Estos son los casos de encubrimiento que dejaron al cardenal Ezzati al borde de la formalización

Un patrón de encubrimiento de religiosos acusados de abusos sexuales contra menores era la apuesta del Ministerio Público para formalizar al cardenal Ricardo Ezzati. La Fiscalía detectó al menos cinco casos en los que el prelado no dispuso la realización de la «investigación previa» al interior de la Iglesia, lo que resta posibilidades de iniciar una persecución penal. El equipo que preparaba esta acción estaba comandado por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, apoyado en un informe del penalista Juan Pablo Mañalich. Pero el proceso entró al congelador cuando Arias fue suspendido en mayo pasado por una investigación administrativa en su contra, paralizando el inminente procesamiento del cardenal.

El 6 de enero de 2011, apenas 22 días después de que Ricardo Ezzati asumiera como arzobispo de Santiago, comenzó a gestarse el primer caso de encubrimiento de abusos sexuales contra menores que enlodan el historial del también cardenal. En esos primeros días de 2011, el presbítero Juan Salvador Riveros Silva se auto denunció ante el entonces canciller del arzobispado capitalino, Hans Kast. En el encuentro, Riveros relató que el día anterior había llegado a la Parroquia San Mateo, donde él era párroco, uno de sus ahijados de confirmación: L.T. Su mensaje fue claro: “Quiero ir a lo concreto. Cuando yo una vez me quedé en tu casa en la Parroquia San Diego, tú entraste a mi pieza y me besaste las piernas y me tocaste los genitales”.

Riveros negó ante Kast esta acusación, señalando que “existía un respeto y cariño por ser la víctima su ahijado”. Dijo que lo había conocido en 1992, cuando el entonces niño se preparaba para la confirmación. Durante ese período, relató el presbítero, L.T. se quedó unas dos o tres veces a alojar porque vivía lejos y se le hacía tarde.

Cinco días después, Hans Kast –hermano mayor del político José Antonio Kast y el primer sacerdote que denunció los abusos de Fernando Karadima– envió los antecedentes al entonces recién nombrado arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Pero, según los datos recogidos por el Ministerio Público, no quedó constancia alguna de que Ezzati haya instruido la realización de lo que se llama “investigación previa”: una indagatoria interna de la Iglesia Católica que obligatoriamente deben encargar los obispos cuando se enfrentan a denuncias por abusos. La Fiscalía no encontró pruebas de que Ezzati haya cumplido esa norma en este caso y, por lo mismo, incluyó la acusación contra Riveros entre los episodios por los cuales el cardenal y ex arzobispo quedó a un paso de ser formalizado.

Hans Kast, ex canciller del Arzobispado de Santiago.

Cuatro casos son prácticamente desconocidos hasta ahora y se suman a otros tres que ya habían mermado la imagen de Ezzati: el del ex canciller del arzobispado metropolitano, Óscar Muñoz Toledo; el del presbítero Jorge Laplagne y una de las aristas de las denuncias contra Karadima.

La formalización era preparada por un equipo comandado por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias. Pero el proceso entró al congelador cuando Arias fue suspendido en mayo pasado por una investigación administrativa en su contra, paralizando el inminente procesamiento del cardenal.

CIPER accedió a una serie de documentos confeccionados por el Ministerio Público bajo la investigación de Arias, entre ellos una minuta con una síntesis de los casos por cuales estaba a punto de formalizar a Ezzati, confeccionada sobre la base de antecedentes incautados en una serie de allanamientos a dependencias obispales, testimonios de afectados y acusados, así como un informe en derecho y varias minutas elaboradas por el director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich. La Fiscalía estimaba que el reporte del abogado le daba piso para formalizar a Ezzati y a otros obispos acusados de encubrimiento (vea en el recuadro las conclusiones del académico).

Aún pendiente, el llamado “caso Iglesia” que llevaba Arias (y que incluye la situación de Ezzati), hoy está en manos de la Fiscalía Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz. La última noticia sobre este proceso ocurrió hace un par de semanas: según consignó La Tercera, en la investigación conocida como “la cofradía” no se acreditaron ni afectados ni delitos, por lo que fueron sobreseídos los dos últimos párrocos que permanecían imputados, de los 14 formalizados inicialmente.

