La multitudinaria protesta contra el sistema político y económico puso en marcha un proceso constituyente que no estaba en los cálculos de la elite. El acuerdo parlamentario para una nueva Carta Magna instaló una comisión técnica que afinará los detalles de ese pacto. La comisión fue “cuoteada” por los partidos, lo que atizó las críticas de quienes acusan que el acuerdo no representa a la ciudadanía. ¿Cuáles son los nexos entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la comisión? CIPER rastreó esos vínculos. Lobistas y asesores de grandes empresas -incluyendo el rubro de los tragamonedas-, ex funcionarios de gobierno y un ex diputado investigado por financiamiento político ilegal, integran la comisión que pretende rayar la cancha del debate constitucional.
Desigualdad. Esa la palabra que se repite para ilustrar los abusos que denuncian miles de chilenos que han participado en las recientes manifestaciones. Ese reclamo generalizado contra el sistema político y económico –reflejado en la concentración de 1,2 millón de ciudadanos el pasado 25 de octubre–, desencadenó un proceso para crear una nueva Constitución que no estaba en los cálculos de quienes ostentan el poder público y privado. Ahora, esa elite considera que la redacción de una nueva Carta Fundamental es clave para aplacar el estallido social. De allí la urgencia con que los parlamentarios oficialistas y gran parte de los opositores sellaron un acuerdo para dar curso al debate constitucional. Una ruta cuya primera estación fue la creación de una Comisión Técnica –integrada por 14 especialistas– encargada de afinar el pacto y crear el proyecto de ley para iniciar el proceso constituyente.
Uno de los blancos más criticados en las protestas ciudadanas son las grandes empresas: retail, bancos, AFP, Isapres, cadenas de farmacias, agroindustria y minería, entre otros rubros. También han sido fuertes los cuestionamientos a los partidos políticos, a los que se acusa de ocupar el aparato estatal para satisfacer sus propios intereses y los de sus financistas. ¿Cuáles son los nexos que hay entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la Comisión Técnica que debe rayar la cancha para el debate constitucional? CIPER rastreó esos vínculos.
De los 14 integrantes, el que más ha trabajado en representación de intereses privados es Arturo Fermandois: ha ejercido como lobista de grandes empresas, como Cencosud, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de Centros Comerciales. También ha asesorado a Laureate, grupo propietario de universidades privadas que ha sido investigado en Chile por lucrar con sus centros de estudios superiores. Además, en enero de este año representó a los dueños de tragamonedas (agrupados en la FIDEN), ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
Otro miembro de la comisión que dejó huella en la plataforma Info Lobby es Gastón Gómez, quien ha representado los intereses de la Asociación de AFP, la Asociación de Armadores de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores Austral.
En la nómina también figura el ex diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, cuyos vínculos con el financiamiento ilegal de la política fueron investigados por el Ministerio Público. Silva, cuando era diputado, participó en la discusión de un proyecto de ley que afectaba a las isapres, a pesar de que tenía acciones en Banmédica. Hoy ocupa cargos directivos en la Universidad del Desarrollo.
En la vereda de la oposición, algunos de sus representantes en la comisión técnica han ocupado cargos públicos bajo los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Es el caso de Pamela Figueroa, Emilio Oñate y Gabriel Osorio. Este último mantiene un nexo indirecto con el mundo de los intereses privados, pues su cónyuge es socia de una empresa de asesoría comunicacional que tiene entre sus clientes a los jesuitas, la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa y la consultora Atisba, además de entidades públicas, como la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia.
La comisión fue “cuoteada” por los partidos políticos que suscribieron el pacto. Siete integrantes representan a las colectividades oficialistas (UDI, RN y Evópoli) y siete a las opositoras (DC, PPD, PS, PR, RD, PL y Comunes). Un aspecto que no ha pasado inadvertido para los críticos del acuerdo, quienes cuestionan que el proceso constituyente forjado en el Congreso Nacional reproduce los “vicios” de actores políticos deslegitimados ante la opinión pública, sin representar a las organizaciones sociales y a los ciudadanos independientes que han impulsado la demanda de una nueva Carta Fundamental.
La comisión quedó integrada por Gastón Gómez (en representación de RN), David Huina (RN), Sebastián Soto (independiente-Chile Vamos), Ernesto Silva (UDI), Arturo Fermandois (UDI), Isabel Aninat (Evópoli), José Francisco García (Evópoli), Cristina Escudero (DC), Pamela Figueroa (PPD), Emilio Oñate (PR), Gabriel Osorio (PS), Alejandra Zúñiga (PL), Sebastián Aylwin (Comunes) y Claudia Heiss (RD).
FERMANDOIS EN LOS REGISTROS DEL LOBBY
A través de su estudio de abogados Fermandois & Cía, el abogado Arturo Fermandois Vöhringer ha trabajado con numerosas empresas a las que ha prestado asesorías. Por ese motivo es que aparece 28 veces en los registros de la Ley del lobby reuniéndose con autoridades políticas en representación de los intereses de las empresas que lo contratan.
Desde que volvió de Estados Unidos en 2012, luego de haber sido por más de dos años el embajador de Chile en ese país, se ha dedicado a las asesorías al mundo privado y también a su rol como asesor senior en Albright Stonebridge Group, una de las empresas de lobby más poderosas de Estados Unidos.
Perfil de Arturo Fermandois en la web de Albright Stonebridge Group.
La página web de esa compañía señala que Fermandois “asesora clientes en toda América Latina” y que “trabaja con clientes en desafíos y oportunidades relacionados con el negocio para ayudarlos con la entrada al mercado, el posicionamiento corporativo y la estrategia”. La web de Albright Stonebridge Group no transparenta los intereses que ha representado Fermandois en el continente. Pero su trabajo como representante de empresas en Chile sí ha dejado huella en los registros de Info Lobby, la plataforma del Consejo Para la Transparencia que publica las reuniones de lobistas y gestores de intereses con autoridades.
