La crisis sanitaria ha dejado en evidencia dos problemas del acceso a la vivienda en ciudades segregadas y desiguales como Santiago: la existencia de un mercado formal excluyente para la mayor parte de la población; y la proliferación de un mercado informal abusivo, que ofrece condiciones de vida precarias: hacinamiento, instalaciones sanitarias y eléctricas inseguras, precios inflados. Los autores proponen que, dado que el problema se ha vuelto innegable, lo abordemos con urgencia, asumiendo la vivienda como “un derecho social” e impulsando “alternativas de arriendo asequibles”.
“Es necesario abrir los ojos para remediar males que de un momento a otro pueden producir una catástrofe. Si vos pudierais dejar por unos días los palacios i descender a los conventillos de las ciudades, a los ranchos de los inquilinos, a las viviendas de los mineros o a los campamentos de las salitreras, vuestro corazón se enternecería i vuestro rostro se enrojecería”.
La cita es del Dr. Valdés Canje (1910). Y los recientes brotes de COVID-19 que han afectado[1] a los mal denominados “cités”, que en realidad corresponden a viviendas colectivas precarias[2], nos muestran que Valdés sigue teniendo vigencia en la configuración actual de nuestras ciudades. Particularmente, es un símbolo del fracaso de la política habitacional urbana para hacer frente al déficit cualitativo de vivienda, que afecta a casi dos millones de personas a nivel nacional (Censo, 2017).
Según los datos del Censo 2017, del total de viviendas a nivel nacional, el 7,3% presenta índices de hacinamiento. Pero si desglosamos esta cifra por tipo de vivienda, el 41% de las piezas en casa antigua o conventillo se encuentran en situación de hacinamiento.
Durante el desarrollo de la crisis sanitaria, hemos visto campamentos donde sus habitantes sufren la falta de agua, y villas de blocks en las cuales resulta muy difícil hacer cuarentena por las condiciones de hacinamiento. ¿Pero qué otras realidades esconden la precariedad habitacional y el hacinamiento en Chile?
Aunque el hacinamiento es un fenómeno extendido en nuestras ciudades, es necesario ahondar en sus diferentes expresiones. La situación de las viviendas colectivas muestra un rostro específico y nos confirma que los sectores más excluidos de nuestra sociedad siguen habitando la precariedad. Según los datos del Censo 2017, del total de viviendas a nivel nacional, el 7,3% presenta índices de hacinamiento. Si desglosamos esta cifra por tipo de vivienda, el 41% de las piezas en casa antigua o conventillo se encuentran en situación de hacinamiento.
ARRIENDOS INFORMALES Y HOSTAL SANITARIO
Las cifras expuestas nos advierten sobre la perversión del sistema de acceso a la vivienda que tiene sus raíces en la conjunción de dos factores. En primer lugar, la existencia de un mercado de la vivienda formal excluyente. Según el Índice de Acceso a la Vivienda o PIR, por su sigla en inglés[3], ésta se ha vuelto inalcanzable para los cuatro primeros quintiles, quienes tendrían que destinar sus ingresos completos por más de tres años para adquirir una vivienda promedio (3.089 UF) en el mercado formal. Para el primer quintil –donde se agrupa la población con menos recursos- esta cifra se vuelve brutal: requerirían 28,41 años (TECHO- Chile, 2019a).
Por otra parte, en cuanto al arriendo, el porcentaje de gasto promedio del primer quintil pasó de 33,26% en 1980 a 48,23% en 2019 (TECHO-Chile, 2019b). El porcentaje alcanzado en 2019 representa más del doble de los gastos en vivienda de los países de la OCDE que, en promedio, es de un 22,3% (Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, 2020).
En segundo lugar, la crisis sanitaria ha dejado en evidencia la existencia de un mercado informal de arriendos que permite la proliferación de situaciones abusivas en los precios y en las condiciones de habitabilidad. Un estudio exploratorio realizado en 2018 por TECHO-Chile nos permitió aproximarnos al negocio del subarriendo de piezas en conventillos. Según dicho informe, en el Gran Santiago existen, en promedio, 13 piezas por cada vivienda subarrendada en conventillos, y el precio de arriendo por pieza bordea los $145.835. Adicionalmente, 47,7% de los referentes vecinales de conventillos encuestados afirma que existe abuso en las condiciones de arriendo. En cuanto a la situación de habitabilidad, el hacinamiento se ve reforzado por ciertas situaciones particularmente alarmantes; el 81,5% de los encuestados afirma utilizar baños compartidos, y un 55,6% señala que el cableado eléctrico es precario.
En cuanto al arriendo, el porcentaje de gasto promedio del primer quintil llegó a 48,23% en 2019, superando ampliamente el promedio de gastos en vivienda de los países de la OCDE (22,3%).
Los abusos expuestos indican que ciertos factores como la situación migratoria, los recursos económicos y la falta de redes de apoyo (por ejemplo, acceso a avales) son determinantes para acceder al mercado formal del arriendo (Servicio Jesuita Migrante et al., 2020).
Para la población extranjera, la problemática habitacional se ve agravada por la vulneración permanente que viven en otras esferas de su cotidianeidad: salud, educación, empleo, entre otras. Por ello, esta exposición mediática que han suscitado los brotes de COVID-19 en viviendas colectivas precarias nos recuerda que la protección de la salud no puede pasar a llevar ciertos derechos fundamentales básicos. En definitiva, debemos exigir garantías para que el traslado a un hostal sanitario no constituya la violación de otras garantías fundamentales, como el derecho a la igualdad ante la ley (Artículo 19 Nº 2 CPR) o la protección de la vida privada (Artículo 19 Nº 4 CPR).
