Por qué la derecha se resiste a tener una Convención Constitucional Paritaria

En esta columna la politóloga Javiera Arce-Riffo advierte que si la conformación de la Convención Constitucional no se resuelve antes de abril, quienes voten “Apruebo”, lo harán sin saber cómo se integrará esa Convención en términos de género, independientes o pueblos originarios. Es decir, los electores pueden llevarse la sorpresa de que respaldaron a un constituyente compuesto mayoritariamente por hombres, militantes de partido y con poca presencia indígena.

Todo indica que la discusión sobre tener o no una Convención Paritaria se postergará para marzo. Esta demora enciende las alertas por varias razones. Primero, porque se requiere tener reglas claras para comenzar a hacer las campañas y ofrecer una opción a la ciudadanía, que decidirá el 26 de abril si desea o no cambiar la Constitución y cómo (de hecho, un sector importante de quienes rechazan el cambio constitucional ya comenzó su campaña). Segundo, porque las personas merecen saber si la Convención Constituyente (si gana esa opción) significará paridad de género y adecuada representación de los pueblos originarios e independientes; o si estará integrada de una forma diferente.

El retraso se debe, en primer lugar, a que en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución no fueron incluidas cláusulas para asegurar la paridad entre hombres y mujeres; ni la participación de pueblos originarios e independientes. A pesar de que en la Comisión Técnica, instancia conformada para redactar el acuerdo en un proyecto de ley, se trató de discutir sobre estos tres temas, fue imposible llegar a acuerdo y se le entregó la misión al Poder Legislativo.

Fue así como la discusión se trasladó a la Cámara de Diputados. Y en un esfuerzo de amplios sectores –casi toda la oposición hasta una parte importante de Renovación Nacional-, se impulsaron rápidamente acuerdos para despachar cuanto antes los proyectos al Senado. Sin embargo, como es costumbre, el Senado decidió “tomarse su tiempo” y retrasar la discusión.

Como se planteó, es relevante avanzar con prontitud en estos temas para poder llevar adelante una campaña transparente frente a la ciudadanía y con la información necesaria. Sin embargo, a un grupo importante de senadores esto no le pareció un argumento sustantivo. Plantearon que se podría dejar todo pendiente hasta junio, que es el límite operativo que plantea el Servicio Electoral para poder organizar en óptimas condiciones la elección de convencionales (que se realizará en octubre, si gana el apruebo). En esa fecha se elegirán también alcaldes, concejales, y está por verse si se votará por gobernadores regionales. Si en abril aún no hay acuerdo sobre cómo se elegirán los convencionales, quienes voten por una Convención Constituyente pueden estar validando una Convención que no sea paritaria ni represente adecuadamente a los pueblos originarios o a los independientes. Esto implica el riesgo de minar desde el inició la validez de una eventual Convención.

LA AGENDA DE LA DERECHA

Fue principalmente la derecha la que detuvo la discusión sobre la composición de la Convención. Ello, tras votar en contra del mecanismo aprobado en la Cámara y que introducía la paridad en la elección de Convencionales. Según algunos dirigentes del sector, esta propuesta, que promueve la paridad a través de una estrategia doble -paridad en las candidaturas y en la asignación de escaños[1]–  “genera muchas distorsiones”. Por ello, presentaron una indicación para sustituirla.

¿Qué es lo que les preocupa? Más allá de las declaraciones de buenas intenciones a favor de la paridad, lo que al parecer les inquieta son los factores que se utilizan para asignar equitativamente los escaños. Estos factores implican ordenar las candidaturas de acuerdo a quienes obtienen escaños y asignarlos en función del sexo que se necesite para asegurar paridad en distritos pares e impares. Esta forma de asignación de escaños genera efectos inmediatos. Pero según el senador Juan Antonio Coloma, es una “fórmula electoral hecha con los pies, y que mete la mano en la urna”. El senador Andrés Allamand, usando datos de 2017, dijo luego que sería “terrible” aplicarla, pues podrían terminar siendo electas como convencionales mujeres que obtuvieron muy pocos votos. Esta afirmación, sin embargo, es profundamente engañosa pues, como se les explicó a los senadores, no se puede hacer una proyección de los resultados en las condiciones actuales[2].

