Carabinero investigado por balear a manifestantes en La Florida: oficial lo denunció en 2014 por vínculo narco

Como el cabo segundo Juan Solís Parra fue identificado uno de los dos carabineros acusados de ser autores de los disparos contra un grupo de manifestantes en La Florida el pasado lunes 27, hecho que dejó una decena de heridos. CIPER tuvo acceso a documentos internos de la policía en los que se acusó al cabo Solís de mantener nexos con narcos y de haber hechos disparos de madrugada en una “villa fiscal”. Carabineros no respondió a CIPER si estos antecedentes originaron investigaciones internas e informó que esa información debe pedirse por Ley de Transparencia, lo que puede demorar hasta un mes y medio.

Uno de los dos carabineros investigados por disparar contra unos 30 manifestantes el pasado lunes 27 en La Florida –hecho que culminó con diez personas heridas­– fue denunciado por personal de la misma institución policial en 2014 por supuestos vínculos con narcotraficantes. En 2015, además, Carabineros recibió otra acusación en su contra por haber hecho disparos en una villa fiscal (población de funcionarios de la institución) cuando estaba de franco, denuncia que fue presentada por otros policías residentes de ese lugar.

Fuentes policiales y personal que trabaja en la indagatoria del tiroteo ocurrido a inicios de esta semana en la esquina de las avenidas Trinidad y Vicuña Mackenna, informaron a CIPER que uno de los carabineros investigados por esa acción es el cabo segundo Juan Solís Parra. Le acompañaba el sargento segundo Robert Sepúlveda Guzmán. Ambos fueron detectados por carabineros de civil de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) que “monitoreaban” la protesta y que identificaron el vehículo en el que transitaban los dos sospechosos. Con esos datos, dieron con el domicilio de uno de los carabineros.

Los dos policías circulaban en estado de ebriedad en un vehículo sin su placa patente trasera, mientras que la delantera estaba puesta detrás del parabrisas. Al interior del automóvil se encontraron casquillos de balas. Solís Parra y Sepúlveda Guzmán pertenecían a la dotación de la 57° Comisaría Motorizada y ambos fueron dados de baja, pero están en libertad pues no han sido formalizados por el Ministerio Público.

Entre los antecedentes que guarda Carabineros sobre Solís Parra aparecen dos datos que están siendo detenidamente analizados por los investigadores del tiroteo ocurrido el lunes pasado: posibles vínculos con narcotraficantes que operan en la comuna de La Granja y la acusación que sus propios colegas y vecinos hicieron en su contra por abrir fuego en la vía pública.

CIPER tuvo a la vista documentos internos de Carabineros que contienen ambas denuncias.

¿VÍNCULOS CON NARCOS?

El 20 de agosto de 2014, la unidad de la Dipolcar de Carabineros que está encargada de las investigaciones internas recibió una alerta preocupante. Ese día un oficial presentó una denuncia que señalaba “que se tiene conocimiento del supuesto vínculo del cabo segundo Juan Solís Parra con narcotraficantes del sector de la comuna de La Granja”.

El informe, al que accedió CIPER, incluye el nombre de otro funcionario policial. La denuncia indica movimientos sospechosos de ambos. Respecto del segundo carabinero, la acusación señala que se le ha visto “realizando traslados de algún tipo de sustancia ilegal desde la comuna de La Florida al sector de La Granja en un vehículo Nissan color negro”. Sobre Solís, indica: “Se ha visto en este último tiempo al cabo segundo Solís Parra transitar en un vehículo marca Hyundai modelo Tucson del año, color blanco”. La adquisición o uso de bienes que no se condicen con los ingresos del personal policial, es motivo para realizar investigaciones internas.

CIPER no pudo corroborar si esta acusación dio origen a una investigación o sumario, porque Carabineros rechazó responder las consultas acerca de los antecedentes que maneja sobre las denuncias que han afectado al cabo Solís Parra. La oficina de comunicaciones de Carabineros señaló a CIPER que cualquier respuesta sobre este tema debía solicitarse vía Ley de Transparencia, trámite que puede demorar hasta un mes y medio.

