COLUMNA DE OPINIÓN
Una aproximación filosófica a la defensa técnica del modelo de AFP: idealización, financiarización y verdad
21.08.2020
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
COLUMNA DE OPINIÓN
21.08.2020
Las AFP plantean que las bajas pensiones son resultado de los bajos salarios. El autor sugiere, sin embargo, que las AFP son las causantes de esos ingresos precarios pues han promovido la financiarización de la economía. Desde la filosofía económica, expone las debilidades de la “defensa técnica” del modelo de capitalización individual.
El proyecto de retiro de fondos previsionales aprobado por el Congreso en julio ha desatado un intenso debate en torno al sistema de jubilación chileno. En general, los defensores del modelo esgrimen dos clases de argumentos: uno político-económico y otro que podríamos denominar técnico. El primer argumento no apunta al sistema en cuanto proveedor de pensiones, sino que resalta sus efectos estabilizadores y macroeconómicos. Llamamos a esta clase de argumento “político-económico” porque se manifiesta en dos formas: por una parte, se expresa económicamente cuando apunta al impacto macroeconómico positivo que tuvo la reforma previsional ideada en los ‘80 en ciertos indicadores: el PIB, el crecimiento del mercado de capitales, la productividad total de factores, entre otros. Un claro ejemplo de esta argumentación es el informe “Efectos Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile”, elaborado en 2013 por los economistas Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-Hebbel por encargo de la Asociación de AFP[2]. Por otro lado, el argumento se expresa políticamente cuando se apela a las características demográficas del país: la fuerza laboral activa no tendría la capacidad para financiar la vida de los(as) trabajadores(as) que salen del mercado del trabajo; o cuando, en base al notable grado de influencia que han alcanzado las AFP en el modelo de desarrollo, se afirma que una reforma estructural podría poner en riesgo la estabilidad nacional.
El argumento político-económico es interesante porque es bastante persuasivo: las AFP aportan al crecimiento económico, entregan estabilidad política y parecen representar una solución al problema demográfico que habitualmente se utiliza para rechazar la construcción de sistemas de reparto: el creciente envejecimiento poblacional reduce la cantidad de trabajadores activos que permitan sostener a quienes dejan el mercado laboral[3]. Sin embargo, a pesar de su nivel de persuasión, el argumento tiene dos problemas centrales: en primer lugar, evade el asunto de las bajas pensiones, lo que resulta delicado considerando que entregar buenas pensiones debiese ser el objetivo central del sistema. En segundo lugar, este argumento nos revela hasta qué punto el mercado se ha erigido como el lugar de producción de verdad: a partir del surgimiento del liberalismo, y sobre todo en el neoliberalismo contemporáneo, son el mercado y la ciencia económica los encargados de establecer los límites de lo posible[4]. Esto último se hace particularmente evidente en el argumento poblacional: el sistema de reparto ha sido completamente descartado de la discusión previsional y reducido a una caricatura debido a que es económicamente imposible ante la actual configuración demográfica del mundo. Lo anterior es problemático porque tanto la subjetividad como la política están estrictamente delimitadas por la dinámica de mercado como fuente de verdad y esto limita las posibilidades de configurar un sistema previsional que desafíe este marco. En este sentido, toda idea que entre en tensión con los postulados básicos de la economía moderna – frugalidad gubernamental[5], mínima intervención estatal, focalización del gasto público, entre otros –, como lo es un sistema de pensiones robusto, corre el riesgo de ser desechada.
La constatación anterior nos lleva a una aparente encrucijada: el modelo de AFP está incrustado a tal nivel en el modelo de desarrollo nacional que no es posible modificarlo estructuralmente, pues aquello escapa del marco establecido por la gubernamentalidad neoliberal y, peor aún, amenaza con poner en riesgo la estabilidad del país. Sin embargo, la aprobación del proyecto de retiro del 10% mostró que el sistema puede intervenirse sin que el país se desmorone. A pesar de que las consecuencias de largo plazo aún son inciertas, hemos visto que las Administradoras han modificado su estrategia comunicacional para, en lugar de criticar el proceso, contribuir a facilitarlo y, además, varios(as) analistas económicos – e incluso el actual ministro de Economía – han señalado que el proyecto tendrá incluso un impacto positivo en el corto plazo, pues la inyección de liquidez aumentará el consumo privado y, con ello, se moderaría el impacto de la crisis económica[6]. Esto último nos permite afirmar que es posible reflexionar acerca de la posibilidad de superar las fronteras establecidas por el mercado en materia previsional y que aquello no supone necesariamente una debacle financiera.