NORMATIVA CLAVE

Los casos de religiosos acusados de abusos sexuales a menores que la Fiscalía contemplaba agregar a los encubrimientos que ya rondaban a Ricardo Ezzati, tienen en común que en ninguno de ellos consta que se haya realizado la investigación previa, que debe determinar si la denuncia es verosímil.

Según explica el análisis de Mañalich en una de sus minutas, la normativa clave para la Iglesia en estos casos se rige por los procedimientos que se encuentran regulados en el Código de Derecho Canónico, a partir del Canon 1717. Sobre esta base, los obispos deben cumplir la siguiente obligación: “Siempre que el Ordinario (obispo) tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”. La documentación que planeaba presentar el Ministerio Público con los nuevos casos para formalizar a Ezzati, indicaba que en ellos el prelado no había cumplido con esta obligación.

Ricardo Ezzati, cardenal de Santiago.

Además del Código Canónico, el documento más importante en torno a delitos sexuales contra menores emanado de la Conferencia Episcopal es el “Protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores”, de 2003 y actualizado en 2011. Esta normativa establece que el obispo tiene obligaciones concretas al conocer la posible comisión de un delito de naturaleza sexual:

“Le corresponde (al obispo) investigar en caso que tenga noticia al menos verosímil de la ocurrencia de un delito. Debe por tanto, investigar con cautela, tanto los hechos, como las circunstancias y la eventual imputabilidad por ello, salvo que se trate de una noticia manifiestamente falsa o bien se encuentre suficientemente acreditada, por ejemplo, a través de la admisión de la conducta por parte del clérigo”.

El protocolo agrega que “debe entenderse por noticia cualquier testimonio o denuncia formal, así como una declaración escrita. Si no es por vía formal, también pueden considerarse noticias aquello que podría ser indicio que, confrontado con otros, conduzcan al inicio de una investigación previa”.

EZZATI EN LA MIRA DE LA FISCALÍA

Además del ya señalado caso del presbítero Juan Salvador Riveros Silva, la Fiscalía concluyó que tampoco hubo investigación previa en la denuncia que involucra al párroco Augusto Rojas Valdivia. Esto, a pesar de que el 5 de mayo de 2011, Hans Kast recibió una denuncia de J.S., quien acusó a Rojas de haberlo abusado sexualmente entre 1974 y 1978, cuando tenía entre 14 y 17 años.

La versión consignada en la minuta del Ministerio Público indica que la víctima empezó a sufrir insinuaciones y tocaciones cuando tenía 14 años, y que a los 15 el agresor lo habría violado. J.S., quien vivía en la población Robert Kennedy de Estación Central en Santiago, donde la Congregación de los Asuncionistas -a la que pertenece Rojas- tenía una comunidad, relata que esto sucedió muchas veces y que después también pasó en la Parroquia de Lourdes.

El 13 de mayo de 2011, Kast envió la denuncia al jefe provincial de los asuncionistas, Juan Carlos Cisternas, para que evaluara una eventual investigación previa. Un mes después, el 9 de junio, envió copia de la denuncia a Ricardo Ezzati. Posteriormente, el superior de la congregación anunció que realizaría esa investigación previa.

Seis meses después, el 30 de noviembre, el delegado diocesano Cristián Castro, señaló a Ricardo Ezzati que la víctima no había tenido acompañamiento ni información por parte de la congregación, por lo que –ante la gravedad de las denuncias– se comprometió personalmente a indagar los pasos dados por parte de los asuncionistas, para mantenerlo al tanto.

Según la Fiscalía, Castro preguntó a Ezzati por la adopción de “medidas cautelares”, dado que Rojas seguía siendo párroco de Nuestra Señora de los Ángeles en El Golf (Las Condes, Santiago) e integrante del Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación. Frente a esto, Ezzati le respondió que había que orientar al denunciante hacia la Congregación de los Asuncionistas.

Según la documentación reunida por la Fiscalía, ni la Congregación de Asuncionistas ni el Arzobispado de Santiago, liderado entonces por Ricardo Ezzati, realizó la investigación previa.

