COLUMNA DE OPINIÓN
El día después del 25 de octubre
04.09.2020
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COLUMNA DE OPINIÓN
04.09.2020
“Hecha la pérdida del plebiscito, lo crucial es para quién y cómo se definirán las nuevas reglas”, explica el autor. Bajo ese escenario los partidos y organizaciones se preparan para defender sus ideas en la Convención. Pero hasta ahora no hay mecanismos que garanticen la participación ciudadana en esa Convención. Y ese es un gran problema, remarca el autor. Si la ciudadanía siente que otros administran su triunfo, si se percibe a la Convención como “pequeño Congreso”, “la dinámica del proceso constituyente podría derivar en un rápido y estrepitoso fracaso” argumenta.
La semana pasada me tocó participar de dos encuentros virtuales sobre el proceso constituyente. En el primero me reuní con profesionales y ejecutivos vinculados al sector de la minería. En el segundo me encontré con dirigentes sociales de Lonquimay. Dos historias. Dos polos. Dos mundos.
A los primeros les preocupaba cómo se escribiría y qué aparecería en la Constitución. Les preocupaba quiénes serían los que escribirían la Constitución: ¿Se trataría de políticos tradicionales o serían expertos constitucionalistas? ¿Qué es esto de la hoja en blanco? ¿Cómo se regularía la presión de la calle y la violencia en relación con los contenidos de la Constitución? Desde el punto de vista de los contenidos, emergían dudas sobre los temas vinculados naturalmente a la minería: ¿Qué se diría sobre los derechos de propiedad? ¿Cuál sería el rol de los partidos en el proceso de selección de candidaturas? ¿Se diría algo sobre algún tipo de royalty minero? ¿Qué rol cumpliría el Estado en la economía? En el centro de sus interrogantes estaba la pregunta del “quiénes”, pero por sobre todo, les interesaban los contenidos que se establecerían.
En el encuentro de Lonquimay la preocupación radicaba en la participación: ¿Cuánto podríamos incidir en este proceso? ¿Cuáles serían los mecanismos para asegurar que las voces de la gente se harían escuchar? Aquí predominaba la desconfianza hacia el sistema político. Preocupaba en la gente la falta de información sobre el proceso. Me preguntaban lo que significaba cada opción; las implicancias que tendría apoyar una Convención Mixta o una Constitucional; el modo en que se elegirían los convencionales. Aquí existía el interés y motivación por participar pero también predominaba la incertidumbre respecto de los espacios de participación.
Si bien será la Convención la encargada de trabajar en definir la nueva Constitución, las ideas que se generen allí no serán el resultado único y exclusivo de la iluminación deliberativa del momento. La acumulación de conocimiento, la experiencia constitucional previa, borradores de propuestas, y los proyectos de reforma constitucional de años previos irán dando forma a los debates de la misma Convención.
En cada caso, la preocupación no se relaciona tanto con el plebiscito o las condiciones para su realización. Las interrogantes se vinculan más con el día después; con aquello que sucederá a partir del 26 de octubre. Esto se viene repitiendo en una serie conversatorios que hemos venido organizando. Desde las élites las preocupaciones se asocian principalmente con el contenido de la Constitución. La arremetida de Pablo Longueira y Joaquín Lavín en días pasados dice relación precisamente con aquello. Hecha la pérdida del plebiscito, lo crucial para ellos es quién y cómo se definirán las nuevas reglas. Y no podría ser de otro modo. Las élites políticas y económicas acostumbradas a la gestión y administración del poder se esmerarán por observar cada detalle del itinerario constituyente con el objetivo de ir plasmando sus intereses en el nuevo texto.
Se preocuparán de definir una estrategia electoral para conseguir un número importante de convencionales, gestionarán recursos para financiar las campañas electorales, organizarán el puzle de las listas de constituyentes de modo centralizado. No es de extrañar que en la derecha articulen una lista única, y que además movilicen recursos para esbozar un proyecto de reglamento para la Convención y borradores de los principales temas que deberá contener la futura constitución. Como la batalla del rechazo ya está perdida, el camino que comienza a esbozarse es la lucha por los contenidos.
