Un ingreso para todos los chilenos (por ser chilenos) en vez del Ingreso Mínimo Garantizado

El estallido del 18/O ocurre en un mundo donde el trabajo se ha vuelto inestable y los salarios reales caen. El autor revisa aquí el Ingreso Mínimo Garantizado propuesto pro el gobierno y lo compara con el Ingreso Básico Universal que se discute en países que buscan hacer frente a la desaparición de empleos como resultado de la automatización. Este ingreso implicaría que todos los chilenos recibieran un monto, independientemente de si trabajan o no. Un monto por ser parte de esta sociedad. El autor invita a considerar la evidencia disponible.

La desigualdad en Chile es significativa. Mientras el 1% más rico en Chile acumula el 33% de los ingresos totales según el Banco Mundial, la mitad de los trabajadores gana menos de $400.000. La alta desigualdad económica tiene efectos negativos y persistentes sobre múltiples áreas de la sociedad (Wilkinson y Pickett, 2018; Therborn, 2016; Tilly, 2000) y Chile se sitúa como el segundo país más desigual de la OECD.

La propuesta de ingreso mínimo garantizado (IMG) planteada por el Ejecutivo, cuyo costo involucra alrededor de US$ 396 millones del Fisco y cuyos beneficiarios serían alrededor de medio millón de personas, establece un aporte máximo de $49.000 a quienes obtienen $301.000 de sueldo mínimo bruto. Así, su ingreso mensual líquido será de $289.800. En el otro extremo, el menor subsidio será para quienes reciban un sueldo bruto de $360.000, con lo que su ingreso mensual líquido será de unos $295.000 (Cuevas, 2019).

El IMG de $350.000 propuesto por el Gobierno tiene varias consideraciones (Fundación Sol, 2019):

(i) no se sube el Salario Mínimo legal, por lo que no aumenta el valor de la hora extra ni el tope de las gratificaciones;

(ii) la fórmula del gobierno para el IMG no llegaría a $300.000 líquidos;

(iii) será subsidiado por los propios hogares, dado un sistema tributario chileno regresivo;

(iv) lo podrán recibir también trabajadores/as de grandes empresas, las cuales podrían tener incentivos a mantener bajos salarios;

y finalmente (v) en Marzo 2020 el Salario Mínimo legal subirá a $317.000 y en Septiembre 2020 (cuando está estipulado por ley un nuevo reajuste) podría llegar a $330.000, por tanto en poco tiempo el subsidio tendrá un alcance marginal.

Esto abre la pregunta ¿para qué debería alcanzar el Salario Mínimo? El sentido común indica que al menos debería permitir que una persona trabajando, pueda sacar a su grupo familiar de la pobreza. Los datos indican que la brecha entre la línea de la pobreza para un hogar promedio (4 personas) ($436.000) y el salario mínimo ($301.000) es de $135 mil. Con el IMG solo existirá un cambio marginal y seguirán esas personas bajo la línea de la pobreza.

El sistema de distribución de ingresos del siglo XX está roto, y en el mundo ha hecho que millones de personas enfrenten trabajos inestables e inseguros, falta de identidad ocupacional, salarios reales en baja y crecientemente volátiles, pérdida de beneficios y endeudamiento crónico. Vivimos en una época en donde una minoría de arrendadores captura cada vez más ingreso mientras disfruta de los beneficios de la propiedad: física, financiera e intelectual. Esto no tiene justificación moral o económica; y las inequidades siguen creciendo junto al resentimiento (Standing, 2017).

Pero la desigualdad no es lo único que afecta a los trabajadores chilenos; también está el tema de la naturaleza del trabajo y el futuro de éste. La naturaleza del trabajo ha cambiado dramáticamente desde mediados del siglo XX. En ese entonces, el trabajo era principalmente competencia de los hombres, mientras que las mujeres realizaban el llamado trabajo «invisible»: cuidar a los niños, mantener el hogar y cocinar. Además, no era inusual que un hombre se retirara 40 años después del mismo empleador con el que comenzó.