El Ministerio Público planeaba argumentar que en este caso Ezzati podría haber iniciado la investigación previa, basándose en el documento eclesial más importante en esta materia: el “Protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores”, emanado de la Conferencia Episcopal. La Fiscalía, citando un informe en derecho de Juan Pablo Mañalich, señala que efectivamente el protocolo establece que “si la denuncia afecta a un clérigo que pertenece a un instituto de vida consagrada o una sociedad de vida apostólica el responsable de iniciar la investigación previa es el Ordinario propio (el obispo)”. En todo caso, el glosario del mismo protocolo señala que puede entenderse como «ordinario» al jefe de un instituto de vida consagrada.

Consultado por este caso, el arzobispado respondió por escrito a CIPER que Rojas “pertenece a la Congregación Agustinos de la Asunción, por tanto, a la Arquidiócesis de Santiago no le corresponde iniciar un proceso en su contra. La denuncia recibida en 2011 fue puesta en conocimiento del Superior Provincial de la Congregación”.

Sobre el auto denunciado Juan Salvador Riveros , la arquidiócesis explicó que “la constancia de 2011 que él mismo dejó en la Cancillería del Arzobispado de Santiago -no hubo denuncia- está en manos de la Fiscalía. Actualmente, desde 2018, el sacerdote se encuentra con restricción del ministerio sacerdotal y fijación de domicilio por un proceso canónico en curso por una materia de naturaleza distinta a la constancia de 2011. El Arzobispado de Santiago no tiene mayores antecedentes de la acción del Ministerio Público”.

CARTAS SIN ECO

Según detallan las minutas realizadas por el Ministerio Público bajo el liderazgo de Emiliano Arias, ese mismo 2011, paralelamente a las primeras denuncias que recibió Ezzati, también empezaron a llegarle cartas de María de los Ángeles Ovalle.

En ellas, le solicitaba “caridad y verdad” por parte de la Iglesia frente a las denuncias de abusos hechas en el caso de la Madre Paula, de la Congregación de las Ursulinas. También agregaba nuevos datos, referentes a actitudes impropias de sor María Isabel (María Constanza Edward Correa) y sor Josefina (Clarina Hurtado Zolezzi) con alumnas del colegio en 2005 y 2006.

Ovalle señalaba a Ezzati que “desde marzo de este año usted tenía esta información, en una carta mía que le llegó de parte del padre Francisco Astaburuaga. Después del relato de Mónica Salinas (víctima de Sor Paula) usted afirmó públicamente que era de su competencia revisar lo que sucedía en los colegios de la Orden. El resultado de la investigación fue declarar que no se podía considerar abuso lo vivido por Mónica y se cerró desde el arzobispado rápidamente toda investigación en los colegios”.

En 2012 María de los Ángeles volvió a la carga, recordándole a Ezzati sus obligaciones canónicas: “Los hechos expuestos en la carta dejada en la cancillería del arzobispado, se refieren a conductas impropias de sor María Isabel y Sor Josefina con alumnas del colegio, en actividades escolares, correspondientes a las obras apostólicas de la congregación, lo cual indica que sí es de su competencia realizar la investigación que debió iniciar desde el primer momento en que tuvo conocimiento de estos hechos, hace ya un año y cuatro meses”. Esto porque, de acuerdo a Ovalle, “según lo aclarado por usted mismo ‘aunque el arzobispado no tiene tutela jurídica sobre el monasterio Santa Ursula, por ser sui iuris, sí la tiene sobre las obras apostólicas de la congregación’”.

Recién en junio de 2012, Ezzati envió a las Ursulinas de Maipú la carta en que María de los Ángeles Ovalle hacía estas denuncias y que había dejado en la cancillería del arzobispado.

En este caso, la Fiscalía pretendía acusar de encubrimiento a Ezzati debido a que no existía constancia de investigaciones realizadas por las acusaciones contra sor Josefina ni sor María Isabel, pese al diálogo epistolar con la denunciante.

En este sentido, la investigación de Arias consideró que Ezzati incumplió la obligación que recae en el obispo sobre los establecimientos educacionales, contemplada en el protocolo de 2011. Además, la Fiscalía argumentó que el obispo podía haber iniciado la investigación previa.