En julio de 2014, un mes antes de recibir la denuncia que identificaba a Solís Parra como presunto colaborador de narcos, la Dipolcar ya manejaba una alerta sobre la 36ª Comisaría de La Florida, a la que en ese momento pertenecía el cabo segundo. La alerta fue encendida por un documento firmado por un oficial en el que pedía a la Dipolcar que se investigara internamente una denuncia hecha por el alcalde Rodolfo Carter, respecto de que vecinos de la población Los Quillayes no realizaban denuncias sobre narcotraficantes por miedo a que una posible infiltración narco en la subcomisaría de ese sector, dependiente de la 36ª Comisaría de La Florida.

Según el documento al que accedió CIPER, esa denuncia gatilló una visita del entonces general director de Carabineros, Gustavo González Jure a las unidades policiales de La Florida para “verificar su funcionamiento”. El objetivo del requerimiento a la Dipolcar era que se indagaran “posibles factores de riesgos en la subcomisaría de Los Quillayes”.

Otro antecedente que está en los archivos de la Dipolcar de Carabineros es la solicitud del cabo Solís para integrarse al curso de especialización “Inteligencia policial (investigador ayudante)” del año 2015. Con ese ramo cursado, el cabo podría haber iniciado una carrera al interior de la propia Dipolcar. Pero algo pasó.

DISPAROS EN UNA VILLA FISCAL

El 11 de enero de 2015, a las 02:30 de la madrugada, una serie de disparos despertaron a los residentes de la villa fiscal ubicada en el pasaje Corelli, en la comuna de San Joaquín. Allí habitan familias de carabineros y fueron los mismos funcionarios policiales los que denunciaron estos hechos. Los testigos indicaron que, a esa hora, el único que transitaba en el lugar donde se efectuaron los tiros era Solís Parra.

Un documento interno de Carabineros, revisado por CIPER, consigna los hechos denunciados el mismo día de los hechos por el cabo primero Héctor Villagra:

“El día de hoy, a las 02:30 aproximadamente, en circunstancias que me encontraba en mi domicilio (…) junto a mi grupo familiar pernoctando, sorpresivamente se escuchan una cantidad de disparos en las afueras de los departamentos fiscales, por lo cual me asomo por la ventana a verificar lo sucedido, momento en el cual observo en el lugar donde se efectuaron los disparos al cabo 2do Solís Parra, quien posteriormente camina por la acera en dirección a su domicilio, el cual está ubicado al costado del block en cual vivo” (vea aquí esa denuncia).

En el relato se señala que esta situación también fue observada por otros dos cabos primeros de Carabineros. Luego de ver al cabo Solís Parra caminar a su domicilio, la cónyuge del denunciante se comunicó con el “suboficial Vejar Palma, de dotación 39ª Comisaría de El Bosque, quien le manifestó que recogió desde el lugar una cantidad de vainillas indeterminadas y las mantenía aún en su poder”, según se lee en la denuncia a la que accedió CIPER.

Juan Solís ingresó a Carabineros el 1 de junio de 2009. Además de la 57ª Comisaría Motorizada en la que se desempeñaba al momento de su baja, ha trabajado en la 36ª Comisaría de La Florida y en Tenencia Talca Oriente de la 3ª Comisaría de la capital de la Región del Maule.

Estaba destinado a esta última unidad cuando en 2015 postuló a un curso de especialización en la Dipolcar. Pero, tres semanas después de haber sido acusado de efectuar disparos en una villa fiscal y cinco meses después de que la Dipolcar recibiera los antecedentes sobre sus supuestos vínculos con narcos, fue excluido de ese curso. Así quedó consignado en un documento electrónico del Departamento IV Docencia Telemática de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, que solicitó excluir al cabo Solís.

El fiscal que indaga el tiroteo ocurrido en La Florida el pasado lunes, Omar Mérida, encargó varias diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para determinar la responsabilidad de los dos carabineros apuntados como autores de los disparos. Actualmente,0 está a la espera de los peritajes que podrían indicar la presencia de pólvora en las manos de los uniformados (para determinar cuál de ellos disparó) y la coincidencia, o no, de las vainillas encontradas al interior del vehículo con las balas que hirieron a los manifestantes. Luego de que tenga esos resultados, el fiscal podría dar curso a la formalización.