El escamoteo constitucional

Esta columna de opinión rescata un episodio poco difundido del proceso constitucional de 1925: un grupo de la sociedad civil se organizó para participar, pero la elite se las arregló para monopolizar la redacción del documento. Conviene conocer esta historia, dice el autor, porque “tal vez ayude a evitar que se repita lo ocurrido esa vez, en que el autoritarismo presidencial y la acción de las elites dirigentes logró lo que muchos jóvenes temen hoy: escamotearle a la ciudadanía el poder constituyente”.

Conversando con jóvenes en estos tiempos de contactos on line, constato el temor compartido por muchos de que el plebiscito constitucional no llegue a realizarse por la pandemia. Sazonado con teorías conspirativas, se trata de un miedo fundado en una sospecha más profunda: que las elites de alguna manera van a secuestrar el proceso y que el poder constituido va a encontrar la forma de escamotear el poder constituyente ciudadano.

Es tanto una expresión irracional de la desconfianza con la elite como un vértigo ante lo desconocido si gana el “Apruebo”. En un contexto de casi nula confianza en las instituciones políticas, hay dudas, muchas dudas. Es como si la ciudadanía no acabara de creerse del todo que, por primera vez desde la creación del Estado chileno, habrá un proceso constitucional participativo, inclusivo, democrático, representativo.

Hasta ahora nunca ha ocurrido algo así en nuestra historia. Ninguna de las tres grandes constituciones que se ha dado Chile ha tenido la más mínima participación en su elaboración de quien se supone que es el sujeto principal de la soberanía: el pueblo. Ni la Constitución de 1833, obra de Mariano Egaña, bajo la inspiración de Diego Portales; ni la de 1925, escrita por un comité bajo las órdenes de Arturo Alessandri; ni menos la de 1980, instaurada en dictadura siguiendo el pensamiento de Jaime Guzmán y los designios de Augusto Pinochet.

Pero hay un desconocido precedente histórico en el que, por un momento, pareció que la opinión de la ciudadanía podía ser tomada en cuenta, aprovechando una fractura en la elite dirigente, para diseñar una nueva Constitución. Ocurrió durante los meses previos a la redacción de la Constitución de 1925, hace casi un siglo, y ha quedado tan oculto en la historia que el episodio merece ser revisado por la actual generación.

Tal vez ayude a evitar que se repita lo ocurrido esa vez, en que el autoritarismo presidencial y la acción de las elites dirigentes logró lo que muchos jóvenes temen hoy: escamotearle a la ciudadanía el poder constituyente.

El escenario es el agitado año político vivido entre el 12 de septiembre de 1924, cuando una junta militar revolucionaria expresó ruidosamente su apoyo a la petición de sectores populares de convocar a una Convención Constituyente, y el 18 de septiembre de 1925, cuando Arturo Alessandri proclamó la nueva Constitución escrita de modo autoritario entre cuatro paredes.

Juan Carlos Gómez, un investigador de la Universidad de Playa Ancha, lo describió así en un trabajo académico sobre este tema publicado en 2017 en una revista especializada: “La Constitución (de 1925) constituyó una imposición autoritaria por parte del poder constituido que, transformado en un espurio poder constituyente, impidió la génesis democrática, pluralista y participativa del nuevo orden político a través de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que diversos sectores sociales y políticos demandaban. Excluyendo de esa forma el poder constituyente popular” (1).

Resulta interesante e ilustrativo revisar brevemente los hechos.

Chile vivía los estertores de un régimen parlamentario oligárquico surgido de las cenizas de la guerra civil de 1891, en la que el Presidente José Manuel Balmaceda propuso utilizar la riqueza del salitre de una forma que disgustó a los dueños del país. Durante los 30 años siguientes, lo que vivió Chile fue un régimen parlamentario de facto, pese a que regía la Constitución fuertemente autoritaria de 1833.

Arturo Alessandri, “el León de Tarapacá”, llegó a La Moneda en 1920 atrayendo los votos de la nueva clase media con un discurso populista y derrotando tras un duro enfrentamiento al candidato conservador Luis Barros Borgoño. Pero durante su gobierno se desencadenó una crisis económica originada en el derrumbe del precio del salitre debido al desarrollo del salitre sintético.

