Hace dos semanas CIPER informó que la empresa Itelecom Holding SPA es investigada por cohecho y lavado de activos en contratos para recambio y mantención de luminarias LED. En esta columna el investigador del Observatorio Fiscal, José Mora, muestra que Itelecom es parte de una red de sociedades donde aparecen los mismos cinco socios (al 18 de mayo). Desde 2010 son 24 las instituciones públicas que han comprado a esa red, destacando la Subsecretaría de Energía ($11.946 millones) y las municipalidades de Recoleta ($10.637 millones), Iquique ($5.673 millones) y Las Condes ($ 5.059 millones). Mora argumenta que algunos datos de estas transacciones son de difícil acceso para la ciudadanía. El investigador insiste en que para avanzar en transparencia debemos contar con información desagregada acerca de los procesos de compra y de las fiscalizaciones que se les hacen. Y, más importante aún, sobre quiénes son los beneficiarios finales de estas transacciones.
Recientemente, una investigación de CIPER informó que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga licitaciones adjudicadas a Itelecom. De acuerdo con la publicación, la empresa se encontraría investigada por hechos de corrupción y se hace un especial hincapié en las otras compras que se han realizado por parte de una veintena de municipios a la empresa en cuestión.
Frente a estos antecedentes, como Observatorio, decidimos indagar con mayor profundidad estas compras y nos enfocamos en los riesgos asociados a otras empresas que también son del mismo socio principal mencionado en el reportaje de CIPER.
LOS SOCIOS
La empresa que aparece en las licitaciones que están siendo investigadas es Itelecom Holding SPA. De acuerdo con el certificado de socios emitido por Chile Proveedores al 18 de mayo de 2020 (Figura 1) la empresa pertenece a cinco socios.
Figura 1: Certificado de Socios de Itelecom Holding Chile SPA
Estas cinco personas naturales podrían tener otras empresas que han transado en Mercado Público y que, por lo tanto, podrían considerarse transacciones riesgosas.
Con la finalidad de actualizar el Observatorio de Compras del Gobierno Central, el Observatorio de Gasto Fiscal construye semestralmente una base de datos a partir de los certificados de socios. Usando esa base de datos se puede saber si estos socios son dueños de otras empresas. El análisis indicó que existen al menos cinco empresas presentes en ChileProveedores y donde los mismos socios tienen intereses.
En la Figura 2 se observa que, además de Itelecom Holding SPA, los socios aparecen como propietarios de Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Ltda. A través de esta sociedad y de la empresa investigada por la fiscalía, los socios se vinculan con la propiedad de otras tres organizaciones que presentan certificado de socios[1].
La información del porcentaje de propiedad de cada socio no se encuentra disponible en el certificado. Aquí que nos queremos detener para destacar un problema de acceso a la información: la información presentada en la Figura 2 fue posible de conocer debido al proceso de extracción que el Observatorio Fiscal hace de todos los certificados; sin embargo, estos datos, junto con los porcentajes de participación debiera ser de libre acceso para que como ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil podamos conocer quienes son los beneficiarios finales de estos recursos y que otros nexos podrían tener.
Respecto de esta carencia de datos sobre los beneficiarios finales, el 29 de diciembre de 2018 se publicó el IV Plan de Acción para Gobierno Abierto. Su undécimo compromiso lleva por nombre “Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales”. Su plazo de ejecución es entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020. Sin embargo, de acuerdo con lo presentado en su portal de seguimiento de compromisos, este llevaría solo un 40% de avance, cuando quedan poco más de tres meses para el cumplimiento del plazo.
En vista de lo anterior, es que, como Observatorio, invitamos a los encargados de llevar a cabo este compromiso a acelerar las acciones que permitan tener estos datos y con ello disminuir los riesgos de ineficiencias y corrupción en las compras públicas.
COMPRADORES
El análisis que presentamos aquí revisó también quienes fueron los compradores que adquirieron productos de alguna de las empresas señaladas en el acápite anterior.
Tras revisar los registros de ChileCompra desde el año 2010 a marzo de este año, comprobamos que existen 25 instituciones que cumplen ese criterio, las cuales se presentan en la Tabla 1.
Sin embargo, antes de revisar ese análisis, quisiéramos dar cuenta de una particularidad en uno de los casos. El 16 de febrero de 2018 se publicó en Mercado Público la licitación 2373-5-LR18 por “Mantención del sistema de alumbrado público y cambio de luminarias existentes por tecnologías de mayor eficiencia energéticas tipo led y contrato de servicios especiales, comuna de Recoleta”. Esta licitación es mencionada en las investigaciones de CIPER y Mega. Además de ser un contrato por un monto bastante alto ($10.637.493.358, cifra ajustada por IPC), lo que llama la atención es que hasta hoy no existe una orden de compra asociada a esta licitación, pese a que su adjudicación fue a mediados de 2018. Aquí, entre otros, hay un claro problema de transparencia.
El principal comprador de servicios ofrrecidos por Itelecom ha sido la Subsecretaría de Energía con $ 11.946 millones, lo que implica un 25% del total de las transacciones hechas por el Estado a esta red de proveedores. Le siguen las municipalidades de Recoleta con $ 10.637 millones de pesos (22%) e Iquique con $ 5.673 millones (12%).
Tabla 1: instituciones públicas que han comprado a alguna de las empresas relacionadas con Itelecom. Montos netos en pesos reales ajustados por IPC a marzo 2020.