En enero de 2019 el Ministerio Público consultó por correo electrónico a sor Mateja Korsic, representante de las Ursulinas en Chile, si se investigaron las denuncias hechas contra sor Paula. La respuesta da cuenta que Ezzati no quiso seguir con la investigación:

“Las hermanas recuerdan una (que) otra investigación hecha por (el) arzobispado en la persona de vicario de la educación Juan Francisco Pinilla por los (sic) denuncias de Mónica Salinas. De este asunto no hay ningún informe en nuestros archivos. Hay solo imprimida (sic) noticia de El Mercurio de 10 de mayo de 2011 con información que Monseñor Ezzati decidió no proseguir esta investigación, la cerró y entregó a fiscal que lo pidió”, detalla el correo de respuesta de Korsic.

Consultado por estas denuncias, el arzobispado indicó por escrito a CIPER que “la Orden de Santa Úrsula es un Monasterio de Derecho Propio, por lo que el Arzobispado de Santiago no tiene competencia sobre él, sino directamente la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede. Las denuncias que se han recibido fueron puestas en conocimiento de la autoridad eclesiástica correspondiente. Los antecedentes están en Fiscalía”.

ABUSOS DESDE QUE FUE ORDENADO SACERDOTE

Otro de los casos que la Fiscalía planificaba incluir en la formalización de Ezzati, es el que involucra al sacerdote Héctor Domínguez Muñoz. Según el Ministerio Público, Domínguez habría sido acusado de “abusos deshonestos contra menores de edad” desde su ordenación. Estas situaciones habrían sucedido en las parroquias de Peñalolén y La Granja, donde fue destinado mientras era sacerdote de la diócesis de Santiago.

El 23 de junio de 2011 el entonces canciller del Arzobispado de Santiago, Hans Kast, y el vicecanciller Jorge Sáez Lascani enviaron una carta a Ricardo Ezzati indicando la conveniencia de iniciar una investigación canónica previa contra Domínguez por la serie de antecedentes que se tenían de él.

Adjunto a la carta iba un manuscrito que había sido enviado al cardenal Francisco Javier Errázuriz en marzo de 2008 que denunciaba abusos, por lo menos, desde 2001. señalaba que “unas personas fueron donde el Vicario acusando al padre Héctor de abusos deshonestos con menores de edad, problema que fue aclarado y solucionado en su oportunidad”. Además, le señalaron a Ezzati que en enero de 2008 dos catequistas de la parroquia Santa Clara indicaron que, entre 2001 y 2003, vieron a un papá que le reprochaba a Domínguez el haber abusado de sus hijas. Y le sugirieron pedir información a estos testigos.

El entonces vicario judicial Jaime Ortiz de Lazcano, según los documentos del Ministerio Público, supo de estos antecedentes de presunto abuso sexual debido a que Ezzati le encargó tramitar un proceso de dispensa de obligaciones clericales de Domínguez, por lo que accedió a sus antecedentes históricos en la Cancillería. Así se enteró de la existencia de documentos firmados por Hans Kast y Jorge Sáez Lascani, donde aparecen varios testimonios de tocaciones y besos que el sacerdote habría protagonizado con tres jóvenes de 15, 16 y 17 años, entre otros.

En la declaración que el sacerdote Elías Hidalgo dio a la Fiscalía el 8 de noviembre de 2018,  ratifica los antecedentes entregados por Sáez Lazcani, añadiendo que cerca del año 2010 se enteró de que Domínguez habría tenido conductas impropias con una niña, de iniciales S.M.U. -que en ese tiempo tenía unos 16 años- que participaba activamente en la parroquia porque era catequista de niños: “Les pregunté a los papás si habían hecho la denuncia y ellos dijeron que habían conversado con Héctor y les había suplicado que no contaran nada a nadie, y yo les insté a que deberían hacer la denuncia. Yo seguí acompañando a la familia hasta que S.M.U.  murió hace dos años”.

En este caso, una vez más el Ministerio Público argumenta que no consta la realización de una investigación previa: según el testimonio que Sáez Lazcani entregó a la Fiscalía el 17 de octubre de 2018, nunca supo si se llevó a cabo. A pesar de esto, el 28 de septiembre de ese año, Sáez se comunicó con el director del colegio en el que actualmente trabaja el sacerdote acusado, para informarle en nombre del arzobispado que existían rumores de conductas impropias.