Rectifico. El camino de esbozar los contenidos comenzó hace ya algún tiempo. En mayo se informaba que en torno a Libertad y Desarrollo un grupo de profesionales había comenzado a discutir borradores, y en la que participaba Andrés Chadwick, Marcela Cubillos, Andrés Allamand, Constanza Hube y Natalia González, entre otras personas. La producción constitucional con miras a la Convención involucra la generación de conocimiento en temas claves como régimen de gobierno, gobiernos locales, regionalización y el orden económico entre otros (La Tercera, 7.05.2020). Más recientemente, se informó que la SOFOFA ya demarcó una hoja de ruta estableciendo 7 pilares con miras a la nueva Constitución: propiedad privada, responsabilidad fiscal y autonomía del Banco Central, derechos sociales y la iniciativa privada y pública, modernización del estado, calidad técnica legislativa, descentralización inteligente, y reconocimiento cultural de pueblos indígenas e igualdad de derechos entre hombres y mujeres (El Mercurio 30.08.2020).
Por su parte, en el Centro de Estudios Públicos, además del trabajo desarrollado en el período 2015-2017 (Diálogos Constitucionales y Propuestas Constitucionales), ya se discute sobre la elaboración del reglamento de la Convención.
Al otro lado de la vereda, seguramente existen mayores dificultades para generar contenidos constitucionales por las diferencias políticas evidentes entre partidos y coaliciones. Sin embargo, ya comienzan a circular algunas ideas y borradores de personas interesadas en demarcar ciertas ideas matrices para el nuevo texto. Muy probablemente en los próximos meses veremos emerger propuestas de articulado a partir del trabajo acumulado en las comisiones constitucionales de los partidos —destacándose allí a la DC, un grupo vinculado al progresismo moderado y que participó de la elaboración del programa de gobierno de Bachelet 2013, y de profesionales vinculadas al Frente Amplio.
Los partidos tradicionales, enfrascados en una acelerada dinámica electoral, seguramente gastarán gran parte de su tiempo en generar y administrar las múltiples candidaturas para ocupar espacios de poder que se les vienen encima —a saber, concejales, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, diputados, senadores, presidentes y constituyentes.
Con todo, queda muy poco tiempo para activar un engranaje de propuestas, borradores y anteproyectos constitucionales. Porque si bien será la Convención la encargada de trabajar en definir la nueva Constitución, las ideas que se generen allí no serán el resultado único y exclusivo de la iluminación deliberativa del momento. La acumulación de conocimiento, la experiencia constitucional previa, borradores de propuestas, y los proyectos de reforma constitucional de años previos irán dando forma a las propuestas constitucionales de las cientos de candidaturas que se presentarán y, más tarde, alimentarán los debates de la misma Convención.
Los temas que emergen serán los esperados: la derecha enfatizará la defensa de la propiedad, la importancia del mercado y el orden económico. La izquierda, en tanto, seguramente pondrá énfasis en el asunto de los derechos sociales. Entremedio, eso sí, emergerá una discusión muy sustantiva sobre la “sala de máquinas” del poder. Entre especialistas se sostiene que el asunto más gravitante del nuevo ordenamiento institucional tiene que ver no tanto con la lista de derechos sociales que se expliciten en el texto, sino respecto del modo en que se diseñará la distribución de poder en la Constitución: ¿Qué umbrales tendrán la aprobación de leyes (quórums)? ¿Cuánto pesará la ciudadanía en las decisiones? ¿Cómo se organizará el régimen de gobierno? ¿Cuánto poder tendrá el Ejecutivo vs. el Legislativo? ¿Y qué pasará con el Tribunal Constitucional? La respuesta a estos asuntos definirá si el nuevo texto constitucional es verdaderamente nuevo.
El punto central aquí es que las élites—especialmente en la derecha—ya comienzan a dar por hecho que se establecerá una nueva Constitución y que, por lo mismo, se requerirán propuestas y personas que encarnen la batalla que se aproxima. Pero, de nuevo, la batalla no es el plebiscito, la verdadera y gran batalla se dará en torno a la Convención.
