¿Seguir “parchando” la Justicia Civil? Reflexiones sobre la postergación de una reforma

No es aceptable seguir “parchando las fallas groseras del sistema de justicia civil”, argumentan los autores. La reforma de ese sistema, suspendida por la pandemia, no es “un gustito académico”. Apuestan por avanzar en un proyecto que esté a la altura de un país miembro de la OCDE. “La pandemia no puede ser un freno para todo”, dicen.

En estos días hemos sabido que la Reforma Procesal Civil, una vez más, se posterga. Nunca es buen momento para un desembolso económico de envergadura y en este contexto de pandemia todavía menos. Lamentablemente, nunca falta una excusa, un impedimento, una imprevisión que atrase una importante reforma que acumula 16 años, si tomamos como punto de partida serio aquel Anteproyecto que el entonces, Ministro de Justicia Luis Bates encargó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Desde aquel lejano noviembre del año 2004 a la fecha, se constituyó el Foro Procesal Civil cuyo objeto fue revisar el Anteproyecto (2007-2009) y se han ido sucediendo distintos hitos que, con la perspectiva del tiempo, podemos calificar de fracasos: en especial, el del año 2009, cuando la Presidenta de la República Michelle Bachelet, presentó un proyecto (Mensaje 398-357, de 18 de mayo de 2009); y, el del 2012, cuando el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ingresó un nuevo proyecto (Mensaje 4-360, de 12 de marzo de 2012). Es cierto que, en ambos casos, se han dado discusiones técnicas importantes y que, seguramente, no han sido zanjadas al gusto de todos. Pero, también seguimos en el punto de partida: Chile necesita una reforma al proceso civil y esta continúa dilatándose en el tiempo.

No se trata de un gustito académico en que algunos queramos que se establezca un modelo hecho a nuestra medida, por nuestro intermedio o que queramos llevar aguas al propio molino. La justicia civil requiere de una calidad equivalente a la de nuestros vecinos y nuestros propios procedimientos necesitan que las normas supletorias a todos los ordenes estén a la altura de lo que los ciudadanos y los operadores jurídicos necesitan. Es palmaria la incompatibilidad entre nuestro sistema civil y las reformas acometidas en el ámbito penal, de familia y laboral, entre otros.

Es cierto que hemos asistido a diferentes reformas que han impactado positivamente en la Justicia, tales como la Ley Nº 20.886 sobre tramitación electrónica de las causas. En esencia, sin embargo, todavía rige entre nosotros un proceso civil del siglo pasado que, sin necesidad de un análisis jurídico profundo, provoca que los ciudadanos deban conformarse con la resolución de los conflictos que no se condice con un Estado moderno y, en definitiva, más justo. Nuestro proceso civil decimonónico mira por el espejo retrovisor y no es capaz de entregar soluciones al presente, ni mucho menos de lograr adaptarse a los desafíos del futuro. Hoy, padecemos un proceso civil excesivamente lento, rígido, formalista, con un sistema probatorio propio del medioevo que determina problemas de calidad en la respuesta. Además, existen impedimentos que bloquean el acceso y que se caracterizan por unos costos que terminan desincentivando que los ciudadanos puedan acudir en búsqueda de una auténtica justicia. Si se logra una respuesta jurisdiccional, nos veremos en el amargo trago de intentar una ejecución en un sistema que, simplemente, colapsó.

A mayor abundamiento, con fecha 8 de julio, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció el impulso de una ley de mediación que, siendo una cuestión que debe abordarse, ofrece una fórmula que sigue postergando el fortalecimiento de la respuesta de la justicia civil apostando por una solución de segundo orden que mantiene un modelo más que agotado. Los métodos alternativos serán realmente fuertes cuando el cauce principal, también lo sea.

Pues bien, desde el mundo académico, debemos mostrar nuestro descontento y continuar exigiendo que nuestros legisladores tengan como prioridad modernizar realmente la Justicia civil y, por extensión, todo nuestro sistema. Ya no es tolerable seguir “parchando” algunas fallas groseras del sistema: es el tiempo de apostar por una justicia civil del siglo XXI que tenga como centro los derechos de las personas.

Solo a modo de ejemplo, podemos citar como iniciativas “parche” la declaración de inembargabilidad de los bienes muebles e inmuebles de los adultos mayores (Boletín 13267-18); el reforzamiento al derecho a defensa del apelado (Boletín 12608-07); el reforzamiento del rol de la Corte Suprema para la unificación de jurisprudencia en materia civil (Boletín 8465-07) todas, por cierto, muy bien intencionadas; sin embargo, como ley “parche” propiamente tal, la última gran reforma (que en rigor pese a su importancia dejó el sistema como estaba) es la Ley Nº 19.374 que reformó el funcionamiento de la Corte Suprema y los recursos de queja y casación. En todo caso, se trata de impulsos excesivamente técnicos que solamente pretenden maquillar un sistema que se encuentra absolutamente “muerto”.

Ni siquiera es el momento de abanderarse por modelos o instituciones concretas, para eso hay tiempo. También es importante entender que un proyecto de tal envergadura no puede dejar a todos contentos. Lo que parece muy difícil de entender es que, simplemente, no exista voluntad política para lograr avanzar en esta pieza clave del sistema. Si no están los recursos hoy, existen mecanismos legales para diferir en el tiempo la entrada en vigor de la ley, pero negarse a trabajar por una fórmula de solución de los conflictos civiles moderna, no conduce a nada más que a eternizar un modelo que, en demasiadas ocasiones, adolece de un formalismo exacerbado generador de injusticias.

Hay demasiados “males” que aquejan a nuestro sistema y todos quienes formamos parte de la comunidad jurídica podemos discrepar en las fórmulas de solución. No se trata de defender solamente principios o invocar fórmulas que quieran mostrarse mágicas, tampoco se trata de la defensa de una escuela procesal determinada, sino que es necesario que nuestras autoridades logren materializar un proceso civil que se preocupe de que las personas no tengan que ejercer la justicia por la propia mano, ante una serie de soluciones que ya no logran dar el ancho.

Sin duda, hasta la fecha hay muchas dudas que despejar. Principalmente, no sabemos qué rol ha de cumplir la Corte Suprema, ni qué va a suceder con el diseño final del modelo de ejecución. Pero ha llegado el momento de tomar con fuerza el timón y dar las discusiones que sean necesarias.

Quizá es hora de dejar de estudiar (y licitar estudios) para avanzar en un proyecto que apueste por un sistema a la altura de un país miembro de la OCDE. La pandemia no puede ser un freno para todo. Es la hora de pensar en Chile. Debemos ser capaces de lavar y guardar la ropa sino queremos que sigan padeciendo los mismos, los menos privilegiados, los de siempre.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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