El “Nunca Más” que nunca fue: análisis de los cuatro informes sobre Derechos Humanos tras el 18/O

Académicos de la Universidad de Chile y de Santiago analizaron los cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se emitieron en estos 60 días. Examinaron coincidencias, discrepancias, fuentes usadas, heridos consignados y responsabilidades atribuidas, entre otros ítemes. Sostienen que, pese a sus diferencias, los cuatro reportes se complementan y muestran un panorama crítico. La fuerza y rapidez con que las violaciones a los Derechos Humanos se esparcieron, llevan a los autores de esta columna a sostener que “el Nunca Más, por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue”.

* El informe fue elaborado por un grupo de investigación sobre justicia y violaciones de derechos humanos de la Universidad de Chile y USACH dirigido por los académicos María José López y José Santos e integrado por estudiantes de posgrado. 

La reciente publicación de los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, pone sobre la mesa -con datos y evidencia contundente- la delicada situación vivida en Chile desde el 18 de octubre.

Los abusos fueron denunciados desde los primeros días por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Amnistía Internacional[1] también monitoreó los hechos desde el comienzo. El 24 de octubre, Amnistía envió un equipo regional para documentar e informar sobre la situación y casi un mes después, el 21 de noviembre emitió un informe que denunció la existencia de graves violaciones a los DD.HH.

Ante las continuas denuncias del INDH y de Amnistía, el gobierno solicitó la visita de dos entidades internacionales para observar y revisar la situación: Human Rights Watch[2] y la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

El informe de HRW fue presentado el 26 de noviembre. Adicionalmente, el 6 de diciembre, la CIDH (órgano principal y autónomo de la OEA) emitió un tercer informe, más breve, y que se basa en gran medida en los dos anteriores. Finalmente, el esperado cuarto informe de la ACNUDH salió a la luz el pasado 13 de diciembre.

Estos cuatro informes fueron recibidos y tratados de manera muy disímil por parte del gobierno. El primero -de Amnistía Internacional- fue tajantemente rechazado en sus cifras, metodología y recomendaciones, mientras que el segundo -de Human Rights Watch– fue bien recibido y valorado aludiendo a los mismos aspectos por los que fuera rechazado el primero.

Los informes siguientes fueron recogidos, tanto por el gobierno como por Carabineros, valorando las recomendaciones, pero discutiendo las cifras y eludiendo hacerse responsable frente a los crímenes denunciados.

Lo más relevante de estos informes es, a nuestro juicio, el diagnóstico que comparten: las Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente Carabineros, han cometido graves violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, tanto en las calles como durante las detenciones. En lo que sigue, analizaremos comparativamente cómo estos informes abordan el actuar de las fuerzas de seguridad, estableciendo coincidencias y divergencias en lo relativo, principalmente, a sus recomendaciones y asignación de responsabilidades.

COINCIDENCIAS

Los informes reconocen de manera clara, basándose en información y evidencia sólida, la existencia de graves violaciones a los DD.HH. en diversas zonas del país desde el 18 de octubre.

En el caso de Amnistía, se las caracteriza como: “violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad”. Por su parte, en el informe de HRW se afirma que: “miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos”; mientras la CIDH manifiesta su “grave preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos”. En el caso de la ACNUDH se indica, una vez más, que “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.

Para estos informes, estas graves violaciones, crímenes y abusos no son hechos aislados o excesos individuales. Por el contrario, estaríamos frente a conductas “generalizadas” (Amnistía) o masivas, de carácter repetitivo (CIDH), que involucran a “miles de personas” (HRW), y que “son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas” (ACNUDH).

Más allá de la extensión -en cuanto al número de personas afectadas-, lo que determina que estos hechos no puedan ser considerados aislados es que son recurrentes, coordinados y no se corrigen en el tiempo.

Uno de los aspectos en los que se centran los informes es el mal uso de armas tanto letales como no letales. Se habla, en efecto, de un uso indiscriminado de armamento letal por parte del Ejército y, en menor medida, por Carabineros y PDI (Amnistía), como también de un uso indebido de escopetas de perdigones y municiones llamadas bean bag por parte de Carabineros (HRW).