Los fiscales concluyen que Ezzati “no adoptó medidas cautelares, Domínguez sigue hasta el día de hoy en contacto con niños y niñas”, lo que infringe el protocolo de denuncias contra clérigos por abusos de menores de 2011, que señala que “desde el inicio de la investigación previa el obispo puede interponer medidas cautelares tendientes a evitar que otros menores se encuentren en riesgo, como apartar al denunciado del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima eucaristía”.

Ricardo Pavez, director del Centro Educacional Alberto Hurtado en Quinta Normal, declaró ante la Fiscalía el 30 de octubre de 2018, que Héctor Domínguez era el encargado del área de Evangelización del Departamento de Orientación desde 2012. Y que su trabajo consiste en la formación de profesores, estudiantes y apoderados. El arzobispado, por su parte, señaló a CIPER por escrito que Domínguez “pidió la dispensa a las obligaciones sacerdotales el 2014. Los antecedentes están en Fiscalía”.

ALEJADO POR “PROBLEMAS FAMILIARES”

Además de estos casos, la Fiscalía planeaba incluir en la formalización de Ezzati otros encubrimientos que han sido ampliamente divulgados a través de los medios. Como el caso del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.

El ex vicecanciller y canciller del arzobispado en los periodos de Errázuriz y Ezzati, fue formalizado en 2018 por los delitos de abuso sexual reiterado y estupro. El Papa Jorge Bergoglio lo expulsó de la Iglesia en noviembre pasado.

Muñoz Toledo habría cometido abusos sexuales contra menores entre 2002 y 2018. Según los antecedentes del Ministerio Público uno de sus sobrinos, que lo denunció por abusos, le dijo a Muñoz Toledo el 18 de diciembre de 2017, que sabía que también había abusado sexualmente de uno de sus primos y que iba a hablar. Diez días después (el 28 de diciembre), las madres de ambos niños lo enfrentaron y le anunciaron que se comunicarían con las autoridades de la Iglesia.

Al día siguiente, el sacerdote habló con Ricardo Ezzati, quien no inició una investigación, sino que le aconsejó que buscara asesoría de algún sacerdote canonista. Esa misma tarde, Muñoz siguió el consejo de Ezzati y conversó con el sacerdote David Albornoz, quien le recomendó redactar todo lo sucedido y auto denunciarse en la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade) lo antes posible. Todo esto quedó consignado en el testimonio que Muñoz Toledo entregó ante la Opade el 2 de enero de 2018.

Óscar Muñoz le contó su versión al vicecanciller Jorge Sáez Lazcani, quien declaró ante la Fiscalía en julio de 2018, que el sacerdote le contó que “un sobrino lo estaba acusando de algo ocurrido el año 1994 donde él había entrado en tocaciones y jugueteos sexuales (…), no me dio detalles si era mayor o menor de edad, sólo me dijo que era adolescente, a mí me dio la impresión que era menor de edad, porque los datos eran imprecisos. Me dijo que venía de hablar con el Cardenal Ezzati e inmediatamente habló conmigo, si bien fue bastante vaga la información que me entregó me quedó claro que habían sido abusos a un hijo de una prima”.

El día que se auto denunció, Muñoz dejó la parroquia Jesús de Nazareth de la comuna de Estación Central y el cargo de canciller, quedando como canciller Interino Jorge Sáez Lazcani. En su testimonio, Muñoz Toledo trató de ocultar los abusos sexuales cometidos en contra de sus sobrinos, acomodando los sucesos de un episodio vivido con uno de ellos, pero relató que hubo masturbación, sin besos y que fue consentido.

A los pocos días se le informó a Muñoz que se había abierto un proceso canónico de investigación previa.

El 4 de enero de 2018 Ezzati recibió esta auto denuncia. Al día siguiente, el 5 de enero, Ezzati firmó un decreto para dar inicio a la investigación previa, a cargo de Jaime Ortiz de Lazcano, y decretó medidas cautelares en contra de Muñoz: restricción del ejercicio público del ministerio, cese en el cargo de párroco de Jesús de Nazareth, cese en el cargo de canciller del Arzobispado de Santiago y la fijación de domicilio en la casa de su madre.

