¿Cómo financiar la universidad post-pandemia? El debate en perspectiva internacional

Durante las últimas décadas el mercado de la educación superior creció como una burbuja inmobiliaria, cobrando aranceles caros a estudiantes que luego no lograban generar ingresos para pagar sus deudas. La pandemia ha trabado esta máquina en muchos países. Sin clases presenciales y en contextos de incertidumbre laboral los consumidores dudan si endeudarse por un diploma. El autor recoge cómo otros países están lidiando con este problema y redefiniendo sus sistemas universitarios. Propone aprovechar la post-pandemia para crear nuevas formas de financiamiento y relación entre universidades y Estado.

Si bien el debate sobre el financiamiento a la educación superior ha perdido centralidad en la agenda pública, se mantiene como una bomba de tiempo en la política nacional. La pandemia ha obligado a suspender la interacción presencial poniendo en jaque las relaciones pedagógicas, el rol y la relevancia de la educación superior. Por lo demás, la reconfiguración de la universidad en el espacio virtual afecta su sentido y por ende su economía política. Preguntas sobre quién y cuánto se debe pagar por la educación superior, reaparecen. Dichas preguntas han sido relevadas por el movimiento estudiantil durante la última década, pero hoy retornan con nueva intensidad dada la crisis financiera que muchas instituciones viven. En esta columna planteo algunos dilemas y debates sobre el financiamiento a las universidades centrándome en dos preguntas. ¿Cómo la pandemia representa una nueva crisis de las políticas de mercado en la educación superior? ¿Cuáles debieran ser las prioridades para políticas de financiamiento a las universidades en tiempos de post-pandemia?

UNIVERSIDADES: MERCADOS VULNERABLES

A nivel global, el sector universitario ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. La fuga de estudiantes, la austeridad en los subsidios públicos, las bajas postulaciones y la alta morosidad han reducido las fuentes de financiamiento y dejado varias instituciones en déficit. Los sistemas más golpeados son aquellos altamente mercantilizados y globalizados, cuyos ingresos dependen de la venta intensiva y extensiva de servicios educativos en mercados globales. Por ejemplo, el sistema británico ha perdido aproximadamente el 16% de matrículas de estudiantes nacionales, el 47% de matrículas europeas y el 47% de estudiantes internacionales. Los costos estimados de la baja demanda van entre 42 y 6 millones de libras menos por institución[i]. En el caso de EE.UU., las universidades emblemáticas como John Hopkins y Rutgers, estiman un déficit de entre 100 y 200 millones de dólares respectivamente[ii][iii].

En Chile, la situación no ha sido diferente. Según el último informe del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)[iv], en promedio, las universidades recibirán 8% menos de ingresos por concepto de aranceles, teniendo un rango de déficit que oscila entre el 3% y el 30%. Los rectores de universidades privadas masivas también han señalado estar en crisis: la mayoría de sus ingresos provienen del pago de aranceles y son las instituciones más vulnerables a la fuga de estudiantes, morosidad en el pago de aranceles y congelamiento de estudios.

La decisión de los estudiantes de no pagar, congelar o retirarse de las universidades en Chile parece obvia. Por un lado, la recesión económica no permite priorizar gastos en educación superior. Con una baja sostenida del ingreso familiar, las presiones por reducir los gastos y buscar trabajo se transforman en prioridad. Por otro lado, el intercambio de servicios en relación al precio de los aranceles también entra en cuestionamiento. Las clases online no tienen el mismo valor para los estudiantes que las clases presenciales. El cierre de los campus frena el uso de infraestructura especializada, como lo son bibliotecas, laboratorios, archivos y el acceso a recursos técnicos que juegan un rol crítico en la formación de ciertas disciplinas y que forman parte del “valor agregado” de las universidades.