En medio de la guerrilla política entre un Alessandri autoritario y un Congreso dominado por la oposición conservadora, un hecho inédito sacudió al país el 11 de septiembre de 1924: la irrupción en los salones parlamentarios, en plena sesión legislativa, de un grupo de oficiales de mediana graduación que abuchearon a “los viejos del Senado” haciendo sonar sus sables en señal de protesta por sus bajos salarios. Se había inventado el “ruido de sables”, expresión que entró desde entonces al léxico político chileno.

Poco después, Alessandri se asila en la embajada de Estados Unidos para exiliarse después en Italia. Una Junta Revolucionaria, constituida por los jóvenes tenientes y capitanes del “ruido de sables”, toma el poder y clausura el Congreso. Se zanjaba así la crisis no resuelta entre las dos facciones -conservadores y reformistas- en que se había dividido la elite. La promesa de la Junta era convocar a una Asamblea Constituyente, luego realizar elecciones y en ese momento se retirarían del gobierno. No querían “eternizarse” en el poder. Dos figuras eran relevantes en esta Junta Revolucionaria: Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduque Grove.

Pero la Junta, presionada por otros sectores de militares, se fue olvidando de sus promesas constitucionalistas y llegó a acuerdos para convocar a nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, sin Constituyente. Incluso el bando conservador designó a un candidato para esas elecciones: Ladislao Errázuriz. Los avatares del gobierno militar fueron varios, hasta que en enero de 1925 los mismos militares del “ruido de sables” vuelven a tomar el poder, desahucian el llamado a elecciones parlamentarias y presidenciales, piden el regreso de Alessandri exiliado en Italia e insisten en la convocatoria urgente a una Asamblea Constituyente.

En ese contexto de efervescencia, unos 1.200 delegados de todo el país fueron convocados en el Teatro Municipal de Santiago a instancias del Comité Obrero Nacional, una organización que reunía a diversos sectores de la civilidad, alejados por igual de militares y de los partidos de la elite.  Se autodenominó Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales. Las sesiones se realizaron entre el 8 y el 11 de marzo de ese año, tras un discurso inaugural del dirigente comunista Manuel Hidalgo, que empezaba con estas palabras: “Nos reunimos en esta ocasión los débiles para imponer las normas de justicia y de igualdad social que han de regir a la sociedad futura contra la omnipotente voluntad de los privilegiados de la injusta organización de la sociedad contemporánea”.

Tras varios días de tumultuoso debate, hicieron público un documento con 10 “principios constitucionales”. Entre ellos se incluía el carácter revocable de los parlamentarios, la separación total del Estado y el clero, una organización federal del Estado, la “propiedad social de la tierra”, la educación gratuita “desde la escuela primaria a la Universidad” y “la igualdad de derechos civiles entre ambos sexos”. Recordemos que faltaban 25 años para el sufragio femenino y 95 para la gratuidad universitaria. De acuerdo al historiador Gabriel Salazar, quien ha sido uno de los promotores de rescatar del olvido este acontecimiento, la reunión del Teatro Municipal habría sido “la máxima expresión de autonomía de las bases sociales de la historia de Chile”, ya que no hubo delegados de las Fuerzas Armadas ni ningún dirigente de algún partido político. (2)

Pocos días después regresó Alessandri de su exilio y esas propuestas cayeron rápidamente en el olvido y la indiferencia. La ilusión duró poco. La prensa le dedicó espacios reducidos y los propios convocantes a esa Asamblea del Teatro Municipal no dieron seguimiento a sus conclusiones, divididos y sin capacidad de influir en el desarrollo de los acontecimientos.

Las dos alas de la elite, una comandada por el populista, reformista y autoritario Alessandri, y la otra más difusa definida muy bien como la “fronda aristocrática” por Joaquín Edwards Bello, buscaron una fórmula para evitar una Asamblea Constituyente participativa.

Alessandri, apoyado en los militares, convocó entonces a una Comisión Consultiva integrada por representantes de las fuerzas parlamentarias e independientes, todos nombrados a dedo, cuya primera propuesta fue no llamar a elección de delegados a una Asamblea Constituyente, argumentando que no había tiempo para revisar y depurar el padrón electoral. Se creó entonces una Sub Comisión Consultiva de 15 personas elegidas a dedo, presidida por el propio Alessandri, que redactó la Constitución.

Simultáneamente, los militares reprimieron con fuerza diversas protestas de obreros y “asalariados” en oficinas salitreras. El puesto de ministro de Defensa había sido confiado a Carlos Ibáñez.

