Colonia Dignidad: víctimas acusan que representante del gobierno en comisión chileno-alemana apoyó régimen de Schäfer

Las víctimas de Colonia Dignidad llevan décadas exigiendo reparación y justicia. Hoy denuncian que la comisión internacional creada para garantizárselas está integrada por un ex simpatizante de la secta de Paul Schäfer: Gonzalo Candia Falcón. Aseguran que fue parte de las «Juventudes de vigilia permanente» y que su madre era asistente en Parral del ex senador y ahora ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien entonces defendía al enclave. Los ex colonos también denuncian que los directores de las empresas de la hoy Villa Baviera los han dejado fuera de la administración de un patrimonio que, dicen, debe ser usado para indemnizarlos.

En una de sus intervenciones en la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el lunes 16 de marzo, el abogado Hernán Fernández -histórico defensor de las víctimas de Colonia Dignidad- interpeló a alguien que no estaba ahí:

“No podemos aceptar que don Gonzalo Candia siga representando al Estado de Chile ante la comisión bilateral con Alemania. Es inaceptable. Llevamos meses conversando con él sin una respuesta. No ha estado a la altura de su deber moral de acoger a las víctimas”.

La comisión binacional que menciona Fernández está encargada de coordinar la reparación a las víctimas de Colonia Dignidad. La parte chilena es integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Cancillería. El aludido, Gonzalo Candia Falcón, funcionario del Ministerio de Justicia, es el asistente técnico de Juan Pablo Crisóstomo, presidente de la parte chilena de la comisión.

Gonzalo Candia Falcón, uno de los representantes del Estado de Chile ante la comisión binacional (fuente: LinkedIn).

Cuatro víctimas de la ex Colonia Dignidad dijeron a CIPER que Candia integró la “Juventud de vigilia permanente”, un grupo que defendió el régimen del pastor pederasta Paul Schäfer. También dicen que cultivó amistad con colonos. Este conflicto de interés fue revelado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se está revisando la gestión del grupo binacional.

Creada en 2017, la comisión chileno-alemana debe cooperar en la preservación de la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Colonia Dignidad, rebautizada como Villa Baviera. También debe colaborar en el esclarecimiento de los delitos cometidos en ese lugar, en el “diagnóstico” del estado actual de las empresas y bienes raíces de la ex colonia y en adoptar medidas para integrar a las víctimas en la sociedad.

Quienes exigen reparación y justicia denuncian que poco y nada ha ocurrido desde la conformación del comité binacional. Testimonios recogidos por CIPER apuntan a los funcionarios de la parte chilena como principales responsables de la inacción. Y dentro de ellos señalan de manera particular al abogado Candia Falcón.

CIPER intentó comunicarse con Gonzalo Candia para preguntarle por su relación con la Colonia, pero en su despacho informaron que se encontraba con “permiso administrativo”. Aunque pedimos que le comunicaran nuestra solicitud, no hubo respuesta.

Candia es el más alto representante del Ministerio de Justicia en la comisión binacional. Su nombramiento debió ser visado por el ministro Hernán Larraín, quien fue senador por la Región del Maule y, en esos años, uno de los principales defensores de Colonia Dignidad. Por esta razón una publicación de Deutsche Welle criticó duramente que Larraín oficie como ministro de Justicia mientras esa cartera participa en la comisión binacional. El ministro, aunque estaba invitado a la Comisión del Senado, no asistió.

Hernán Larraín, ministro de Justicia

Al menos tres ex colonos (Winfried Hempel, Horst Schaffrick y Harald Lindemann) y una víctima chilena (Eduardo Salvo) dijeron a CIPER que Candia fue miembro de la llamada “Juventud de vigilia permanente”, un grupo de jóvenes chilenos que asistían voluntariamente a la colonia a comienzos de los años ‘90 para solidarizar con el régimen impuesto por Schäfer, cuando el gobierno de Patricio Aylwin intentó cerrarla. La mayoría de esos jóvenes provenían de familias de la Región del Maule. El grupo colaboraba con el trabajo de los colonos, recibía adoctrinamiento de sus jerarcas y participaba en las manifestaciones que se oponían a los allanamientos en los que se buscaban pruebas de los delitos.

La “Juventud de vigilia permanente” se disolvió cuando no quedaron dudas sobre la veracidad de las agresiones sexuales contra menores cometidas por Schäfer, debido a que el pastor abusó de niños chilenos que integraban grupos defensores de la colonia.

Ex colonos contaron a CIPER que después, con el jerarca ya fugado, Candia Falcón siguió yendo a Villa Baviera debido a la amistad que cultivó con alemanes residentes. Era tanta su familiaridad, recuerdan, que aprovechó el lugar para estudiar para su examen de grado de abogado.