Se recalca a este respecto la falta de gradualidad, proporción y aviso (CIDH y ACNUDH) en el uso de la fuerza. Con detenido énfasis se denuncia, además, el uso incorrecto y alarmante de armas no letales, como escopetas de perdigones de goma -que resultaron no ser del todo de goma- o de gases lacrimógenos, que en manos de Carabineros y disparados directamente al cuerpo de los manifestantes -sin apego a las instrucciones de uso-, terminan convirtiéndose en armas potencialmente letales o al menos capaces de generar lesiones graves (ACNUDH). Asimismo, todos los informes expresan especial preocupación por la perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares.

También hay amplia coincidencia en el tipo de acciones abusivas que comete específicamente Carabineros en situaciones de detención.

Abusos, malos tratos, hacinamiento, golpizas, desnudamientos, torturas, simulacros de ejecuciones y distintas formas de violencia sexual parecen ser la tónica de las prácticas policiales en el contexto de las detenciones.

Especial énfasis ponen los informes en la violencia sexual sobre grupos históricamente discriminados: mujeres, niños y niñas y personas pertenecientes a la comunidad LGTBI+. Se habla particularmente de violencia y vejaciones injustas contra la niñez. Asimismo, se identifica el sesgo hacia estos grupos vulnerables en el ejercicio de violencia sexual.

Se denuncia “el uso de insultos y lenguaje sexista por parte de Carabineros y del Ejército contra las mujeres” (ACNUDH), a lo que se añade que “los Carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres” (HRW). Este mismo informe sostiene el uso de la violencia sexual como forma de “castigo” frente, por ejemplo, a la condición LGTBI+ de la víctima.

Un aspecto poco detallado, pero en el que todos los informes reparan, es la obstrucción de Carabineros a la labor de observadores de derechos humanos y a la atención que presta personal médico en el transcurso de las manifestaciones. ACNUDH, por ejemplo, señala respecto de las y los trabajadores de la salud, que: “En varios casos Carabineros les habría disparado o arrojado gases lacrimógenos mientras prestaban asistencia de primeros auxilios a los manifestantes heridos”.

En cuanto a las recomendaciones, los informes coinciden en la importancia y urgencia de una reforma radical -al menos- de la institución de Carabineros. Esta institución debe revisar tanto aspectos de su formación, manejo y selección de armas, apego a los protocolos y prácticas de control del orden público, como también los mecanismos de control interno de los procedimientos de detención vigentes.

DIVERGENCIAS

Advertidas ya las fundamentales coincidencias entre los informes, resulta preciso constatar ahora sus divergencias, construyendo así un cuadro general que permita ponderar, en su justa medida, la relevancia del diagnóstico común.

En primer lugar, los informes guardan diferencias metodológicas en lo relativo a sus fuentes documentales. En efecto, y aunque la mayoría de ellos trabaja sobre la base de cifras proporcionadas por el INDH y Fiscalía, con los testimonios de víctimas y testigos, y apoyándose en material fotográfico y registros audiovisuales, HRW recoge además expresamente las voces de la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de Salud, de médicos y abogados, del gobierno y, de modo marcado –mas no necesariamente positivo para la propia institución-, de Carabineros.

El informe de la CIDH, por su parte, no considera testimonios de víctimas, pero sí apunta constantemente a las reacciones del gobierno (declaraciones, compromisos, oficios, proyectos de ley) frente a los hechos denunciados. Finalmente, el informe elaborado por el equipo de ACNUDH es el más completo en términos de fuentes: visitó 7 regiones del país, se reunió con decenas de autoridades públicas y con más de 300 miembros de la sociedad civil, y, además, realizó 235 entrevistas con víctimas y 60 entrevistas con Carabineros activos.

En segundo lugar, de manera más evidente, los informes exhiben diferencias de contenido referidas a la categorización, explicación y proyección de la crisis de derechos humanos.

Así pues, al diagnóstico compartido que declara la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros, Amnistía suma la presencia de hechos catalogables como crímenes de derecho internacional y recalca con énfasis el rol victimario de militares durante el Estado de Emergencia. Adicionalmente, Amnistía enmarca las violaciones de derechos humanos en una política cívico-policial deliberada, intencional y sostenida de daño y castigo a manifestantes. Afirma la existencia de un patrón de tipo y modo de violación y de una coordinación en la represión.