El rastreo de CIPER en esa base de datos arrojó que Arturo Fermandois ha asistido a 28 citas con autoridades representando intereses empresariales (vea aquí el detalle). A 13 de esas reuniones fue en nombre de Cencosud, el retailer de Horst Paulmann. A otras seis asistió para ejercer lobby en favor de la Constructora Riviera, ligada a la familia Amenábar, que buscaba instalar un hotel en las dunas de Ritoque. También registra reuniones en nombre de la Asociación de Bancos, de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, de la Empresa Recicladora Ambiental (RAM), de Generadora Metropolitana y de empresas mexicanas y estadounidenses.
No todas sus asesorías empresariales aparecen en los registros del lobby. CIPER pudo confirmar que ha trabajado para Laureate, el mayor holding de universidades con fines de lucro en el mundo y que en Chile es dueño de las universidades Andrés Bello, De Las Américas, De Viña del Mar y del instituto profesional AIEP, entre otros. Laureate ha sido cuestionado y sancionado en Chile por extraer recursos desde sus universidades, algo que está prohibido en la legislación (vea reportaje de CIPER “La cocina de Laureate: graves infracciones por lucro y millonarios pagos a dirigentes políticos”).
En abril de 2018, cuando CIPER reveló una investigación del Ministerio de Educación que corroboró que las universidades de Laureate lucraban, en el Tribunal Constitucional (TC) se debatía uno de los corazones de la reforma educacional de Michelle Bachelet: la prohibición de que las universidades privadas fueran gobernadas por sociedades con fines de lucro. Ese acápite de la reforma fue objetado por la Corporación de Universidades Privadas, instancia gremial donde Laureate llevaba la batuta a través de Pilar Armanet, ex militante PPD que entonces era rectora de la Universidad de Las Américas. Fermandois asesoró a la corporación en su presentación ante el TC. Finalmente, el tribunal le dio la razón y Laureate pudo seguir administrando sus universidades a través de sociedades comerciales.
Según señaló Fermandois a CIPER, hizo esa asesoría a Laureate a título personal y no a través de Albright Stonebridge Group, que entonces tenía a ese holding educacional como uno de sus clientes. Durante la tramitación de la ley que reformó el sistema de educación superior, Fermandois participó de la Comisión de Educación del Senado como experto constitucional, instancia en la que no transparentó su rol de asesor de las universidades privadas. Tampoco lo hizo cuando el 28 de marzo de 2018 concedió una entrevista a La Tercera, donde defendió el fallo del Tribunal Constitucional:
“El TC cumple su rol, que no es congraciarse con el Congreso ni aprobar todos los artículos de las leyes que llegan para su revisión. El tribunal debe, con independencia y con fundamentos, servir a la Constitución y analizar con objetividad si tal o cual precepto la infringe. Los expertos que estuvimos en la Comisión de Educación del Senado advertimos que este y algunos otros preceptos tenían problemas de constitucionalidad”, señaló en la entrevista.
Manifestación estudiantil en contra del lucro de Laureate.
CIPER se comunicó con Arturo Fermandois: “La relación con Laureate fue a través de consultas que me hicieron desde las universidades respecto de la constitucionalidad o no de algunos aspectos de la ley, o de algunas decisiones que se estaban tomando. En ningún caso llamé o hice alguna gestión ante los ministros del Tribunal Constitucional. Tampoco lo hice ante autoridades políticas”.
El abogado constitucionalista asegura que sí transparentó su relación con la Corporación de Universidades Privadas. Para comprobarlo envió a CIPER una columna de opinión sobre este mismo tema que publicó en El Mercurio (“Una guinda inconstitucional”) el mismo día de la entrevista que publicó La Tercera (28 de marzo de 2018), donde se incluyó una nota de la redacción que aclaraba que el abogado “asesoró en la presentación de la Corporación de Universidades Privadas al Tribunal Constitucional en este caso”.
Señaló, además, que él no es lobista y que si aparece en los registros de lobby es porque la ley no contempla un apartado para consignar la participación de abogados. Dice que solo se dedica a defender legalmente las posturas de las empresas que lo contratan. Se mostró especialmente interesado en que se conociera el trabajo que ha realizado ad honorem para el Estado, como cuando en 2014 participó representando a Chile en una comisión de Unasur que estudió la situación en Paraguay luego de que el presidente Fernando Lugo saliera de su cargo.
Aunque el abogado cree que no hay un conflicto de interés entre su rol como asesor de empresas y su pertenencia al comité técnico que finiquita los detalles del proceso constituyente, señala que “si surgiera algún tema en el que yo tenga un conflicto de interés, me voy a inhabilitar, como corresponde. Pero ahora estamos discutiendo textos sobre la convocatoria al plebiscito, los plazos, la calificación, etc. No veo que haya una incompatibilidad, pero si en algún minuto se desata algún conflicto de interés voy a ser el primero en abandonar la sala y la comisión”.
En enero de este año, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, discutió un proyecto de ley que puede poner fin a la actividad de los tragamonedas que operan en barrios. Ante la comisión se presentó Fermandois para defender los intereses de la FIDEN, entidad que agrupa los dueños del negocio de los tragamonedas, cuestionando la constitucionalidad del proyecto en debate (vea el reportaje de CIPER “Los negocios y redes políticas en Chile del ‘Rey de los tragamonedas’ peruano”).
LAS SOCIEDADES Y EL LOBBY DE GÓMEZ
Gastón Gómez Bernales (ex militante RN) es profesor de Derecho Constitucional de las universidades de Chile y Diego Portales, miembro del Consejo Nacional de Televisión desde 2011 y del directorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos desde hace nueve años. En paralelo a su trabajo en el mundo público ha constituido empresas inmobiliarias y ha ejercido como lobista de algunos proyectos del retail y de las AFP.
Fue recientemente fichado por el gobierno para derribar en el Tribunal Constitucional el proyecto de la jornada laboral de 40 horas. Ya alegó ante el TC en 2016, cuando lideró los reparos de Chile Vamos a la Reforma Laboral.
Gastón Gómez Bernales. foto de gpgabogados.cl
Desde 2016, Gómez aparece en siete audiencias en los registros del lobby: seis como gestor de intereses y una en calidad de lobista. Esta última ocurrió el 11 de septiembre de este año, cuando se reunió con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para abordar un proyecto del Grupo Patio, controlado por la familia Jalaff: ampliar el centro comercial La Fábrica, en la comuna de San Joaquín, al que quieren agregar un edificio médico, oficinas, un hotel y 1.155 estacionamientos. El impacto del proyecto continúa bajo evaluación ambiental.