La derecha acusa además que el sistema genera distorsiones, pero cuando les explicamos que todos los sistemas generan distorsiones, esgrimieron argumentos como que el mecanismo propuesto no existe en ninguna parte del mundo. Esto último no tiene mucho sentido en Chile. El sistema binominal, que tanto defendieron en algún minuto, era un experimento que solo ocurría en nuestro país, y debieron pasar 25 años para poder modificarlo. Ni hablar de enclaves autoritarios como senadores designados, que esos sí que no existían en ninguna parte del mundo, y estuvieron presentes mucho tiempo en el Congreso chileno.

VOTAR POR PARTIDOS

La discusión sobre la paridad ha mostrado que a la derecha lo que le preocupa no es necesariamente la igual representación de hombres y mujeres en la futura Convención, sino más bien dar con un mecanismo que les permita poner representantes (hombres o mujeres) que les aseguren que sus ideas sean dominantes en la discusión. Esto permitiría entender por qué, en lugar del citado mecanismo paritario, propusieron el de lista cerrada y bloqueada a nivel distrital.

¿En qué consiste esta propuesta? En que los chilenos no voten por constituyentes específicos sino por partidos, pactos o listas de candidaturas extrapartidarias. Cada partido, pacto electoral o candidaturas extrapartidarias (independientes), presentará una lista de candidaturas, que en número dependerán del total de escaños a disputar por distrito (3, 4, 5, 6, 7, 8). La disposición de las candidaturas será de manera alternada entre los sexos (si encabeza un hombre, de inmediato le sigue una mujer o al revés). El número máximo de candidatos puede excederse en tres del total de escaños a disputar (m+3), lo que implicaría hacer listas más grandes. En términos más amigables, esto implicaría que, si en un distrito se reparten 3 bancas, las listas podrían ser de hasta un máximo de 6, y así en todos los distritos.

El encabezamiento de las listas puede ser decidido por los partidos o en su defecto el Servicio Electoral podría asumir dicha labor mediante un sorteo entre las listas que se presentan en cada distrito.

Cada elector podrá escoger la opción de la lista que más le acomode. No se vota por personas, se vota por partidos, pactos o listas de candidaturas extrapartidarias.

Al final de la elección, a las listas más votadas se les adjudicarán los escaños, mediante la utilización del método de D´Hondt[3] para asignar las bancas que correspondan a cada lista.

LAS LIMITACIONES DE LA LISTA CERRADA

¿Es mala la lista cerrada? Dieter Nohlen (2006: 195) plantea que no existe un sistema electoral ideal, y que no se puede sustituir un sistema que funciona mal en la práctica por uno que funciona “bien” en lo teórico. Sin embargo, en un contexto en que la ciudadanía cuestiona profundamente a los partidos políticos, resulta un despropósito obligarles a votar por opciones cerradas en las que los partidos lideran la lista.

Las listas cerradas, además, obligan a los candidatos independientes a organizarse en una lista como si fueran un partido político (es decir hacer campaña, tener un jefe de campaña, conseguir recursos) y eso es complejo en un país como Chile, donde solo un 5% de la población milita (Servel, 2019). Al no poseer una cultura partidaria, los candidatos independientes pueden verse afectados, como ocurrió con James Hamilton esta semana, quien decidió renunciar al Partido por la Dignidad aun cuando esta renuncia podría bloquear su posibilidad de ser candidato independiente[4].

Al insistir en esta propuesta, se puede colegir que ChileVamos desea cerrar el sistema de representación política en la Convención Constitucional y reducirlo al actual sistema de representación que existe en la Cámara de Diputados. Eso, ante la amenaza de que los independientes y/o nuevos partidos instrumentales que se están creando, pulvericen el sistema actual de partidos. Este comportamiento no es nuevo. En Europa, los partidos políticos tendieron a comportarse como carteles (como los carteles económicos), para así proteger el ingreso de nuevos actores al sistema político (Katz, y Mair 1995).

Por otro lado, si bien los costos de las campañas bajarían sustantivamente, organizar una campaña electoral para opciones extrapartidarias representa una desventaja en este contexto, ya que los independientes no poseen los niveles de alcance territorial de los partidos políticos, ni el andamiaje necesario para realizar una campaña de estas características.