Por otro lado, respecto a la automatización, el 2017 un estudio de la Consultora McKinsey indicó que en Chile existirían alrededor de 3,2 millones de empleos que podrían ser reemplazados por sistemas automatizados en los próximos 20 a 40 años.

Según CIPER (Guzmán, 2017), el 51% del trabajo que se realiza en el retail tiene el potencial de ser automatizado, lo que eventualmente podría producir una pérdida de hasta 800 mil empleos. En las manufacturas el potencial de automatización es del 61% (600 mil trabajos). Esto plantea una gran gama de preguntas de gran relevancia social, ¿Qué pasará con los trabajadores? ¿Entraremos en un periodo post-trabajo?

Una de las propuestas más controversiales de este último tiempo a nivel mundial es el Ingreso Básico Universal (IBU). Esta problemática ha dado pie a la necesidad de instaurar en la agenda pública el concepto de IBU como reconocimiento de que las actuales políticas sociales y económicas están produciendo injusticias y desigualdades no sustentables.

Si bien el IBU no es una idea nueva y cuenta con una larga tradición en el ámbito teórico, recientemente han revivido los debates sobre su implementación, a propósito de la robotización del mercado del trabajo, así como herramienta para aminorar los niveles de desigualdad y pobreza de la sociedad.

La propuesta de IBU ha adoptado diversas denominaciones a lo largo de su historia (Weidenslaufer et al., 2019). Existen variados ejemplos, según el país donde se hubiera acuñado el concepto: “dividendo territorial” (Bélgica, 1894); “state bonus” (Reino Unido, 1918); “national dividend” (Reino Unido, 1932); “Basisinkomen” (Países Bajos, 1934); “Social Dividend” (Reino Unido, 1935); “Basic Income” (Reino Unido, 1953); “Demogrant” (EE.UU., 1967); “BorgelØn” (Dinamarca, 1978); “Allocation universelle” (Bélgica, 1984); “Bürgergeld” (Alemania, 1985); “Reddito di cittadinanza” (Italia, 1988); “Revenu d’existence” (Francia, 1988) y “Dividende universal” (Francia, 2003)

De acuerdo a la organización Basic Income Earth Network (BIEN), el Ingreso Básico se define como un pago en efectivo y periódico, entregado incondicionalmente a todos en forma individual, sin necesidad de prueba de la renta o el trabajo (BIEN, 2017).

Por tanto, las características de un IBU serían las siguientes (Monereo Perez, 2017):

• Es un ingreso pagado en efectivo. Se paga en un medio de intercambio adecuado, permitiendo que quienes lo reciben puedan decidir en qué lo gastan. No se paga ni en especie -como alimentos o servicios- ni en cupones dedicados a un uso específico y se paga de modo regular o periódico (por ejemplo, cada mes), no como una subvención única.
• Es pagado por una comunidad política, pero no requiere, necesariamente, ser pagado por un estado nacional. Si bien muchas veces se lo concibe como un “bono estatal” o “ingreso ciudadano”, puede ser aplicado a unidades subnacionales, como es el caso de Alaska en EE.UU.
• Se paga a todos sus miembros. Esto abre el debate sobre si incorporar o no a las personas que no tienen un estatus legal dentro de un determinado estado nacional. En este sentido, si se trata de una política pública inclusiva, restringirlo solo a los ciudadanos implicaría la creación de un mercado laboral dual. También entra en el debate desde cuándo se pagaría, si desde la misma niñez hasta la edad donde los trabajadores ya están pensionados. Idéntica duda es extensible para la población carcelaria.
• Se paga de manera individual. Es decir, este ingreso se pagaría a cada uno de sus miembros. Asimismo, sería uniforme para cada miembro del hogar. Ello tendría la ventaja de que hogares grandes recibirían los recursos necesarios para cada miembro.
• Es independiente de los ingresos por el trabajo u otros. Esto quiere decir que el beneficio se pagaría igualmente tanto a ricos como a pobres. Sin embargo, los recursos sujetos a carga impositiva -no el ingreso básico- pueden ser gravados a altas tasas para financiar así el ingreso básico. En este sentido, el rico no se hará más rico.
• Se pagaría sin ningún requerimiento laboral, es decir, independientemente del desempeño en el actual trabajo o su disposición a buscar trabajo. En otras palabras, este ingreso es incondicional y se pagaría en tanto derecho garantizado, por lo tanto, no se trataría de un programa de ‘transferencia monetaria condicionada’.
• Se trata de un derecho social individual que se paga al sujeto titular que materializa los valores de la igualdad material y de solidaridad. Representando un nuevo derecho social de integración dando un giro a la trayectoria del Estado Social del Derecho.