El argumento técnico será el objeto central de este artículo. A diferencia de lo mencionado, este argumento se hace cargo del problema de las bajas pensiones y se articula de la siguiente manera: la rentabilidad que obtienen las Administradoras es alta considerando el monto de las cotizaciones y la edad de jubilación. Por lo tanto, el problema no es el modelo – es más, en condiciones ideales, dicen sus defensores, el modelo funcionaría bien. El problema es el mercado laboral y las reglas que se le imponen al sistema. Esta idea no es sólo teórica, sino que recurre a la matemática financiera para mostrar el “bajo” aporte que hacen los(as) trabajadores(as) a sus futuras pensiones y lo determinante que resulta la rentabilidad obtenida por las AFP. El argumento es fuerte y, dado que se reviste de técnica matemática, parece infranqueable. Sin embargo, esta defensa técnica contiene un problema convenientemente omitido; se trata de un asunto bastante común en economía que ha sido estudiado desde la filosofía de las ciencias: el problema de los supuestos idealizados.
Antes de continuar, y dado que el análisis propuesto es de carácter filosófico, es necesario aclarar algunos asuntos con respecto al estudio filosófico de la economía. Ante la alta complejidad del fenómeno económico, la economía debe recurrir a supuestos que habitualmente contienen un alto grado de idealización para intentar construir modelos que permitan explicarlo[7]. Desde un punto de vista filosófico, esto es un problema porque nos lleva a una paradoja en torno al concepto de “explicación”. Una paradoja ocurre cuando dos o más afirmaciones son individualmente ciertas, pero, al ser tomadas conjuntamente, son contradictorias. Esto ocurre con la explicación económica, pues los modelos se construyen sobre supuestos ideales, es decir, (i) los modelos son falsos, pero (ii) sólo las descripciones verdaderas pueden explicar[8]. En este sentido, un modelo fundado sobre supuestos falsos no puede explicar – en el sentido filosófico de la palabra – adecuadamente el fenómeno económico. Esta paradoja ha llevado a la filosofía de las ciencias a cuestionar el poder explicativo de la economía e incluso a dudar de su carácter científico – el filósofo Mario Bunge, por ejemplo, incluye a la economía dentro del catálogo de las pseudociencias[9] –. Lejos de pretender solucionar esta paradoja, nos interesa utilizarla como punto de partida para analizar filosóficamente el argumento técnico de defensa al modelo de capitalización individual. Como intentaremos mostrar, por más técnica que sea una explicación económica, ella no puede escapar de consideraciones morales o, si se quiere, ideológicas. Como muestran Hausman y McPherson[10], la imagen del economista como un proveedor de información técnica y carente de juicios de valor es una caricatura, pues la moralidad ocupa un rol central en economía: no sólo porque incide directamente en el comportamiento de los agentes que interactúan en el mercado, sino porque en el corazón mismo de la teoría económica reside una teoría moral: la teoría de elección racional[11]. A partir de esto, como apuntan Hausman y McPherson, la economía no puede concebirse como una disciplina estrictamente técnica. Está impregnada de consideraciones morales e ideológicas y recurre constantemente a supuestos idealizados que, como veremos, ponen en tela de juicio algunos argumentos. Uno de ellos es el argumento técnico de defensa al modelo de AFP.
Retomemos el análisis del argumento. La defensa técnica establece que el modelo de AFP funciona adecuadamente si existen ciertas condiciones que lo permitan. El problema es que esas condiciones son extremadamente ideales: altas cotizaciones, elevada edad de jubilación, alta competencia en el sistema, baja informalidad laboral, mínimas lagunas previsionales, entre otras exigencias. Como es evidente, el mercado laboral chileno está lejos de todos estos supuestos. Ahora bien, si el contexto económico fuese una variable independiente de las AFP, podríamos conceder el punto y afirmar que el modelo “funciona” y, en consecuencia, lo que habría que hacer es acercar el mercado laboral a esas condiciones ideales. Sin embargo, como buscaremos mostrar, no existe tal independencia. Es más, desde su implementación en la década de 1980, las AFP han estado íntimamente ligadas a la fragilidad del mercado laboral.
Para mostrar esto último, es necesario retroceder en la historia. La década de 1980 fue un periodo de liberalización, privatización y financiarización de las economías mundiales. Este proceso fue liderado por las reformas neoliberales de los gobiernos de Reagan, Thatcher y la dictadura de Pinochet. El caso de Chile es relevante pues, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y Reino Unido, experimentó la aplicación de estas políticas económicas sin contrapeso democrático. En tal sentido, nuestro país representó un tipo de neoliberalismo “puro” en el contexto internacional, pues se desarrolló en “condiciones de laboratorio” y aquello llevó a que el modelo chileno fuese alabado por insignes figuras del pensamiento neoliberal como Milton Friedman y Friedrich Von Hayek[12]. En ese contexto de despliegue de políticas de corte monetarista a nivel mundial, la creación de las AFP no puede entenderse como una medida aislada. Lejos de ello, el sistema de capitalización individual se erigió como un pilar de la economía nacional y, de paso, aportó a la consolidación de la primacía del mercado financiero por sobre el mercado productivo. ¿Cómo la privatización del sistema de pensiones colaboró con el proceso de financiarización? Veamos.
Como describe Andrea Fumagalli, existen varios procesos que permitieron el ascenso del capital financiero y su posterior primacía sobre el mercado productivo. Entre ellos, la exigencia de generación de valor para los accionistas, el endeudamiento creciente en los hogares y el fin del fordismo[13]. Tales procesos condujeron a una tendencia general de obtención de beneficios económicos a través de vías financieras y no productivas. Como muestran Pardo y Pico[14], un elemento central en este aumento de la preponderancia del capital financiero en la economía es la integración de la política social a los mercados financieros como consecuencia del estancamiento del crecimiento económico mundial a partir de la crisis del sistema Breton Woods: la caída de la demanda agregada forzó la búsqueda de nuevas vías de rentas que encontró en la privatización de la protección social una fuente de capital para reactivar la economía. De esta forma, los fondos de pensiones se convirtieron en una de las principales fuentes de crecimiento del capital financiero y, con ello, aceleraron el proceso de financiarización de la economía. Dentro de este proceso mundial de financiarización, Chile se erige como un país pionero, pues creó el modelo de administración de fondos de pensiones que luego sirvió de inspiración para la privatización de los sistemas previsionales en otros países de la región y del mundo[15].
La financiarización avanzó con gran voracidad y, por supuesto, afectó al mercado del trabajo. Como muestra Alberto Garzón, el proceso de ajuste de la economía a los requerimientos del mercado financiero se tradujo en “dramáticos incrementos del desempleo y bajos niveles de crecimiento económico y tuvieron un impacto durísimo en las deudas externas contraídas por los países subdesarrollados”[16]. En el caso chileno, el plan laboral elaborado por José Piñera derivó en un aumento de la precariedad del empleo, pues inició un proceso de flexibilización unilateral del trabajo que debilitó la actividad sindical – actualmente la tasa de sindicalización es del 20%[17], lo que impide una negociación colectiva beneficiosa para los trabajadores – y fortaleció el poder del empleador en la relación laboral. Los efectos laborales de las reformas privatizadoras y desreguladoras de este periodo quedan sintetizados por Ricardo Ffrench-Davis en los siguientes términos:
“En lo social, el salario mínimo real era menor en 1989 que en 1981 y en 1974 y la brecha entre ricos y pobres se había agrandado, agravada en la primera mitad de la dictadura y peor aún en la segunda mitad (quintil rico con ingreso 20 veces el ingreso del quintil más pobre versus 12 a 13 veces en los 60s), el desempleo más que duplicó la tasa de desocupación de los 60s”[18].
Si bien el deterioro económico de la dictadura intentó corregirse en los gobiernos democráticos posteriores, el impacto de la política económica neoliberal sigue manifestándose en la actualidad en indicadores como el creciente nivel de informalidad – cercana al 30% según el INE – y en la precariedad laboral general: según datos de la encuesta ENATS, el 50,8% de los asalariados con contrato presenta niveles de precariedad nocivos para la salud[19].