Óscar Muñoz Toledo

A fines de enero, el día 31, se cerró la investigación previa declarándose verosímiles los hechos denunciados, y se derivaron los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Según diversos testimonios, el sacerdote y las autoridades parroquiales atribuyeron su separación de la Iglesia a un problema familiar. Una semana después de su salida, el obispo Galo Fernández visitó a los agentes pastorales y confirmó esta versión, adelantando que pronto se asignaría un nuevo párroco.

Los feligreses se enteraron varios meses después de las verdaderas razones de la salida del sacerdote -pese a que los antecedentes se habían enviado a El Vaticano en enero-, luego de que el caso se hizo público a través de la prensa.

La Fiscalía de O’Higgins evidenció que Ezzati “no solo no inicia una investigación de oficio apenas tiene noticia de los hechos que el propio Muñoz le cuenta, sino que lo aconseja respecto de qué pasos debe seguir a continuación. No contento con esto, Muñoz se reúne con Ezzati el día 9 de julio de 2018 en la residencia del obispo (…) encontrándose a esta fecha la investigación canónica aún no finalizada”.

Óscar Muñoz Toledo continuó realizando las gestiones financieras y trámites bancarios de la parroquia, situación que cambió recién en junio de 2018, luego de que el nuevo sacerdote que lo reemplazó solicitó manejar directamente los dineros.

Según detalla el Ministerio Público, mientras el arzobispado no hizo pública esta investigación, Muñoz Toledo siguió con los abusos. Así lo indica la denuncia de T.A. ante la Opade el 1 de junio de 2018, en que acusa a Muñoz de una serie de hechos constitutivos de delitos de carácter sexual. Estos hechos serían más tarde calificados por la Fiscalía -en la formalización de septiembre de 2018 contra el sacerdote-, como abuso sexual y violación reiterados. Este último delito habría ocurrido a partir de febrero de 2017 y hasta abril de 2018 (Muñoz se auto denunció tres meses antes, en enero de 2018).

“En consecuencia, producto de la protección brindada a Muñoz, los delitos que este cometió quedaron para muchos en el ámbito de lo familiar suyo, lo que posibilitó que el imputado siguiera frecuentando la casa de la víctima, que gozara de la confianza de sus padres, y que en definitiva continuara violándolo. Así, se ha establecido que Muñoz accedió carnalmente a la víctima en más de una oportunidad luego de la auto denuncia, hechos que continuaron repitiéndose hasta abril de 2018”, concluyó la investigación liderada por Arias.

CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El ex canciller Óscar Muñoz Toledo es parte de otra historia conocida con que la Fiscalía involucra a Ricardo Ezzati en encubrimientos.

Todo se remonta al 19 de marzo de 2010, cuando el ex acólito Javier Molina realizó una denuncia en el Arzobispado de Santiago, ante el entonces canciller Hans Kast, en contra el presbítero Jorge Laplagne Aguirre por diversos abusos sexuales.

Ese año a través del decreto Nº 94 el arzobispado nombró promotor de justicia para “las causas que se requieren” al sacerdote Raúl Hasbún. La documentación de la Fiscalía señala que “este decreto, aunque no lo especifica, servirá de sostén para que Hasbún dirija una investigación previa informal contra Laplagne”, ya que en un mail enviado el 20 de abril por Hans Kast a Raúl Hasbún le entregó el teléfono y correo electrónico del denunciante, Javier Molina, señalándole que si concertaba “una conversación con él (…) es conveniente que esté el notario eclesiástico, que puede ser el padre Óscar Muñoz (…) o este servidor”.

El 21 de mayo de 2010, en el domicilio de Hasbún en La Florida y junto a Óscar Muñoz, tomaron la declaración del joven, y dejaron constancia de que ambos le expresaron a la víctima “que formalice ante los tribunales civiles competentes, las accione penales”.  Sin embargo, en la declaración prestada por la víctima ante personal policial del OS9 y el Ministerio Público en julio de 2018, este negó esa versión: “Jamás me dijeron que denunciara los hechos en los Tribunales, ni siquiera me lo insinuaron”.