En lo relativo a este aspecto preconcebido y metódico de los ataques, HRW y la CIDH no se pronuncian. Sin embargo, de ambos informes sí podría desprenderse que se admite intencionalidad individual en la acción de ciertos Carabineros, al dar cuenta, por ejemplo, de disparos de armas antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes. Amnistía señala también, explícitamente, el carácter generalizado de las agresiones. A este respecto, aunque HRW y la CIDH no se pronuncian, sí es posible inferir tal categoría a partir de la lectura de los informes y sopesando la magnitud de las cifras que exponen. Cabe destacar que el informe de la CIDH se detiene, casi a modo de caso paradigmático, en la situación de violencia indiscriminada padecida en la población Lo Hermida de Peñalolén, Región Metropolitana.

Amnistía explica las violaciones ocurridas como parte de una práctica ideada para desincentivar la protesta -incluso la pacífica- y como un ensañamiento injustificado de las fuerzas de seguridad. De ahí su insistencia en la necesidad de evidenciar e investigar las responsabilidades (responsabilidad penal individual) de los mandos civiles y policiales, y particularmente del Presidente, en la perpetuación de la situación de crisis.

ACNUDH resalta que la forma en que se reprime la protesta atenta contra el derecho humano a reunión y asamblea pacífica, pero no asigna intencionalidad de producir un efecto ulterior en la población. HRW, por su parte, encuentra la explicación de las violaciones en la ignorancia o incumplimiento de los protocolos por parte de Carabineros y en las alarmantes deficiencias institucionales de control y supervisión de los uniformados. De ahí que en este informe no se sugieran responsabilidades penales para el mando político. La CIDH, por su lado, no entra en una consideración explicativa de los hechos y solo habla a modo general de presuntos responsables, sin especificar su estatus policial o político. Además, se detiene a reafirmar la solidez de la institucionalidad democrática y de DD.HH. del país.

El informe de ACNUDH, a diferencia de los otros, consigna las acciones que el gobierno declara haber realizado como medidas generales para enfrentar la situación de derechos humanos. Sin embargo, en el caso específico de los reiterados daños oculares a los manifestantes, señala que “hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”. De este modo, la ACNUDH hace una imputación fundada de responsabilidad a las autoridades políticas por estas violaciones de derechos humanos.

En el campo de las recomendaciones, las de Amnistía son multifocales, poco detalladas, pero radicales. Además de una reforma aguda a la policía, el organismo llama a un cese inmediato de la represión, a una investigación judicial de las responsabilidades de mando, a reformas estructurales relativas a derechos económicos y sociales, y a dar inicio a un proceso constitucional inclusivo.

Las recomendaciones realizadas por HRW, mientras tanto, se orientan de modo exclusivo a la esfera policial, ya buscando desactivar prácticas (uso de perdigones, desnudamientos, arbitrariedad de detenciones), ya promoviendo implementar otras (uso de cámaras, nuevo sistema disciplinar, nuevo protocolo para revisiones médicas). Resalta, además, la preocupación de HRW por el aseguramiento de óptimas condiciones laborales para Carabineros.

Por su parte, las recomendaciones de la CIDH -que más bien son recordatorios- apuntan a un cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, a una reforma institucional de Carabineros, a un fortalecimiento de las instituciones de protección de los DD.HH. y a una promoción del diálogo social.

ACNUDH coincide con lo señalado en los otros informes sobre la necesidad de reformas a las fuerzas de orden y seguridad, pero agrega recomendaciones de carácter estructural sobre los derechos humanos en Chile. Entre ellas sobresale aquella referente al proceso constituyente, que sugiere “que sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”. Además se destaca la recomendación de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Finalmente, los informes difieren en su actitud discursiva.

El de Amnistía manifiesta –desde su título- el propósito de denunciar. Se vale de una constante y punzante adjetivación para marcar la gravedad de los hechos acusados. Asimismo, sostiene una mirada crítica sobre el proceder de las autoridades políticas y de seguridad. El informe de HRW, por su parte, procura ante todo informar y recomendar. Se vale de un lenguaje condicional frente a casos de posibles violaciones aún no resueltas judicialmente y, sin caer necesariamente en la liviandad, discurre cuidándose de no juzgar o valorar dudosas acciones policiales de carácter procedimental o administrativo.

