COLUMNA DE OPINIÓN
ONGs y la manufactura neoliberal de la voz de la calle
06.03.2020
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COLUMNA DE OPINIÓN
06.03.2020
Las ONGs, suelen presentarse como actores políticos independientes que buscan el interés ciudadano. Esta columna de opinión cuestiona esa idea. Usando datos de una investigación doctoral reciente, su autor expone el trabajo de dos ONGs especializadas en educación. Describe sus estrategias para moderar la crítica social y presentar las propuestas de los gobiernos como respuestas efectivas y legitimadas a nivel ciudadano. Afirma que estas organizaciones “compuestas mayormente por una elite social, cultural y económica”, no deben ser asumidas a priori como “legítimos representantes del sentir de la calle”.
En las últimas décadas, dentro de lo que globalmente se ha denominado como el “renacer” de la sociedad civil (Kaldor, 2003) se ha producido una masificación sin precedentes de ONGs. De la mano con este proceso, ha existido un creciente debate académico sobre el papel de las ONG en los procesos de elaboración y provisión de políticas sociales. Una parte importante de la literatura sobre la participación de la sociedad civil, influidas por el trabajo de autores como Alexis de Tocqueville y Robert Putnam, considera que las ONG desempeñan un papel clave en el equilibrio de los intereses de los diferentes grupos de la sociedad; inhibiendo el despotismo del gobierno y profundizando las posibilidades de participación política de distintos grupos marginados (Ahmed y Potter, 2006; Woldring, 1998; Werker y Ahmed, 2008).
Para otros autores, en cambio, las ONG, en lugar de promover la justicia social y la democracia, son organizaciones que han sido crecientemente domesticadas por el neoliberalismo, debilitando las posibilidades de participación y cambio social (Kamat, 2004; Merz, 2013; Munck y Kleibl, 2018). Este fenómeno, como sugiere Petras y Veltmeyer (2011) para el caso de Latinoamérica, se debe no solo a la capacidad de las ONGs de extender el neoliberalismo al hacerse responsables de la provisión estatal de servicios sociales esenciales, sino también, debido a su capacidad de socavar los procesos de resistencia contra él, promoviendo formas de acción basadas en nociones de individualismo, autonomía y responsabilidad privada por los problemas sociales.
Buscando participar de este debate, el presente estudio analizó el periodo de deliberación política desencadenado por los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, concentrándose en la relación entre Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Gobierno durante este largo periodo de reforma educacional (2006-2016).
Gobiernos de diferentes colores políticos fueron capaces de condicionar la presencia de las ONG en el debate público, presionándolas a comportarse 'apropiadamente', lo que en otras palabras implicaba acatar y mantenerse dentro de los márgenes de discusión política definidos por el gobierno, evitando desafiar su autoridad.
Para ello, se utilizó el concepto de gubernamentalidad neoliberal, elaborado por Michel Foucault ([1978] 1991), el cual sugiere la existencia de una nueva forma de gobierno a distancia. En este, el Estado, en lugar de imponer directamente su influencia, propicia un nuevo proceso de gobierno a través de la “libertad”, en el que los individuos y organizaciones internalizan la dominación (Dean, 1999; Lemke, 2002). Puesto así, gubernamentalidad, refiere a una nueva forma de pensar que permite a las autoridades sociales ejercer el poder y gobernar indirectamente, estimulando un tipo particular de sujeto neoliberal, caracterizado por su responsabilidad, capacidad de emprendimiento y búsqueda activa de autodesarrollo (Miller y Rose, 1990).
Tomando como referencia este marco analítico, la investigación exploró hasta qué punto las ONG chilenas involucradas en política educativa participan del proceso de crítica al neoliberalismo chileno o bien, como sujetos de gubernamentalidad, facilitan su funcionamiento y hegemonía. Con este objetivo en mente, se efectuó un estudio de caso de dos ONGs, denominadas ficticiamente como Tiempo de Enseñar y Cambiemos la Educación, escogidas en virtud de su activa y destacada participación en los recientes procesos de formulación de políticas educativas llevadas a cabo en Chile. La creación de estos nombres, vale aclarar, se hizo necesaria para poder proteger la identidad de los participantes del estudio, quienes de otro modo, serian susceptibles de identificar[1]. Para estudiar estas ONGs, se analizaron 350 documentos escritos y se realizaron 30 entrevistas con miembros de estas organizaciones y distintos “hacedores” de política pública en Chile. Dentro de este último grupo, se encontraban distintas autoridades en educación de los Gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014) y Michelle Bachelet (2014-2018), así como parlamentarios, dirigentes estudiantiles y líderes sindicales de la época. A continuación, una pequeña parte de los resultados.
