Manifiesto por la agricultura familiar: primera línea de la alimentación

Texto coordinado por Tomás Ibarra y José Bengoa, investigadores del CIIR.

I. CRISIS SANITARIA Y CRISIS ALIMENTARIA: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

La actual crisis sanitaria nos ha recordado que estamos indisolublemente conectados. Los cambios a escalas locales, nacionales y globales se están acelerando y siendo cada vez más impredecibles ya que las interconexiones globales, representadas hoy en la multiplicación de un virus que traspasa fronteras, están produciendo eventos que tienen consecuencias más allá de su contexto inmediato.

Una de las grandes preocupaciones que han surgido en estos días es la agudización de la falta de alimentos que incluso ya se conoce como la “pandemia del hambre”. De los 11 millones de niños que mueren cada año, la mitad tiene relación con la falta de alimentos.

En Chile, el desperdicio de alimentos es alarmante; también somos líderes en enfermedades relacionadas al consumo de alimentos ultraprocesados. En estos momentos Chile, además, está sufriendo la falta de alimentos básicos como las leguminosas (porotos, lentejas y garbanzos) como consecuencia del abandono de la agricultura campesina.

La actual crisis alimentaria y socio ambiental se funda en gran parte en los sistemas de agricultura intensiva o industrial. Este tipo de agricultura ha influido en la extinción de dos tercios de la agrobiodiversidad mundial y, aunque cubre 2/3 de la superficie cultivable en el planeta, no es la principal fuente de alimentos en el mundo. La humanidad es principalmente alimentada por cerca de 570 millones de pequeños agricultores y agricultoras. Esta agricultura familiar usa, en promedio, menos de dos ha de superficie por unidad y representa entre un 12 y un 20% de la tierra agrícola mundial. Un antecedente es lapidario: la pequeña agricultura produce al menos un 60-70% de los alimentos que se consumen en la actualidad.

II. RURALIDAD Y AGRICULTURA FAMILIAR EN TIEMPOS DE CRISIS E INCERTIDUMBRE

En Chile, un 92% del total de las unidades agrícolas del país corresponden a agricultura familiar, dando trabajo a dos de cada tres agricultores(as). La agricultura familiar campesina e indígena, en particular, juega un papel importante no sólo en la producción de alimentos, sino también en la cohesión social, el suministro de energía a partir de recursos renovables, la conservación de agrobiodiversidad (incluyendo semillas tradicionales), el cuidado del suelo y agua, regulación del clima, la oferta de servicios recreativos y de atención de la salud, junto con la mantención de paisajes bioculturales patrimoniales, entre otros. La agricultura familiar campesina e indígena da vida y alimenta a ciudades y la mayor parte de los pueblos del país.

En estos tiempos de crisis, miles de agricultoras y agricultores en Chile no sólo se enfrentan a la incertidumbre sobre el cambio climático y las políticas agrícolas futuras, sino que también enfrentan las demandas de aumentar la producción de alimentos para alimentar a la población nacional (en un Mercado de importación impredecible y vulnerable en tiempos de crisis), al tiempo que deben reducir el impacto ecológico de los métodos de producción.

III. CAMBIAR EL SENTIDO DE LA AGRICULTURA DESDE LA PRODUCCIÓN SIN LÍMITES A LA PRODUCCIÓN SANA Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS POR PARTE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Las crisis actuales ponen en cuestionamiento las políticas consideradas «sagradas» o más convencionales de desarrollo del sector silvoagropecuario. La producción sin límites de productos para la exportación produce inseguridad alimentaria local, una significativa huella ecológica, aumento de los precios al consumidor de productos agrícolas locales, monopolios de tierras y sobre todo aguas, junto con escasez y explotación de mano de obra, muchas veces migrante, nacional y extranjera. Adicionalmente, esta agricultura es el segundo sector que genera mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile (15% de las emisiones totales a nivel nacional). Es preciso cambiar el rumbo de las políticas alimentarias y agrícolas hacia el fomento de sistemas agroecológicos.

