumento de hechos de violencia en comunidades ancestrales o la huelga de hambre sostenida por el machi Celestino Córdova en conjunto con otros 27 presos mapuche que exigían la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Ante la pregunta “¿en qué medida cree usted que se justifican o no se justifican las siguientes acciones?, hay un apoyo mayoritario a que las acciones que involucran el uso de la violencia, tanto por parte de movimientos indígenas como de fuerzas del Estado, no se justifican en ninguna circunstancia. Aquí también se señala que no se justifican los ataques incendiarios por parte de personas indígenas, con un 84% de adhesión de las personas encuestadas. Como contraposición, tampoco se justifica la participación en convocatorias de grupos civiles armados para la autodefensa, que tiene un 80% de apoyo. En esta misma línea, resulta relevante que un 74% de las personas señala que no se justicia el uso de la fuerza por parte de carabineros para allanar comunidades.

De esta forma, la violencia se convierte en un eje de análisis importante y se manifiesta como un ámbito problemático. Finalmente, cabe señalar que existen medidas frente a las cuales las y los encuestados manifestaron que a veces se justifican y/o siempre se justifica, como es el caso de la huelga de hambre como mecanismo de protesta: un 48% apoya esa afirmación, mientras que esa misma cifra de apoyo alcanza la afirmación respecto de la toma de instituciones públicas.

Considerando lo anterior, resulta muy difícil desapegar la violencia, en sus diferentes manifestaciones, como parte de la realidad que atraviesan los pueblos indígenas, ya sea como originarios o destinatarios de acciones de este tipo. La realidad ha sido que el Estado, a través de las acciones de diferentes gobiernos, ha decidido focalizar sus estrategias desde una perspectiva de seguridad, apelando incluso a leyes especiales para abordar un problema de carácter político, cuya solución requiere de un cambio estructural en la forma en la que se relaciona con los pueblos indígenas. Esta afirmación encuentra asidero en el apoyo que más del 89% de las y los encuestados entrega a la afirmación de que en Chile existe un conflicto entre el Estado chileno y los pueblos indígenas.

REFLEXIONES FINALES

Los resultados de este estudio dan cuenta de la relevancia que tiene para la ciudadanía la incorporación efectiva de los pueblos indígenas como actores reales en un nuevo pacto social y político. En ese sentido, si bien muestra que aún existen brechas por cerrar, especialmente al posicionamiento de las propuestas en torno a la plurinacionalidad y un reconocimiento constitucional que responda a ese estándar, mantienen la temática como una cuestión que corresponde al Estado resolver, y que es su incorporación al más alto nivel político una vía posible para la solución anhelada al conflicto que el Estado tiene con los pueblos indígenas.

De esa manera, el desafío será convertir estas percepciones y sensibilidades en acuerdos efectivos, que queden explicitados en la nueva Constitución desde la mirada de los pueblos indígenas, quienes esperamos participar activamente en este histórico proceso.

La invitación que nos hace este análisis es a construir un acuerdo sustantivo que inicie un nuevo recorrido, donde los pueblos indígenas podamos ejercer en plenitud nuestros derechos, con el convencimiento que el sueño de una sociedad intercultural ya no es una demanda sólo de los pueblos indígenas, sino de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que ven en esa vía la posibilidad de un mejor vivir, de un buen vivir.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.