A un paso de convertirse en ley, el Senado introdujo cambios para evitar la rebaja automática de 50% y encargar el cálculo de la nueva dieta al Consejo de Alta Dirección Pública. Ese consejo está compuesto por cinco miembros, casi todos vinculados con partidos o grupos políticos, desde la UDI a la centroizquierda. Una de las consejeras fue vicepresidenta DC e hizo boletas que fueron rectificadas por una empresa investigada por financiamiento político ilegal. Lo mismo ocurrió con otro consejero relacionado con RN. Otra integrante es directora del centro de estudios Libertad y Desarrollo, que hace asesoría parlamentaria para la UDI.
Es un proyecto de ley que, después de seis años durmiendo, se reactivó luego del estallido social. Las masivas protestas y el cuestionamiento al mundo político consiguieron que el Congreso Nacional apurara la tramitación de la iniciativa presentada en 2014 por los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric que busca reducir las dietas parlamentarias en un 50%. Tras las manifestaciones sociales y en medio de la pandemia del Covid-19, el proyecto está a un paso de convertirse en ley, pero en la última semana el Senado lo modificó sustancialmente, anulando esa rebaja automática a sus sueldos.
Con los cambios que introdujo el Senado, se definió que a futuro deberá crearse una comisión especial que fije cada cuatro años las rentas de diputados, senadores, Presidente de la República, de los funcionarios de la exclusiva confianza del mandatario, de gobernadores y de sus respectivos asesores. Mientras esa comisión se pone en marcha, el proyecto propone que sea el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) el que defina una rebaja temporal de las rentas.
De aprobarse la iniciativa, el CADP tendría 30 días para determinar la rebaja en los ingresos de parlamentarios y ministros, y otro plazo de 90 días para establecer los sueldos del Presidente (y de sus funcionarios de confianza), gobernadores y sus asesores.
CIPER indagó en los vínculos políticos de los miembros del CADP: casi todos están ligados a un sector o partido político y sus trayectorias profesionales en gran medida han estado determinadas por sus nexos con esos grupos. Dos de los consejeros –Cristina Orellana y Eduardo Riquelme– se vieron involucrados en el escándalo del financiamiento irregular de la política, pues emitieron boletas a empresas que después las rectificaron ante el SII cuando se investigaban aportes ilegales a campañas electorales.
El consejo cuenta con cinco miembros: Alejandro Weber (presidente), Bettina Horst, Eduardo Abarzúa, Cristina Orellana y Eduardo Riquelme.
Ya el mecanismo por el que fueron nombrados plantea un posible conflicto de interés: el presidente del CADP es designado directamente por el Presidente de la República (quien en cualquier momento puede pedirle la renuncia), mientras que los restantes consejeros son propuestos por La Moneda y ratificados por el Senado. Es decir, ahora deberían definir la rebaja de los sueldos de quienes los propusieron y ratificaron en sus cargos. Y, como el presidente del CADP tiene un puesto que es de confianza del Presidente de la República, podría darse que termine fijando su propio sueldo.
A un paso de ser despachado por el Congreso (solo falta la ratificación del Senado a lo acordado por los parlamentarios en una Comisión Mixta), una de las certezas que hay sobre el futuro de la iniciativa es que la rebaja de las dietas ya no será automática ni obligatoriamente de un 50%.
Entre los argumentos originales de quienes presentaron el proyecto en 2014 se contaban dos principales: reducir la diferencia de más de 30 veces entre el sueldo mínimo y las rentas de parlamentarios, ministros y presidente; y que las remuneraciones de los congresistas chilenos están entre las más altas de la OCDE.
Las modificaciones hechas por el Senado al proyecto original incluyeron una recomendación al Consejo de Alta Dirección Pública: tener en cuenta la escala única de sueldos del Estado al momento de fijar la rebaja. Esto podría complicar la decisión, ya que existe una ley que impide que un jefe de servicio gane más que un subsecretario, por lo que si la rebaja es relevante podría causar una ola de disminución en todas las remuneraciones de la administración pública. No obstante, ex consejeros dijeron a CIPER que hay alternativas para esquivar ese obstáculo.
LAZOS POLÍTICOS
Además del presidente de Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber Pérez, quien es cercano a la UDI y fue nombrado en ese cargo por el gobierno de Sebastián Piñera en marzo de 2018, otros tres consejeros tienen vínculos políticos evidentes.
