Querella contra Piñera por DDHH: Fiscalía cita a Chadwick y a los generales Rozas e Iturriaga

El ex ministro del Interior, el general director de Carabineros, y el designado como jefe de la Defensa Nacional en Santiago durante el Estado de Emergencia, son algunos de los testigos solicitados por los querellantes y que el Ministerio Público ya empezó a citar. Así lo explicaron a CIPER los abogados querellantes del caso, que fueron notificados por la Fiscalía de Valparaíso. La investigación va tomando más fuerza en un escenario donde en vez de mermar, se han ido sumando casos de violaciones a los derechos humanos pese a las múltiples advertencias de distintas organizaciones nacionales e internacionales.

Silenciosamente la querella por la eventual responsabilidad penal que le cabría al Presidente Sebastián Piñera por violaciones a los Derechos Humanos, presentada el 4 de noviembre pasado, ha ido avanzando. Esta semana la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, que está a cargo de esta investigación, empezó a citar a una serie de testigos cuya declaración fue solicitada por los abogados que presentaron la acción judicial, la que se dirige contra el Mandatario y todos los que pudiesen resultar responsables de nueve delitos de lesa humanidad, entre los que se cuentan “homicidios”, “torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales”, “mutilación de miembros importantes” como destrucción de globo ocular.

Así lo explicaron a CIPER los propios abogados querellantes pertenecientes a la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica. El lunes fueron notificados por la Fiscalía del inicio de estas diligencias.

General Mario Rozas, Sebastián Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La querella fue declarada admisible por el 7º Tribunal de Garantía de Santiago el 5 de noviembre, tribunal que traspasó los antecedentes al Ministerio Público. La nómina de testigos que están siendo citados a declarar incluye al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick; al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al general de División del Ejército, Javier Iturriaga. Este último fue designado como jefe de la Defensa Nacional en Santiago durante el Estado de Emergencia que se instauró entre el 19 y el 28 de octubre. También prestarán declaración el contralmirante de la Marina Juan Andrés de la Maza, quien asumió como Jefe de la Defensa Nacional en la Región de Valparaíso en el mismo período, y el contralmirante Carlos Huber, que ostentó el mismo cargo en la Región del Biobío.

La único testigo solicitada por los querellantes que no fue incluida en la nómina de citaciones, al menos por ahora, fue la jefa del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal (SML), Aleida Kulikoff. La funcionaria denunció que fue removida de su cargo de manera arbitraria el 22 de octubre. Su acusación causó expectación, pues en las mismas fechas en el SML se hacían los análisis forenses de personas que murieron en manifestaciones, disturbios y saqueos.

Los querellantes también solicitaron oficiar a 19 instituciones públicas para recabar información útil para la investigación. No obstante, la Fiscalía no ha cursado esas acciones pues pidió precisar la información que se requiere en cada caso. Entre estas instituciones se cuentan los ministerios de Justicia, Interior, diversos centros hospitalarios, el Servicio Médico Legal, organizaciones civiles y gremiales ligadas a la defensa de los Derechos Humanos y al sector Salud, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico (Colmed).

ATAQUE GENERALIZADO Y SISTEMÁTICO

Paralelamente a los avances de la Fiscalía, hechos como los que denuncia la querella se multiplican. Un ejemplo claro son las lesiones oculares, que según el INDH ya suman 223 casos. Este aumento muestra que no ha habido medidas efectivas para evitar el uso indiscriminado de balines y perdigones, pese a las múltiples y repetidas advertencias que diversos organismos nacionales e internacionales han hecho al gobierno de Sebastián Piñera.

En este escenario el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, señaló a CIPER que «es probable que esta no sea la única querella que termine siendo presentada contra el Presidente de la República u otras personas que han ocupado posiciones de autoridad en el marco de todo lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre en adelante”.

General de División del Ejército, Javier Iturriaga

El académico agregó: “La manera en que se han pronunciado al respecto algunos organismos internacionales, además de lo que ya venía haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la visita que hizo Human Rigths Watch la última semana, la preparación de la visita que va a realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van generando un escenario que puede terminar comprometiendo la posición del Jefe de Estado, por lo menos del punto de vista de que le represente un riesgo de imputación penal serio. Lo digo muy prudentemente, porque me es imposible tener algo parecido a certeza todavía al respecto. Creo que habría que tomárselo como algo que no será trivial».