La financiarización impulsada por la privatización de los fondos de pensiones tiene, en el plano recién descrito, dos impactos sociales relevantes: como hemos dicho, tiene un impacto original, pues colaboró con la desregulación del mercado laboral y aquello se tradujo en alta informalidad y bajos salarios, pero, además, tiene un impacto en la creación de deuda, pues la consecuencia lógica de un bajo nivel salarial es el endeudamiento progresivo de la población. Una muestra de esto es que actualmente el nivel de endeudamiento de los hogares chilenos representa el 75% de los ingresos y esta tasa alcanza su máximo histórico todos los años porque los salarios simplemente no permiten vivir adecuadamente[20].
En resumen, el proceso de financiarización impulsado primordialmente por la creación del sistema de AFP ha impactado determinantemente en las condiciones laborales y de vida de las personas: bajos salarios, escasa protección social y alto endeudamiento.
Considerando lo anterior, la afirmación “el modelo funciona” contiene una cantidad tal de supuestos idealizados que, en el contexto económico antes descrito, simplemente no puede considerarse aceptable. Es importante notar que este problema – el de la idealización – no es exclusivo del sistema previsional chileno. Un ejemplo de esto es la crítica de Joseph Stiglitz a la economía estándar: para Stiglitz, la crisis financiera mundial de 2008 tiene su origen en la construcción y aplicación de modelos económicos fundados sobre supuestos irreales de competencia perfecta en los que la regulación simplemente no era necesaria[21]. Otro ejemplo es el del salario mínimo: según la economía estándar, fijar el sueldo mínimo por sobre el equilibrio tendrá como consecuencia un aumento en el desempleo. Sin embargo, muchos estudios empíricos de mediados de la década de 1990 en adelante han mostrado que leves incrementos en los salarios mínimos podrían, por el contrario, disminuir los niveles de desempleo[22]. En este caso, la idealización consiste en considerar que el mercado laboral opera bajo los supuestos de competencia perfecta y que existe algo así como un “salario de equilibrio” en el que todos los agentes económicos alcanzan un óptimo en la interacción.
Lo anterior muestra que lidiamos con un problema propio de la disciplina económica: tanto en el argumento técnico de defensa del modelo de AFP como en los casos que hemos mencionado ocurre que la idealización permanece velada tras el discurso técnico y aquello es posible debido a que el mercado ha conquistado un estatus normativo en el seno de las prácticas de gobierno. Sintomáticamente, en los tres casos que mencionamos – AFP, crisis subprime y el debate sobre el salario mínimo –, las consecuencias de la idealización que subyace tras la discursividad técnica terminan afectando directamente la calidad de vida de las personas.
Ahora bien, incluso aceptando el argumento idealizado – “el modelo de AFP funciona si se cumplen ciertas condiciones” –, la íntima relación entre la financiarización de la economía y el debilitamiento del mercado laboral – relación que, al igual que la idealización, permanece oculta bajo la argumentación técnica – complejiza estructuralmente la posibilidad de “rescatar” al modelo a través del trabajo. Ya sea a través de un aumento en las cotizaciones (lo que sería complejo considerando el nivel de endeudamiento y, en caso de ser un aumento con cargo al empleador, es bastante probable que opere como un impuesto y termine cargándose en mayor proporción al trabajador a través de una disminución salarial) o de un aumento en la edad de jubilación. Esto último es también difícil considerando que, según la OCDE[23], la edad efectiva promedio de retiro del mercado laboral en Chile es 70 años en hombres y 67 en mujeres. ¿Cuánto más habría que trabajar para solucionar el problema previsional a través del trabajo?
Al repasar el argumento político-económico, notamos que los reparos filosóficos acerca de las consecuencias del carácter normativo del mercado sobre el sistema de pensiones son evidentes, esto es, no exigen un develamiento; se manifiestan con claridad: el problema consiste en que pensar un mecanismo previsional robusto exige superar las reglas de inteligibilidad impuestas por el mercado. Ahora bien, el proyecto de retiro de fondos mostró que existe una posibilidad para pensar por fuera del marco constituido por la gubernamentalidad neoliberal. Pero con el argumento técnico, el asunto es otro.