Uno de los principales hallazgos de la presente investigación es el proceso de gubernamentalización neoliberal experimentado por ambas ONG, las cuales impulsadas por un fuerte deseo por convertirse en actores políticos influyentes, es decir con voz e injerencia en la discusión sobre política pública, se sienten presionadas a colaborar con el gobierno, promoviendo sus intereses mediante distintos ejes de acción.
De esta manera, desde la creación de las ONGs, actuar e involucrarse en política educativa no es percibido como una posibilidad, sino como un mandato moral autoimpuesto que se debe cumplir. Así, ser un “actor de cambio”, de “presión por reformas” o un “agente capaz de generar acuerdos” son idearios identitarios frecuentes entre estas organizaciones. Un ejemplo de este profundo sentido de responsabilidad por cambiar la educación es visible cuando miembros de ambas ONG justifican su actuar en política educativa argumentando que si ellos “no lo hacen, nadie lo hará”, operando así, esta idea, como eje de fuerza que activa y moviliza a estas organizaciones.
¿Por qué hicimos todo lo que hicimos? Simplemente porque ellos (el gobierno) no lo estaban haciendo. Y si es algo tan fundamental para el país, uno no puede esperar a que alguien más lo haga. Quien tiene oportunidad, tiene el deber moral de hacerlo. (Entrevista miembro Tiempo de Enseñar)
De este modo, ambas ONG, aún con diferentes agendas, se autoimponen el deber de actuar en procesos de elaboración de política educativa. Esta combinación entre deber y la libertad para actuar como organizaciones civiles es particularmente significativa, ya que tiene consecuencias importantes tanto para el gobierno como para las ONGs. Por una parte, la presencia de estas ONGs resulta particularmente provechosa para el actuar de distintos gobiernos, teniendo acceso a través de ellas, indirectamente, a nuevos espacios de influencia y legitimación social, esenciales en la formulación de políticas educativas. Así, como enfatizó una importante autoridad del MINEDUC durante el segundo gobierno de Bachelet, tras los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, uno de los objetivos del gobierno era aprovechar el prestigio, proactividad y flexibilidad operativa de las ONG para obtener «acceso a espacios» que el gobierno no podía «alcanzar». De esta manera, la cercanía del gobierno con las ONGs le permitía a este, no solo la posibilidad de legitimar sus propuestas con la bendición de la “ciudadanía organizada”, sino también aparecer como si estuviera escuchando y trabajando codo a codo en la consecución de las demandas emanadas desde la calle.
Queríamos que fueran nuestros aliados. Para los gobiernos es valioso contar con otros actores que sean ‘independientes’, ese es obviamente el valor que tienen, que les ayuden a mejorar el proyecto de ley y al mismo tiempo impulsarlo, hablar con los actores, crear un sentido de urgencia, facilitando el entorno público y social para favorecer la legislación sobre ciertos asuntos complejos. (Autoridad MINEDUC primer gobierno de Sebastián Piñera)
No obstante, el fuerte deseo de las ONG por ser actores influyentes en la discusión política también les presenta un problema. Según mencionaron diferentes miembros, gobiernos de diferentes colores políticos fueron capaces de condicionar la presencia de las ONG en el debate público, presionándolas a comportarse «apropiadamente», lo que en otras palabras implicaba acatar y mantenerse dentro de los márgenes de discusión política definidos por el gobierno, evitando desafiar su autoridad.
Así, como argumentó un miembro de Cambiemos la Educación, aún cuando hubiera diferencias, criticar al gobierno era una mala estrategia, «porque si haces eso, no te llaman, y si no te llaman, pierdes cualquier posibilidad de influencia». De este modo, para ser influyentes, las ONG deben comportarse de manera pragmática, dejando de lado sus dudas y críticas contra el contenido de los proyectos de ley propuestos por el gobierno, comprometiéndose, sin coacción alguna, a presionar por su éxito.