El informe de la CIDH, más condensado que los anteriores, busca informar hechos, recordar acuerdos y protocolos, y celebrar reacciones gubernamentales o judiciales. Se vale de un tono neutro y formal, y se esfuerza por mantener una posición de imparcialidad frente a los sucesos de violencia.

ACNUDH es el informe más extenso en sus fuentes, casos y actores entrevistados y realiza una exposición más acabada de las denuncias incluyendo calificaciones jurídicas más precisas. Expresa un tono moderado, que sin emitir juicios definitivos y recurriendo a la cita textual de testimonios de víctimas, indaga en profundidad las implicancias políticas y penales de los hechos acontecidos.

Resumen de cifras entregadas por los informes

CONCLUSIONES

Al día de hoy la situación de DD.HH. en Chile puede ser calificada de crítica. Las conclusiones ofrecidas por los cuatro informes referidos en este texto fundamentan esta afirmación de manera consistente. A pesar de sus diferencias estos reportes se complementan y construyen un panorama exhaustivo y acabado de la delicada situación en materia de derechos humanos que vivimos actualmente en nuestro país. A partir de lo planteado, quisiéramos enfatizar dos puntos que revisten una gravedad extrema y que, a la vez, plantean enormes desafíos actuales y futuros para Chile.

La sola constatación de la ocurrencia de graves violaciones a los DDHH, acaecidas desde el 18 de octubre, representa en sí misma una situación de suma urgencia que debe ser corregida, investigada y reparada. Según plantean los informes, estas violaciones se han concentrado especialmente en dos ámbitos. Primero, en lo que atañe al uso indebido y desproporcionado de armas no letales- por parte de Carabineros de Chile, percutadas hacia el cuerpo de las y los manifestantes (balines, perdigones y bombas lacrimógenas) de manera reiterada en el tiempo.

En segundo lugar, en el campo desregulado de las detenciones, ámbito en el que -como hemos visto- se han documentado actos vejatorios de tipo sexual, uso desmedido de la fuerza y torturas, en un contexto en el que los procedimientos para la detención y retención de personas son poco transparentes, carentes de revisión y control interno. En este sentido, resulta importante destacar que el informe ACNUDH hace mención a la recurrencia de abusos de tipo sexual contra mujeres, niños, niñas y disidencias sexuales, perpetrados por Carabineros, actos en los que se expresa, además, una discriminación específica propia de la cultura patriarcal. Incluye entre sus recomendaciones al Estado de Chile, la obligación de hacerse cargo de esta situación de manera particular, enfatizando la gravedad que reviste la violación de los DD.HH. de la infancia. El reporte señala que el 10% de los detenidos en las manifestaciones son niños y niñas, una cifra sin precedentes, y que transgrede los tratados internacionales suscritos por Chile.

Otro aspecto preocupante en extremo lo constituye la actitud asumida por el gobierno respecto al tema de DD.HH. en general y a los informes en particular. Se ha podido observar que en el discurso público del gobierno ha primado sobre todo la preocupación por el orden y el resguardo de la propiedad privada y pública, antes que la defensa de los derechos de las personas. De igual manera, la reacción del gobierno ante la publicación de los informes ha estado caracterizada por el negacionismo y el cuestionamiento, tanto a las metodologías, como a las conclusiones que los documentos exponen. Así, respecto al informe elaborado por Amnistía Internacional, el mismo día de su publicación el gobierno negó su validez a través de declaraciones emitidas por la subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, quien se hizo presente en los medios de comunicación solamente para cuestionar públicamente las conclusiones presentadas por el organismo internacional. Asimismo, Carabineros de Chile refutó las conclusiones del informe de HRW, discutiendo, principalmente, la cantidad de lesionados, la cifra de personas fallecidas por responsabilidad policial y los casos de abusos sexuales.