Su última audiencia como gestor, en tanto, la realizó el 4 de octubre pasado. A esa cita se presentó para discutir los intereses de uno de los sectores más cuestionados por la ciudadanía: las AFP. En la ocasión se reunió con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para abordar una Presentación al Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en el registro oficial de Info Lobby. Lo acompañó el gerente general de la Asociación de AFP, Felipe Larraín Aninat, con quien además tiene una relación de parentesco (es sobrino de su esposa, Magdalena Aninat).
En la restantes cuatro audiencias figura representando a la Asociación de Armadores de Chile, a la Compañía Sudamericana de Vapores Austral, a la sociedad Loteo Agrícola, a GPG Abogados (estudio de su propiedad) y representándose a sí mismo ante la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas por “un dictamen de Contraloría”.
Forma parte del estudio Gómez, Pallavicini & García desde 2017 –anteriormente trabajó en Eluchans & Cía. Abogados durante 17 años-, donde comparte con José Francisco García García, otro de los convocados a la mesa técnica constitucional.
Según los registros del Diario Oficial, Gómez ha constituido o participado en un total de ocho sociedades, entre las que destacan dos de giro inmobiliario (Inmobiliaria Doce e Inmobiliaria Seis) y dos de inversiones: Inversiones y Asesorías Legales El Canelo (formada en 2000 junto a su esposa) y Asesorías e Inversiones La Capellanía.
CIPER intentó comunicarse con Gastón Gómez en reiteradas ocasiones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Adicionalmente, en plena discusión por la reforma a la Ley de Isapres (2013) Silva recibió un correo de Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta. Ese holding tenía el control de Banmédica y a Lavín le inquietaba un proyecto de ley que afectaba el negocio. En el e-mail el empresario le manifestó su preocupación por la “modificación de precios del Plan Garantizado de Salud” que promovía la DC: “Si entendí bien, esto sería de máxima gravedad”, le escribió Lavín. En aquella fecha, Silva tenía acciones en Banmédica a su nombre y a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Sydarta, pero no se inhabilitó de la discusión cuando el proyecto fue revisado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde intervino en sintonía con la postura de los dueños de Banmédica.
Silva es abogado de la Universidad Católica con máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2018, después de la tormenta del financiamiento político ilegal, se alejó de la política y partió a Stanford (Estados Unidos) para adentrarse en el mundo de la academia. Actualmente trabaja en la Universidad del Desarrollo como vicerrector de Postgrado, Educación Continua y Extensión, además de ser prorrector. Esta casa de estudio fue fundada en 1990 por su padre, Ernesto Silva Bafalluy, junto a Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés y Alfredo Valdés (vea el reportaje “Las huellas del Grupo Penta en el negocio de la Universidad del Desarrollo”)
CIPER contactó a Ernesto Silva para consultarle por sus vínculos con empresas y entidades públicas y privadas. En su respuesta, el ex diputado indicó que actualmente es «director de la corredora de bolsa de productos Contempora» y «director del Observatorio del Gasto Fiscal». Según señaló, ninguno de estos cargos es remunerado.
LAZOS FAMILIARES
Hay otro grupo de comisionados que no tienen vínculos, al menos en registros públicos, con grandes empresas, pero que han ocupado puestos de responsabilidad política o cuyos familiares directos desempeñan cargos en el aparato estatal o bien mantienen nexos con el mundo privado. Es lo que sucede con el abogado Gabriel Osorio, quien integra la comisión técnica en el cupo del PS.
El abogado Gabriel Osorio Vargas. Foto de osva.cl
Abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, Osorio está casado con Ximena Jara, quien fuera jefa de contenidos de la Presidencia durante el segundo mandato de Bachelet. Luego de salir del gobierno, Ximena Jara formó la empresa Factor Crítico, junto a otros ex ocupantes de La Moneda, como Marcela Goic (hermana de la senadora DC) y Enzo Abbagliati.
Factor Crítico se dedica a la asesoría comunicacional y política y tiene entre sus clientes a los jesuitas (Universidad Alberto Hurtado y Vocaciones Jesuitas Chile), la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa, Atisba (consultora de urbanismo, propiedad de Iván Poduje), la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia, entre otros.
Gabriel Osorio fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Bachelet e integró el estudio de abogados de Francisco Zúñiga y Jaime Campos (ex ministro de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría). Zúñiga asesoró a la empresa Morpho (ligada a licitaciones investigadas por irregularidades en el Registro Civil) y a la gremial de los laboratorios farmacéuticos. Osorio aseguró a CIPER que dejó ese estudio hace seis años y que no participó en esas asesorías. Agregó que actualmente formó su propio bufete, junto a su hermano, y que es abogado del PS en varias causas judiciales. También confirmó que asesora al senador Alejandro Guillier (los registros de la Cámara Alta indican que recibe $1,9 millón mensual) y que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Andrés Bello (controlada por Laureate).
La abogada María Isabel Aninat ocupa un puesto en el comité técnico en un cupo de Evópoli. Titulada en la Universidad Católica, posee un máster en Derecho de la Universidad de Columbia. Su trabajo, principalmente, se ha centrado en la investigación académica en materia de derechos humanos y pueblos originarios. No obstante, también ha tenido vínculos con las altas esferas políticas: la actual investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) trabajó entre 2010 y 2012 como asesora del Presidente Sebastián Piñera.
María Isabel Aninat. Foto de cepchile.cl
Respecto de su paso por el mundo privado, el registro del Diario Oficial solo consigna una sociedad constituida por la investigadora: Santa Beatriz SpA, creada junto a sus hermanos Matías y María Teresa. Entre 2013 y 2015 formó parte de Asesorías Financieras Tribeca, una sociedad que creó su esposo, Martín Engel Prieto. Este último registra participación en Inversiones y Asesorías Colentañe, Inversiones Docklands, Inversiones Ibiza e InversionesCaulín. Engel además ha sido gerente de finanzas corporativas y socio de Larraín Vial, al menos hasta 2018. Actualmente es director suplente de Lipigas, entre otros cargos empresariales.
