COLUMNA DE OPINIÓN
Pandemia, riesgo laboral y salud: las comunas más afectadas de la Región Metropolitana
09.07.2020
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COLUMNA DE OPINIÓN
09.07.2020
Los autores identifican las seis comunas de la RM en las que sus trabajadores estarían más expuestos al contagio por COVID y también a la pérdida de ingresos laborales. Son La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Paine, Curacaví, San Pedro y Peñaflor. Allí habitan dos tipos de trabajadores: los vulnerables, sin ninguna protección, por lo que si no trabajan, no tienen ingresos; y aquellos que están obligados a moverse para desempeñar tareas esenciales durante la pandemia. En estas comunas el desastre de la pandemia solo se detendrá con recursos económicos, no con policías controlando la movilidad.
Una de las principales medidas adoptadas por los gobiernos alrededor del mundo para controlar la pandemia del COVID-19 ha sido la instauración de confinamientos obligatorios. Así, al disminuir la interacción cotidiana entre individuos, se intenta salvar vidas por la vía de reducir la velocidad con la que se producen los contagios. Esta restricción de la movilidad, sin embargo, afecta fundamentalmente la actividad de un grupo de trabajadores: aquellos que no pertenecen a las industrias designadas como esenciales y que, además, desempeñan una actividad que no es factible realizar de manera remota. En este artículo presentamos una estimación de los riesgos (de salud y económico) que corren estos trabajadores y las diferencias que se registran entre quienes habitan las diversas comunas de la Región Metropolitana.
Intuitivamente, una actividad económica es esencial si atiende a nuestras necesidades más urgentes. En contextos de Pandemia, si alguien debe desplazarse por la ciudad, arriesgando contagiarse y transmitir la enfermedad a otros, la idea es que sea aquella persona cuyos servicios son especialmente valiosos para la comunidad en la coyuntura que se enfrenta: la que provee servicios médicos, la que produce o distribuye alimentos, la que ayuda a generar o distribuir energía, etc.
El grupo de personas en la RM que desempeña trabajos esenciales que no se pueden realizar de manera remota no es pequeño: un 28%, según nuestras estimaciones (ver gráficos a continuación). Esto pone un piso, quizás alto, a la movilidad durante la cuarentena. Hay que tomar en cuenta también que las personas en tales ocupaciones no viven en todas las comunas en igual proporción. Hay comunas en que estos trabajadores son mayoría; y hay también otras en que representan una minoría. Esto significa que, a priori, solamente basados en la “casualidad” del lugar de residencia y la labor que desempeña cada trabajador, sabemos que habrá comunas en que será más difícil contener la epidemia que en otras. Así, las comunas son heterogéneas en lo que denominaremos “riesgo de salud”.
De acuerdo con nuestras estimaciones, de cada diez trabajadores, aproximadamente dos estarían protegiendo su salud a costa de perder su ingreso; tres estarían trabajando presencialmente en actividades esenciales arriesgando su salud y el resto podría cuidar su salud y colaborar en la prevención de la transmisión del virus, sin arriesgar su sustento.
Junto con ello existe el “riesgo económico”, un segundo indicador que creamos para representar las potenciales pérdidas o costos que podría experimentar, durante una cuarentena, un grupo específico de trabajadores: aquellos para los cuales no poder trabajar significa no percibir ingresos, o enfrentar una alta probabilidad de perder el empleo. Son vulnerables en este sentido los microempresarios, los trabajadores por cuenta propia, los que no tienen contrato o los que tienen uno a plazo fijo, y también quienes proveen servicios domésticos. El riesgo económico lo medimos como la parte de los salarios totales de los trabajadores de cada comuna que no sería percibida si la comuna entrara en confinamiento.
Para estimar cuántos trabajadores estarían en cada situación –tanto en riesgo de salud como económico– en el evento de un confinamiento total en la Región Metropolitana, cruzamos la descripción del Instructivo para Permisos de Desplazamiento del 25 de marzo de 2020, con las Estadísticas de Empresas por Comuna y Actividad Económica, 2018, del Servicio de Impuestos Internos, con la Encuesta Nacional de Empleo de diciembre de 2019 y con la Encuesta Suplementaria de Ingresos de diciembre del 2018, ambas encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De igual manera, y a falta de información directa, hicimos una clasificación introspectiva de la capacidad de trabajar de manera remota, para cada ocupación contemplada en la encuesta[1]. La clasificación es generosa, en el sentido de que asume que todos los individuos sin impedimento técnico para trabajar remotamente, tienen también los medios tecnológicos y ambientales para hacerlo: un buen servicio de Internet, un computador, etc., y una organización con la que interactuar de este modo. El gráfico a continuación presenta los resultados de nuestra primera estimación.