¿Cuál es la justificación filosófica o ética de un ingreso básico? Un argumento fundamental es que el Ingreso Básico Universal es un instrumento de justicia social que refleja el carácter social o colectivo intrínseco de la riqueza de una sociedad. Una justicia social que complementa raciocinios de IBU como la libertad y la seguridad económica.

Erik Olin Wright, en su libro “Construyendo utopías reales”, postula que la propuesta de un IBU sería “muy atractiva desde una postura del igualitarismo radical», dado que: (Weidenslaufer et al., 2019)

• Ataca la proletarización del trabajo (falta de libertad) postulada por Marx. La decisión de trabajar por un salario se hace más voluntaria.
• Podría generar mayor igualdad en los mercados laborales en cuanto que, los trabajadores podrían rechazar el empleo con más facilidad, y es probable que los salarios de los trabajos más desagradables suban en relación a los salarios que se pagan por trabajos más agradables.
• Se elimina la pobreza de modo directo y general, sin los inconvenientes de las trasferencias contra la pobreza en el cálculo de la renta de los beneficiarios.
• Es un modo de reconocer socialmente el valor de una serie de actividades de cuidados no remunerados.
• Aumenta el poder colectivo del trabajo organizado (por ejemplo cooperativas).
• La justificación de mayor importancia es que son subsidios a la economía social y a la economía cooperativa del mercado.

Es hora de poner en la palestra reformas estructurales frente al modelo en que vivimos como una respuesta para avanzar hacia una sociedad con personas libres en un sentido real y no solo formal. Existe evidencia suficiente para corroborar que aun cuando las justificaciones primarias de un IBU son justicia social, libertad y seguridad, un sistema IBU generaría un número de ventajas económicas. Éstas incluyen un crecimiento económico mayor y más sustentable, un impacto estabilizador en el ciclo económico, y protección contra posible desempleo a gran escala como resultado del cambio tecnológico.

Según Standing (2017), la evidencia acumulada sugiere que dinero adicional circulando en la economía aumentaría la demanda agregada y propiciaría crecimiento económico siempre que la oferta no esté restringida. Incluso si el IBU solo substituyera otros gastos públicos, aún así aumentaría la demanda porque incrementaría el poder de compra de aquellos con bajos ingresos, que tienen una propensión mayor a gastar todo el dinero que reciban.

Por la misma razón, un IBU disminuiría las restricciones en el balance de pagos asociadas con estimular la demanda agregada. Las personas con mayores ingresos tienden a comprar más bienes y servicios importados que personas con bajos ingresos. El crecimiento estimulado por el IBU sería menos propenso a causar un déficit insostenible en el balance de pagos porque mayor gasto iría a bienes y servicios locales y de la comunidad (y deudas), en vez de importaciones de lujo.

Se habla generalmente del contraargumento de la inflación, diciendo que dinero adicional subiría los precios. Pero esto demuestra limitado raciocinio. Esto es porque la demanda adicional resultante del dinero adicional es probable que genere una oferta adicional de bienes y servicios. Esto crearía nuevos empleos, aumento así los salarios, el poder de compra y producción por un efecto multiplicador. Incluso ayudaría a las Pymes dado que ingreso adicional seguro disminuiría el riesgo de emprender, aumentando aún más los empleos (Standing, 2017).

Considerar poner en práctica el Ingreso Básico Universal como un derecho de la sociedad implicaría un nuevo pacto social con un compromiso mínimo de seguridad que ahora no existe. Esto no significa derribar lo que se ha hecho hasta la fecha en seguridad social en Chile. Es una política que fortalece el sistema de seguridad social del Estado.

REFERENCIAS