Consultada por CIPER, María Isabel Aninat dijo que en la actualidad su única ocupación remunerada es como investigadora del CEP. Añadió que es directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas ad honorem. Respecto de la sociedad Santa Beatriz formada junto a sus hermanos, dijo: “Claramente, no está activa”. Sobre su participación en la sociedad Tribeca, de su marido, no respondió.
Otro de los miembros del comité constituyente es Emilio Oñate Vera (en cupo radical), quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, tiene un magíster en Gerencia y Políticas Públicas (Universidad Adolfo Ibáñez) y otro en Derecho Administrativo (Universidad Católica de Valparaíso), además de un postítulo en Derecho y Política Contemporánea (Universidad de Lleida, España).
En 2014 formó la sociedad Gestiona y Desarrolla, pero según aclaró a CIPER esa empresa no tiene actividad. Lo mismo sucede, indicó, con Emilio Oñate Vera Servicios Legales y con la Sociedad Educacional Valle de Casablanca, constituida por su esposa en 2008. Desde 2000 en adelante, Emilio Oñate ha sido asesor jurídico de diversos ministerios, además de seremi de Transportes y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). También ha hecho asesorías sobre seguridad vial en Colombia y Perú.
Su hermano, Ricardo Oñate, registra una trayectoria vistosa en los círculos judiciales de Arica. Entre 2012 y 2013 fue notario suplente en la ciudad, es abogado integrante de la Corte de Apelaciones y desde 1998 se desempeña como abogado de la Conadi regional. Registra en el Diario Oficial una empresa dedicada a la pesca industrial: El Gringo.
David Huina es otro de los miembros del comité técnico. Está allí en un cupo de RN. Actualmente es presidente del Tribunal Supremo de ese partido. Es abogado, diplomado en Probidad y Transparencia en la Función Pública, y Magíster en Derecho Público de la Universidad Finis Terrae. Durante la última administración de Sebastián Piñera fue jefe de la División de Investigaciones en el Ministerio del Interior (2010) cuando la unidad fue traspasada desde Defensa.
Según los registros de Transparencia Activa de la Municipalidad de Ñuñoa, la esposa de Huina, Susana Torres Delmás, ha desempeñado funciones administrativas en el Primer Juzgado de Policía Local desde el 1 de marzo de 2010, cuando el municipio estaba bajo la administración de Pedro Sabat (RN). La primera renta mensual de Susana Torres, que es técnica jurídica y cuyo acuerdo contractual está suscrito bajo el grado 13 en la escala de remuneraciones, fue de $464.406, mientras que la última, registrada en mayo de este año, fue de $1.411.721.
CIPER intentó contactarse con Huina a través de correo electrónico y por vía telefónica. No hubo respuesta para esos mensajes.
ACADÉMICOS, ASESORES Y EX FUNCIONARIOS
José Francisco García García es otro de los abogados constitucionalistas convocado por el oficialismo (Evópoli). Titulado de la PUC y Doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, al igual que Gastón Gómez, es fundador de Gómez, Pallavicini & García Abogados.
García, que trabajó en la rama constitucional de Libertad y Desarrollo, el think thank del gremialismo, constituyó en junio de 2010 la única sociedad asociada a su nombre: Asesorías e Inversiones Santa Marcia. El abogado respondió a CIPER que si bien no ha disuelto oficialmente esa sociedad, “cerré su cuenta bancaria y su giro ante el SII en 2014, por lo que quedó solo el papel”. Durante sus cuatro años de actividad, indicó que Santa Marcia prestó “asesorías legales y emisión de facturas a nombre de Morales y Besa, una oficina de abogados en la que trabajé anteriormente”.
La esposa de José Francisco García es Pía Greene Meersohn, actual jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
El constitucionalista registra dos reuniones en la plataforma Info Lobby, ambas como gestor de intereses: la primera en junio de 2018, cuando se reunió con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristián García-Huidobro, para abordar una denuncia presentada ante la Contraloría por “irregularidades en la Capitanía de Puerto Montt”, y la segunda el 29 de agosto de 2019, ante el Asesor Jurídico de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, en compañía de Gastón Gómez.
La madrugada del 15 de noviembre el oficialismo y parte de la oposición firmaron un acuerdo para impulsar un proceso constituyente que aplaque el estallido social. Después de esa noche se conformó el comité técnico que debe revisar los detalles del acuerdo.
La Democracia Cristiana (DC) es representada en la comisión técnica por María Cristina Escudero, quien formó parte del Comité de Sistematización del proceso constituyente de Bachelet. La abogada y académica de la Universidad de Chile, también es magíster y doctora en Ciencia Política, y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.
En enero de 2019 constituyó la sociedad Andes Risk Group –junto a Roberto Funk, Sebastián Pavlovic Jeldres y Jaime Baeza Freer–, dedicada a la asesoría jurídica, política y comunicacional para el servicio público y el sector privado. Escudero señaló a CIPER que esa sociedad nunca alcanzó a tener movimientos ni clientes.
Por el Partido Liberal (PL) fue elegida la abogada de la Universidad Diego Portales (UDP) y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Alejandra Zúñiga, quien actualmente realiza clases de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad de Valparaíso. En 1997 formó la sociedad Inversiones ZF. Según contestó a CIPER, dicha sociedad ha “sido usada esencialmente para la venta de cerámica y otros objetos de arte”, confeccionados por su hermana Claudia Zúñiga.
La abogada confirmó a CIPER que trabajó “remuneradamente” para la organización pro-aborto Fundación MILES durante la tramitación del proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales. “Ahora los sigo apoyando ad honorem”, dijo.
Revolución Democrática eligió a la doctora en Ciencia Política Claudia Heiss Bendersky, quien además es periodista de la Universidad de Chile, Becaria Fulbright 2001-2002 y ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. De acuerdo con los antecedentes revisados por CIPER, no registra sociedades comerciales o de otro tipo.
Pamela Figueroa, ingresó a la comisión en el cupo PPD. La profesora de historia y cientista política –Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University y Doctora en Estudios Americanos de la Usach- fue jefa de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Bachelet y jefa de gobierno interior del Ministerio del Interior durante el mismo mandato. No figura en registros societarios en las bases de datos revisadas para este reportaje.