IV. AGROECOLOGÍA: CONSTRUIR RESILIENCIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Que la agricultura familiar campesina e indígena pueda alimentar de forma segura y sana a sus propios territorios y al país se vuelve un imperativo ético, socio-ecólogico, de salud (físico y mental) e, incluso, de sobrevivencia. Este imperativo se relaciona, ineludiblemente, con que los territorios puedan desarrollar sus procesos endógenos de construcción de soberanía alimentaria a través de sistemas agroecológicos.

La población en Chile que vive en zonas rurales es mucho mayor que el 12,2% (2.149.740) que se consideraba anteriormente. De acuerdo con la Nueva Política Nacional de Desarrollo Rural, la población rural alcanza casi a un 25% de la población total. En este contexto, la salida de las crisis que enfrentamos debiera ser un incentivo más para promover medidas, de inmediato y mediano-largo plazo, que vayan en directo apoyo a la agricultura familiar en los distintos territorios del país. Esto es central en el debate por una Nueva Constitución. En ella debería quedar plasmada una nueva vía institucional para el campo en que la agricultura familiar campesina e indígena adquiera una prioridad indiscutida.

Algunas medidas que debieran adoptarse en el corto y mediano plazo:

• Medidas de protección social y apoyo a la agricultura deben ampliarse en respuesta a COVID-19 para proteger vidas y medios de vida y garantizar el acceso continuo a los alimentos y la resiliencia de los sistemas alimentarios.
• Vemos con preocupación que, en muchos territorios, la política pública ha empujado a los agricultores a la especialización en un solo rubro (un solo tipo de cultivo -como la insistencia en las plantaciones de arándanos- o turismo o artesanía o apicultura o ganadería –castigando la combinación de dos o más de estos-). Esto ha reducido la diversificación y amenaza la capacidad de la agricultura familiar campesina e indígena de responder a eventos de crisis. Si bien satisfacer las necesidades inmediatas es de primera prioridad (por ejemplo, generando empleos de emergencia), debe comenzar la planificación de la promoción de un proceso inclusivo de recuperación y que tenga como “hoja de ruta” el fortalecimiento de la resiliencia (socio-ecológica, productiva, económica, etc) y soberanía alimentaria. Debe establecerse un programa inmediato de apoyo a las economías campesinas e indígenas que están sufriendo de la pandemia, el abandono y, en muchos casos, el hambre.
• Las medidas deben tener como foco a la población más vulnerable en zonas rurales: pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, ancianos y ancianas, niños y niñas. Hay que diseñar un apoyo específico para aquellos que dependen de jornadas laborales informales (temporeras y temporeros) que no tienen acceso suficiente a los activos productivos y que no tienen ahorros y no tienen recursos para obtener seguros o fuentes alternativas de ingresos.
• Las medidas deben reconocer y apuntar, explícitamente, a reducir los desbalances de poder y justicia que enfrentan las mujeres rurales. Ellas tienen un papel fundamental en los sistemas agroalimentarios a través del fortalecimiento de la soberanía alimentaria de los hogares, el cuidado del medio ambiente y la mantención del tejido social en sus comunidades.
• Apoyar, a través de evaluaciones de contexto-específico, la continuidad, apoyo e idealmente la reproducción de ferias libres y mercados locales que promuevan circuitos cortos de comercialización. Estos deben poder permanecer abiertos, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes.
• Un grupo particularmente vulnerable son los niños y niñas que asisten a escuelas rurales donde reciben sus alimentos a diario. Además de seguir garantizando la entrega oportuna de alimentos saludables a ellos, se debe revisar el Programa de Alimentación Escolar para avanzar a un programa contextualizado que promueva la alimentación escolar en base a la producción agroecológica de la agricultura familiar de los entornos cercanos a las escuelas. Una iniciativa como esta representa también una oportunidad de aprendizaje basada en la investigación-acción en el entorno local que vincule a estudiantes, currículum formal y territorio.
• Se debe fortalecer el emprendimiento y la innovación con identidad, la formación de líderes y escuelas agroecológicas, para así construir economías locales que den oportunidades a niñas(os) y jóvenes para permanecer o retornar a sus zonas rurales de origen.
• Fortalecer la capacidad y autonomía de los gobiernos locales, comunidades y sus organizaciones sobre acciones para promover la producción y alimentación sin problemas y funcionamiento del sistema. Esto incluye el generar espacios de diálogo genuinos entre municipalidades, productores, comercializadores, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y alzando la voz de los gobiernos locales en el ámbito regional y nacional.