Figura 1: Trabajo en la Región Metropolitana, por tipos
De los resultados presentados se desprende que solo un 33% de los ocupados puede trabajar de manera remota; el 67% restante debe salir para trabajar. Por otra parte, un 40% pertenece a una industria calificada como esencial (el cruce de ambos conceptos se ilustra en la figura 1: esencial y presencial + esencial y remoto. Por ejemplo, en la industria de alimentos, que es esencial, un director puede trabajar remotamente, mientras que el operario no). Sumando los que pueden trabajar de manera remota y/o que pertenecen a un sector esencial, vemos que un 61% de los trabajadores mantendría su trabajo habitual. El resto, un 39%, serían los trabajadores impedidos de trabajar en una cuarentena total — aproximadamente 1,6 millones de personas—. De ellos, una parte importante son empleados dependientes de los sectores público o privado, con contrato. Suponemos que ellos recibirían su salario pese a que no puedan presentarse a su lugar de trabajo. El grupo de los que pierden su ingreso junto con su trabajo es un 18% de los trabajadores (los trabajadores vulnerables que no pueden trabajar remotamente ni desarrollan una actividad esencial). La suma de sus ingresos perdidos es un 11% del ingreso total estimado[2] de los trabajadores de la Región Metropolitana.
Resumiendo, de acuerdo con nuestras estimaciones, de cada diez trabajadores, aproximadamente dos estarían protegiendo su salud a costa de perder su ingreso; tres estarían trabajando presencialmente en actividades esenciales arriesgando su salud y el resto podría cuidar su salud y colaborar en la prevención de la transmisión del virus, sin arriesgar su sustento.
Si miramos al interior de la región, encontramos que estas cifras varían ampliamente entre comunas. Clasificamos a las comunas en tres niveles de riesgo, cada uno conteniendo a un tercio de las comunas. Así, el “riesgo de salud” se clasifica como BAJO si menos del 24,5% de los trabajadores se traslada para mantenerse trabajando; MEDIO si es entre un 24,5 y un 31% de los trabajadores; y ALTO si lo hace más del 31% de los trabajadores. El “riesgo económico”, en tanto, se clasifica como BAJO si los ingresos del trabajo de la comuna caen en menos de un 10%; MEDIO si la baja es entre un 10 y 14,9%, y ALTO si es del 15% o superior. La figura 2 ilustra el resultado.
Figura 2: Zonas según riesgos relativos en la Región Metropolitana
Vemos que hay comunas en el tercio superior de riesgo económico y de salud (color más intenso): La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Paine, Curacaví, San Pedro y Peñaflor. También las hay de riesgo bajo en ambos frentes: La Reina, Las Condes, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia y Santiago (rosado claro). El resto —la gran mayoría— está relativamente mejor en una dimensión que en la otra, sugiriendo una suerte de sustitución: si se mantienen trabajando pondrán en riesgo su salud, pero su riesgo económico será menor; mientras que aquellas que cuidan su salud, sufrirán mayores costos económicos.
Ahora bien, en caso de privación, lo probable (y natural) sería que la gente intente trabajar, aceptando la posibilidad de contagio y de sanciones. Por esta razón, comunas con un riesgo económico alto debieran en realidad considerarse también con un riesgo de salud elevado. La cuarentena salva vidas, pero requiere financiamiento.
A la luz de esta información, creemos que el bien público que se persigue por medio del confinamiento no se puede obtener a un costo razonable si no se acompaña de un financiamiento fuerte para mitigar el riesgo económico (que repercute también en la salud), así como con protocolos sanitarios estrictos para disminuir directamente el riesgo de salud. En CIGIDEN, un centro de investigación de desastres, decimos que no existen los desastres naturales. Hay amenazas naturales —terremotos, inundaciones, etc., y también pandemias—, y es responsabilidad nuestra como comunidad evitar que esos eventos se transformen en desastres.
[1] La clasificación se hizo con base en las siguientes variables de la ENE: rama de actividad económica (agricultura, minería, etc.), categoría de ocupación (empleador, cuenta propia, asalariado, etc.), grupo de ocupación (directores y administradores, profesionales, artesanos, etc.) y lugar físico de trabajo (oficina, hogar propio, vía pública, etc.). Por ejemplo, las personas del grupo de ocupación “vendedores” no pueden trabajar remotamente si pertenecen a la rama “comercio”, y sí pueden si pertenecen a la rama “actividades financieras y de seguros”.
[2] El ingreso se estima emparejando a trabajadores ocupados de la ENE con los salarios que obtendrían según la ESI (ingreso total de la actividad principal) usando las variables edad, sexo, jornada, educación, categoría ocupacional, rama, sector, formalidad de la ocupación y comuna de trabajo.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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