El último cupo oficialista fue asignado a José Soto Velasco (independiente-Chile Vamos), quien es doctor en Derecho de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde julio de este año. Soto trabajó en Libertad y Desarrollo con Cristián Larroulet, actual jefe de asesores del “segundo piso” de La Moneda. Además, fue jefe de asesores de la Segpres durante el primer gobierno de Piñera y actualmente es miembro del consejo directivo del Observatorio Judicial, organismo que fundó junto al ex ministro de Educación, Gerardo Varela.
En 2018 creó la sociedad Servicios e Inversiones San Ignacio (asesorías jurídicas), junto a su esposa María Rosario Willumsen Jigins, licenciada en historia que trabaja como encargada de proyectos en la corporación cultural de Lo Barnechea.
El abogado aseguró a CIPER que no participa en ninguna sociedad comercial que reciba pagos desde el Estado y que desde que ingresó al CDE “ni yo ni la sociedad mencionada hemos tenido relación con empresas privadas ni con organismos del sector público”. Cuando se le preguntó si era posible conocer el listado de empresas con las que trabajó antes de asumir en el CDE, no hubo respuesta.
El abogado Sebastián Aylwin Correa representa al opositor Partido Comunes (Frente Amplio). Nieto de Andrés Aylwin Azócar, patriarca del sector “chascón” de la DC, egresó de la Universidad de Chile y luego cursó un master en Governance of Risk and Resources de la Universität Heidelberg.
Aylwin Correa fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH) y el año pasado representó a la estudiante de Derecho de esa universidad, Sofía Brito, quien denunció al profesor y ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, por acoso sexual.
Actualmente es asesor legislativo de la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) y, de acuerdo a la revisión hecha por CIPER, no tiene sociedades registradas a su nombre ni actividades comerciales ajenas a su labor profesional.
Aylwin dijo a CIPER que no tiene vínculos personales «con el aparato público ni en el ámbito privado», pero que el estudio de abogados donde trabaja, Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia, «participa de licitaciones para conformar estudios de organismos públicos». Además consignó que en marzo de 2019 dejó de ser asesor parlamentario de la diputada Camila Rojas, que desde entonces no «he realizado ninguna gestión para el Congreso» y que actualmente es «consejero político del partido Comunes ad honorem».
Este reportaje fue actualizado a las 18:15 del 27 de noviembre de 2019
*Nota de la Redacción: en la versión original de este reportaje se señaló que el abogado José Soto Velasco había sido asesor en la Municipalidad de Lo Barnechea. El abogado se comunicó con CIPER y aseguró nunca haber trabajado en ese municipio.
descubra sus verdaderos colores para una colaboracion sin esfuerzo | 16.04.2022
10 cosas que debe recordar si sus seres queridos son cientificos
Jorge | 17.09.2020
Hay partidos que se negaron a firmar el Acuerdo en nov.2019, pero lo que salió de esa Comisión, la Ley 21200, si ahora participan en el Plebiscito, que está totalmente Regentado por esa Ley, anunciado para octubre.
Es como decir: No estoy de acuerdo en firmar ni participar en la Comisión pero si ahora lo hago, y participo de lo que se acuerde y salga de esa Comisión, Ley 21200
Qué tipo de posición política es esa?? Dejo el tema para poder entender a ciertos actores en la política chilena que dejan desconfianza
raul gonzalez suarez | 09.01.2020
Generalmente son los pueblos y no los individuos los que hacen las revoluciones. Las ideas nuevas solo se convierten en hechos cuando están admitidas por una porción considerable de hombres. Ante de ese momento, se van propagando lenta y gradualmente por todas las clases sociales, y no producen ningún resultado importante hasta que se han enseñoreado en el pueblo La opinión esparcida de un pensamiento, que está en el alma de la mayoría Sólo entonces aparecen las que han de realizarías y esos son, Los Nativos y sus pueblos Originarios
Piloto | 14.12.2019 | Socio/a 4 años y 1 mes
Como mi querida presidenta de la UNExPP comentó:
“Es como dejar un gato al cuidado de las longanizasâ€!
Awio | 14.12.2019
Como decíamos en el campo, esto es como poner al gato a cuidar la carnicería o atar los perros con longanizas... Sólo faltó que se le pidiera a Penta o a Soquimich que aportase un "bono de incentivo" para los integrantes de la "Comisión" como estimulo por el agotador trabajo que tendrán de aquí a Abril los distinguidos miembros y que la Embajada de Estados Unidos les facilitase una oficina para sesionar... Estamos como el pobre Pinocchio, del cuento de Carlo Collodi (1882), en el momento en que se encuentra con el gato tuerto y el zorro cojo... en este caso, encargados de "salvarnos" de la Constitución actual... sembrando la preciada coyuntura actual en el "Campo de Los Milagros"...
LILIA | 13.12.2019
Gracias por la info.
Fabian Morales | 09.12.2019
Impecable,concreto,probatorio.Estos personajes no son los adecuados para conformar una comision tecnica,mucho trapo al sol y demasiado conflicto de intereses.Ellos no son los adecuados.Todo esto es una gran farsa y la gente,los estudiantes,los universitarios saldran con mas fuerza a la calle y no va haber ley anticapucha ni antisaqueo que detenga la injusticia normalizada en este pais.
Hugo Eduardo Diaz Fuentealbaba | 08.12.2019
Por la labor patriótica, honesta, solidaria, y amante de la justicia social que CIPER realiza deseo que el sistema imperante no objete ni silencie la publicidad de vuestras investigaciones periodísticas en apoyo a la cultura de la población chilena y del mundo.
Todos seremos así comentaristas y seres pensantes en favor de nuestro porvenir.
Cristian Riveros | 04.12.2019
Lo mas preocupante para mí, es el gran número de compatriotas que creen a ojos ciegos que los mismo que han forjado la corrupción masiva en nuestro País, sean los que hagan los cambios concretos o los regulen. ¡ Nadie muerde su propia mano!
myriam garcía | 04.12.2019
Felicitaciones al equipo, reportaje sólido, responsable, como todos los que he leído de ustedes. Agradecida de su trabajo.