Por asuntos propios del sistema electoral, las listas cerradas tienden a la fragmentación partidaria o coalicional. No obstante, en este escenario, ante el desconocimiento y la escasa fuerza de la campaña política, la lista de independientes puede terminar por asfixiarse ante las opciones existentes, compitiendo en una desigualdad de condiciones.

Otro de los aspectos que poseen los sistemas electorales de lista cerrada es que se le otorga el pleno control al aparato central de los partidos para la conformación de las listas y selección de candidaturas, en desmedro de los espacios subnacionales, como las regiones y comunas, clausurando la posibilidad de que los propios partidos configuren a nivel local sus propias alianzas.

En otros temas, se puede esbozar además la siguiente hipótesis: que los partidos de derecha probablemente deseen impulsar candidaturas de intelectuales orgánicos, como ciertos profesores de derecho constitucional y cientistas políticos que por sí mismos no serían capaces de enfrentar un proceso electoral, y ante las facilidades que presenta la alternativa de la lista cerrada, se les pueda arrastrar para conformar la próxima Convención Constitucional.

En aspectos más técnicos, es posible afirmar que la propuesta de la derecha no asegura paridad. Es más, de acuerdo a datos analizados por la Red de Politólogas, aun en el improbable caso de que las mujeres encabezaran todas las listas, más de un 70% de mujeres podría terminar en la Convención, lo cual tampoco es paritario.

En esta línea, es preciso aclarar que, para que los sistemas de lista cerrada aseguren paridad, se requiere incrementar su proporcionalidad, situación que no ocurre en Chile, ya que los distritos deberían repartir como mínimo 20 bancas[5]. Quienes levantaron la propuesta, solo expusieron el ejercicio del distrito 10, que reparte 8 escaños, pero no el de los más pequeños, en donde no se obtiene un resultado paritario[6].

La propuesta de la derecha introduce la posibilidad de que el Servicio Electoral sortee encabezamientos para candidaturas, lo que tampoco asegura que, producto de esa aleatoriedad, haya más mujeres encabezando listas. Incluso este sorteo puede ocuparse como una válvula de escape, con partidos de bajo desempeño que ponen a mujeres encabezando listas en distritos difíciles de ganar o las ubiquen en posiciones en que éstas no pueden resultar electas.

LO QUE VIENE

¿Qué queda? Revisar el texto aprobado en la Cámara y probablemente buscar una alternativa mediante una Comisión Mixta. El apoyo a la propuesta de listas cerradas encontró un nulo respaldo en la oposición, por lo que se requerirá buscar mínimos comunes e incorporar las observaciones de los sectores de la derecha que deseen colaborar con la paridad.

La fórmula electoral aprobada por la Cámara en diciembre pasado, y que no tuvo quorum en el Senado, se llama asignación paritaria de escaños. Esta permite distribuir la representación política de mujeres y hombres de manera transversal en cada una de las listas de candidaturas que resulten electas. No cambia dramáticamente el sistema de votación. En cambio, la propuesta de la derecha representa una transformación revolucionaria en la cultura política de nuestra ciudadanía, que no está acostumbrada a votar de esa forma. La asignación paritaria de escaños fue diseñada para resguardar el principio fundamental del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, de manera que no se tocara el sistema electoral. A pesar de ello, el sector de la derecha  que está por un rechazo a la Nueva Constitución, propone un sistema que altera por completo el compromiso del acuerdo

Según los resultados de la encuesta CEP de enero de 2020, sólo un 2% de los chilenos confía en los partidos políticos. El margen de error de esa encuesta es de un 3%, es decir, esta confianza institucional puede ser igual a 0%. Por ello, resultaría paradójico alentar a la ciudadanía a concurrir a las urnas, a votar por un plebiscito en que se plantee que el control político completo de las elecciones a la Convención Constitucional recaerá sobre los partidos políticos. En un escenario como ése, teniendo además voto voluntario, es altamente probable que la participación electoral se reduzca al mínimo.

Si la ciudadanía no se pone firme y exige paridad, es altamente probable que se apruebe la paridad de entrada, esto es, en las candidaturas, pero no en la salida, que es lo más importante. Dado que es un evento extraordinario, la Convención Constitucional requiere medidas efectivas.

NOTAS

REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.