Cristina Orellana, ex vicepresidenta de la DC y ex esposa del diputado de ese mismo partido, Gabriel Silber, ha tenido una trayectoria profesional vinculada al aparato público durante los gobiernos de la Concertación y el de la Nueva Mayoría. Ingeniera en Agronegocios de la Universidad Central, ha sido directora regional de Corfo, de Sercotec, y directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas. También dirigía el centro de estudios Democracia y Comunidad, ligado a la DC, cuando esa entidad recibió dineros del Grupo Angelini, holding que luego rectificó esos pagos ante el SII cuando se indagaba el financiamiento político con boletas y facturas falsas.
Entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, Democracia y Comunidad percibió $84 millones provenientes de Inversiones Siemel, una empresa del Grupo Angelini. Inmediatamente después de que Siemel cesara los pagos a Democracia y Comunidad (noviembre de 2013), otra sociedad empezó a recibir esos pagos: Inversiones Vichuquén, la que entre enero y octubre de 2014 recibió $30 millones de Siemel. El dueño de Inversiones Vichuquén era Víctor Orellana, hermano de la dirigenta DC (vea reportaje de CIPER “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini”).
Cuando CIPER preguntó a Cristina Orellana por estos pagos, ella señaló que no tenía información de los negocios de su hermano y pidió que fuesen las empresas las que aclararan las rectificaciones tributarias que hicieron ante el SII. Pero, su nombre también apareció en otras rectificaciones tributarias: las de la empresa Inversiones Caburga, del Grupo Said. En 2013 Cristina Orellana recibió $16,6 millones de Caburga. En esa ocasión Orellana dijo a CIPER que Caburga pudo haber hecho esa rectificación debido a que ella entonces estaba casada con el diputado Gabriel Silber (vea reportaje de CIPER “Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC”).
De izquierda a derecha, Eduardo Riquelme, Cristina Orellana y Alejandro Weber.
Hay otro miembro del Consejo de Alta Dirección Pública que apareció en una rectificación hecha por Inversiones Caburga cuando se investigaba el financiamiento político: Eduardo Riquelme Portilla. Abogado titulado en la Universidad del Mar, Riquelme mantiene estrechos vínculos con RN. Su nombre figura en la rectificación de Caburga con un pago de $4,4 millones que se hizo en 2009 (año electoral). En la trama del financiamiento ilegal de la política también figuró como abogado del ex diputado Alberto Cardemil (RN), quien era investigado por haber recibido dinero del Grupo Penta.
Riquelme fue subsecretario de Pesca del actual gobierno entre marzo de 2018 y julio de 2019. Justo después de haber renunciado a ese cargo fue nombrado como consejero de Alta Dirección Pública. En el primer gobierno de Piñera fue jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y jefe de gabinete del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand. También fue asesor de Nicolás Monckeberg, cuando este era diputado, y cumplió roles de asesoría a la bancada parlamentaria de RN durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Está casado con Marcela Díaz Cofré, actual coordinadora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Vivienda y concejala RN por Las Condes.
Otra integrante del CADP con fuertes nexos políticos es Bettina Horst Von Thadden. Ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral, también es directora de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios estrechamente ligado a la UDI, partido al que presta asesorías parlamentarias. Está casada con Dario Paya, ex diputado y ex secretario general de la UDI, quien se desempeñó como embajador de Chile ante la OEA durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Bettina Horst ha sido jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central, miembro del Consejo Regional Metropolitano y actualmente forma parte del Consejo Asesor Estadístico del INE.
El quinto integrante del consejo es Eduardo Abarzúa Cruz, psicólogo de la Universidad Católica y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Su cupo en el CADP representa a los sectores de centroizquierda. No tiene vínculos políticos directos con partidos y en su historial profesional no aparecen puestos en entidades públicas. Pero ha estado ligado al mundo progresista desde los años 80, cuando integró la directiva de la Federación de Estudiantes de la UC en representación de un conglomerado de centroizquierda.
REBAJA MASIVA DE SUELDOS
Una de las modificaciones relevantes al proyecto de ley introducida por los senadores fue el acápite que agregaron en el apartado que regula la rebaja transitoria de la dieta de parlamentarios y ministros: “El Consejo de Alta Dirección Pública reducirá la última remuneración percibida por las autoridades ya mencionadas, en el porcentaje que su estudio lo justifique. Para ello deberá tener en cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado” (el destacado es de CIPER).