Alicia Alfaro Gajardo | 03.12.2019
La Comisión Tecnica Contituyente es igual que la otra que armo a espalda del pueblo,
es mejor que los sinverguenzas que fueron elegidos se vayan bien lejos despues que le hayan hecho las correcciones a la Nueva Constitucion, porque la gente no es lesa y va exigir que la nueva , quede tal y como va a estar redactada. No es en vano la gente ciega, los muetos , los heridos y presos , el pueblo exige que se respeten sus derechos.
hernan | 03.12.2019
Todo Cambia para que nada Cambie (il Gatopardo)
Mario Bastias Segura | 02.12.2019
Esta Comisión Técnica debería estar conformada por expertos en Derecho constitucional, de las distintas Universidades del país actualmente vigentes y haciendo clases y, por ningún motivos, militantes de los partidos políticos.
luis | 02.12.2019
por la razon o la fuerza
ramon | 02.12.2019
Aun no hay reaccion a ninguno de los comentarios y menos al reportaje . No queremos esta comision de trogloditas. Mejor no hacer nada de nada. Que se mueran tod@s y nuestros nietos cambien esta constitucion, esperando que no sean los nietos de estos corruptos
EMMA MALDONADO GAC | 02.12.2019
GRACIAS!!
Cesar Vergara | 02.12.2019
Si los partidos no han sido capaces de excluir de sus filas a los que representan sólo intereses económicos de pocos y no el bien común, ¿que podría resultar de una nueva constitución en manos de los mismos?. Pasaremos 30años más tratando de corregir la nueva constitución con quizás cuantos flancos abiertos, por eso "sólo en esta situación", es mejor corregir la actual, ya que, todos estos años el "pillaje" de este país mediante "abogados constitucionalistas", han dejado expuesto cuales son los artículos que les han permitido tomar ventaja y abusar, y esos son justamente los que debemos corregir.
roys | 02.12.2019 | Socio/a 5 años
YA
Entonces;
que vamos hacer al respecto... Sres!
No podemos permitir que estos @#$#%^%@#$^& nos rayen la cancha...
Francisco Santelices | 02.12.2019
Excelente !, felicitaciones por su trabajo tan detallado y acusioso.
Carolina Beckdorf | 01.12.2019
Excelente reportaje. Se confirma que el problema es la "clase política".
ramon | 01.12.2019
¡¡¡DRAMATICO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Con esta comision estamos hasta el yaco. Mejor seguir con la Constitucion Actual y esperar que todos se mueran TODOS y TODAS, hasta que los que vengan no esten TAN contaminados
Hernán Viveros Le Borgne | 30.11.2019
Esta información debe ser difundida y conocida por todo el país. No es posible que nuevamente personas con malos antecedentes sean quienes participen de tareas tan delicadas como las que se les están asignando. ¡¡ Hasta cuando !!
Guillermo | 30.11.2019
Excelente artículo porque nos ayuda a conocer un poco más a quienes serán los que prepararán el documento. Andrés se pregunta si es malo que tengan íntimos contactos con los empresarios o que tengan empresas. Es claro que es malo porque si hay una contraparte que no pertenezca a la misma élite que se ha coludido, sistemáticamente ha hecho lobby
, etc. Eso no es bueno y la gente ya aprendió a leer, si esto no es objetado ahora, lo más probable, van a seguir las marchas y léase bien digo las marchas no estoy hablando de saqueadores
YUYITO | 30.11.2019
Una vez más quedan al descubierto aquellos que amplia y secretamente la "Alegría" llegó solo para unos secretamente privilegiados. Quieren volver a imponer el voto obligatorio para esconder la ineptitud política para justificar su "democrática cocina". La Carta Magna no debiera considerar este puñado de tan brillante tecnicismo, en cualquier caso, debieran representar el veinticinco por ciento de representación, el otro setenta y cinco por ciento debieran ser representantes GENUINOS del Chile actual. Eliminemos de una vez por todas a éstas rémoras del Estado.
Representantes por Regiones todas que tengan setenta y cinco de representación y ese puñado "técnico" solo un veinticinco ( Y eso que hoy amanecí dadivoso porque pienso que no debieran tener más allá del diez)
Eduardo iturriaga | 29.11.2019
Como dijo nicanor parra la derecha y la izquierda unida jamás será vencida
Cagamos!!!
Pablo Rojas | 29.11.2019
Don Franco: si va a hacer críticas, no chacree el debate caricaturizando a los que no piensan como usted. Por supuesto que esta gente no es malvada ni cometió pecados, El artículo no los culpa, solo muestra lo que han hecho. Y todo lo que hicieron lo permite la ley: los de un lado representaron los intereses de empresarios poderosos y los del otro hicieron carrera como asesores políticos de gobierno. Lo que usted no quiere ver es que en ambas actividades contribuyeron a generar el sistema que la gente rechaza y que se busca superar con una nueva constitución. Creo que su afirmación acerca de esta es la gente más preparad posible es, por lo menos, temeraria. Yo pienso, y es solo mi opinión, que son parte del problema. Se salvan los miembros de la comisión que, por lo publicado en este reportaje, no tienen esos compromisos (y los hay en los dos lados: García, Heiss, Zúñiga y Escudero).
Hilda | 29.11.2019
El pueblo debe leer y mantenerse informado. Cuando decidan sobre la constituciòn deben aprender de las exitosas. La sociedad civil debe hacer seguimiento y fiscalizacion consagrada en la constituciòn de todas las autiridades y sobretodo volver a valorar la enseñanzas en valores èticos universales para los niños ,en la familia,en la escuela y en la sociedad.
miguel angel salinas | 29.11.2019
Sinvergüenzas a rajatabla y de todos los colores de partidos y camorras políticas. Con este botón de muestra, el acuerdito trucho que tanto aplauden derechistas, ex concertas y ex nuevos mayoristas, incluyendo neo zorrones del fuiste amplio, se irán develando los verdaderos nudos y amarres de una Constitución que a ellos les garantiza el lucro, la negocia y la perpetuación de intereses de clase de las más bajas codicias...
Franco | 29.11.2019
La gran mayoría de los pecados de esta malvada gente es haber trabajado en el mundo privado.
Mal ciper. A quién quieren proponer en los cargos? A empleados públicos de toda la vida? A ese estudiante inconforme? Al poblador que se manifiesta en la calle? Por favor... Gente lo más preparada posible y eso es lo que veo. O van a hacer un proyecto constituyente para ganar plata? La gente prende fácil con esto. Son muy sesgados e irresposables con lo único sensato que se está haciendo para salir de esta crisis
Susana Gómez Zuloaga | 28.11.2019
Excelente!!!
JOSE | 28.11.2019
Una Vergüenza, capaz que presenten una constitución con mayores privilegios para ellos mismos, migajas para el pueblo..
Gracias Ciper
Pablo Espejo San Cristóbal | 28.11.2019
... puchas es bastante descorazonador leer esto, aunque estoy cansado de los saqueos, de la situación de desorden e inseguridad y muy preocupado por el tiempo que se nos viene, situaciones como esta me hacen desear que no se detenga la presión ... ¿como es posible que los partidos no hayan entendido nada?
De todo este ramillete, recuerdo muy bien a Silva, con su rostro compungido frente a las cámaras pidiéndole disculpas al país por el accionar toncido de su partido (UDI) respecto del financiamiento de la política y de el mismo, habiendo resultado beneficiado y siendo sobrino del principal implicado (Délano). ¿Que hace este wn en la comisión constituyente? ... ¿Que intereses va a defender?Â
Hace días que he estado argumentando por el cese de la acción de los violentistas y del lumpen entre mis conocidos, en los circulos que frecuento, en los comentarios de algunos medios; en fin, en varias partes, pero despues de leer este artículo me quedo en el aire y con ganas de que siga quedando la cagada ... pero no en el centro o en los barrios pobres, sino en el barrio alto, en las sedes de los partidos, en el congreso .. en la moneda, supongo que esta gente del mundo del poder político y empresarial en algún momento tendrá que darse cuenta de lo que está pasando ... Harboe, Quintana, Flores, Allamand, Coloma ... Chile cambió de verdad, no es algo que haya ocurrido de la boca para afuera.
Carlos | 28.11.2019
Clarísimo, no vamos a conseguir nada. Es imposible cambiar algo que no entiendes, si no lo sufres en carne propia y miras todo lo que esta ocurriendo desde una posición de confort y teniendo la pisicion económica que te brinda privilegios y el poder de decidir por otros de menores recursos. Es una aberración y un nuevo engaño al pueblo.
Pablovski | 28.11.2019
Felicito a Nicolás y Benjamín por este reportaje, excelente y necesaria investigación. Tal como se señala, esta comisión ha sido "cuoteada" por los partidos políticos firmantes del acuerdo para "afinar" el mismo, sin embargo sería interesante saber en qué consiste este afinamiento, cuál es su propósito. Si bien esa comisión no será deliberante en cuestiones de formulación de la nueva constitución porque eso le corresponderá a la asamblea constituyente electa, me parece una pésima señal que sus integrantes o algunos de ellos tengan serios conflictos de intereses por sus actividades lobistas y/o hayan estado involucrados en el financiamiento ilegal de la política, emisión de boletas ideológicamente falsas, etc. pues son justamente éstas las cuestiones que fundamentan el estallido social de Octubre y que se reclaman en la calle.
Fernando Parraguez | 28.11.2019
A excepción de algunos, esto da para decir que esta todo podrido en el aparataje político
Alejandro Passi B | 28.11.2019
Cual ingenuo tuve una esperanza, me duele mi Chile sin salida, daría mis ojos por los tuyos que no miran, mientras se eterniza esa Primera Línea
manuel | 28.11.2019
Los integrantes de la Comisión técnica asesora por acuerdo constitucional pueden tener un extraordinario curriculum académico, pero son más de lo mismo en visión política, polarizados en dos grupos de a siete siguiendo la receta de la política de la cocina de espalda a la ciudadanía, show para la TV cuando ya probablemente tienen todo ya negociado.
Nuno | 28.11.2019
Esperar una composición representante del pueblo que demanda al Estado es no conocer a la élite chilena, incluida clase política. No pretendamos que van a ceder. Una explosión sin liderazgo ni programa de cambio estructural no es revolución.. De ahí que el avance está limitado por las cortapisas que instala el conglomerado dominante, que cada día avanza en la idea de convocar a las FFAA a sofocar el movimiento. Aprendieron del golpe en Bolivia a recoger a la policía, que esta no intervenga, para dar espacio a la angustia del descontrol delincuencial, fomentado también por los medios. La mesa está servida para escamotear la lucha y que no valga un carajo la ofrenda en ojos, en vidas. La élite local tiene en la OEA y sus jefes de EUA, sus diversos aparatos, toda la asesoría necesaria. Piñera tiene un oasis y es de él. Decidió no ingresar al desierto, no lo conoce. Pensar que hay espacio en el oasis, es un espejismo.
Victor Hugo | 28.11.2019
Creo que un comisión de este tipo debe ser vida por la ciudadanía, aún no está claro, que los políticos no nos representan ?
Axel | 28.11.2019
Sin Ciper, no nos enterámos, 50 dias apoyando estallido social para depender de la misma casta de políticos defendiendo sus propios intereses. PC no me desilusiones, no al Acuerdo Social.
Nelson Lagos | 28.11.2019
Es indignante que no entiendan que Chile cambió. Siguen repartiéndose cargos con lógica binominal, buscando el resquicio, la rendija, por donde hacer trampas ¿qué va a ser de Chile, si no tenemos de dónde agarrar?
Marcelo | 28.11.2019
Nada entienden, acaso esperan que nos traguemos esta rueda de carreta?
Pedro | 28.11.2019
Estimado Andrés: No es malo en si mismo tener nexos con el poder político, como tampoco es ilegal dedicarse al lobby. Pero si usted ha sido asesor o alto funcionario del ministerio que dirige la agenda política y legislativa de un gobierno (Segpres), donde se han negociado los acuerdos y leyes que nos tienen como estamos, un amplio sector de chilenos va a considerar que usted ha sido parte del problema que hoy se quiere corregir. Y eso no le va dar confianza a esos chilenos. Y si usted ha representado los intereses de empresas que están en el centro de los reclamos ciudadanos, sucede lo mismo. En ese sentido, creo que los partidos debieron buscar especialistas de alto nivel, pero con otro perfil laboral (académicos investigadores, por ejemplo), libres de compromisos en matería de lobby y de haber ejercido cargos en el gobierno o en partidos. Si la crítica de la gente es a la falta de legitimidad de los partidos y dirigentes políticos, tendrían que haber sido más cuidadosos en esta selección para no abrir un flanco a su propio acuerdo constitucional.
Gladys | 28.11.2019
Gracias por la información. Me parece injusto, en esta plataforma debieran estar representantes de cada Región de nuestro país con profesionales expertos en el tema comprometidos con la ciudadanía, el país en general.
Arturo C. Flores | 28.11.2019
Es obvio que nadie con cierta inteligencia puede estar de acuerdo con el vandalismo desatado. Sin embargo, y es mi opinión estrictamente personal, hay que reconocer abiertamente que es el resultado de las malas administraciones que no han hecho nada más que reforzar el modelo impuesto donde el rico de hace más rico y la gran mayoría de los chilenos no puede llegar al fin de mes. Piñera quiere sacar a los militares a la calle alegando que esta acción ha dado resultados en otros países. Olvida con esto que Chile ya tiene una experiencia con las FFAA durante la dictadura donde se violaron, a diestra y siniestra, los DDHH. Lo mismo se ha hecho en las protestas con la acción de militares y carabineros. En Chile, algo terrible se avecina si no se llega a acuerdos efectivos con una verdadera participación de los que más lo necesitan, de aquellos que, debido a modelo, no pueden tener acceso a la educación, la salud y otros derechos. Para qué hablar de las pensiones que impiden tener la tranquilidad económica necesaria después de trabajar toda una vida. Se habla de las turbas y los saqueos y casi nadie habla del saqueos de aquellos de cuello y corbata que lucraron en dictadura y siguen haciéndolo en democracia. Los nombres que da a conocer Ciper hace pensar que el proceso que se persigue ha de comenzar de arriba hacia abajo. Gracias Ciper.
Jozsef Szita | 28.11.2019
Cuánto valor cobra el periodismo investigativo independiente hoy día!!. Sobre la investigación, que más habría que decir. Nada. La cocina es lo único que sabe hacer la clase política, no hay que esperar peras del olmo. Tanto que advierten que está en riesgo la democracia, y sólo la empujan cada día más cerca del despeñadero. Nunca entendieron que están ahí por los intereses públicos y no por los privados. Capaz que la raíz del problema sea que son incapaces de distinguir la diferencia entre público y privado.
Ignacio Valenzuela | 28.11.2019 | Socio/a 4 años y 11 meses
Excelente reportaje de Ciper. Como siempre presentando información objetiva y libre de sesgos. Gracias por informar
Andrés | 28.11.2019
No entiendo que pretende el artículo. Es obvio que todos los miembros tengan relación con el poder político ¿Es malo eso? Es obvio que los miembros en representación de Chile Vamos tengan vínculos con grandes empresas. Es su esencia. Algunos miembros de la oposición tienen empresa o vínculos con empresas. ¿Es un impedimento tener una empresa o prestarle servicios?
Cristobal | 28.11.2019
Ojo que la figura de 1.2 millones de personas es solamente para Santiago. Las marchas en muchas otras ciudades del país fueron también históricamente enormes. Basta con tanto centralismo !
Manuel Villar Burchard | 28.11.2019
Con esta comisión técnica la nueva constitución nace muerta. Abortenla y en esta única oportunidad en más de 200 años construyan una carta magna representativa democrática .y digna desde sus cimientos
Jota Eme | 28.11.2019
Con este grupo de personas poderosas del país, tendremos alguna chance q salga algo bueno para los cambios q hoy se esta luchando? No lo creo
Iván Ivanovich | 27.11.2019
Suma y sigue cocinandose a puertas cerradas lo que debería ser con participación de la ciudadabia
Guillermo Rojas D. | 27.11.2019
Bien surtido el grupo. Defenderán con dientes y muelas los mismos intereses que el reportaje detalla. Queda claro que la "nueva constitución" sera a chilena o "en la medida de lo posible".
felipe | 27.11.2019
SIN ENTENDER NADA ESTOS TIPOS !!!!!
José | 27.11.2019 | Socio/a 5 años
Excelente reportaje , con mucha información de detalle y que otros medios no publican
Felicitaciones al equipo
Solo comentar que de estos notables personajes ( salvo claudia heiss y Sebastián Aylwin ) todos están muy ligados al poder político y empresarial en forma excesiva , el caso de Arturo Fermandois y Gaston Gómez en el extremo ufff
Ernesto Silva capítulo aparte, es deplorable q este en esta comisión , supongo que la UDI tendrá algun representante más " limpio " , pese a q este partido " ostenta " el récord de tener la mayor cantidad de dirigentes condenados e investigados por el Ministerio Público
Tal como he comentado antes , en este medio , me parece q este proceso constituyente es una noticia en desarrollo , que habrá q esperar en qué términa y quienes celebrarán
Espero con fe esperanzadora q sea Chile quien célebre y no los pocos poderosos de siempre
dagoberto | 27.11.2019
Y nos vamos a quedar de brazos cruzados????POR favor!!!!!! Con razón hay tanta rabia si cada vez nos pasan por el aro.Ya está bueno!!!!!! Tengan piedad de la gente,después no lloren si queda la cresta en las calles.una vez más no sean por amor a la patria sinverguenzas poco leales a la gente que cada día sufren las injusticias que ustedes los políticos crean.No tienen en sus casas espejos para mirarse en las mañanas cuando se preparan para ejecutar sus chamuyos???? Si se miraran y a la vez pensaran creo pienso yo les daria verguenza.
LUIS DIAZ BORQUEZ | 27.11.2019
ESTA COMISIÓN ES UNA TOMADA DE PELO A LOS QUE SE HAN MOVILIZADO POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LOS ROSTROS DE LOS PARADOS SON PATÉTICOS. TODAVÃA NO HAN ENTENDIDO QUE NO ES EL PODER CONSTITUIDO EL QUE GENERA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, SINO EL PODER CONSTITUYENTE MEDIANTE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE ES INDEPENDIENTE DEL PODER CONSTITUIDO Y PLENIPOTENCIARIA, LA MÃXIMA EXPRESIÓN DE LA SOBERANÃA DEL PUEBLO. ¿QUIEN LES PASÓ LA GUITARRA?.
Socio/a 4 años y 1 mes
Socio/a 5 años