Las víctimas de Schäfer comentaron a CIPER que Candia llegó a Colonia Dignidad llevado por su madre, Fanny Falcón Pérez, también una figura conocida en el lugar. Explican que Falcón era la encargada del registro de los “afuerinos” atendidos en el hospital de la Colonia y asistente en la oficina de Parral del entonces senador Hernán Larraín. CIPER se contactó con la oficina del ministro Larraín para consultarle por su relación con Fanny Falcón. Su secretaria informó que él se pondría en contacto, pero su llamado no llegó.

BÚNKER DE EMPRESAS

Cristóbal Parada, el primer niño chileno que escapó de los abusos de Schäfer -en 1996- reforzó el punto de Fernández al exponer ante la comisión senatorial que Gonzalo Candia estuvo meses en la colonia, por ser “hijo de la secretaria del senador Larraín”. También explicó que “el ministro Larraín iba mucho a Colonia Dignidad. Él se adoctrinó en la colonia. Él le debía muchos favores a la colonia, participó mucho con Schäfer. Para esclarecer esto, él debiera dar un paso al costado”.

Las víctimas de Schäfer creen que con Candia y Larraín en escena, es difícil que los objetivos de la comisión binacional se cumplan pronto. Desde que se firmó el acuerdo que la constituyó aún figuran en calidad de promesas varias de las medidas comprometidas en el “Memorándum de entendimiento”. El documento consignó varias misiones:

• Establecer un centro de documentación que recuerde la historia de Colonia Dignidad, en especial los crímenes y violaciones a los derechos humanos.
• La creación de un lugar de memoria para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
• Cooperación para comprobar, preservar y evaluar rastros y documentos de los crímenes.
• Apoyo en el diagnóstico de activos, sociedades y empresas surgidas de Villa Baviera y Colonia Dignidad.
• Otros medidas para la integración de las víctimas en la sociedad.

Aunque la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, comentó en la sesión anterior de la comisión del Senado (el 6 de marzo) que se convocó a mesas de trabajo interministeriales, las víctimas de Schäfer insisten en que eso no se ha traducido en nada concreto. Una de las cosas que más les apremia es el diagnóstico del patrimonio real de Villa Baviera, para pagar indemnizaciones a las víctimas y retribuir a los ex colonos que levantaron esas empresas con trabajo esclavo bajo el régimen de Schäfer.

Parte de las propiedades de la Villa Baviera.

Paul Schäfer construyó un intrincado holding compuesto por empresas forestales, agrícolas, gastronómicas, de extracción de áridos, de maquinaria industrial e inmobiliarias. Además, adquirió extensos terrenos en las cercanías de Parral (Maule) y de Bulnes (Ñuble). Casi todos los ex colonos son accionistas de esas empresas, pero varios reclaman que no reciben dividendos ni tienen voz en las decisiones de sus directorios. Según señalaron a CIPER, las sociedades son controladas por hijos de ex jerarcas.

Los ex colonos que han declarado ante la comisión del Senado dijeron que no saben en qué condiciones se encuentran las empresas, que no entienden las explicaciones que les dan sobre sus estados financieros y que aquellos que aún viven en Villa Baviera trabajan para ellas por sueldos mínimos. Además, indicaron que se están vendiendo terrenos que forman parte del patrimonio que pertenece a todos, pero que ellos no saben por qué se decidió esa venta ni el destino de ese dinero.

Para al menos 23 familias de ex colonos que viven dentro y fuera de Villa Baviera, la situación es apremiante. Después de trabajar por décadas esclavizados por Schäfer, muchas de las víctimas que ahora son adultos mayores dicen que tienen el cuerpo “gastado”, pero tienen que seguir trabajando porque nunca cotizaron para su jubilación. Los que ya no viven en los terrenos de la Villa Baviera enfrentan muchos problemas: hablan mal el español, la mayoría no recibió educación, son ancianos, tienen severos problemas de salud física y mental, trabajan en empleos precarios y habitualmente son víctimas de abusos laborales.

Entre los controladores de las empresas se cuenta a Hans Schreiber, Thomas Schnellenkamp, y Markus Blanck. Aunque también fueron víctimas de las vejaciones del pastor pederasta y han declarado que solo quieren preservar el patrimonio para beneficio de todos los ex colonos, las víctimas denuncian que se han apropiado del control de las sociedades y que se han asignado sueldos altos en relación al resto.

Los ex colonos que aún siguen residiendo en Villa Baviera dicen que no pueden irse porque no tienen a dónde, y temen morir sin haber recibido indemnización. Viven en piezas o pequeñas casas que la comunidad les presta. No recibieron educación formal, a diferencia de los hijos de los ex jerarcas. Sus padres, que llegaron a Chile en los años ‘60, entregaron sus ahorros, su trabajo y el de sus hijos a ese imperio que hoy no pueden administrar.