Hemos intentado mostrar que gran parte de la fortaleza de la defensa técnica descansa sobre la base de un ocultamiento y la intención de este artículo ha sido revelar aquello que permanece velado. Al quitar el velo, evidenciamos que en la utilización de supuestos altamente idealizados y en la omisión de la relación financiarización-AFP-trabajo se exhibe aquello que la ciencia económica pretende ocultar bajo la discursividad técnica. Resulta interesante constatar que, mientras que tras el argumento político-económico subyace un régimen de verdad – el mercado – que limita la acción política y determina su plausibilidad, lo que sustenta al argumento técnico es precisamente la fuente de saber de ese régimen de producción de verdad: la economía. De aquí, entonces, la relevancia de transparentar aquello que permanece velado en el argumento técnico, pues no sólo representa un obstáculo para la confección de un sistema de pensiones que supere la lógica mercantil, sino que tiene el potencial de tensionar el marco de inteligibilidad establecido por el mercado y, en consecuencia, nos permite pensar en un modelo de desarrollo que no esté sometido totalmente a los vaivenes y a la incertidumbre del mercado financiero.
Finalmente, dado que la política económica chilena de 1980 en adelante está notablemente inspirada en el pensamiento de Milton Friedman, es particularmente útil recodar una vieja máxima – aparentemente elaborada por el economista John Kenneth Galbraith[24] – para debatir exitosamente con el padre del monetarismo moderno. La estrategia consistía en esperar a que Friedman dijese “asumamos que” o “supongamos que” y responder “no, no asumamos eso”. La anécdota muestra que la retórica de Friedman descansaba en supuestos que, llevados a la realidad, probablemente fallarían o serían difícilmente comprobables. Hoy bien podríamos esperar a que los defensores técnicos del modelo dijeran “asumamos que usted cotiza más y trabaja durante más años” para responder “no, no supongamos eso. El modelo debe defenderse en el contexto económico actual porque está ineludiblemente ligado a él”.
[1] Agradezco los valiosos aportes de Marcela Ramos a una versión preliminar de este artículo
[2] El informe completo puede encontrarse en el sitio oficial de José Piñera. Disponible aquí.
[3] El argumento técnico apela a la tasa de dependencia, esto es, la proporción entre la población dependiente y la población laboralmente activa. A medida que crece el envejecimiento poblacional, aumenta la carga que debe soportar la población activa para sostener a la población dependiente y aquello sería insostenible.
[4] El análisis anterior se basa en el concepto de “régimen de verdad” o “régimen de veridicción” que acuñó Michel Foucault. Los primeros desarrollos de esta noción la encontramos en el curso Nacimiento de la biopolítica, donde Foucault muestra el desplazamiento que ha tenido el mercado desde un mecanismo de construcción de precios a un régimen de validación de la política. En palabras de Edgardo Castro, a partir del nacimiento del liberalismo, el mercado se consolidará “como un dispositivo de veridicción intrínseco a la práctica gubernamental, como un régimen de verdad que nos dice, precisamente, si se está gobernando bien o mal”, es decir, el mercado fija los límites del arte de gobierno liberal y, con mayor intensidad, en el modo de gobierno neoliberal (Ver: Castro, E. (2016). “La verdad del poder y el poder de la verdad en los cursos de Michel Foucault” en Tópicos, 31: 42-61).
[5] La expresión “gobierno frugal” proviene de la definición que hace Foucault del arte de gobernar liberal y se inspira en la siguiente frase de Benjamin Franklin: “un pueblo virtuoso y laborioso siempre podría ser «gobernado a bajo precio» en un sistema republicano”. De aquí que la frugalidad sea una característica del gobierno liberal. Ver: Foucault, M. (2009). “Nacimiento de la biopolítica: Curso del Collège de France (1978-1979)”. AKAL: España.
[6] EMOL (23 de julio de 2020). “Scotiabank estima que inyección a consumo por retiro de 10% tendría un impacto positivo de 3% en el PIB 2020“. Disponible aquí.
