COLUMNA DE OPINIÓN
¿Por qué las escuelas rurales deberían reabrir?
01.09.2020
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COLUMNA DE OPINIÓN
01.09.2020
En Chile, existen 3200 escuelas rurales que educan aproximadamente a 200 mil estudiantes. Sin embargo, el debate sobre la reapertura ha estado centrado en establecimientos urbanos, plantea el autor. Propone razones pedagógicas, de vulnerabilidad y sanitarias que fundamentan el retorno a clases presenciales en las zonas rurales, particularmente en el sur de Chile. Si ello no ha ocurrido, dice, es porque las necesidades de las familias y profesores de esas zonas son invisibles para las autoridades.
“A otros le enseñaron
secretos que a ti no.
A otros dieron de verdad esa cosa
llamada educación”
(Los Prisioneros)
Daniela es profesora de enseñanza básica y en el verano de 2019 debió trasladarse, junto a su hijo, a su nuevo trabajo en la comuna de Lago Verde (Región de Aysén). Con escaso conocimiento de su nueva residencia, inició el periplo desde su natal Villarrica a Lago Verde. El recorrido tuvo varias etapas: el viaje por tierra entre Villarrica y Puerto Montt (308 kms), en avión de Puerto Montt a Balmaceda (45 minutos), en transfer Balmaceda-Coyhaique (50 kms) y finalmente el viaje por tierra entre Coyhaique y Lago Verde (349 kms) que dura unas siete horas, pero debido a los constantes derrumbes puede tardar hasta diez (ver mapa). Así, en marzo de 2019, Daniela se integró como la nueva profesora de la escuela José Miguel Carrera de Lago Verde. Pero a un año de su llegada, debió afrontar un nuevo desafío: la escuela debía cerrar como medida preventiva frente al avance del COVID-19 en Chile. La escuela debía transformar el trabajo en aula a un trabajo online, a distancia. Pero Daniela me cuenta que esto es complejo en Lago Verde. “Acá no tenemos internet…no se puede hacer teletrabajo, es imposible. Por ejemplo, a nosotros nos citan a reuniones [virtuales] en Coyhaique, de la Superintendencia de Educación, pero no podemos participar. Tenemos señal telefónica, pero a veces no funciona. La semana pasada, por ejemplo, estuvo nevando una semana entera, la antena se congeló y no había señal”.
Lago Verde, al igual que otras 14 comunas en Chile, nunca ha tenido un caso de coronavirus, pero su escuela se manteniene cerrada y sus 35 estudiantes están sin clases presenciales hace 5 meses. Las cuatro profesoras de la escuela han hecho uso de su creatividad e ideado distintas estrategias para seguir en comunicación con sus estudiantes. “Tenemos dos alumnos que viven en un sector que se llama El Turbio, donde el único acceso es a través de lancha. Ellos viven lejos, y con esto de la pandemia se fueron a trabajar con los papás y viajan dos veces al mes al pueblo… Sabemos que van a venir a fin de mes, el lunes nos van traer el material y nos van a decir “tía tenemos estas dudas” y nosotros los vamos a ayudar, a orientar”, cuenta Daniela.
El caso de Lago Verde no es una excepción: 40% de los establecimientos básicos en Chile son rurales. Son 3200 escuelas que educan aproximadamente a 200 mil estudiantes (Mineduc, 2020). Sin embargo, el debate sobre la reapertura de las escuelas ha estado centrado en establecimientos urbanos, en particular, aquellos ubicados en la Región Metropolitana. El centralismo perjudica a las escuelas rurales, pues invisibiliza sus realidades y necesidades frente a la opinión pública y las autoridades de gobierno.