VIVIENDA: ACTIVO FINANCIERO VS DERECHO SOCIAL
El COVID-19 ha demostrado la fragilidad de la política habitacional para hacer frente a las precarias condiciones de habitabilidad, y ha reposicionado al déficit cualitativo (viviendas en condición de hacinamiento, con sistema de saneamiento deficitario o en mal estado de conservación) en el centro de la discusión urbana. La transformación de la vivienda en un activo financiero integrado a un mercado globalizado ha potenciado su valor de cambio, impactando en las posibilidades de acceso a ésta y a la ciudad.
Debemos impulsar alternativas de arriendo asequibles para hacer frente a las alzas de los precios en el mercado de la vivienda. Para lo anterior, es necesario dotar a los municipios con las facultades y el financiamiento necesario para asegurar condiciones mínimas de habitabilidad a quienes viven en sus territorios.
En términos concretos, debemos diseñar una institucionalidad cuya orgánica y financiamiento no se base exclusivamente en los decretos impulsados por los gobiernos de turno, sino que sea sometida al escrutinio de la discusión política. Lo anterior nos permitiría afrontar el fenómeno denominado como la “privatización de las funciones públicas” en el urbanismo y la vivienda[4].
La preocupación que han generado los focos de contagio en las zonas donde existen mayores niveles de hacinamiento nos pone de manifiesto que la crisis habitacional no se puede afrontar con una mirada individualista, sino que debemos asumir que la vivienda es un derecho que beneficia a la comunidad entera. Los últimos informes de Naciones Unidas han advertido sistemáticamente sobre la necesidad de revisar la legislación y normativas para asegurar el cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada, en conformidad a los criterios del derecho internacional vigente[5]. En definitiva, una vez más, la crisis sanitaria nos recalca la importancia de reconocer la vivienda como un derecho social.
En Chile, aún un porcentaje importante de las familias vive diariamente la vulneración del derecho a una vivienda adecuada. Han pasado más de 100 años desde la desafiante frase del Dr. Valdés Canje; y la historia nos ha demostrado que no basta con enternecer nuestros corazones y enrojecer nuestros rostros; es necesario tomar decisiones públicas urgentes, drásticas y justas.
[2]El cité se ha definido como «un conjunto de viviendas, generalmente de edificación continua, que enfrentan un espacio común, privado, el que tiene relación con la vía pública a través de uno o varios accesos”. Véase (Urbina, 2002).
[3] Este indicador se construye en base a la cantidad de años que una persona (en la mediana de la distribución de sueldo) debe destinar todo su ingreso disponible para financiar una casa (de precio mediano). Véase (Cox, W., Pavletich, H., and Hartwich, O.,2019)
[4]Para mayor informaciones sobre la privatización de las funciones públicas en el urbanismo y la vivienda véase: Rajevic, E. (2013). La privatización de las funciones públicas en el urbanismo y la vivienda. En Vergara B. &Bocksang H. (Coords.). Público y Privado En Derecho Administrativo. Actas De Las VIII Jornadas De Derecho Administrativo. Santiago: Thomson Reuters – La Ley, 2013, p. 221-256.
[5]Informe de la Relatora sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Leilani Farha, A/HRC/37/53/Add.1, 17 de enero 2018. Disponible aquí.
Centro de Estudios de Ciudad y Territorio (2020). Base de Datos sobre Vivienda Asequible en la OCDE Análisis para Chile. Disponible aquí.
Cox, W., Pavletich, H., and Hartwich, O. (2019). 15th annual demographia international housing affordability survey: 2019.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2017). Censo de Población y Vivienda.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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“Enfrentamos la más grande intervención estatal en la economía y la democracia, desde la dictadura. Y lo hacemos sin datos, sin entender las decisiones que se toman”
El imponer precios solo ayudaría para que exista un mercado negro, donde los valores de los productos serian mas altos y de peor calidad, ya se ha visto en muchísimos países del tercer mundo, no tiene sentido aplicar este método por simple experiencia. Ahora lo que nos convoca es como ayudar a las familias mas vulnerables de este país, sinceramente creo que se tiene que capacitar a los trabajadores para poder emplear todas las herramientas posibles de la tecnología a su servicio, tal como se hizo en Corea Del Sur o Taiwan, la tecnología en estos países es tan avanzada que a la par de detener la curva de contagios, también no detuvo la economía, permitiendo a sus ciudadanos no pasar situaciones miserables como la que esta pasando Chile ahora. Hay que tener en cuenta que los países mas libre mercado (+ capitalistas) son los que mejor han llevado esta pandemia del virus chino, tal como Hong Kong, Singapur, Irlanda, Dinamarca o Ssuiza
Yann | 05.05.2020
Con el estado de emergencia, si el gobierno puede imponernos un toque de queda, limitar las libertades, podia tambien fijar los precios...se vio un spray hygenix a mas de 30 000 pesos...las mascarillas se dispararon, etc...tienen tambien el deber fe ayudar a la gente que se queda sin trabajo...y como estamos en una economia nepliberal donde, segun grandes empresarios, el estado mo tiene que meterse en lo que hacen y hacen todo para evadir impuestos, ahora que empresas como latam y otras piden ayuda, digo ok pero el gobierno sera accionista de estas empresas a la altura del monto entregado hasta luego decidir si acepta o no vender sus acciones a dicha empresa por el monto invertido (por lo menos)