Desde este ángulo, resulta interesante enfatizar que no es que el gobierno haya forzado a la ONGs a comportarse de una manera particular, sino que fueron estas mismas las que sintiéndose responsables de hacer cambios, aceptan las reglas del juego y se imponen libremente el deber de ayudar al gobierno en el logro de objetivos que son internalizados y percibido como parte de los suyos.
La ONG puede dispararme, pero tienen que hacerlo de una manera especial, lo que llamamos en política la ‘bofetada de payaso’, donde me dicen de antemano que van a golpear. (Autoridad MINEDUC segundo gobierno de Michele Bachelet)
Un ejemplo de este cambio interno, en donde las ONGs libre y progresivamente hacen suyos los intereses del gobierno, es visible en el proceso participativo desarrollado por Tiempo de Enseñar para apoyar la discusión sobre una nueva política docente. La iniciativa, en el papel, buscaba implementar un proceso masivo de diálogo en el que diferentes actores involucrados en la educación, como profesores, estudiantes y asistentes de la educación, pudieran discutir y compartir sus ideas, y de este modo nutrir desde las bases el proceso de elaboración de una nueva política de enseñanza. Sin embargo, como distintos entrevistados reconocieron, el proceso participativo también cumplía otra función: ser un producto comunicacional en sí mismo, utilizando su visibilidad en los medios para sugerir la imagen de un movimiento social masivo que demanda unido una nueva política de enseñanza.
No es que el gobierno haya forzado a la ONGs a comportarse de una manera particular, sino que fueron estas mismas las que sintiéndose responsables de hacer cambios, aceptan las reglas del juego y se imponen libremente el deber de ayudar al gobierno en el logro de objetivos que son internalizados y percibido como parte de los suyos.
Esta estrategia, como explicó un miembro de la ONG que trabajó en el diseño del proceso participativo, se debía en parte a los profundos cambios en las formas de incidencia política ocasionados a raíz de los movimientos estudiantiles. Tras ellos, como señaló, aprendieron que tenían: “que hacer algo participativo porque la política educativa ya no se hacía entre los técnicos, (…) sino convocando a una base social, generando fuerza, generando economía política”. De este modo, hacer ruido y posicionar la idea de un movimiento social unido por la causa docente era aún más importante que el proceso participativo en sí mismo, porque permitía sugerir la existencia de un gran consenso al respecto, posicionando el tema en el debate público.
Todo este tema de participación fue concebido como una estrategia para dar visibilidad al tema, no fue que la participación ciudadana fuera vital en este proceso, sino más bien una estrategia política dirigida a lograr el objetivo de posicionar este tema. (Entrevista miembro Tiempo de Enseñar)
Sin embargo, como distintos miembros de la ONG explicaron, crear la imagen de un movimiento social diverso pero unido no era algo sencillo. Requería, por una parte, una aguda comprensión de marketing y comunicaciones y, por otra, la habilidad política para gestionar acuerdos y construir una propuesta de política que pudiera representar las diferentes opiniones existentes.
Un miembro de la ONG explicó esta última dificultad utilizando la imagen de un río delta, donde las diferencias ideológicas deberían minimizarse y ser controladas para facilitar el próximo debate parlamentario: «Imagínate que esto es un río delta, con miles de ramas, y tengo que demorar lo más posible que el delta se abra para que entre al parlamento, para que avance lo más posible”. Para lograr esto, según retratan los miembros de la ONG, el manejo del lenguaje jugaba un rol esencial, priorizando un lenguaje técnico y consensual que ayudaba a construir acuerdos y a mermar el significado político tras las demandas de diferentes actores. Puesto así, resulta interesante que la participación social no tiene como objetivo escuchar o dar voz a sectores comúnmente marginados de los espacios de influencia política, sino más bien, es utilizada como una estratégica orientada a la fabricación de consenso ciudadano, manufacturando la voz de la calle para reducir diferencias políticas y con ello construir la legitimidad social necesaria para facilitar la reforma del gobierno.