El estudio “Impacto del Covid-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile” realizado por el Ministerio de Educación y el Banco Mundial analiza los efectos de la suspensión de clases en el sistema educacional. Los resultados muestran que, si las clases se suspenden durante todo el año escolar, los estudiantes perderían, en promedio, un 88% de los aprendizajes esperados para el período. La cifra aumenta al 95% en el caso de los estudiantes de menores ingresos (quintil 1). La investigación es relevante, pues permite dimensionar el impacto del cierre de las escuelas por dependencia administrativa, región, sexo y nacionalidad del estudiante. Sin embargo, una dimensión que no fue considerada es la ruralidad del establecimiento y esta variable es clave para diferenciar el efecto del cierre de las escuelas. Antes de la pandemia, los estudiantes rurales estaban en una situación de desventaja frente a sus pares urbanos, y el cierre de las escuelas sólo va a aumentar y profundizar esas desigualdades. Por ejemplo, las familias rurales tienen baja o nula conectividad a internet, lo que dificulta el trabajo a distancia; los padres tienen un menor nivel de escolaridad (2.5 años menos que familias urbanas) y el salario promedio de una familia rural apenas sobrepasa el sueldo mínimo (Cuestionario de Padres y Apoderados, 4to básico, 2017). Además, la brecha en matemáticas entre estudiantes rurales y urbanos en SIMCE de 4to básico es muy similar a la diferencia que existe entre escuelas municipales y particulares subvencionadas (SIMCE, 2017).
En esta columna planteo que las escuelas rurales deberían ser prioridad para la reapertura. En primer lugar, porque los estudiantes de zonas aisladas tienen una mayor necesidad de volver al trabajo en aula, pues la educación a distancia no está resultando. Segundo, porque se trata de uno de los sectores más vulnerables del sistema educacional. Por último, porque estos establecimientos cuentan con ventajas comparativas para la reapertura: tienen menos estudiantes por sala de clases (la mitad que las escuelas urbanas); están alejados de las ciudades (donde se encuentran mayoritariamente los casos de COVID-19) y, en caso de un brote, la trazabilidad es relativamente fácil. Sin embargo, y a pesar de estas condiciones, las escuelas rurales no son prioridad, ¿por qué? Esa la pregunta que intento responder en esta columna.
En el campo los apoderados están enojados con que no estemos en clases, cuando nosotros nos comunicamos con ellos, nos hacen ver su enojo.
Varios países han comenzado a reabrir sus escuelas, tanto urbanas como rurales, dado que los costos de mantenerlas cerradas (por ejemplo, el impacto en los aprendizajes y salud mental de los estudiantes) es mayor que el beneficio de mitigar la expansión del virus. Los gobiernos han utilizado distintos criterios para definir quiénes deben regresar primero. Dinamarca, Noruega, Francia y Holanda optaron por la educación parvularia y primaria. En cambio, Corea del Sur, Grecia y Vietnam prefirieron comenzar por la educación secundaria. Uruguay y el Reino Unido decidieron que los estudiantes más vulnerables volvieran a clases primero. Para más información ver: Abriendo escuelas: aprendizajes de la experiencia internacional.
Denisse Gelber, uruguaya e investigadora del Centro de Justicia Educacional (PUC), explica que la decisión de reabrir las escuelas en su país se basó en tres criterios: pedagógico, nivel de vulnerabilidad de los estudiantes y aspectos sanitarios. “En base a esos criterios se decidió partir por las escuelas rurales, porque era donde más se necesitaban las clases presenciales (el trabajo a distancia no estaba funcionando) y existe menor incidencia de COVID-19. Además, las escuelas rurales poseen condiciones más propicias para la reapertura: los cursos son más pequeños y las escuelas cumplen un rol mucho más allá del pedagógico”, explica Denisse. Otro ejemplo en la región es Ecuador, país que también ha optado por reabrir sus escuelas rurales.
A continuación analizo si los criterios usados en Uruguay pueden aplicarse a Chile. Específicamente, a partir de testimonios recogidos entre profesores, discuto los casos de tres escuelas ubicadas en distintas regiones del sur del país[1].