El abogado abordó  la responsabilidad presidencial en una columna publicada por CIPER el 25 de octubre, donde señalaba que, según el artículo 35 de la ley 20.357 -que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra- “las personas que hayan ocupado las posiciones de máxima autoridad civil o de jefatura militar, y que, pudiendo hacerlo, no hayan impedido la perpetración de crímenes (de aquellos tipificados en la misma ley) de los cuales hayan tenido conocimiento, resultan responsables como autores de esos crímenes”.

Al respecto, Mañalich explica que “han estado ocurriendo cosas y hemos empezado a tener información, que yo creo, hacen verosímil decir que por ejemplo por lo menos en el actuar de Carabineros de Chile es reconocida una política, que uno pudiera vincular a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil».

El abogado penalista asegura que otro punto clave es que en la medida que la información «va quedando puesta a disposición del público y obviamente también de las propias autoridades, se va haciendo crecientemente más improbable decir que no ha habido conocimiento de que, a medida de que pasaban los días, seguían siendo cometidos delitos por funcionarios de Carabineros. De manera tal que, sobre la  base de esa información, alguien que ocupa una posición de autoridad y que tiene la posibilidad de impedir que eso siga ocurriendo, ya tiene conocimiento de ello”.

En su opinión, desde que se presentó la querella el 4 de noviembre el escenario ha cambiado, ya que los antecedentes esgrimidos en ella han ido aumentando  de manera apabullante: «Las cifras solo se han incrementado (…). Entonces si uno hace la cuenta más larga, el escenario se va haciendo cada vez más complejo, porque a medida que pasan los días y vamos reconociendo que hay características y circunstancias que se mantienen en el tiempo que muestran cierta consistencia, la pregunta es a partir de qué momento –lo tendrá que establecer algún tribunal–uno puede decir que una persona que ocupaba una posición de autoridad ya disponía de conocimientos  suficientes acerca de los crímenes que estaban siendo perpetrados, para que hubiese podido impedir que de ahí en más siguieran ocurriendo. Esa pregunta es absolutamente central. Y, por eso, creo que hay mérito, jurídicamente hablando, para una querella como esta».

RESPONSABILIDAD DE PIÑERA SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL

El equipo de crisis de Amnistía Internacional (AI) ya ha visitado el país dos veces desde el inicio del estallido social. La primera vez, pensaron que vendrían a documentar situaciones que habían pasado durante el Estado de Emergencia y toque de queda, pero al llegar constataron que las violaciones a los derechos humanos por agentes de las fuerzas de seguridad continuaban sucediendo. Por esta razón y la gravedad de los hechos, la investigadora Pilar San Martín volvió.

El jueves, entregaron los primeros resultados de la misión de investigación que realizaron en diversas ciudades de Chile.

Según declaró Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al presentar las conclusiones: “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.

Crédito: Migrar Photo

Guevara agregó: “La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

El reporte puntualiza que «la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas”.

Por otra parte, la minuta detalla que pudieron documentar 23 casos de violaciones a los derechos humanos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. “Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones».

Aún siguen llegando denuncias que están siendo procesadas por la organización.

Manifestante herido por perdigones. Crédito: Migrar Photo

Uno de los casos más brutales consignados por AI es el de una persona -que prefiere guardar su identidad- que fue golpeada salvajemente por 12 carabineros en Plaza Ñuñoa mientras se manifestaba pacíficamente con una sartén y una cuchara: “Como consecuencia sufrió una pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas con resultado de una lesión en un pulmón”, dice el reporte de Amnistía.

Otro caso ocurrió en la comuna de Isla de Maipo, donde efectivos policiales golpearon a Cristóbal Alexis, de 30 años “desde el momento de su detención hasta su liberación horas más tarde. Durante el primer registro de lesiones, un oficial de Carabineros estuvo presente e impidió que el médico registrara exhaustivamente todas sus lesiones, práctica denunciada a Amnistía Internacional de forma recurrente, y que supone el encubrimiento de un delito. Cuando Amnistía Internacional le entrevistó 19 días después de los hechos, todavía presentaba hemorragia ocular en ambos ojos y hematomas en diversas partes del cuerpo”.

Desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, rechazó “categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”.

Mientras tanto, las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones se siguen acumulando y La Moneda se prepara para recibir el informe de la ONU que ya adelantó que registró “testimonios perturbadores”.