La pandemia también agudizó la crisis de pertinencia de la oferta educacional con relación a su empleabilidad y remuneraciones. Los estudiantes comprenden que en el mundo post-pandemia los mercados laborales serán radicalmente diferentes a los actuales y, por ende, las ofertas de carreras y los perfiles de egreso requieren una renovación sustancial. Como señalaba un estudiante de periodismo “estudiar en la universidad hoy día no es diferente de consumir un podcast que sale 5 millones de pesos, que con (el Crédito con Garantía Estatal) CAE valdrá 15 y que al final sabes que no te dará trabajo”[v]

DISPUTAS PRECIO/VALOR EN LA UNIVERSIDAD

Lo que la pandemia pone nuevamente en cuestión es la relación precio/valor de los servicios educacionales y la progresiva devaluación de las credenciales universitarias bajo las políticas de mercado. Para los estudiantes, los beneficios relativos atribuidos a estudiar y certificarse en la universidad no parecen ser proporcionales a los aranceles. Esto se debe a la baja empleabilidad de muchas carreras, a los bajos sueldos de profesiones con campos laborales saturados, y al continuo aumento de aranceles. La pérdida del valor relativo de estudiar en la universidad en relación a sus costos es, en parte, el resultado de una masificación acelerada de los sistemas de educación superior sin vínculos con los mercados laborales. Las políticas de mercado han logrado masificar la educación superior, pero también aumentaron sus costos y progresivamente han devaluado las certificaciones universitarias[vi].

Las disputas precio/valor han estado presentes durante la última década en la forma de protestas y movimientos sociales. Las olas de reformas de mercado a la educación superior de 2000 y de 2010, generaron protestas estudiantiles alrededor del mundo, que fueron particularmente intensas en 2010[vii]. En Reino Unido (2010), Chile (2011), Quebec (2012), Alemania (2015) y Sudáfrica (2015), se vivieron intensas revueltas estudiantiles en contra del aumento en los aranceles, expansión de la deuda y privatización de universidades y a favor de sistemas de educación gratuitos[viii]. Estas protestas derivaron en cambios en las agendas nacionales y en la implementación de nuevas políticas de educación gratuita en Alemania (2015), Chile (2016), Sudáfrica (2017) y Nueva Zelanda (2018), y que se mantienen como prioridad en los recientes debates presidenciales en EE.UU. y Reino Unido.

Durante la pandemia la disputa precio/valor en la educación superior solo tenderá a agudizarse, dado que el cambio en las condiciones de entrega de la enseñanza parece empobrecerse, los aranceles y las deudas no bajan y la incertidumbre por el futuro laboral crece. En EE.UU. y en Reino Unido las asociaciones estudiantiles han demandado devolución y baja de aranceles, dado el cambio unilateral en las condiciones de entrega de cursos y las limitantes en el uso de los campus[ix][x]. Las respuestas a esta disputa han sido variadas. En EE.UU., algunas universidades han rebajado y devuelto parte de los aranceles para los próximos años académicos. En el Reino Unido, el parlamento negó las demandas de reembolsos de los estudiantes, considerando que el cambio en las condiciones de entrega de servicios educativos obedece a un “shock externo” de los mercados y no una deficiencia en los proveedores[xi].

En Chile, los y las estudiantes han organizado paros en línea, rehusándose a tomar clases online. Entre los principales motivos de las protestas virtuales destacan la falta de condiciones para acceder a las clases online, los altos aranceles a pagar por una formación que se considera descontextualizada y que no refleja el costo del servicio recibido. Frente al conflicto, las instituciones de educación superior han destinado parte de sus ingresos a subsidiar los costos colaterales de las aulas virtuales y suavizar los impactos de la crisis económica en las familias que pagan aranceles y reciben créditos. La entrega de computadores, acceso a internet y otras ayudas, han logrado mitigar la fuga masiva de estudiantes de las universidades. Sin embargo, ninguna de las instituciones ha considerado bajar los aranceles, y, tanto el CRUCH como el Ministerio de Educación (MINEDUC), han desestimado la medida, argumentando que las clases virtuales han generado costos extras que las instituciones no tienen cómo solventar. A diferencia de los mercados ideales, donde el precio de un producto baja según la demanda y el beneficio percibido por los consumidores, en el caso de la educación superior, los aranceles nunca bajan, incluso cuando hay reducción de la demanda y un deterioro de la calidad en la prestación de los servicios. La mano invisible de Adam Smith parece funcionar de manera unidireccional y no para los estudiantes que tienen que pagar lo mismo o más por algo totalmente distinto.

¿CÓMO SALVAR A LAS UNIVERSIDADES?