En la Araucanía, existen varias comunas sin casos activos. El municipio de Curarrehue es especialmente interesante, pues ha tenido solo 4 casos de COVID-19 y fueron reportados hace 4 meses (08 de abril). Soledad Aliante es profesora del establecimiento rural Ruca Manke del sector de Reigolil (a 30 kms de Curarrehue). La escuela tiene internado (20 estudiantes) y dada la baja matrícula, los cursos son combinados, es decir, prekinder y kinder están juntos, 1ero y 2do, y así sucesivamente, con excepción de 7mo y 8vo. Cada curso combinado tiene alrededor de 15 estudiantes.
Al ser consultada sobre la modalidad de clases a distancia, Soledad explica: “con pocas familias ha resultado bien el trabajo… y para colmo de males, hace casi tres semanas que en toda esa zona de Reigolil no hay señal telefónica… todos los años ocurren lo mismo, hay dos metros de nieve y no pueden entrar a reparar la antena”. El no tener señal telefónica ha significado que la escuela esté desconectada de casi todos sus estudiantes. Además, Soledad plantea que, si se reabren las escuelas, ojalá comiencen por las escuelas rurales. “En el campo los apoderados están enojados con que no estemos en clases, cuando nosotros nos comunicamos con ellos, nos hacen ver su enojo”, cuenta.
Escuela Ruca Manke
Una situación similar es la que vive Guillermo Berríos Lazo, profesor de religión e historia de la escuela básica Guillermo Gómez de Puerto Cisnes (región de Aysén). La comuna de Puerto Cisnes nunca ha tenido un caso positivo de COVID-19. El profesor relata: “tenemos varios apoderados que han dicho, derechamente, ‘sabe que vamos a esperar a que regresen las clases (presenciales) y ahí mi hijo va a ir estudiar”. La escuela ha intentado diversas estrategias para que los padres cambien de opinión y apoyen a sus hijos(as) en la modalidad a distancia “incluso el director ha llamado personalmente a las familias y nada, le repiten lo mismo”, agrega Guillermo.
El diagnóstico es coincidente entre los cinco docentes entrevistados. En el mundo rural existe baja o nula conectividad telefónica para ayudar a resolver sus guías o responder dudas de los estudiantes. Además, las familias tienen bajos niveles de escolaridad, lo que dificulta que ayuden a sus hijos con sus tareas.
Marlen Castillo, profesora de la escuela rural de Selva Oscura, comuna de Victoria (región de la Araucanía), plantea que “estamos todos preocupados por la situación de nuestros estudiantes… la modalidad a distancia no resulta en el campo”.
Al preguntarle por quienes serán los más perjudicados con el cierre de la escuela, Marlen señala: “todos los niños, los 256 estudiantes de la escuela, van a quedar con un proceso sin terminar este año. Porque la realidad nuestra no es la de un colegio de Temuco o de Victoria, porque la mayoría de nuestros niños son de sectores rurales, de origen mapuche, viven a 10 a 20 o incluso a 25 kms de distancia de la localidad de Selva Oscura. En muchas casas ni siquiera hay luz eléctrica y la escuela es la única esperanza para esas familias. Pero desde marzo esa esperanza permanece con las puertas cerradas”.
Escuela de Selva Oscura
Juan Esparza, quien fuera profesor durante 5 años en una escuela rural unidocente multigrado en la comuna de Curarrehue, recuerda “la escuela no tenía conexión eléctrica, cuando yo llegué, ese año (1997) se inauguró la luz eléctrica”. Soledad, profesora de la escuela rural Ruca Manke, refiere que “en invierno, cuando hay un metro de nieve, el furgón escolar no puede salir a recoger a los niños, pero igual llega alrededor del 90% de los estudiantes a clases… se vienen caminando, ni siquiera tienen botas, usan unas zapatillas delgaditas, a veces se amarran unas bolsas plásticas y al llegar a la escuela se las sacan”.