Cuando el Colegio de Profesores escuchaba la palabra incentivo, les chocaba, y decían de nuevo con los incentivos, están mercantilizando la carrera docente, pero si en vez de eso hablabas de un reconocimiento al ejercicio profesional de su trabajo, sugiriendo la misma medida, su reacción cambiaba. Entonces nuestro trabajo era encontrar las palabras precisas para lograr el acuerdo. (Entrevista miembro Tiempo de Enseñar)
El caso de Cambiemos la Educación revela otra trayectoria posible en este proceso de gubernamentalización neoliberal. En este se aprecia como incluso una ONG que se percibe a sí misma como critica al neoliberalismo puede, fruto de su interés por ser un actor influyente, actúa de una forma que representa y facilita su reproducción. Esto se refleja particularmente en el rol de Cambiemos la Educación durante la discusión de la ley de Inclusión Escolar, la cual buscaba eliminar el lucro, la selección y el copago del sistema escolar subvencionado. Durante los años previos a esta legislación, la ONG presionó activamente para incluir estas medidas en la agenda educacional, sin embargo, cuando el proyecto de ley propuesto por el segundo gobierno de Michelle Bachelet finalmente salió a la luz, varios de los miembros de la ONG se vieron decepcionados por el diseño de la política.
El proceso participativo también cumplía otra función: ser un producto comunicacional en sí mismo, utilizando su visibilidad en los medios para sugerir la imagen de un movimiento social masivo que demanda unido una nueva política de enseñanza.
Aún cuando creían en los objetivos que el proyecto promovía, tenían diferencias con la forma en que se pensaba implementar esta reforma. Pese a ello, sabían bien que cualquier crítica al proyecto no solo los alejaría de los espacios de influencia manejados por el gobierno sino que también sería utilizado por la oposición para deslegitimar la reforma en discusión.
En este incomodo escenario, y temiendo que el proyecto de ley corriera el riesgo de ser rechazado, Cambiemos la Educación, optó por silenciar sus críticas y enfocar sus actividades en tratar de persuadir a los ciudadanos de la importancia de apoyar el proyecto de ley.
Había una discusión interna, quedarnos más callados o salir a golpear, y al final se acordó de quedarnos callados, apoyar el proyecto como estaba y enfocarnos en que la ley saliera. (Entrevista miembro Cambiemos la Educación)
Sin embargo, la estrategia de Cambiemos la Educación, en la práctica, implicaba bastante más que guardar silencio. Por ejemplo, en sus apariciones en prensa la ONG enfatizó un discurso en el que el proyecto de ley del gobierno era enmarcado como un «remedio» para los «males» de la educación neoliberal.
Además, junto con efectuar reuniones con parlamentarios y líderes de asociaciones de apoderados con el propósito de destrabar la discusión, llevó a cabo diferentes eventos comunicacionales invitando a los ciudadanos a apoyar activamente este proceso de reforma. De este modo, y pese a los reparos que les suscitaba la política, Cambiemos la Educación uso posición estratégica como actor de la sociedad civil, para implementar una amplia gama de actividades orientadas a generar, y si esto no era posible, producir la sensación, de que existía un alto apoyo ciudadano en torno a la Ley de Inclusión. La construcción de este consenso, no obstante, tiene consecuencias significativas para el proceso democrático, pues no solo extiende la influencia del gobierno y atenúa las críticas de la oposición, sino también debilita la voz de otros actores marginados de este espacio de deliberación, como las de los movimientos sociales y organizaciones de estudiantes que por ese entonces seguían clamando por cambios estructurales, como la eliminación del financiamiento vía competencia, más profundos que los considerados en la ley de Inclusión.
Cambiemos la Educación se tiene que encargar de generar los cambios en la educación y el gobierno si bien busca esos cambios también tiene que gobernar, por eso yo creo que Cambiemos la Educación tiene más libertad para eso. Por ejemplo, en el caso de la Reforma de Inclusión nuestro rol fue intentar generar un cambio cultural que finalmente permitió empujar la reforma hacia adelante. (Entrevista miembro del directorio Cambiemos la Educación)
Así, resulta interesante como ambas ONG, aún con distintos objetivos y formas de operar, son impulsadas por una fuerza similar, que es, en sus propias palabras, el deseo por lograr “incidir en el debate público”, buscando para ello, posicionarse como representantes legítimos de la voz de la calle. Curiosamente, para los casos estudiados, el efecto de este proceso es justamente el contrario de lo que sugiere gran parte de la literatura liberal sobre el rol de la sociedad civil organizada. Lejos de pluralizar el debate público y nutrir la democracia al dar visibilidad a las ideas de actores comúnmente marginados de espacios de influencia, las ONG, compuestas mayormente por una elite social, cultural y económica, tienden a moderar la crítica social emanada desde los movimientos sociales, presentando las propuestas gubernamentales como respuestas efectivas a las demandas de la calle. De este modo, en medio del debate sobre el papel del neoliberalismo en la educación chilena, el actuar de estas ONGs no solo despolitiza el debate público debilitando la presión por cambios estructurales, sino también, representa como el neoliberalismo como forma de gubernamentalidad ha permeado en la política chilena, modelando los intereses de las ONGs invitándolas progresivamente a comportarse como agentes activos, responsables y funcionales a los intereses del gobierno de turno.