El proceso constituyente sin duda es uno de esos momentos únicos donde se podrían romper aquellas inercias que nos han acompañado por casi tres décadas.
En un mundo muy alejado de aquellas sesudas discusiones, la ciudadanía se muestra esperanzada de un nuevo arreglo social. “Quiero sentir que somos más iguales” me decía un dirigente de la zona sur de Santiago. “Quiero soñar con una nueva igualdad, una igualdad democrática” señalaba un joven en la grabación de un video que realizamos a propósito de incentivar la participación. Las conversaciones ciudadanas develan una extraña y contradictoria mezcla de esperanza y escepticismo. Se aspira a contar con un nuevo pacto social, pero se duda de las posibilidades de concretarlo.
Hace unas semanas recibí una llamada de Gonzalo Delamaza. Gonzalo es sociólogo de la Universidad de Los Lagos y ha trabajado extensamente en temas de ciudadanía: “¿Existe ya una formulación de los mecanismos de participación ciudadana que involucra la Convención?” me preguntó.
“Por el momento, nada”, le tuve que responder. Concluimos que la propia Convención será la encargada de generar los instrumentos y dispositivos de participación por lo que todavía no es posible imaginar el modo en que este cuerpo deliberativo se relacionará con la ciudadanía en su conjunto.
Y esto es un gran, pero gran problema. Si la ciudadanía llegase a percibir que la Convención se convertirá en un “pequeño Congreso”, encapsulado en reuniones, debatiendo entre letrados, alejado de la ciudadanía, la dinámica del proceso constituyente podría derivar en un rápido y estrepitoso fracaso. Si en cambio los y las Convencionales se vinculan en deliberaciones con la ciudadanía; si se fomenta un involucramiento relevante en las decisiones; si se generan espacios de consulta y escucha territorial, el proceso constituyente podría transformarse en un mecanismo que dinamice la rearticulación del tejido social. Así, la Convención es una oportunidad, pero como oportunidad requerirá generar condiciones muy distintas a las conocidas hasta el día de hoy por las instituciones de representación que conocemos. Se necesita una Convención abierta, atenta a rendir cuentas frente a una ciudadanía desconfiada, escéptica pero que al mismo tiempo está esperanzada del inicio de un nuevo momento político y social.
Las dinámicas políticas y sociales tienen su inercia. Las instituciones y sus agentes suelen tener rutinas, hábitos, se acostumbran a reaccionar según lo que saben hacer. Por lo tanto, es muy probable que ni los partidos intenten realizar muchas innovaciones en su actuar en relación con la ciudadanía, ni tampoco la ciudadanía salga mucho de su acostumbrada fragmentación. Si las cosas se mantienen con la inercia de la transición, seguiremos observando esta doble dimensión de élites acostumbradas a negociar y establecer acuerdos, y una ciudadanía que obtiene sus reivindicaciones a partir de la protesta. Romper esta dinámica será muy difícil. Las élites (políticas y económicas) no acostumbran generar espacios de deliberación y decisión. La ciudadanía, por su parte, tampoco ha estructurado un movimiento social relativamente organizado capaz de competir y obtener mayores espacios de poder. El repertorio habitual es la protesta pero sabemos que para incidir en el proceso político se requiere algo más que solo tomarse las calles. Se requiere organización ciudadana y social.
El proceso constituyente sin duda es uno de esos momentos únicos donde se podrían romper aquellas inercias que nos han acompañado por casi tres décadas. Dependerá de la capacidad de las élites de entender que se vive un momento distinto de la República, pero también de la ciudadanía que deberá organizarse territorial y temáticamente para hacer efectivos sus derechos.
“Dos años es poco”, me decía una aguda observadora del proceso constituyente en uno de los conversatorios. Así es. Contamos con poco tiempo para generar dinámicas colaborativas de la sociedad civil y dinámicas participativas e inclusivas de parte de las élites que asumirán el desafío de escribir el nuevo texto constitucional.
El tiempo es poco y ya está corriendo.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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