Instituciones y ciudadanos: Repensando los vínculos en un contexto en el que se redefine la violencia

La sociedad chilena está redefiniendo lo que entiende por violencia. Así lo sugieren los autores de esta columna, al analizar los datos de la encuesta de Espacio Público e Ipsos. Observan que las bajas pensiones o el alto precio de los remedios –experiencias que antes del estallido social eran vistas como “normales”-, hoy se catalogan como “muy violentas”. Al mismo tiempo, registran que ha ganado legitimidad la idea de recurrir a la violencia política para hacerse oír. Los autores sugieren asumir esta realidad y “generar canales institucionales de participación”. La simple condena retórica contra la violencia “no tendrá efectos en la conducta de una proporción importante de jóvenes”, advierten.

La primera entrega de la encuesta de Espacio Público e Ipsos 2019 “Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión” (Ver metodología en anexo) indaga sobre tolerancia a la violencia, abuso y dignidad. Sus resultados permiten comprender cómo los chilenos y chilenas han vivenciado el contexto de convulsión social gatillado por el estallido de octubre, y aporta datos relevantes para reflexionar acerca de la relación de la ciudadanía con las instituciones.

La población, en general, considera como “muy violentas” ciertas situaciones de la relación de las personas con las instituciones, por ejemplo: el bajo monto de las pensiones, el alto precio de medicamentos o las deudas que se contraen para estudiar en la universidad;  y también los abusos e impunidad de la élite. Con esta “violencia institucional” o sistémica como base, las acciones de protesta llevadas a cabo desde el 18 de octubre como las evasiones en el metro o la realización de barricadas, gozan de relativa legitimidad en la población, principalmente entre los más jóvenes. Por ejemplo, alrededor de un tercio de los jóvenes considera que son necesarios los saqueos y la quema de edificios e infraestructura pública para llamar la atención de las autoridades.

Cuanto más jóvenes son los encuestados, mayor justificación encuentran para la violencia física como mecanismo legítimo de protesta política. Estas diferencias generacionales, además, parecieran seguir un crecimiento lineal. No se trata de que el grupo de encuestados más jóvenes sea significativamente diferente a todos los demás, sino que las diferencias en la percepción de la violencia física como mecanismo de protesta pareciera acumularse a medida que la edad de los encuestados aumenta.

Esta realidad se debe asumir para generar canales institucionales de participación, ya que abocarse a la simple condena retórica de este tipo de actos no tendrá efectos en la conducta de una proporción importante de jóvenes en el país.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Estas diferencias desaparecen a la hora de valorar la violencia institucional, donde los distintos rangos etarios parecieran estar de acuerdo. El concepto de violencia se ha ampliado, y son el común de las personas las que han significado bajo este concepto -el de “muy violento”- categorías que antes no necesariamente se consideraban como violentas.

Estos datos permiten reflexionar acerca del prejuicio inmediatista que se ha instalado en la discusión pública respecto a la violencia expresada en barricadas, cortes de tránsito y evasiones del metro, que no consideran una violencia de carácter estructural o de relación de las personas con las instituciones y la elite.

La creencia de que casos de corrupción, abusos de empresas o simplemente la ineficiencia de servicios públicos o prestaciones sociales no tiene víctimas debiera revertirse, pues la población, en su mayoría, está considerando como muy violentas ese tipo de acciones o circunstancias.

DIGNIDAD

Como concepto, la dignidad se asocia mayoritariamente a cuestiones relacionadas con la dignidad en el trato, por sobre aspectos de carácter económico, lo que implica un desafío para los liderazgos y funcionarios de servicios públicos y privados con los que las personas se relacionan cotidianamente.

Por otra parte, se considera que el abuso se ha mantenido en el tiempo debido a la impunidad y a la desigualdad, y la forma en que se debiera enfrentar es mayoritariamente a través de leyes más duras.

Otra porción importante de la población privilegia combatir el abuso por medio de una ciudadanía más educada en sus derechos. En esta materia, no se observa una adhesión importante a liderazgos fuertes para combatir el abuso, lo que podría estar indicando un diagnóstico saludable ante el riesgo de emergencia de liderazgos populistas.

De acuerdo con lo señalado por Kathya Araujo^[1], existe en Chile una paradoja entre la promesa de igualdad y derechos, y la experiencia cotidiana de las personas que no reconoce ni la igualdad ni los derechos. El trato digno ha sido una expectativa no cumplida en el acceso a la salud pública o al transporte público, entre otras experiencias de relación cotidiana entre las personas y las instituciones. Se trata de una distancia entre la promesa de sociedad a la que estamos expuestos por el discurso público, y la experiencia cotidiana que vive la sociedad.

En el mismo sentido, Andrea Repetto^[2] señala que existe un conjunto de desigualdades que viven en su cotidianeidad las personas, poniéndolas en situación de desventaja, y que se perciben como arbitrarias o producto de accidentes en sus trayectorias de vida, por lo que se conciben como injustas o poco equitativas.

Esto es posible apreciarlo en los datos. Si bien el 35% de la población asocia a la desigualdad la idea de “La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres”, el 27% asocia la desigualdad a “La falta de oportunidades para los más pobres”. Existe entonces una noción que asocia la desigualdad a aspectos materiales, pero también es posible confirmar dos concepciones más de la desigualdad. Se trata de la desigualdad concebida como la falta de oportunidades, para un 27% de la población, y, por otra parte, la desigualdad entendida como un problema de trato en la relación de las personas con otras personas y con instituciones, para un 35% de la población, agrupando las categorías de respuesta “Un sistema de justicia que solo castiga a los más pobres” (13%), “La discriminación hacia los pobres, minorías sexuales y otras” (11%) y “Un trato digno solo a quienes tienen recursos” (11%).

INSTITUCIONES Y PERSONAS

La forma en que las y los chilenos conciben la violencia, la dignidad, el abuso y la desigualdad deben considerarse en el esfuerzo de repensar la relación de las instituciones con las personas. En Chile, ciertas expresiones de abuso, impunidad e incluso de la forma en que se realiza la provisión de determinados servicios básicos -como las pensiones o el acceso a medicamentos- se consideran como “muy violentos”, hallazgo que enriquece la forma en que se está interpretando el estado actual de indignación social.

Si bien no es posible esclarecer las demandas concretas de la ciudadanía que se ha movilizado desde octubre, sí podemos identificar anhelos generales en la forma en que las personas reconocen su dignidad en la relación con las instituciones, como el trato digno y no discriminatorio. Ahí se encuentra un desafío relevante para mejorar la convivencia democrática.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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