El autor de esta columna de opinión analiza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contexto político: “Chile ha liderado una campaña internacional contra la CIDH, por lo que este monitoreo es tenso para todos los involucrados”, explica. En este sentido, el informe hace algunas concesiones para el gobierno, como destacar el reconocimiento que hizo el presidente de si se vulneraron los derechos humanos. Pero es duro con el trabajo de Carabineros, consignando simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas o vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes. Contra la tesis oficial de “hechos aislados”, sugiere que estaríamos ante “conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales”.
El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y, con ello, se consagró uno de los principales avances civilizatorios para la humanidad: el poder del Estado tiene límites infranqueables y la comunidad internacional se comprometía a su protección. A partir de esa fecha se desarrollaron diversos sistemas de protección internacional a nivel de Naciones Unidas (ONU) y regionales (Europa, América, África). Esta fecha y la protección internacional cobran especial relevancia para Chile hoy. La crisis de derechos humanos que vive Chile desde el 18 de octubre ha activado todos los sistemas de protección internacional de derechos. En una columna anterior, analizamos los informes que han emitido los principales organismos del movimiento mundial de derechos humanos (Amnistía Internacional -AI- y Human Rights Watch -HRW-).
Ahora comienzan a entregarse los resultados de las misiones desarrolladas por los órganos supranacionales, OEA y ONU.
El viernes 6 de diciembre pasado se hizo público el informe de la misión desarrollada en el país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, órgano especializado de la OEA en materia de derechos humanos), liderada por su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y que luego de reunirse con autoridades, sociedad civil y víctimas, formuló una contundente “condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones”.
EL CONTENIDO DEL INFORME
El informe de la CIDH tiene un punto común con los informes de AI y HRW: da cuenta de una serie de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Deja constancia de la violación al derecho a la vida; del uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones, incluidas lesiones a personal que realizaba labores de auxilio y asistencia médica; constata un elevado número de personas que han sufrido traumas oculares como consecuencias del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas usados por Carabineros; releva una elevada cifra de detenciones desde el inicio de las protestas sociales (sobre 20.600).
Consagra casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contexto de las detenciones, donde se denuncian “simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes”, entre otros actos.
Destaca las denuncias de violación sexual y abusos sexuales también en el contexto de las detenciones, donde se “habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual”.
“El informe se preocupa de conceder algunos aspectos relevantes para el gobierno. Por una parte, el reconocimiento que hizo el Presidente el 17 de noviembre de que en Chile ha habido vulneración de derechos y se ha hecho un uso excesivo de la fuerza. También se destaca en el informe los esfuerzos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de articulación interinstitucional para dar respuesta a la situación que vive el país.”
Se destacan los casos de abusos a niñas, niños y adolescentes, donde la misión recibió información sobre abusos sexuales y tocamientos y algunos casos donde se habría golpeado reiteradamente en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría.
Además, trata en forma destacada la situación de violencia policial vivida en la población Lo Hermida, en Peñalolén, ocurrida durante su visita.
Asimismo, el informe de la CIDH profundiza sobre algunas materias vinculadas con el deber de investigar las graves violaciones de DDHH que van en concordancia con la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de DDHH. Básicamente, lo que hace la CIDH es destacar el funcionamiento de las instituciones (INDH, Defensoría de la Niñez y Ministerio Público) y resaltar la “sólida institucionalidad democrática y de derechos humanos” del país.
En cuanto a las medidas que recomienda la CIDH, destacan: el “cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, la reforma institucional de Carabineros, el fortalecimiento de las instituciones autónomas de derechos humanos y formula un llamado al diálogo para abordar las “demandas legítimas de la población”.
PARA VALORAR EL INFORME
Para entender el informe es necesario analizar algunas cuestiones del contexto en que este se formula y cómo incide la CIDH en algunos de los temas que han centrado el debate sobre DDHH en el país.
El informe se preocupa de conceder algunos aspectos relevantes para el gobierno. Por una parte, el reconocimiento que hizo el Presidente el 17 de noviembre de que en Chile ha habido vulneración de derechos y se ha hecho un uso excesivo de la fuerza. También se destacan en el informe los esfuerzos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de articulación interinstitucional para dar respuesta a la situación que vive el país. Finalmente, se condena la violencia que se presenta en algunas manifestaciones. Estos son temas que pueden ser considerados un triunfo del gobierno.
Paralelamente, el informe avanza algunas conclusiones que se alejan de los intereses del gobierno y están más cerca de las posturas más críticas, provenientes desde la sociedad civil. Por una parte, la caracterización que hace la CIDH de las violaciones de derechos humanos es clara: habla de graves hechos que motivaron su actuación, los describe como un “elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos” y, en cuanto a las características de dichas vulneraciones, señala que “apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales”.Graves, masivas y repetitivas. Imposible mayor claridad y lejanía de la idea de abusos aislados en Carabineros como ha sostenido el gobierno durante todo el estallido social.
“El informe destaca las denuncias de violación sexual y abusos sexuales también en el contexto de las detenciones, donde se 'habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual'”.
Por otra parte, en cuanto a las acciones que han tomado las autoridades políticas frente a este cuadro, la CIDH es menos clara en su condena al gobierno. Si bien no señala que las medidas adoptadas por la autoridad hubieren sido oportunas y eficaces, como es la obligación en materia de derechos humanos frente a una situación de riesgo para los mismos, tampoco es clara en condenar estas omisiones. El énfasis del informe de la CIDH está puesto en las medidas de investigación y sanción, cuestiones que constituyen mínimos obligatorios para la autoridad, pero siempre importantes en el contexto de impunidad crónica en materia de violaciones de DDHH en el continente. En cuanto a las reparaciones, la CIDH es cauta ya que “saluda el compromiso” anunciado por el Presidente de “asistir a las víctimas en su recuperación”, cuestión muy por debajo de los estándares interamericanos en materia de reparación integral.
No hay duda que este informe debemos leerlo en el contexto de un proceso histórico de visita a Chile (20 al 31 de enero de 2020), donde la CIDH debe denunciar las violaciones de DDHH, pero también debe mantener abierto un diálogo con las autoridades de gobierno. No olvidemos que Chile ha liderado una campaña internacional contra el sistema interamericano de DDHH y, particularmente contra la CIDH, por lo que esta situación de monitoreo es tensa para todos los actores institucionales involucrados.
Mención aparte merece el video que acompaña al informe en las redes sociales. Sin duda este video expresa de mejor forma que el informe la gravedad de la situación y la visión de la CIDH. A la vez, la reacción destemplada del gobierno de Chile ante la OEA por el video (solicitud de que fuera bajado de la página de la CIDH), aclara lo que realmente le importa a las autoridades de Cancillería: la imagen del gobierno y no las graves violaciones de DDHH de que son responsables.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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Esperaba leer cifras duras, más allá de la que da cuenta de las más de 20.000 detenciones (provisorias claro está, las detenciones y posterior condena por hechos comprobados son cifras mínimas, varias de ellas sólo con firma mensual o arresto domiciliario) ¿Es que acaso no son cifras de información pública?
Dicho así, y me van a disculpar, pero se lee más a especulaciones que a hechos con pruebas fehacientes e irrefutablemente comprobados.