La información presentada por estos reportes reafirma que las policías han cometido graves violaciones a los DD.HH. que se han multiplicado en el tiempo. Esto especialmente en el caso de Carabineros de Chile, institución que, además de refutar públicamente los resultados del trabajo de organismos internacionales (Amnistía, HRW), ha atacado a personal defensor de los DD.HH. (ACNUDH, INDH), a trabajadores de la prensa nacional y extranjera, y ha transgredido sucesivamente protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza, gestión de reuniones masivas, uso de armas no letales (balines, perdigones, gases), maltratos y torturas a personas detenidas, violencia sexual, derechos de los niños/as y registro y control de detenciones (Amnistía, HRW, CIDH, ACNUDH).

La gravedad de este comportamiento y de sus consecuencias, demanda un esfuerzo colectivo que apunte a la comprensión de lo que está ocurriendo, con el objetivo de llegar a alguna explicación que nos acerque a posibles soluciones. Los informes ofrecen algunas interpretaciones iniciales, no pretendiendo explicarlo del todo.

Lo cierto es que más allá del contexto inmediato, la ocurrencia de estas graves violaciones a los DDHH durante la crisis aún en curso y la reacción del gobierno y de Carabineros de Chile, son consecuencias de que en Chile no ha existido una política relativa a la violación a los DDHH que actúe en los distintos niveles en los que un problema de este tipo exige ser tratado: promoción, prevención, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición. La consecuencia evidente de ello es que los atentados contra los DDHH por parte de agentes del Estado durante los últimos 30 años no ha sido excepcional.

Una vez finalizada la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado ha respondido de manera insuficiente en el ámbito de los DDHH. Algunos puntos de conflicto en este sentido lo constituyen: una política de reparación parcial basada en información proporcionada por las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, resguardando el secreto y el silencio de las FF.AA. y de Orden; la mantención de colaboradores directos de la dictadura en el aparato del Estado, en las grandes empresas y en el mundo político y la aplicación de justicia solo en casos excepcionales. Asimismo, en lo que respecta al período 1990-2018, agentes del Estado de Chile se han visto implicados en una serie de casos de violaciones a los DDHH, en los que, en su mayoría, no han operado procedimientos claros en cuanto a la investigación de los hechos, sanción a los implicados y reparación a las víctimas.

A la luz de lo dicho, la única conclusión posible es que el “Nunca Más” por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue.

Se ha visto constantemente cómo las instituciones estatales han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos. Estas prácticas incluyen acoso, discriminación arbitraria, amenazas, tortura y tratos crueles, violencia sexual, violación de derechos de niños, y una larga serie de tristes actos cometidos permanentemente en democracia por parte de las fuerzas policiales. Todo esto bajo el amparo de un discurso del orden y la lucha contra el “terrorismo” y la delincuencia común. Por su parte, la prensa ha legitimado este discurso y contribuido al silenciamiento de estos temas.

Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado con particular vigor sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en el Wallmapu) y los movimientos estudiantiles. Casos emblemáticos como los de Pedro Ortiz, José Huenante, Daniel Menco, Claudia López, Johnny Cariqueo, Alex Lemún, Matías Catrileo, Lorenza Cayuhán, Brandon Hernández Huentecol y Camilo Catrillanca, entre muchos otros, en los que los agentes del Estado actuaron violando los derechos humanos en la ejecución de actos como tortura, uso excesivo de la fuerza o asesinato; constituyen una prueba flagrante de este hecho.

Lo cierto es que la política de Derechos Humanos durante los primeros años de la llamada transición estuvo jalonada por la acción de los movimientos sociales, agrupaciones de familiares y organizaciones de la sociedad civil, sin que ello diera lugar a una reestructuración de las FF.AA. y de Orden como principales actores en los hechos ocurridos durante la dictadura, con el objeto de diseñar una política robusta de prevención de violaciones a los derechos de las personas. Así, durante las últimas tres décadas, el Estado de Chile ha mantenido una serie de resabios dictatoriales, tanto en el ámbito de los procedimientos de control de la protesta social, como en el de las políticas de seguridad y orden público, en la medida que la perspectiva de DDHH no ha sido central para su accionar. Es decir, hubo un abandono consciente por parte de los gobiernos civiles de las tareas indispensables para la conformación de un Estado de derecho y un régimen democrático, que garantizara que las atrocidades de la dictadura no siguieran ocurriendo.

NOTAS

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