Ese texto complica al Consejo de Alta Dirección Pública, porque podría fijar una barrera a la rebaja de las dietas de los congresistas. Existe una ley (la 19.882) que impide que un jefe de servicio gane más que un subsecretario. Como las dietas de los parlamentarios van aparejadas a las de los ministros, si el CADP estableciera una rebaja de un 5% de la dieta parlamentaria provocaría una rebaja en los ingresos de los ministros y, por consiguiente a los subsecretarios. Esto provocaría que los montos que se pagan a muchos de los altos cargos de entidades públicas (jefes de servicio o jefes de divisiones) superaran los ingresos de un subsecretario, con lo que se quebrantaría la Ley 19.882.
Por ejemplo, el sueldo de jefe de servicio más alto de la administración pública es el de Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos: $8,7 millones brutos, según el registro de Transparencia del SII. Esa cifra es la misma que recibe su superior, el subsecretario de Hacienda, José Moreno. Si los consejeros aplicaran una rebaja del 5% de la dieta parlamentaria, bajaría la remuneración de los ministros. Y, por ende, la de los subsecretarios. El sueldo del subsecretario Moreno sería $435 mil más bajo que el del director del SII. Y eso, no lo permite la ley.
Por lo demás, una de las misiones del CADP es garantizar las “condiciones de desempeño”, incluidas las remuneraciones, de quienes acceden a los más altos cargos del servicio público a través del sistema de Alta Dirección Pública. Por lo mismo, no podrían establecer rebajas que afecten los ingresos de los funcionarios que ellos mismos han seleccionado para desempeñarse en entidades públicas. Esto quedó claro en una presentación realizada por el CADP ante la Comisión de Constitución de la Cámara el 20 de noviembre pasado. Allí se exhibió un powerpoint que destacaba: “Existe una institucionalidad colegiada, el Consejo de Alta Dirección Pública, cuyo mandato legal es resguardar las condiciones de desempeño de los gerentes públicos, incluida su remuneración”.
Eduardo Abarzúa, uno de los consejeros del CADP, difundió una carta la semana pasada en la que manifestó sus reparos a la modificación introducida por el Senado al proyecto de rebaja de las dietas parlamentarias. Uno de sus argumentos fue justamente la alteración que podrían sufrir los ingresos de los funcionarios elegidos por concurso a través de la Alta Dirección Público:
“En el ejercicio de este rol, el Consejo hizo presente al Congreso su preocupación frente a la eventual reducción de las remuneraciones de los directivos nombrados por Alta Dirección Pública, responsables de gestionar ingentes recursos públicos y liderar la entrega de servicios sociales, advirtiendo que la misma contribuiría a ampliar aún más la brecha con el sector privado y las dificultades que el Estado enfrenta para atraer y retener talento necesario para su adecuado funcionamiento”, indica la carta.
En el mismo texto, Abarzúa manifestó su preocupación por los conflictos de interés que puede acarrear el rol que le asignó el Senado al Consejo de Alta Dirección Pública: “La propuesta soslaya el evidente conflicto de intereses derivado de que los integrantes del Consejo son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, dos de las autoridades respecto de cuyas remuneraciones debería pronunciarse (además, su presidente es designado por el Presidente de la República)” (vea aquí esa carta).
CIPER intentó contactarse con, al menos, tres de los consejeros del CADP: Eduardo Abarzúa, Bettina Horst y Cristina Orellana, pero ninguno quiso referirse a la propuesta introducida por el Senado al proyecto de ley.
Quien sí quiso hablar fue el ex presidente del CADP, Rodrigo Egaña, quien se mostró crítico con la modificación que hizo el Senado y que involucra al consejo en el cálculo de las dietas de parlamentarios y de los ingresos de ministros y del Presidente de la República.
A juicio de Egaña “ponerle esta función al Consejo de Alta Dirección Pública es una distorsión bien grande, es altamente inconveniente. Es un consejo que ya se ha politizado demasiado en este gobierno, ha ido perdiendo esa distancia que fue muy difícil de construir, respecto del poder político y del Ejecutivo. El consejo está instalado para evaluar la idoneidad de candidatos para ciertas funciones. Era perfectamente posible haber instalado provisoriamente la comisión (definitiva) que se quiere crear, y que esa comisión hiciera un estudio para fijar la rebaja de las remuneraciones”.
