Un país vulnerable en la hora de la verdad

Con un emotivo video el gobierno busca despertar la resiliencia de los chilenos, es decir, nuestra capacidad de aguantar los desastres. En esta columna, el economista Ramón López explica cómo las naciones construyen esa resiliencia: no con spots, sino con bienes públicos que protegen a los más débiles y fortalecen la comunidad en el largo plazo. Eso no se ha hecho en Chile, argumenta López. Y cree que, “en esta hora de la verdad”, la falta de bienes públicos nos va a pasar una gran cuenta.

En tiempos de grandes shocks, uno de los factores más importantes que determinan la intensidad de su impacto y su grado de permanencia en el tiempo es el nivel de vulnerabilidad de la población. O, dicho de manera más propositiva, el impacto del shock sobre la población depende de la resiliencia de esta.

Desgraciadamente la resiliencia es una característica que se construye a través de largos periodos y no en el corto plazo. Si una población es más o menos vulnerable a un shock -como la actual epidemia Covid-19- eso depende de una serie de políticas públicas implementadas y construidas a través de décadas.

Desgraciadamente, nuestros gobiernos han impulsado políticas que, lejos de construir resiliencia social, han inducido un alto grado de vulnerabilidad en gran parte de la población. Los incentivos de los gobiernos pasados fueron dirigidos fundamentalmente a promover bienes de mercado, en desmedro de los bienes públicos o sociales (que en general no se transan en los mercados, y que tienen un potencial de generar ganancias para el capital mucho menores que los bienes de mercado).

La oferta de bienes de mercado escondió el real subdesarrollo del país. Y este subdesarrollo se fue poco a poco manifestando en una oferta insuficiente de bienes públicos, que en su mayor parte solo puede proveer el Estado.

En Chile, las políticas públicas han promovido un crecimiento económico desbalanceado, favoreciendo excesivamente la producción de bienes de mercado, en detrimento de bienes públicos como la seguridad social, la salud y la educación pública, la protección a la vejez, el apoyo estatal a los ahorros de los trabajadores (como el seguro de desempleo), la vivienda social y la protección del medio ambiente. Esa falta de protección social es la que ahora, en el momento de la verdad, deja a una gran parte de la población en condiciones muy precarias. La gran vulnerabilidad pone en riesgo no solo su salud y bienestar económico, sino su sobrevivencia.

¿Qué efecto positivo puede tener una cuarentena para quienes viven hacinados a razón de 10, 15 o más personas en 40 ó 50 metros cuadrados, debido a la profunda insuficiencia de las políticas de viviendas sociales?

¿Cómo se protegen los pensionados y enfermos crónicos que deben recurrir a un sector privado, a menudo coludido, para obtener sus más básicas medicinas a altísimos precios sin subsidios públicos?

¿Cómo enfrenta una emergencia sanitaria masiva un sector público de salud que es incapaz de satisfacer las necesidades mínimas de la población aun en tiempos normales?

¿Cómo se protegen los trabajadores y ciudadanos comunes que no han podido construir un colchón de ahorros mínimo para enfrentar estas emergencias, debido a que han tenido que afrontar por muchos años enormes gastos para educar a sus hijos, o comprar medicamentos y salud a causa del fracaso del Estado en su obligación de proveer estos importantes bienes sociales?

En suma, la crónica y creciente insuficiencia de bienes públicos y sociales va a hacer mucho más difícil y penoso para gran parte de la población afrontar una crisis que se espera sea masiva y peligrosa.

Es cierto que los gobiernos pasados tuvieron éxito en promover un relativo crecimiento económico, aumentando el ingreso per cápita de manera significativa; pero esto tuvo lugar fundamentalmente fruto de la oferta de bienes de mercado y a través de la mercantilización de casi todas las actividades. La oferta de bienes públicos y sociales, en cambio, quedó increíblemente rezagada.

Así, la real debilidad del modelo Chileno no ha sido su incapacidad para generar mayores ingresos, sino fomentar una profunda vulnerabilidad social.

La oferta de bienes de mercado disimuló por un tiempo el dramatismo del problema social de la mayor parte de los chilenos. Solo en los últimos años, cuando una parte importante de la población comenzó a envejecer y a retirarse con pensiones misérrimas, aumentando su necesidad de salud, las debilidades del sistema quedaron expuestas. Lo mismo ocurrió cuando las falencias de la educación pública se hacen notar en el mercado de trabajo, provocando que el endeudamiento para solventar la carísima educación terciaria se transformara en un peso insostenible para los jóvenes profesionales; o cuando el progresivo agotamiento de los recursos naturales y la destrucción medio ambiental comenzaron a afectar el potencial de crecimiento económico y la salud de la población expuesta.

La real debilidad del modelo está quedando desnuda y la población puede aquilatar el fracaso completo de un modelo, sobre el cual las elites tanto económicas como políticas han puesto y siguen manteniendo todo su énfasis.

Queda solo una pregunta relevante: ¿Por qué los gobiernos (muchos de ellos se llamaban “progresistas”) permitieron esta insuficiencia en la oferta de bienes públicos, dejando así desprotegida a una gran parte de la población?  He aquí una hipótesis plausible.

Chile es un país que históricamente ha sido profundamente desigual, lo cual permitió la existencia de una pequeña elite de gran poder económico, muy homogénea y recalcitrante. Esto le permitió a la elite crear también un gran poder político capaz de influir en los gobiernos de las más diversas maneras, tanto licitas como ilícitas, e inducirlos a actuar en su favor, aún cuando esto entrara en abierto conflicto con los intereses de la ciudadanía.

Una de las banderas de lucha de las elites es y ha sido su absoluto rechazo a una tributación, que podría haber permitido al Estado obtener recursos para invertir de una manera más satisfactoria en bienes públicos y sociales. Esto frenó cualquier iniciativa tendiente a una mayor inversión del Estado en bienes públicos.

Es así como el Estado chileno ha tenido una de las recaudaciones tributarias más bajas en toda la OCDE como proporción del PIB, rara vez llegando a más del 20% (países de desarrollo intermedio tales como Polonia, Portugal, Uruguay y otros tienen recaudaciones superiores al 30% del PIB).

Más aun, la elite también impuso que la mayor parte de la recaudación tributaria fuera originada en impuestos indirectos regresivos, en lugar de impuestos directos progresivos (Chile tiene una de las más altas recaudaciones de tributos indirectos entre los países de desarrollo intermedio).

Finalmente, la elite ha entorpecido de alguna manera la fiscalización tributaria, permitiéndose así una muy alta evasión y elusión.

Para cerrar, las elites político-económicas optaron por un modelo que se puede considerar faustiano para el país (como Dr. Fausto de von Goethe, quien en tratativas con el demonio aceptó un beneficio temporal a cambio de su alma).

Así el país vivió una época de relativo alto crecimiento económico, pero a costa de hipotecar el futuro. La hora de la verdad aparentemente ya llegó con el levantamiento social de octubre. Las consecuencias de la inestabilidad política y económica que genera un conflicto social de esta dimensión han dejado al país en una situación aún más vulnerable para enfrentar la crisis sanitaria. Los costos del estallido social causado por la situación de vulnerabilidad van a superar con creces los beneficios de unos pocos puntos más de crecimiento económico que gozó el país por varias décadas. Este crecimiento, que a la postre se reveló ficticio para la mayoría de la población, fue un pequeño beneficio relativo a los enormes costos sociales y económicos que posteriormente involucró.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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