La CIDH en riesgo
27.08.2020
La decisión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no dar curso a la renovación del nombramiento el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrão, abre un nuevo foco de conflicto entre la Organización y uno de sus órganos principales, como es la Comisión Interamericana.
Esta decisión comunicada el 15 de agosto a la CIDH es necesario analizarla en un contexto histórico de las relaciones difíciles entre la Comisión y los Estados de la región y de la Comisión con la Secretaría de la OEA. Este no es un problema del Secretario de la Comisión, sino que es un problema vinculado con la autonomía de un órgano que por su naturaleza debe estar en constante tensión con los Estados que están bajo su supervisión. En dicho contexto, el rol del Secretario de la OEA debiera ser proteger la autonomía de la Comisión y no pretender vulnerarla.
Las Comisión Interamericana cumple un rol central para la protección de los derechos humanos en el continente. La historia de los derechos humanos en las Américas está ligada a la historia de la Comisión. Desde su creación, en 1959, su rol de protección de los derechos humanos ha sido fundamental para proteger a las víctimas de las dictaduras, para garantizar procesos de transición respetuosos de los derechos humanos, consolidar procesos de democratización compatibles con los compromisos internacionales de los estados y ampliar la protección a grupos históricamente discriminados. Nada de ello se hubiese logrado sin una Comisión autónoma.[1]
Atendida la naturaleza de las funciones que cumple la Comisión Interamericana en la región, su autonomía es fundamental. La necesidad de esta autonomía la reconocieron los propios Estados cuando en 1967 reformaron la carta de la OEA y la Comisión pasó ser un órgano del sistema.[2] Esta autonomía debe estar garantizada en su relación con los Estados, si no, es imposible controlarlos adecuadamente. Recordemos que la Comisión ejerce como un órgano cuasi jurisdiccional para el conocimiento de casos individuales.
Asimismo, la autonomía también tiene una faceta institucional. En este sentido, si bien la Comisión es un órgano parte de la Organización, su funcionamiento debe ser autónomo y para ello debe tener una Secretaría Ejecutiva que no dependa funcionalmente de la OEA, particularmente en el nombramiento de su personal. Si la Comisión pierde su autonomía, el sistema de protección de derechos humanos pierde sentido en las Américas. Así de grave es la situación.
En su historia, los conflictos entre los Estados y la Comisión no son una novedad, así como tampoco son nuevos los conflictos entre el secretario de la OEA y la Comisión. Podemos recordar una serie de crisis que se han producido entre los Estados en la Comisión: en los años 80 fueron las dictaduras del Cono Sur las que se enfrentaron a la Comisión; en los 90, hubo un movimiento regional para limitar su autonomía; en los años 2000, un movimiento llamado a fortalecer el sistema que no era sino un intento por limitar el rol de la Comisión Interamericana en su supervisión de los Estados; hace un par de años, hubo un conflicto por el financiamiento de la Comisión.[3] La temsión más reciente fue la provocada por la carta de 5 Estado, incluido Chile, poniendo en cuestión las facutlades de los órganos del sistema (Comisión y Corte).[4]
Estos conflictos también se han traducido en una situación de tensión entre la Secretaría de la OEA y la Secretaría de la Comisión. Uno de los momentos más álgidos fue en 2011 cuando el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, se enfrentó directamente con el Secretario de la Comisión de la época, Santiago Cantón. Este conflicto también tuvo un punto en común con el que hoy se ha generado, esto es, un Secretario de la OEA haciendo ver una formalidad, esto es, que él es el superior jerárquico de la Comisión y que de él depende el nombramiento de su secretario ejecutivo. Lo que está en juego, nuevamente, en la captura de la Secretaría ejecutiva.
La decisión de Luis Almagro se fundamenta en denuncias de funcionarios de la Comisión en contra de su Secretario Ejecutivo. Esta, obviamente, es una cuestión que debe ser esclarecida a través de un debido proceso. Impedir el nombramiento del Secretario Ejecutivo sin que exista una medida administrativa que lo sancione con la inhabilidad para asumir el cargo de Secretario Ejecutivo a través de un debido proceso es completamente violatorio de las normas mínimas un debido proceso legal y administrativo sancionatorio.
No podemos ser ingenuos, lo que está en juego es una crisis de la cual depende la autonomía del sistema interamericano de derechos humanos. La captura de la Secretaría ejecutiva ha sido un anhelo de los Estados durante décadas. Controlar la Secretaría Ejecutiva es controlar el funcionamiento de la Comisión. Todos quienes hemos sido víctimas de violaciones de derechos humanos en la región y hemos recurrido al sistema, sabemos el rol fundamental que tiene la Secretaría Ejecutiva para una pronta respuesta que garanticen los derechos humanos en momentos de crisis. Esto obviamente genera tensión con los Estados. Hoy, lo que estamos viendo es un intento por pasar la factura a la Comisión por la autonomía que ha mostrado durante los últimos cuatro años.
No podemos olvidar en Chile que mientras la CIDH catalogaba la situación de derechos humanos en Chile como “una grave crisis de derechos humanos”, el sr. Almagro hacía campaña para su reelección, visitaba al Presidente Piñera, no se reunía con la sociedad civil y decartaba las violaciones de derechos humanos que todos los organismos especializados, incluida la CIDH, habían condenado.
¿Habrá sido esta una promesa electoral a los Estados que apoyaron a Almagro para su reelección? Imposible saberlo.
Cómo siempre, la forma en la que se resuelva este conflicto político dependerá del buen juicio de los actores involucrados, pero también del rol activo de la sociedad civil para defender la autonomía de un órgano central para la protección de los derechos humanos en la región. La protección del sistema de derechos humanos, hoy depende de nosotros.