Horst Schaffrick es el presidente de la Asociación por la verdad, justicia, reparación y dignidad para los ex colonos de Villa Baviera. Llegó a los tres años y desde los cinco fue esclavizado en la finca de Schäfer:

– Voy a cumplir 62 años y me queda muy poco. Mis hijos tienen 12 y 14 años. Físicamente estoy totalmente dañado y no sé cómo vamos a pagar sus estudios. He trabajado en estos últimos 10 años más que nunca, pero porque no quieren darnos nada. Si ellos (los actuales directores de las empresas) quieren seguir viviendo en comunidad tienen el derecho, pero les corresponde solo una parte del patrimonio, no todo. Los que no quieren seguir viviendo en ese sistema, que es entendible después de toda la maldad que vivimos, también merecen su parte.

Hace 15 años, comentaron varios ex colonos a CIPER, recibieron un cheque con la repartición de las utilidades de 30 años. Los montos iban entre los $800 y los $8.000.

– Imagínese qué burla. Esto es un búnker de empresas, somos accionistas de nada-, dijo el ex colono Harald Lindemann.

El abogado Hernán Fernández dijo a CIPER: “Los nuevos jerarcas tomaron el poder y controlan el botín económico porque el Estado, que es parte del problema, no se ha hecho cargo”.

CIPER se comunicó con uno de los integrantes del grupo que hoy dirige las empresas, Thomas Schnellenkamp, para consultarle por las denuncias, pero respondió que estaba de viaje y prefería no referirse al tema. Explicó que el miércoles 18, a su regreso, podría contestar o referirnos a alguno de sus socios.

INDEMNIZACIONES IMPAGAS

Paul Schäfer lleva casi diez años muerto pero, para muchas de sus víctimas, la pesadilla no termina. Los jóvenes chilenos que fueron abusados por el pastor denuncian que no han recibido siquiera atención sicológica y que los abogados de la colonia apelan una y otra vez para retrasar alguna reparación.

Jaime Parra es una de esas víctimas. En la comisión del Senado dijo que llevan 23 años “peleando incansablemente con los abogados de la colonia”. Y se preguntó: ¿Cómo vamos a solucionar esto si nadie del Estado se ha acercado nunca a las víctimas?”.

Aunque en 2009 se firmó un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado que levantó el embargo sobre las empresas del holding e hipotecó parte de sus terrenos para garantizar las indemnizaciones a las víctimas, hasta ahora eso es letra muerta.

Harald Lindemann se fue de esas tierras en 2006. Vive en Purranque y cuenta: “No tengo imposiciones, ni pagaron nada para mi jubilación. Por eso mi señora, que tiene 65 años, y yo, que tengo 60, seguimos trabajando. Mi hermana tiene 66 y dos veces se le ha parado el corazón. Trabajó 35 años muy duro en el hospital de la colonia, sin vacaciones, ni festivos, ni domingos, y ahora no puede trabajar porque tiene un bypass”.

FOSAS CLANDESTINAS: PERITAJES PENDIENTES

Myrna Troncoso es coordinadora de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la Región del Maule. En 1974 le perdió el rastro a su hermano, Ricardo Troncoso Muñoz (MIR), en Colonia Dignidad:

“Fue un centro de secuestro, tortura y exterminio, se estima que más de cien personas fueron hechas desaparecer ahí. Hay una serie de sentencias que lo respaldan, pero no hay ningún familiar reconocido ni ningún cómplice preso. La justicia chilena y alemana han actuado de manera superficial e insuficiente. Los Estados de Chile y Alemania comparten la responsabilidad de esclarecer estos crímenes. La comisión todavía no da resultados concretos”, dijo ante los senadores.

El juez Mario Carroza, a cargo de investigar la inhumación y exhumación ilegal de cuerpos, ordenó buscar una fosa y analizar en laboratorios alemanes los sedimentos de los terrenos en que se cree fueron incinerados los cadáveres. Myrna Troncoso explicó ante la comisión del Senado: “No confiamos que esto arrojará resultados. Los jerarcas de Colonia Dignidad fueron expertos en el ocultamiento de sus crímenes y hoy son expertos en el silencio y en ocultar cualquier tipo de información”.

En conversación con CIPER, ex colonos que prefirieron mantener su identidad bajo reserva, denunciaron que hace algunos meses los actuales líderes de Villa Baviera vendieron un bus que fue utilizado por la DINA para trasladar a presos políticos. “Lo supimos porque uno de nosotros lo vio en Parral. Era un bus Mercedes Benz, antiguo, para unas 50 personas”, relató uno de ellos.

Luego de escuchar a los invitados a la comisión, el senador Alejandro Navarro anunció que su colega Juan Ignacio Latorre y la presidenta del Senado Adriana Muñoz se comprometieron a solicitar una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que aborde en qué estado se encuentra el cumplimiento de las resoluciones judiciales contra la ex colonia. Además, exigirán la fiscalización laboral de sus empresas y que se investigue su patrimonio y entramado societario.

Navarro cerró su intervención diciendo que pedirán al ministro Larraín que aclare la situación del abogado Gonzalo Candia Falcón: “El representante de Chile en esta comisión (binacional) debe dar garantías a todos, particularmente a las víctimas”.