Hoy más que nunca debemos reconocer el papel crítico que juega la agricultura familiar campesina e indígena para la mantención de la vida. Creemos firmemente que la política pública debe apoyar decididamente a la agricultura familiar y al campesinado que alimenta a gran parte de las familias de Chile y el mundo.

A nivel del debate de la Nueva Constitución:

1. Garantizar en la Nueva Constitución el acceso a la tierra tanto de los campesinos, los hijos de campesinas(os) y jóvenes urbanos que tienen la voluntad de trabajar en la producción familiar agroecológica, de modo de priorizar en el país a la agricultura familiar campesina en todos los niveles.
2. Resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso, desprivatizar su propiedad, junto con promover la ordenación territorial para el manejo integrado de cuencas por parte de actores locales. Desarrollar planes adecuados y tecnificados de riego para la pequeña propiedad campesina, que atiendan a la escasez creciente del recurso.
3. Apoyar y promover la educación agrícola que ha sido abandonada en Chile. Movilizar recursos humanos y materiales para la construcción de una gran red de Escuelas Agroecológicas en contextos rurales y también urbanos (huertas comunitarias).
4. Proteger las semillas tradicionales y de buena calidad de la agricultura campesina, identificándolas como un bien común de comunidades y territorios. Controlar la producción y distribución de semillas híbridas y prohibir el cultivo de semillas transgénicas. Así mismo, se debe regular e impedir la invasión del subsuelo en las áreas de propiedad campesina e indígena.
5. Fomentar y proteger la ganadería campesina y agroforestería de bajo impacto, la crianza de aves y animales de corral, y establecer canales de comercialización locales y territoriales, estrechando el vínculo rural-urbano.
6. Fomentar, financiar a largo plazo y proteger la actividad forestal campesina, la recolección de productos forestales no madereros y actividades no agrícolas campesinas.
7. Establecer políticas de fomento del turismo rural campesino, co-administración de áreas protegidas, junto con apoyar proyectos comunitarios y colectivos de protección y cuidado del patrimonio rural.
8. Apoyo decidido y práctico a las organizaciones de campesinos y campesinas, en particular cooperativas de agricultores y agricultoras familiares. Igualmente fomento de las organizaciones de pescadores artesanales.
9. Establecer en Chile un sello de origen y calidad de los alimentos que provienen de la agricultura campesina y de producción agroecológica. Otorgarle un valor especial a estos alimentos saludables.
10. Reconocer a la agricultura familiar como una actividad que permite la adaptación al cambio climático (uso eficiente del agua ante contextos de aridización y escasez de agua, uso de variedades de cultivos adaptadas a condiciones locales, mantención del potencial productivo y de la fertilidad del suelo, entre otros).
11. Garantizar, sin ningún tipo de excepción, la aplicación efectiva e integral del Convenio 169 de la OIT en proyectos que tengan injerencia sobre territorios rurales con presencia de pueblos originarios.
12. Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), el cual va en directa relación a los intereses de la agricultura familiar y el futuro de las zonas rurales del país.

En estos días de pandemias y crisis de los modelos globalizados de producción, se debe realizar un debate profundo sobre el futuro de los territorios agroalimentarios, el papel de la agricultura familiar y el fomento de estas actividades de modo de abrir un horizonte de posibilidades y perspectivas sanas y decentes para el conjunto de la población.

Las adhesiones pueden seguir dirigiéndose a:

Tomás Ibarra. Campus Villarrica, PUC.

José Bengoa., Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Correos: jtibarra@uc.cl,jbengoacabello@gmail.com

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