Eso sí, Egaña agregó que existe una solución para que el consejo defina una disminución de las rentas de los cargos de elección popular sin que se afecte la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado: “Podría interpretarse como una leguleyada, pero esto es perfectamente posible de hacer: mantienes toda la base actual, mantienes la remuneración bruta que se tiene hoy día, y haces un descuento temporal hasta que haya una definición más general”.
Este martes 12 de mayo el Consejo de Alta Dirección Pública se reunirá para discutir las implicancias de la nueva ley, ya que los plazos apremian: de aprobarse la norma, tendrían 30 días para fijar la rebaja de las rentas de ministros y parlamentarios, y 90 días para determinar el recorte en los ingresos del Presidente de la República y de sus funcionarios de exclusiva confianza, así como de gobernadores e intendentes.
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El problema más grave, son los conflictos de interés que existen en todas las esferas, público-privadas y que están politizados, los jueces y fiscalizadores son el otro gran problema en Chile...!
Más allá de la Nueva Constitución que se aproxima, debemos cambiar una a una las leyes que hacen de este PAIS el de mayor inequidad de la OCDE...
Urge en este nuevo orden, ENCARCELAR A QUIENES COMETAN DELITOS ECONÓMICOS DE TODO ORDEN, HECHOS DE CORRUPCIÓN, CONFLICTOS DE INTERÉS, ETC...
Elizabeth | 29.06.2020
En estos meses cuanto he sufrido por los chilenos esforzados con sueldos miserables, pero que le pasa al pais que deja que les roben en sus propias narices con esta chacota de maleantes que no rebajaran los sueldos. Todos amiguis!!!
alex | 31.05.2020
Quien es el autor del proyecto?
Sergio Pinochet | 29.05.2020
Gatopardismo puro. Cambiemos todo para no cambiar nada. No me sorprenderia que los Honorables de una forma u otra incrementen sus dietas. Juntemos rabia.
Juan Carlos | 27.05.2020
Es lo que se esperaba , gobernados por sinverguenzas ,ladrones y estafadores . Recordar Banco de Talca,Lan Chile, Penta ,Soquimich y cuanta mierda mas y no hacemos nada. Cuanto mas hay que soporta a estos a estos seres que la verdad no merecen llamarse humanos ..
Elena Diaz | 21.05.2020
Fue difícil leerlo hasta el final, mucha rabia, enojo, pena. Hoy hay gente con hambre, cientos de personas trabajando de manera colaborativa para parar la olla común, Y toda esta casta de mierda, de escoria juntándose pa legislar en una teatro de la mentira y el engaño. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Esta bien leer informarse, gracias Ciper, la imaginación siempre se queda corta frente a tanta ambición y corruptela.
Patricio E Vera San Martin | 19.05.2020
debería ser público el trabajo de cada honorable, saber cual es el aporte al país, Hay gente que nada hace y nada le pasa, pero gana lo mismo que el resto , mejoremos la actividad publica.
leonardo | 16.05.2020
aA mi me sorprendde mas que se pague tremendo sueldos a personas que no realizan ningun trabajo, por ej. al ver la lista de diputados hay muchos de ellos que no se conocen, no aparecen, no hay antecedentes de propuestas legislativas, ni siquiera sabemos si asisten tampoco su aporte, solo vemos sus nombres cuando hay votaciones. Un ej. es la sra olivera ¿que hace?, cual es su aporte? su nivel de preparación para ese cargo? Es vergonzoso escucharla, la veo y me pregunto ¿tendrá 8ª básico rendido?. Pobre chile teta que dá para todo tipo de truhanes.
juan miranda | 15.05.2020
Es lamentable situación. Todos con un pasado político no muy agradable a la mayoría. Por eso la gente esta muy desconforme, por eso el estallido social. Como puede existir en el parlamento sus sueldos sean aproximado a 33 veces el sueldo mínimo, donde esta la ÉTICA y MORAL de los representantes o defensores del pueblo. Debe existir en CHILE un sueldo máximo y mínimo para todos, eliminando la desigualdad social existente. La economía es una sola, el que gana más le esta quitando al que gana menos, de diferentes forma.
simon | 13.05.2020
Apagando el fuego con bencina....señores parlamentarios tenemos un tema pendiente como país.....no sigan hinchando las de abajo.
Andrew | 13.05.2020
Puros palos blancos de Universidades Privadas.
Gino Vallega | 12.05.2020
De leerlo y no creerlo , si , es vergonzoso y una jugada maestra , entre bueyes.......