[7] Un ejemplo sencillo de idealización es la “ley de demanda”. Esta norma establece que la cantidad demandada de un bien aumentará si, conservando todo lo demás constante, el precio de ese bien disminuye. En la cláusula “conservando todo lo demás constante”, más conocida en economía con la locución latina ceteris paribus, descansa toda una serie de supuestos: racionalidad de los agentes, invariabilidad de preferencias e ingreso disponible de las personas, homogeneidad de bienes, entre otros. Por supuesto, la ley de demanda tiene un importante poder explicativo, sin embargo, está construida sobre supuestos ideales que, muchas veces, no se cumplen.
[8] Una explicación más acabada de la paradoja explicativa puede encontrarse en Reiss, J. (2013). Philosophy of economics. A Contemporary introduction. Routledge: Nueva York.
[9][9] Ver: Bunge, M. (2011). “Las pseudociencias ¡vaya timo!”. Laetoli: Navarra.
[10] Ver: Hausman, D. y McPherson, M. (1993). «Why Economists Should Take Ethics Seriously,» en D. Bos,
éd., Economics in a Changing World, Nueva York: St. Martin’s Press
[11] La teoría de acción racional es aquella doctrina que analiza y explica el comportamiento humano a partir de tres pilares: i) Individualismo metodológico (la unidad de análisis son las acciones individuales), el concepto de intencionalidad (las razones se conciben como causas) y el supuesto de racionalidad (los individuos operan maximizando la utilidad esperada de sus acciones). Para profundizar, puede resultar interesante el siguiente artículo: Abitbol, P. y Botero, F. (2005). «Teoría de elección racional: estructura conceptual y evolución reciente» en Colombia Internacional, 62: 132-145
[12] Al respecto, es interesante revisar el siguiente artículo que trata sobre las visitas de Hayek a Chile en 1977 y 1981: Caldwell, B. y Montes, L. (2015). “Friedrich Hayek y sus dos visitas a Chile” en Estudios Públicos, 137, 87-132
[13] Fumagalli, A. (2010). Bioeconomía y capitalismo cognitivo: hacia un nuevo paradigma de acumulación. Traficantes de Sueños
[14] Pardo, S. y Pico, C. (2020). “Financiarización e inversiones de los fondos de pensiones en la Alianza del Pacífico” en Perfiles Latinoamericanos, 28(56)
[15] Como muestran Pardo y Pico en Op. Cit., la reforma de privatización previsional iniciada en Chile en 1981 inspiró a países como Perú (1992), Colombia (1993), Argentina (1994) y a varios países europeos como Hungría, Polonia, Letonia, Bulgaria, Croacia y Estonia.
[16] Garzón, A. (2009). “¿Qué es la financiarización?”. Disponible aquí.
[17] La Tercera (28 de abril de 2019). “Sindicalización se mantiene en 20% tras segundo año de Reforma Laboral”. Disponible aquí.
[18] Ffrench-Davis, R. (2019): “La economía chilena en dictadura y en los gobiernos democráticos”. Disponible aquí.
[19] Vives, A., Valdebenito, R. y Baeza, F. (2019). “La epidemia del empleo precario: causas y posibles salidas” en CIPER. Disponible aquí.
[20] La deuda como fruto del proceso de financiarización ha sido investigada recientemente desde una perspectiva filosófica por Maurizio Lazzarato en Lazzarato, M. (2011). “La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal”. Desde un punto de vista económico, existen estudios que vinculan el endeudamiento a factores estrictamente financieros. Ver: Joo, S. y Grable, J. E. (2004). “An Exploratory Framework of the Determinants of Financial Satisfaction” en Journal of Family and Economic Issues, 25(1), 25-50; Awanis, S. y Cui, C. (2014). “Consumer susceptibility to credit card misuse and indebtedness” en Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26 (3), 408-429
[21] Stiglitz, J. “The Anatomy of a Murder: Who Killed the American Economy?” en Critical Review 21(2–3): 329–39, 2009.
[22] Card, D. y A. Krueger. “Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage” en Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995
[23] OECD (2019), Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b6d3dcfc-en.
[24] La anécdota aparece en relatada en un artículo en The Economist a propósito de un cuestionable artículo de Gregory Mankiw titulado “Defending the 1 percent”. Ver: The Economist (junio de 2013). “The 1 percent needs better defenders”. Disponible aquí.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cinco centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.