Fuente: datos extraídos de las órdenes de compra del Datawarehouse de ChileCompra *Este registro es el único sin respaldo de orden de compra, el monto se ajustó por IPC a pesos 2020.
Finalmente, presentamos la relación entre empresas y compradores para graficar quién le compró a quién. La Figura 3 detalla estas relaciones con los montos correspondientes.
Vemos que el principal proveedor fue la sociedad investigada y mencionada en el artículo de CIPER. Sin embargo, también existen montos considerables transados por Inversiones yAsesorías en Telecomunicaciones e Informática, junto con un monto menor transado por Soluciones de Eficiencia Energética GO + SPA.
Figura 3
Grafo de relaciones Socios – Empresas – Comprador para las empresas relacionadas a Itelecom
Finalmente, nos preocupa la falta de información respecto del control y supervisión realizado a los diferentes procesos de adquisición.
De hecho, las relaciones entre compradores y proveedores son complejas, pues raramente las empresas tienen un solo dueño. Frente a estas complejidades se hace imperativo también contar con información desagregada acerca las fiscalizaciones realizadas a los procesos de compras. Lamentablemente, respecto de este apartado existe cero acceso a datos. Lo anterior se debe a que la entidad a cargo de transparentar la información, la Contraloría General de la República, no ha realizado ningún esfuerzo por liberar estos datos. Si bien se publican los informes que se realizan a cada institución, el detalle de las observaciones, su complejidad, estado y un largo etcétera, no son publicados a través de un formato que permita ser sistematizado.
Frente a este escenario surgen dudas, como ¿qué porcentaje de estos montos ha sido fiscalizado? ¿Cuántas fiscalizaciones están relacionadas a estas empresas? Si existieron fiscalizaciones, ¿se encontraron irregularidades? Actualmente, todas las compras públicas presentan una opacidad poco mencionada: no identifican las fiscalizaciones que se han hecho sobre las mismas transacciones.
Hacemos un llamado a la Contraloría a realizar un esfuerzo, en tiempos que se debe reforzar la confianza en las instituciones, a transparentar sus resultados de fiscalización y otras áreas, de manera desagregada. Asimismo, invitamos tanto a ChileCompra como a la Contraloría a avanzar en un trabajo conjunto que permita liberar datos que se puedan cruzar a través de los identificadores de cada uno de los procesos de adquisición.
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] La información de propiedad de las empresas se obtuvo actualizada al 18-05-2020, y el respaldo de estos certificados se encuentra en el Anexo 1.
ANEXO 1: CERTIFICADOS DE SOCIOS
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cinco centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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Contraloría nunca ha sido un ente fiscalizador independiente. SIEMPRE se debe al gobierno de turno. De lo contrario ya habría destapado muchas ollas llenas de mierda.
Yyh | 24.05.2020
Con una mayor información.
Qué podría hacer la gente con ésta??
Repetir la rebelión de octubre??
Si se repite la revolución de octubre??
Aviva nuestros envidias
Lo más seguro que no podamos dormir en las noches por las revueltas..
"No ocupes un cañón para matar un mosquito."
Señores la corrupción existe en los albores de la civilización..y por naturaleza humana todo el mundo podría caer en ella..
Aún así con corrupción y todo la sociedad puede avanzar..
Una moda actual del siglo 21 de tener mayor información facilitada por internet..podría conseguir una mayor transparencia pero aún así no terminará con la cualidad humana de la envidia..
Por envidia muchos delincuentes pueden salir a la calle a destruir todo el mobiliario y todo lo que se ha conseguido..
Reflexión en una mayor información implicaría un mayor caos a la larga..
En que toda la población sepa toda la transparencia del mundo.. en verdad podría implicar algo peor como un desorden social..
Y un desorden social implicaría que se destruyen emple sin dinero para la interneti no se podrían leer sus artículos periodísticos.
Fabian Andres Morales | 23.05.2020
Estamos cada dia peor,los personeros publicos no tiene etica ni integridad,estan todos comprados,estan todos vendidos.
hugo | 23.05.2020
ya,pero porque no se investiga recoleta,que a todas luces,es la licitacion mas chanta,por decir lo menos
Bernardo Araya López | 23.05.2020
Con excepcion de Recoleta, Las Condes, Iquique, subse de Energia o Ejército el resto son municipios chicos. Las nombradas tienen que tener profesionales competentes capaces de evaluar lo que ofrecia Intelecom. Al contrario de los municipios chicos que infiero no los tienen y pueden ser fácil presa de corrupcion. De ahí la importancia vital del control de la Contraloría. No habrá transparencia sin calidad moral ni competencias para ejercer un cargo y funciones asociadas
Esteban | 23.05.2020
Seria importante buscar la vinculacion con los encargados, jefes o directores de Aseo & Ornato y obviamente de Alumbrado Publico, esto debido a que se podrian revisar sus sueldos y ver si cuadran con sus gastos (justificados declaraciones de renta) esto por el caso que ocurrio en Temuco...
MINUCHI | 23.05.2020
Lo dijo la alcaldesa Mattei y lo comparto y sostengo hace tiempo; Mientras no exista una ley que castigue de forma efectiva con carcel y multas por sobre lo defraudado no se detendra la corrupción en el servicio público. Ahora quien toma la responsabilidad de impulsar una ley? Tendra que ser el cuarto poder que sea realmente independiente? O por milagro algún político con verdadero sentido de servicio público?
Socio/a 4 años