Esto no sugiere que todas las ONGs hayan perdido su capacidad crítica (…) sino, sencillamente, llama a preguntarse más seriamente quiénes son aquellos que dicen representar a la calle, y en qué medida su presencia sirve para enriquecer o debilitar el contenido profundamente político de las demandas en discusión.
Puesto así, en tiempos de movilizaciones y discusión social sobre la necesidad de una nueva Constitución, los resultados de esta investigación llaman a ser cautos, renunciado a priori a comprender a las ONGs, cualquiera sea, como legítimos representantes del sentir de la calle.
Esto, vale la pena aclarar, no sugiere que todas las ONG hayan perdido su capacidad crítica o estén de por sí, sujetas a una forma de gubernamentalidad neoliberal sino, sencillamente, que llama a preguntarse más seriamente quienes son aquellos que dicen representar a la calle, y en qué medida su presencia sirve para enriquecer o debilitar el contenido profundamente político de las demandas en discusión. El estudio, finalmente llama a su vez, a ir más allá de la comprensión que popularmente se le ha dado al neoliberalismo, entendiéndolo no solo como un conjunto uniforme de políticas públicas que convierten derechos sociales en objetos de mercado[2], sino también como un proyecto político flexible y resiliente que aspira a constituir sujetos y formas de hacer política que son afines a su reproducción y sobrevivencia.
Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). NGOs in international politics. Bloomfield, CT: Kumarian Press, Inc.
Dean, M. (1999). Governmentality: power and rule in modern society. London: SAGE.
Foucault, M. ([1978] 1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp. 87-104). Chicago: Chicago University Press.
Kaldor, M. (2003). Global civil society: an answer to war. Cambridge: Polity.
Kamat, S. (2004). The privatization of public interest: theorizing NGO discourse in a neoliberal era. Review of International Political Economy, 11(1), 155-176.
Lemke, T. (2002). Foucault, Governmentality and Critique. Rethinking Marxism, 2(3), 49-64.
Merz, S. (2013). Reforming resistance: neoliberalism and the co-option of civil society organizations in Palestine. In R. Fisher (Ed.), Managing Democracy, Managing Dissent: Capitalism, Democracy, and the Organisation of Consent. London: Corporate Watch.
Miller, P., & Rose, N. (1990). Governing economic life. Economy and Society, 19(1), 1-31.
Munck, R., & Kleibl, T. (2018). NGOs and the Political Economy of Development: An Irish Perspective. Development Studies Association Ireland (DSAI).
Petras, J., & Veltmeyer, H. (2011). Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance. New York: Palgrave McMillan.
Werker, E., & Ahmed, F. Z. (2008). What Do Nongovernmental Organizations Do? Journal of Economic Perspectives, 22(2), 73-92. doi:10.1257/jep.22.2.73
Woldring, H. E. S. (1998). State and Civil Society in the Political Philosophy of Alexis de Tocqueville. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 9(4), 363-373.
[1] En investigación social, no solo es necesario centrarse en la calidad de la calidad del conocimiento generado, sino también en si dicho proceso es acorde a ciertos estándares éticos. Uno de ellos, es buscar proteger a los informantes de cualquier posible daño producto de su participación en el estudio. De modo de reducir este riesgo, a todos los entrevistados se les aseguro anonimato. A su vez, como ambas ONG son organizaciones pequeñas, y relevar sus nombres podría facilitar la identificación de las personas entrevistadas, se opto por crear nombres ficticios para ellas.
[2] Wendy Larner (2002), en su artículo “Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality” describe con claridad diferentes usos y entendimientos del concepto neoliberalismo.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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