Tan poca independencia tuvo esa Sub Comisión que en una de las primeras sesiones, el 17 de abril, el Presidente Alessandri les planteó explícitamente que la Comisión no tenía facultades resolutivas sino consultivas y que ninguna de las indicaciones o planteamientos constitucionales se debían votar. Hubo reclamos y voces disidentes, pero al final primó la voluntad de Alessandri.

Incluso en un momento en que el proyecto constitucional de Alessandri estuvo a punto de naufragar, ante una mayoría adversa en la Comisión Consultiva, se produjo una bochornosa presión directa del Ejército.

Allí entró en escena el comandante el jefe del Ejército, general Mariano Navarrete, quien poco antes se había reunido con la oficialidad y habían tomado partido resuelto a favor de la propuesta de Alessandri. En plena sesión, según relata Juan Carlos Gómez, “se puso de pie con la mano izquierda sobre la empuñadura de su reluciente sable, pidió la palabra y con voz marcial les recordó a los miembros de la Comisión Consultiva que el Ejército respaldaba el proyecto constitucional presentado por el Ejecutivo y que la discusión de las reformas no se podía prolongar por más tiempo; lanzando el sable de los tenientes sobre la mesa puso fin a la discusión”.

El proyecto constitucional de Alessandri fue redactado en pocos meses, impuesto de manera poco elegante a la Comisión Consultiva y sometido a un plebiscito aprobatorio, convocado con apenas 30 días de anticipación, en el cual votó menos de la mitad de quienes tenían derecho a sufrago, registrándose la más alta abstención de cualquier otra elección en todo el siglo XX: 56%.

La historia de la “Constituyente Chica”, como fue conocida la asamblea de marzo del Teatro Municipal, fue sepultada en el olvido. “Ninguno de los actores del ejercicio constituyente de marzo de 1925 reivindicó dicha iniciativa. Durante décadas ningún investigador estimó que fuese necesario poner atención a este hecho”, apunta el doctor en historia Sergio Grez Toso en un prolijo ensayo sobre este episodio (3). Tal vez, como dice Grez, “las fuerzas motrices de esta experiencia no tardaron en comprender que su proyecto no era viable”.

Había vencido un ala de la elite, se había restaurado el presidencialismo y se había derrotado al parlamentarismo de la fronda. Pero lo que hoy llamamos la ciudadanía, el pueblo, las demás clases sociales, no tuvieron posibilidad alguna de escribir ni una línea de la nueva Constitución.

Vinieron otros años turbulentos, incluso con una República Socialista dirigida por Marmaduque Grove que duró 100 días, pero al final la elite se impuso y la Constitución del ´25 duró hasta que otros militares, en otro septiembre, decretaron su entierro por la fuerza de las armas.

Más allá de lo realizable o ingenuo de las propuestas de la “Constituyente Chica”, resaltan algunas similitudes con la situación actual. Una elite muy desprestigiada, clamor popular por un cambio constitucional, la necesidad de toda la sociedad por reescribir las reglas del juego.

Pero el poder constituyente -que, según la teoría clásica, pertenece al pueblo-, fue suplantado por el viejo poder de siempre. La nueva Constitución, impuesta por un Presidente autoritario apoyado por el poder fáctico de las FF.AA., se legitimó después por la fuerza de los hechos.

Las cosas han cambiado mucho en casi 100 años, pero vuelven a soplar vientos constitucionales. De nuevo un sector de la sociedad quiere ser protagonista de su destino y siente temor de que su poder constituyente le sea escamoteado. “Ya cambiaron una vez la fecha y pueden volver a hacerlo”, me dice un joven alumno en la UDP. “Los que mandan siempre han hecho lo que han querido y pueden volver a hacerlo”, apunta otro.

La historia olvidada de la “Constituyente Chica” puede ayudar a que no se repitan hoy los sucesos que, por esos días, llevaron a Luis Emilio Recabarren, fundador del movimiento obrero chileno, a lamentarse del engaño al que fueron sometidos por los que siempre habían detentado el poder: “Han mentido, como los politiqueros; falseado, igual que los traficantes… no tiene, pues, el pueblo nada que esperar de otra parte, sino que, de su acción conjunta, de su propio esfuerzo” (4).

NOTAS Y REFERENCIAS