A nivel internacional los Estados han procurado mediar la crisis de las universidades, ofreciendo paquetes de ayuda, pero también se debaten entre políticas de austeridad y prioridad estratégica del gasto. La pregunta que se abre es si los Estados debieran salvar las universidades y cómo. Autores como Mazzucato[xii] han enfatizado que la recuperación económica debe tener en sus lineamientos la inversión pública intensiva en bienes de interés común. Eso incluye, por un lado, invertir para reconstruir y reinventar los sistemas de bienestar, y por otro lado, financiar salvatajes selectivos a empresas bajo compromisos de modernización sustentable, producción verde y otros aspectos orientados a maximizar los bienes y servicios públicos. La discusión también incluye los mecanismos de salvatajes, donde se debate si el financiamiento público debiera expresarse como subsidios directos o préstamos, o como subsidios libres o condicionados.

La inversión pública como estrategia de desarrollo ha estado presente en los recientes debates sobre el financiamiento a la educación superior en países con sistemas altamente mercantilizados. En Estados Unidos las propuestas de líderes progresistas como Elizabeth Warren[xiii] y Bernie Sanders han considerado políticas de gratuidad universitaria y condonación de deudas estudiantiles como ejes centrales de la reconstrucción del sistema de bienestar y provisión de servicios públicos. La propuesta de Sanders para el programa de Joe Biden[xiv], por ejemplo, considera eliminar aranceles de universidades públicas para el 80% de las familias. Para ello, sugiere aumentar los montos asignados para subsidios directos y programas de acceso. La propuesta también considera reducir la deuda estudiantil hasta un máximo de $10,000 (USD) durante la pandemia, reducir el pago mensual e interés de los créditos para deudores con ingresos menores a $25,000 anuales (USD), establecer el pago mensual no superior al 5% de los ingresos y expirar deudas automáticamente luego de 20 años o la declaración de bancarrota individual.

En el contexto post-pandemia estas políticas adquieren una relevancia estratégica. La condonación de deudas para familias representa una política contra cíclica orientada a estimular la demanda y el consumo interno. Los sistemas de créditos estudiantiles no contingentes al ingreso, como los de EE.UU., y los créditos CORFO y CAE en Chile, representan un condicionamiento económico para la población graduada, que dada su condición de morosidad no puede acceder a nuevos créditos ni a otros ingresos para capear la crisis[xv].

La implementación de políticas de gratuidad para instituciones públicas también juega un rol clave en los procesos de recuperación económica. Al igual que los paquetes condicionales de salvataje a las empresas, las políticas de gratuidad permiten redefinir la dirección sobre el gasto público y el marco de condiciones para las instituciones. El aumento de los ingresos vía subsidios directos a las instituciones (grants), condicionales a su desempeño, permitiría que las universidades tuvieran un financiamiento más estable, siendo menos vulnerables a las medidas de distanciamiento social y a las fluctuaciones en la matrícula. Esto es particularmente relevante en un contexto donde una nueva ola de contagio global parece inevitable.

La posibilidad de subsidios y préstamos condicionales para las instituciones por servicios de docencia está, parcialmente, instalada en Chile. La inclusión de condicionalidades sobre las instituciones en la política de gratuidad de 2016 y de 2018, constituye una herramienta clave para pensar en nuevas herramientas y criterios de asignación al gasto público. A diferencia de los incentivos a la demanda (vouchers), que imponen condiciones sobre los estudiantes, los subsidios condicionados a la provisión traspasan los términos y exigencias a los proveedores, permitiendo orientar y regular el uso de los recursos públicos, siendo un instrumento de política pública para coordinar el sistema de educación superior y orientar el desarrollo de las instituciones en un nuevo escenario social.

El uso de estos instrumentos permitiría repensar la estrategia de desarrollo del sistema universitario en el contexto post-pandemia y acelerar los temas pendientes que dejó la última reforma a la educación superior y que, sin duda, serán parte del debate constitucional. Una nueva política de financiamiento público debiera orientarse exclusivamente a maximizar la producción de bienes públicos y a establecer la colaboración con aquellas instituciones comprometidas con las nuevas prioridades nacionales y capaces de adaptarse a los nuevos marcos distributivos que la pandemia y el proceso constituyente definirá. Una nueva política de financiamiento tendría que comenzar con los paquetes de ayuda a las universidades y la condonación de la deuda de créditos estudiantiles, lo cual implicaría crear nuevos instrumentos financieros capaces de atenuar las disputas precio/valor generadas por la mercantilización intensiva de los sistemas educacionales y agudizadas por la pandemia. La pandemia representa una oportunidad para definir con claridad las prioridades nacionales y tomar responsabilidad para resolver las demandas históricas del derecho a la educación, las fallas y fracasos de los sistemas de mercado y definir el nuevo rol de las universidades en la post-pandemia.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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