Según indica la Fiscalía, la primera noticia formal que tuvo Ezzati sobre este caso le llegó el 8 de marzo de 2011, cuando Hans Kast le envió una serie de documentos. Entre estos, una carta enviada por Kast a Óscar Muñoz en la que se acompañaba una constancia de declaración de ese mismo día de la hermana Roseli Menezes, superiora de la Congregación Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús.

En dicha declaración, Roseli Menezes señalaba que Javier Molina se acercó a ella y a otras hermanas, para advertirles que fue abusado sexualmente por Laplagne cuando era acólito. Además, explicó que la víctima se animó a reportarle esta situación ya que en la parroquia Cristo Resucitado de Maipú había muchos jóvenes y acólitos, y justamente allí iba a asumir Jorge Laplagne como administrador parroquial.

En la carta enviada por Kast a Muñoz y que adjuntó a Ezzati, le consulta sobre la firma de un decreto respecto a la investigación previa en contra de Laplagne, ya que solo existía un nombramiento general de Hasbún como promotor de justicia, y no un inicio formal de la investigación previa como manda la normativa canónica. La Fiscalía destaca que “en la carta a Óscar Muñoz enviada también a Ezzati, el presbítero adjunta un borrador de decreto de inicio de investigación previa, que nunca fue firmado por el arzobispo, lo que demuestra una intención de mantener la investigación en la informalidad”.

En la misiva Kast alerta a Ezzati y a Muñoz y pregunta sobre la conveniencia del traslado de Laplagne a la nueva parroquia, pidiendo que lo reevalúen. No lo escucharon y Laplagne asumió el cargo en la parroquia Cristo Resucitado de Maipú.

Sacerdote Raúl Hasbún

Un par de semanas después, el 30 de marzo de 2011, Kast envió una nueva carta a Ezzati adjuntándole otro testimonio que involucraba a Laplagne con abusos a un acólito en otra parroquia. En esta nueva alerta, Kast le expresaba a Ezzati la necesidad de abrir una investigación previa, agregando que esta debía ser breve, ya que con los antecedentes que se tenían bastaba para acreditar su verosimilitud. Además, recalcó la necesidad de considerar alguna medida cautelar para el sacerdote.

Para la Fiscalía, “de los antecedentes incautados se aprecia que ninguna de estas sugerencias fue recogida por Ezzati: no se inició formalmente investigación previa y menos se decretaron medidas cautelares para el sacerdote, quien siguió en funciones normalmente a pesar que había información de dos fuentes distintas que apuntaban a que él habría abusado sexualmente de dos acólitos”.

El 22 de octubre de 2018 Jorge Laplagne declaró como imputado ante la Fiscalía. Allí dijo que el 8 de marzo de 2011 se enteró por un llamado de Ezzati de la denuncia que existía en su contra, pero no de que estuviera siendo investigado. Además, Ezzati le habría dicho que seguiría como párroco de la Parroquia Cristo Resucitado.

El sacerdote aseguró que se reunió con Ezzati en distintos lugares hasta 2015 para darle avances de la investigación, y que el prelado nunca le señaló los relatos que otras dos personas distintas hicieron llegar al arzobispado por abusos sexuales cometidos por él. Agregó también que “el cardenal me dijo que esa era la única denuncia o reclamo en mi contra por lo que me sugirió tener prudencia en el trabajo con los jóvenes”.

Raúl Hasbún, que declaró como imputado en octubre de 2018, consignó al ver la carpeta previa de investigación incautada desde el Arzobispado de Santiago que a él también Ezzati le había omitido estas declaraciones.

Por otra parte, según el testimonio de Laplagne, en 2015 o 2016, el arzobispo de Santiago le dijo en un retiro en Punta de Tralca que no se preocupara más porque la investigación se encontraba cerrada, que los hechos se habían considerado inverosímiles.

Habían pasado cinco años desde que se iniciaron las investigaciones.

Frente a los nulos resultados, Javier Molina presentó una nueva denuncia en junio de 2018 por los mismos hechos ante la Opade. Un mes después, se le comunicaron a Laplagne las medidas cautelares que el arzobispado tomó en su contra, alejándolo del ejercicio sacerdotal.

Esta denuncia derivó en que Ezzati ordenara -en julio de 2018– el inicio de una nueva investigación que terminó en octubre de ese año. Recién ocho años después de la denuncia original, los antecedentes fueron finalmente enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe.