La policía jurídica de la Nueva Constitución

Desde que se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución hemos empezado a ver un desfile de abogados dando charlas, en conversatorios y conferencias, explicando a la gente lo que significa una nueva Constitución y lo que específicamente está contenido en el acuerdo. Una colega de Historia llamó a estas prácticas “traductor popular”, otro colega de Filosofía decía que desde que se había firmado el acuerdo empezaron a proliferar los foros y conversatorios con abogados y abogadas, quitándole tiempo y espacio a los cabildos y asambleas. Hoy en un conversatorio alguien dijo que parecía la navidad de los abogados. No hay duda: los abogados constitucionalistas están en su momento.

Todos y todas aquellas que han dedicado sus estudios al derecho constitucional tienen mucho que decir y enseñar hoy. Sin embargo, como ya lo he suscrito en «La trampa jurídica de una lucha social: respuesta a la declaración de profesoras/es de Derecho y Ciencia Política«, reducir el debate y la acción política a la discusión de cómo se configura una nueva Constitución atenta con el mismo movimiento social y, puntualmente, con la soberanía popular.

Esto se debe –y es lo que me gustaría poner en discusión aquí– a que el punto de partida técnico-jurídico no es el de la igualdad.

Por más que se intente argumentar que se trata de un proceso constituyente posibilitado por el movimiento social y por tanto de principio democrático, las organizaciones sociales no lo reconocen como propio afirmando que se ha hecho “de espaldas al pueblo”. Porque el acuerdo nos obliga a poner el foco de atención en la Constitución y no en el poder constituyente; de hecho se da cuenta en la importancia que el gremio le ha dado a la “nueva constitución” y a la indiferencia que ha tenido con lo que significa “el acuerdo por la paz social”.

Esto se reproduce cada vez que los abogados se paran a explicar “a la gente que no entiende” las condiciones para elaborar una Constitución, ya sea plebiscito, quorum, hoja en blanco, etc. Lo que olvidan los juristas es que, aunque se pretenda exponer solo argumentos técnicos, hay allí una definición política. Por más que se pretenda tener una neutralidad y objetividad de especialista, no es posible negarla. Una muestra son los 30 años de mesas técnicas y de burocracia institucional que ha servido al fortalecimiento de la ideología neoliberal.

Este fenómeno puede considerarse un retroceso o puede ralentizar el movimiento que ha implicado no solo la protesta, sino sobre todo, el encuentro entre vecinos y vecinas a través de cabildos. Allí, la conversación y el debate parten desde una simetría donde la igualdad es el ethos constituyente. Los saberes circulan libremente poniéndose a disposición de la causa común: una nueva Constitución. En cambio, he visto varios y varias abogadas posicionarse desde la jerarquía del saber, lo que hace que el proceso constituyente deje de serlo y sea sometido por un saber ya constituido.

Esto corresponde a una forma de la política que el filósofo Jacques Rancière llamó policía, es decir, “una figura habitual del poder ejercido por hombres sobre otros hombres en nombre de una capacidad específica”. Lo que esto termina causando es una adaptación a ciertos saberes que bajo la idea –históricamente instalada– que el pueblo es ignorante, y que, por tanto, el abogado sabio y especialista nos tendría que venir a enseñar cómo adaptarnos como grupo de ignorantes insumisos a la nueva propuesta del gobierno y la oposición, que es también otra forma de la policía.

No se trata de una disputa disciplinar. En ningún caso. No se trata tampoco que los y las abogadas no participen de ninguna instancia del proceso constituyente. Se trata, más bien, de que pongan a disposición del pueblo soberano su saber. Se trata que sean servidores del pueblo y no de la clase política. Se trata de que repartan su saber desde las necesidades que el pueblo, bajo discusión democrática, le demande.

Por esta razón, creo que haber suscrito el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución no solo confirma una posición política, aquella de servir a la política institucional, al gobierno como policía y, por tanto, en contra de la democracia, sino que también, el saber jurídico si se reparte desde la autoridad, el poder y la jerarquía ilustrada de los abogados, es doblemente policíaco y doblemente autoritario porque contiene el saber y la ley en una misma figura.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.