De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, en las zonas rurales el doble de familias vive bajo la línea de la pobreza (16.5%) en comparación con las zonas urbanas (7.42%). Y la situación se agrava en la zona sur del país (desde la Araucanía a Magallanes) donde el porcentaje de pobreza en áreas rurales sube a 21.36% (versus 9,77% en áreas urbanas).
Basado en el nivel de vulnerabilidad de las escuelas, es claro que los establecimientos rurales se encuentran en una situación de desventaja frente a sus pares urbanos.
La figura 1 muestra que varias comunas en el sur de Chile no presentan casos activos de COVID-19. De hecho, al 28 de agosto existían 49 municipios sin casos activos de COVID-19 en el país. La comuna de Río Ibáñez (región de Aysén) nunca ha tenido un caso de COVID-19 y fue el primer municipio en Chile continental en reabrir un establecimiento educacional: la escuela rural unidocente multigrado María Antonieta Parra Monsalve de Puerto Sánchez. Hoy existen 492 escuelas unidocentes multigrado (la mayoría concentradas en el sur del país), las cuales atienden a casi 3 mil estudiantes. El 90% de ellas tiene una matricula total menor o igual a 12 estudiantes. Estas escuelas presentan las condiciones sanitarias ideales para la reapertura.
Figura 1: Casos activos por comuna en la zona sur al 28 de agosto
Dado el bajo número de casos activos, entre otros indicadores, el gobierno ha decretado que comience la fase de preparación o apertura inicial en varias regiones[2]. Como resultado de ello, comunas localizadas en las regiones de la Araucanía y Aysén podrían solicitar la reapertura de establecimientos. Sin embargo, la medida ha tenido una fuerte oposición de los alcaldes. Al respecto, José Bravo, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía (AMRA), en una entrevista con el Diario Austral de Temuco planteó: “creemos lo más sensato es prepararnos para la reapertura de colegios para el próximo año”. Por otro lado, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala afirmó al Diario el Divisadero: “Quiero señalar categóricamente que nosotros no vamos a retornar mientras no tengamos garantías de un retorno seguro”. Estas declaraciones pueden entenderse desde una perspectiva política. 80% de las escuelas rurales son públicas, es decir, son administradas por los municipios, y los alcaldes no tienen incentivos para reabrirlas, ya que se encuentran ad portas de una elección municipal (abril 2021). Abrir las escuelas podría significar un frente de ataques como consecuencia, por ejemplo, de falta de mascarillas o escasa claridad con los protocolos, etc. Además, la base electoral de los ediles está en la zona urbana de sus municipios: ganar votos en áreas rurales es marginal en sus cálculos electorales.
El problema del debate sobre el regreso de la presencialidad es que tratamos a todas las escuelas como si fueran iguales. Sin embargo, la realidad de la educación rural es muy diferente a la que viven establecimientos de la capital o de grandes centros urbanos. Los estudiantes de zonas aisladas son los que más requieren del trabajo en aula y las escuelas rurales cumplen los criterios definidos por el MINSAL para la reapertura, particularmente aquellas ubicadas en la región de la Araucanía y Aysén (ambas regiones en fase 4). Entonces, ¿por qué no son prioridad?
Mi argumento es que las escuelas rurales educan a un sector de la sociedad chilena que no tiene ni la organización ni la influencia para presionar a los municipios, seremis o Ministerio de Educación, y esta carencia define su invisibilidad. Pensemos en la “revolución de los pingüinos” del 2006 o las protestas sobre la PSU el 2019-2020, movimientos estudiantiles originados en áreas urbanas: las escuelas rurales no tienen la capacidad de organización ni la opción de golpear la mesa. No me imagino a un grupo de estudiantes de las escuelas de Lago Verde, Huillinlebu o Villa Cautín marchando por la Alameda rumbo al Ministerio de Educación. Los carteles “Escuela rurales primero” no serán levantados en la capital, nadie verá las fotografías de la marcha en Facebook, Instagram o Twitter. Segundo, aunque las escuelas privadas y las escuelas rurales educan más o menos a la misma proporción de estudiantes (alrededor del 7% del total del sistema), ¿son comparables los estudiantes de un establecimiento privado en Vitacura y la escuela G-230 en Huillinlebu? A diferencia de un colegio privado en Santiago, es poco probable que un estudiante rural llegue a ser ministro (a) de educación o presidente (a) de Chile. Siempre hay excepciones que confirman la regla pero, en promedio, es poco probable que alguno llegue a ocupar un puesto de poder. Recordemos que el 60% de los políticos en Chile proviene de colegios privados, y la mayoría de los ministros (as) del actual gobierno estudiaron en colegios privados de la región metropolitana. Los estudiantes que asisten a establecimientos privados siempre tendrán representación en la cámara de diputados, el senado o en el gabinete de ministros. Siempre habrá alguien en la sala de reuniones de la Moneda o el Parlamento que levantará su mano y dirá “interesante la propuesta, pero debemos considerar a los colegios privados, en mi experiencia como exalumno…”. Para los estudiantes rurales la silla estará vacía.
La invisibilidad en el debate de las escuelas rurales me preocupa pues crecí en un sector rural de la comuna de Victoria, región de la Araucanía, llamado “Huillinlebu”. Mi primera escuela fue la G-230, establecimiento unidocente multigrado. Es decir, un solo profesor se encargaba de enseñar a distintos niveles y todos en la misma sala (1ro a 6to básico). La escuela tenía alrededor de 12 estudiantes, en mi curso éramos habitualmente 3—Adolfo, Johana y yo. Después de egresar de la escuela G-230 vendrían 6 años en escuelas internado (7mo básico a 4to medio). Ese era nuestro camino para educarnos, la ruta que muchos niños y niñas de sectores rurales recorrimos.
Escuela G-230 de Huillinlebu
En mi generación, los estudiantes rurales llenábamos los listados de inasistencia, repitencia y deserción, situación que todavía persiste. De hecho, hoy los estudiantes rurales tienen mayores niveles deserción escolar que sus pares urbanos, lo que aumenta la probabilidad de “perpetuar situaciones de vulnerabilidad, exclusión y marginación social” (Mineduc, 2015). Y el cierre de las escuelas solo va a agravar este escenario, en particular en el mundo rural. A principios de los 90s, el Ministerio de Educación no tenía mucho que hacer para revertir nuestros déficits y carencias; para nosotros, la suerte estaba echada. Sin embargo, hoy el Ministerio puede hacer algo, puede tomar una decisión que cambiaría la trayectoria de vida de miles de niños y niñas en el mundo rural. Si los adultos de hoy no hacemos algo, los indicadores que teníamos a principios de los 90s volverán a los reportes y a los anuarios estadísticos. Y los estudiantes rurales seguiremos bailando nuestra canción favorita: “el baile de los que sobran”.
Mis agradecimientos a todos los(as) profesores(as) que trabajan en escuelas rurales, gracias por su entrega cotidiana, por el futuro que construyen en el presente de miles de niños(as). A Cristián Yévenez, Yasna Pérez Montiel por ayudarme a coordinar las entrevistas con los docentes. Y finalmente, a Lindsey Carte, Héctor Nahuelpan, Denisse Gelber, Luis Ríos y Marcela Ramos (CIPER) por sus comentarios y sugerencias.
[1] Para la elaboración de esta columna entrevisté -vía telefónica – a un total de cinco docentes en las comunas de Lago Verde, Puerto Cisnes (Región de Aysén), Curarrehue y Victoria (Región de la Araucanía). Ambas regiones en fase 4 “Apertura Inicial”
[2] A partir del 07 de agosto, el Ministerio de Salud estableció que comunas clasificadas en “apertura inicial” (fase 4) podrían solicitar al Ministerio de Educación la autorización para reabrir sus escuelas.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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