Bernardo Diaz M. | 11.05.2020
Concuerdo con lo que dice Ignacio, verdadera jugada maestra. Mientras tengamos esa clase política, no se para donde vamos, Como todos los funcionarios de la CADP están ligados de una u otra manera a los partidos políticos, esto ya esta definido, nada va cambiar. Vergonzoso como dice D. Carlos Lorenzen.
Luis | 11.05.2020
Es muy lamentable que el parlamento siga riéndose de la gente. A los inteligentes que propusieron esto le saldrá el tiro por la culata. Gente mentirosa sin escrúpulos, incapaces de trabajar en otra cosa siendo parásitos, mienten descaradamente y muchos se valen de los apellidos para confundir a un electorado ignorante. Estos también son ladrones que cuello y corbata.
luis san martin hernandez | 11.05.2020
Asi es esto es vergonzoso, yo trabaje en la administración y ocupe altos cargos e incluso fui seleccionado por ADP, para un cargo, que después cuando cambio gobierno (de Piñera a Bachelet), me sacaron por razones políticas, postule al cargo de director del hospital de chillan y mi perfil era el mas competente dentro de los postulantes, pero eligieron a un general jubilado de ejercito y no me pasaron a la terna como si me pasaron al cargo del director san jose que rechaze por razones personales (¿Se entiende esto para un cargo del 100% mas de personal y 100% de recursos que otro en el otro te dejan afuera?, cierto que no), pero en mi pais asi funciona la cosa para un lado y para otro por eso la gestión publica es pésima pues se eligen a puros apititados políticos (salvo excepciones), Yo personalmente estimo que mientras no se cambie el aparataje político (todos) y entre a ocupar cargos de representación popular no se cambiara nada "Las culpas no las tiene el chancho sino el que le da el afrecho", y en este caso somos nosotros los electores quienes le damos el afrecho. La política debe cambiar 100% y deben elegirse verdaderos servidores públicos a todo nivel y no personas que van a servirse, por otra parte estimo que dada la pandemia debería rebajarse los sueldos en un 50% a todos los cargos de las administración publica (que son como 12.000 personas), y el estado generaría, en lo que resta del año US$ 300 millones aproximadamente con lo que financiarían la brecha que falta desde los $ 65.000 a $ 85.000 lo demás es pura música, me da pena mi pais y me da pena que las personas no vean como se obtienen los recursos, sabemos que las necesidades son infinitas y los recursos escasos, pero los recursos siempre, siempre tienen usos alternativos y este es el caso me parece
Horacio Campos | 11.05.2020
Cuando aun no hemos logrado el desarrollo, los sueldos de todos y todas las autoridafes politicas deberian tener una proporcion racional, tespecto a los sueldos del comun de los y las trabajadores. Regular las asesorias y disminuir beneficios especiales. Terminar con cualquier sueldo eterno.
pedro soto | 11.05.2020
Es lo que pensamos muchos.
Oriel | 11.05.2020
Siempre con gente ligada a sus propios intereses concidero que deberían ser personas totalmente independientes y sin idiologias políticas y elegidas democráticamente o seguirán los arreglines economicos
PABLO GONZÁLEZ VERA | 10.05.2020 | Socio/a 5 años y 3 meses
Uno de los argumentos de quienes no quisieron rebaja automática de la dieta parlamentaria, fue que el parlamento no tenia atribuciones para rebajar esa dieta. Esos mismos parlamentarios, no dijeron nada cuando decidieron; en varias oportunidades ya, de subir esas mismas dietas u otras regalías.
Veronica Quiroga C. | 10.05.2020
Pienso que sera puro arreglin entre politicos y quedaran igual .sera uns burla para los chilenos a bajar los sueltos a todos los politicos y sueldos vitacicios a todo tipo de empleado publico incluyendo presidentes ya que trsbajaron solo 4 años y uno trsbaja toda ka vida y co alcanzamos ni al sueldo minimo y ellos?????
Ignacio | 10.05.2020
Una vez más hicieron una jugada maestra (para ellos). A cualquiera de los lectores le pagan proporcionalmente a lo que producen. Y esta mal llamada clase política, que de clase ya no tiene nada por medio de artimañas subterráneas va a defender su negocio. Nada bueno de aquí va a salir. En resumen, una vez más acordaron algo entre 4 paredes y después los congresistas se lavarán las manos.
Carlos lorenzen | 10.05.2020
Vergonzoso...indigno de una democracia humanistasocial ...
Socio/a 5 años y 3 meses
